sábado, 22 de julio de 2017

ESTA NOCHE sábado 22 julio 2017



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MEDIA COLUMNA
Noticias de la Hidra


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


El celo de las ex procuradoras ha sido encomiable, pero excesivo. Es inevitable que Odebrecht deba vender Olmos, y está bien que se use parte del dinero para devolver lo perdido al Estado peruano. Otra parte, sin embargo, tiene que servir para que la empresa pague a los acreedores y que no se rompa la cadena de pagos con pérdida de miles de empleos. Más allá de la empresa corrupta, eso dañaría al país nuevamente.  

Si la discusión, empero, fuera solo sobre cómo se reparte el dinero entre esos fines alternativos, no habría tanto ruido. El ruido encubre la cuestión de fondo: la politización de la justicia y su otra cara, la judicialización de la política.

Esto comenzó años atrás, cuando se despojó a la Corte Suprema de sus funciones para despolitizarlas. Así, en los 90 se rediseñó el Consejo Nacional de la Magistratura para despolitizar el nombramiento de los jueces. Esta fórmula original peruana no existe en ninguna parte del mundo. Naturalmente, no tardó en politizarse también.

La refundación del actual Tribunal Constitucional también en los 90 fue para despolitizar la defensa de los derechos constitucionales de la persona ante el poder político. El TC -intérprete único de la Constitución por su propia ley orgánica- se politizó también al convertirse en un poder sobre los poderes del Estado, uno que enmienda sentencias de la Corte Suprema y da órdenes al Congreso y al poder Ejecutivo. Aunque se ha moderado recientemente -solo por el temor de Dios de sus miembros-, su colisión final con los poderes del Estado es cuestión de tiempo al haber reinventado el absolutismo contra el que nació la democracia.

Antes de eso aun, nació la Fiscalía de la Nación con el objeto de despolitizar el debido proceso de la justicia. La politización de la institución, que ha tomado estado público en los últimos años, releva de la necesidad de presentar pruebas. Más tarde se crearía la Defensoría del Pueblo, una insitucióón nórdica, para cubrir un ángulo al que la Fiscalía no llega. Ante algunas de sus posiciones en los conflictos sociales, me he preguntado muchas veces cómo haremos ahora para despolitizar al Defensor del Pueblo.

El caso de la creación de la Procuraduría Pública no escapa a esta pendiente. La intención de despolitizar la labor de los abogados del Estado parece buena idea a primera vista. Solo en el papel, sin embargo. En España, Chile y Argentina los abogados del Estado reciben instrucciones del poder Ejecutivo. En Chile, cuando se trata de delitos contra el patrimonio del Estado los procuradores se vuelven titulares de la acción penal. Sospecho que, de investigar más, no encontraremos otro caso como el nuestro. La disfuncionalidad de nuestro arreglo actual la demuestra lo inadecuado de la decisión de las procuradoras al haber logrado detener la venta de Olmos. El cargo ya está politizado antes incluso de crearse formalmente la institución.

Autonomía es la palabra clave. Todos los antes citados son organismos constitucionales autónomos. En la falsa creencia de despolitizarlos por ese medio, se los creó de modo que no dependan del gobierno de turno. El resultado es que el poder Ejecutivo no tiene ya ningún poder sobre ellos. Tampoco el Legislativo. Y el conjunto de sus decisiones autónomas, erráticas con frecuencia, ha terminado por comprometer la gobernabilidad del país como tal.

Se ha creado una Hidra de siete cabezas y, al cabo, no habrá otra solución que volver a ponerlas todas dentro de un único sistema de justicia rediseñado con la Corte Suprema a la cabeza.

Para devolverle el poder a la Corte Suprema, sin embargo, habrá que quitárselo primero a los organismos constitucionales autónomos. Esta es la batalla que vendrá.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
-Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



El Comercio
Cerca de un millón de alumnos sin ir a clases, enfrentamientos en las calles, turistas afectados a diario y una serie de entredichos entre el Ministerio de Educación(Minedu) y los gobiernos regionales son las consecuencias que, hasta el momento, deja la huelga de docentes iniciada hace 37 días en Cusco y desde hace pocos días en otras 13 regiones del país.

Según el Minedu, más del 50% de maestros han paralizado sus labores en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lima provincias, Madre de Dios, Moquegua, Cusco y Puno. La huelga también ha sido acatada en Áncash, el Callao y Pasco, aunque en menor medida. En Cusco y Puno, pese a que el Ejecutivo decretó estado de emergencia en algunos distritos, las protestas continuaron. En Cusco, ayer miles de maestros del Sindicato Único de Trabajadores de Educación (SUTE-Cusco) marcharon por la Plaza Mayor. En Puno, docentes afiliados al Sutep bloquearon el puente de Ilave, en la provincia de El Collao, e impidieron el tránsito de los vehículos hacia Bolivia.
En esta región, la dirigencia del Sutep, que lidera César Tito Rojas, está ligada al Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep (Conare). Esta última agrupación no es reconocida por el Minedu, debido a su vinculación con el Movadef, movimiento de fachada de Sendero Luminoso.
También hubo movilizaciones en otras regiones. En Madre de Dios, los docentes protestaron en las calles de Puerto Maldonado, al igual que en la ciudad de Chupaca (Junín). Las autoridades de ambas localidades suspendieron los desfiles escolares por Fiestas Patrias en respaldo a la medida de fuerza.
¿Por qué la huelga ha durado 37 días en Cusco y ni el Minedu ni el gobierno regional han podido detenerla?
En opinión del experto en educación Hugo Ñopo, este conflicto social es reflejo de un proceso de descentralización que se ha llevado a medias en el país.
“Estamos en el peor de los dos mundos. Hay ciertas responsabilidades descentralizadas, pero no las suficientes, y cuando necesitamos que se tome una decisión coordinada, esto resulta imposible”, dice Ñopo.
En el 2003, con la promulgación de la Ley de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el país inició el noveno intento de descentralización. Comenzó la transferencia de funciones, responsabilidades, recursos y competencias del Gobierno Central a los gobiernos regionales, que obtuvieron autonomía política, administrativa y económica. 
Estas facultades no fueron exclusivas para materias de educación, sino también para salud y otros sectores.
De esta manera, el Minedu pasó a ser el ente encargado de definir las políticas sectoriales en cuanto a la contratación de docentes, el diseño de la Carrera Pública Magisterial y los programas educativos del sector.
Mientras tanto, los gobiernos regionales, a través de las unidades de gestión educativa local (UGEL) y las direcciones regionales de educación (DRE), asumieron funciones ejecutoras, fiscalizadoras y sancionadoras.
Según explica Hugo Díaz, especialista en la materia, el objetivo era integrar a los gobiernos regionales en los lineamientos del sector y hacerlos partícipes de las políticas públicas. Sin embargo, esto no se ha logrado. “Lo que ha venido ocurriendo es que muchas de las reformas que ejecuta el Minedu han tomado un cariz centralizado, porque el manejo es desde Lima, y eso ha fastidiado a los gobernadores”, explica.
Los problemas de esa separación de funciones se perciben claramente en coyunturas como la actual. Los maestros demandan un aumento del piso salarial a S/2.000 a fines de este mes y un aumento progresivo hasta el equivalente a una UIT (S/4.050). La decisión –aumentar o no– depende del Minedu y en este caso la ministra, Marilú Martens, ha explicado que dicho pedido es inviable porque ese dinero no está presupuestado. 
La función de aplicar los descuentos a los docentes que están en huelga corresponde a los gobiernos regionales.
En los últimos días, Martens ha insistido al Gobierno Regional de Cusco para que proceda con esta medida, pero la Dirección Regional de Educación no lo ha hecho porque esto podría empeorar las protestas.






ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Los coletazos del Caso Odebrecht aún desencadenan controversias. La más reciente es la protagonizada por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, y las ahora ex funcionarias del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) Katherine Ampuero y Julia Príncipe.
Ampuero, como procuradora ad hoc para el Caso Lava Jato, interpuso una medida cautelar que impidió la venta del proyecto Olmos y, en respuesta, Pérez Tello pidió su salida. Para la titular del Minjus, la medida colisionaba con la estrategia jurídica del Estado y con el Decreto de Urgencia 003 –que busca garantizar el pago de la reparación civil por parte de Odebrecht–, emitido en el mes de marzo.
Príncipe se negó a sacarla y por ello fue retirada de la presidencia del CDJE. Eso generó manifestaciones a favor y en contra. Posturas que, sin embargo, esconden medias verdades sobre las competencias de los procuradores públicos.
1. “La medida impedía que Odebrecht se haga del dinero”
Antes de la confirmación oficial de ayer –vía una resolución ministerial que dispuso su salida–, Ampuero y Príncipe defendieron con ese argumento la medida sobre Olmos impulsada por la entonces procuradora ad hoc.
No obstante, el Decreto de Urgencia 003 ya cumplía con ese objetivo. Obligaba a las empresas compradoras de proyectos a solicitar la autorización expresa del Minjus para concretar la venta y destinaba el dinero de esta al llamado Fideicomiso de Retención y Reparación. Una vez concluidos los procesos judiciales contra Odebrecht, ese fideicomiso servirá para pagar el monto final de la reparación civil correspondiente.
“El decreto salvaguarda los intereses del Estado e incluso ha pasado el filtro congresal. La medida cautelar de Ampuero colisionaba con la norma vigente y le dificultaba el camino al Estado para garantizar el pago de la reparación civil”, afirma el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.
Ello a pesar de que el fin principal de un procurador ad hoc es, precisamente, velar por el pago de la respectiva reparación civil.
2. “La duración del decreto desprotegía al Estado”
Este fue uno de los argumentos esgrimidos por Ampuero en la conferencia de prensa que dio hace unos días junto a Príncipe. La ahora ex procuradora señala la duración de un año del decreto como un peligro para garantizar el pago de las reparaciones civiles.
“Pero precisamente en eso consiste un decreto de urgencia. Tiene vigencia determinada y, si en ese año el Estado no hubiese cumplido su objetivo, el Gobierno perfectamente podría prorrogarlo o el Congreso podría haberlo hecho suyo a través de una ley. No es un argumento válido”, sostuvo Vargas Vadivia.
Así, al término del año de vigencia de la norma el fideicomiso pudo mantenerse y el dinero ingresado por la venta de proyectos de Odebrecht hubiese podido seguir acumulándose en este.
3. “El pedido de Pérez Tello constituye una injerencia”
Diversos sectores repitieron esa afirmación durante los últimos días para cuestionar la salida de Ampuero y Príncipe. En su argumentación remarcaban que los procuradores son defensores del Estado y no del Gobierno.
Si bien lo primero es cierto, lo segundo, en la práctica, no lo es. El CDJE está adscrito al Ministerio de Justicia y las designaciones de sus miembros responden a decisiones que el gobierno de turno estime necesarias para fortalecer las políticas públicas vinculadas a la defensa del Estado.
“El Estado, encarnado en el Poder Ejecutivo, es el cliente del procurador. Si cualquier defendido observa que su abogado se está manejando mal o en contra de la ley, le va a pedir su salida. Eso no representa ninguna injerencia”, señaló el ex procurador Antonio Maldonado.
4. “Las procuradurías deberían ser autónomas”
Tras la controversia generada por las salidas de Ampuero y Príncipe, también han surgido cuestionamientos sobre el nivel de autonomía que pueden tener los procuradores, críticas que, para las fuentes consultadas, son en cierta medida excesivas y alejadas de la realidad de las procuradurías públicas.
“Se está confundiendo la autonomía funcional con el hecho de no estar sujeto a control. Ningún órgano del Estado Peruano puede estar desvinculado de controles constitucionales y mucho menos la procuraduría”, afirmó Maldonado.
Para los ex funcionarios, además, ese tipo de preocupaciones tiene un origen institucionalizado desde hace algunos años en la defensa jurídica del Estado.
“Hay un grave problema de roles. Hoy los procuradores creen que deben hacer el trabajo de los fiscales, cuando su fin único es preservar y recuperar el patrimonio del Estado a través de, por ejemplo, las reparaciones civiles”, afirma el abogado penalista y ex procurador anticorrupción José Ugaz.



El Comercio
Sobre la medida cautelar que interpuso por el Proyecto Olmos, Katherine Ampuero justificó la medida en tanto Odebrecht, según dijo, pretendía vender los activos de dicho proyecto no para pagar la reparación civil sino para pagar a sus acreedores, que serían un grupo de bancos.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, dijo ayer que la actuación de Katherine Ampuero respecto al Proyecto Olmos causó la pérdida de confianza y su salida del cargo.



La República
La constructora Odebrecht, a través de un comunicado, manifestó que "en el caso de la venta de Olmos -que estaba a punto de concretarse, pero ha sido prohibida por requerimiento de la procuraduría ad hoc- la empresa niega rotundamente que haya solicitado que el pago integral fuera destinado a los bancos", anotan.
“El pedido ha sido hecho para que se aplicara un porcentaje de retención para el fideicomiso de reparación civil” y “también al pago a proveedores y trabajadores en Perú”.



El Comercio
“Fui convocada por la ministra [Marisol Pérez Tello] y a manera de ultimátum me pide que en el día destituya a la procuradora [Katherine] Ampuero, que era un pedido del presidente y del premier. Nuevamente mi respuesta fue no la voy a sacar”, aseveró esta tarde Julia Príncipe al referirse a una reunión con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, el pasado 13 de julio.
Príncipe cuestionó que la ministra haya actuado como “mensajera”. “Es una clara injerencia del Poder Ejecutivo en la labor que vienen desarrollando los procuradores”, consideró en conferencia de prensa.
"Me pregunto y nos preguntamos, ¿qué fue de la prometida independencia, de la prometida autonomía", sentenció.



Correo
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, evaluar reponer en el cargo a las procuradoras Julia Príncipe y Katherine Ampuro, separadas del cargo. "Me permito sugerirle [señor presidente] convoque a sus ministros, incluido el Premier, y evalúe reponerlas en el cargo. Los peruanos se lo agradeceremos", escribió.
Su pedido se enmarca, según dijo, en los temas que trataron en su reunión del pasado 11 de julio, en la que "coincidimos en la importancia de luchar frontalmente contra la corrupción".
"En este sentido, remover del cargo a procuradoras tan calificadas representa un retroceso en esa lucha", dijo.
También solicitó el apoyo del partido oficialista a "la reforma constitucional que permita crear una Procuraduría autónoma".



El Comercio
El ex presidente Alan García criticó que el Gobierno haya separado a Julia Príncipe del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), el cual presidía desde el 6 de setiembre del 2016.
“Pésimo destituir procuradoras que denuncian vínculos de PPK con Odebrecht por Interoceánica y depósitos en cuentas. ¿Es que el gobierno ha pulsado el botón de autodestrucción? Premier y ministra son responsables de dinamitar así al presidente. La paciencia y el tiempo son lo mejor. Si algo no es cierto, se cae, y los que denunciaban son los que terminan en la cárcel”, expresó García Pérez.



El Comercio
El portavoz de Fuerza Popular, Luis Galarreta, consideró “un grave error” del gobierno el retiro de Julia Príncipe del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) y de Katherine Ampuero de la procuraduría ad hoc del Caso Odebrecht. Recordó que “así comenzó la caída del humalismo, que erró de manera grosera ante cualquier posibilidad de investigación hacia su interna”, manifestó.
El congresista fujimorista, además, indicó que el decreto de urgencia 003-2017, citado por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, para justificar la remoción de Ampuero, está hecho a la medida de las empresas consorciadas con Odebrecht. “Ese decreto es un salvavidas, eso le hemos criticado a la ministra”, expresó.
El parlamentario fujimorista cuestionó que Pérez Tello haya dicho que Príncipe y Ampuero renunciaron, pero que luego ellas señalaran que fueron despedidas. “Uno interpela o censura a un ministro por mentirle a la población, en cualquier país lo sacan. Ojo estamos hablando de un mentirá pública”, acotó.



El Comercio
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, negó que presiones políticas sean la causa de la decisión de su despacho de despedir a Julia Príncipe.
Pérez Tello le había perdido la confianza a Katherine Ampuero como procuradora ad hoc del Caso Odebrecht, dijo, porque no asumió la responsabilidad de asegurar la reparación civil que debe pagar la constructora, insistiendo en que Ampuero no respetó el Decreto de Urgencia N° 003-2017, publicado en febrero pasado con la premisa de asegurar la continuidad de proyectos de inversión y cautelar el pago de la reparación civil.
“Hay que respetar los trabajos de las instituciones. La fiscalía es la que investiga y la procuraduría tiene un rol concreto que es garantizar la reparación civil”, sentenció Pérez Tello.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
“Es posible que haya uno o dos cambios”, reveló hace poco más de una semana Pedro Pablo Kuczynski en una entrevista en RPP.
El Ejecutivo apunta a mantener en el cargo por lo menos a 17 de los actuales ministros, según pudo conocer El Comercio a través de diversas fuentes gubernamentales.
El Ministerio de Justicia es una de las carteras más voceadas para el reajuste. La gestión de la ministra Marisol Pérez Tello se ha visto afectada por el actuar de los procuradores. Una disputa surgió en marzo por la denuncia de la ahora ex procuradora Katherine Ampuero contra Kuczynski por el Caso Odebrecht. El último capítulo de discrepancias, a raíz del proyecto Olmos, derivó en las salidas de Ampuero como procuradora del Caso Lava Jato y de Julia Príncipe como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que esta última situación podría postergar unas semanas la salida de Pérez Tello. Según explicaron, no se quiere que se vea como una consecuencia inmediata del despido de Príncipe y Ampuero.
Pérez Tello tiene en su contra a Fuerza Popular por su postura sobre el indulto a Alberto Fujimori.
Otro ministro en evaluación es el de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, criticado por la falta de destrabe de proyectos vinculados a su sector. También lo responsabilizan por la demora en la licitación del gasoducto sur peruano, estimada ahora para el 2018. Se vocea que Tamayo podría ser reemplazado por Cayetana Aljovín, actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Después de 28 de julio, el Gobierno, además, tiene previsto plantear al Congreso la fusión de los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer. Esto podría acabar con la salida de Ana María Romero-Lozada.
Las fuentes consultadas indican que se tendría previsto volver a apelar a la bancada oficialista para algún recambio. Tras la designación del congresista Pedro Olaechea como titular del Produce, el Gobierno ahora evalúa el ingreso de Ana María Choquehuanca.
Si bien aún no está definida la cartera, Choquehuanca tomaría el fajín de Cayetana Aljovín en el Midis, y asumiría la cartera producto de la fusión con el Ministerio de la Mujer.



El Comercio, Andina
El Congreso de la República oficializó la convocatoria a las elecciones de la Mesa Directiva para el próximo miércoles 26 de julio a las 10:00 a.m. Los parlamentarios o bancadas deben presentar sus propuestas ante la Oficialía Mayor hasta el martes 25 de julio a las 10:00 a.m.



El Comercio
Entrevista a Ana María Choquehuanca, congresista de PpK.
(…)
— Peruanos por el Kambio no participará de la Mesa Directiva del Congreso, ¿apoyarán la presencia de otras bancadas que no tuvieron presencia antes?
No nos han invitado, pero si hubiera la posibilidad, nos hemos adelantado en emitir una decisión: no vamos a conformarla. Como mayoría legislativa, Fuerza Popular tiene muchas prerrogativas, aristas que les permite poner a quienes ellos deseen. Será cuestión de bancada tomar esa decisión, tendrán que evaluarlo.
(…)
— ¿Cómo apunta a ser la relación con Fuerza Popular para este segundo año?
La relación con Fuerza Popular tiene que ser buena, tiene que haber bisagras entre el Congreso y el Ejecutivo que nos permitan tener una relación muy cercana para poder consensuar acciones, leyes.
(…)
— ¿Pero fue buena la relación en el primer año?
Hubo espacios en los que la relación fue cordial, ha pretendido ser buena. Pero en algunos, no.
(…)



Gestión
El presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas. Fernando Zavala, respondió a un panel conformado por los economistas Carlos ParedesRoberto AbusadaJuan Mendoza y Hugo Perea, en una mesa redonda conducida por el director del diario, Julio Lira.
Fernando Zavala, Presidente de la PCM y Ministro de Economía
La proyección del crecimiento económico se redujo. Desde el MEF ya no se cree que el 2017 se crecerá 3%, sino solo 2.8% en el 2017 y para el 2018, ya no sería el 4.5%, sino un 3.8%.
Hay cinco factores que explican estos ajustes y la menor dinámica económica. El primero es la caída de la inversión privada, que es de donde viene el crecimiento y la que se tiene que trabajar más. Tenemos 14 trimestres que está en negativo y la proyección es que vamos a tener cuatro años que no crece. Es un tema de alerta en donde todavía no hemos podido revertir esta situación.
Otros dos factores son el caso Lava Jato, el escándalo de corrupción que se dio a inicios de año con Odebrecht en el Perú, y El Niño costero, que afectó hasta 10 regiones en el país en términos productivos y de ejecución de inversión pública. Se estima que este impacto es 2 puntos porcentuales del PBI, de los cuales El Niño costero es 1.2 y el efecto Lava Jato, 0.8.
Un cuarto tema tiene que ver con el ruido político. Las discusiones entre el Legislativo y el Gobierno, las cuales tienen impacto en el ánimo de las inversiones de mediano y largo plazo. También afectan algunas leyes que no se terminan de acordar o de pasar.
El quinto tema está directamente vinculado a la ejecución de la inversión pública, pues se han implementado algunos cambios como la nueva Ley de Contrataciones del Estado o el nuevo sistema de inversión pública Invierte.pe, a los cuales los funcionarios aún se están adaptando.
Tres de estos factores no se deberían volver a repetir. Uno es no volver a tener más Lava Jatos o, en todo caso, ya sabemos cómo administrar este tipo de casos. Dos, es difícil que El Niño costero se repita y, en todo caso, las obras que se están ejecutando deberían mitigar el impacto si hay lluvias fuertes el próximo año; y tres, pareciera que hemos encontrado un entendimiento para trabajar entre el Gobierno y el Legislativo.
Queda pendiente la reactivación de la inversión privada.
En el segundo semestre se esperan mejores números que en la primera mitad del 2017 y, además, se deben afianzar las bases para tener un crecimiento mayor en el 2018. La intención es que el 3.8% estimado para el próximo año suba a 4% y más adelante en los próximos cuatro años, si es que el plan funciona, que el crecimiento llegue a 5%. Para que salte desde el 3 a 5%, se necesita inversión importante, por ejemplo, en proyectos extractivos, en los cuales ya se está trabajando.
Son tres ejes principales sobre los que el MEF está trabajando.
·         El primero es darle un nuevo impulso a la inversión pública, que dinamice sectores con alto efecto multiplicador; estamos hablando sobre todo del sector inmobiliario, construcción y algunas mypes.
·         El segundo es introducir algunas herramientas nuevas porque existe una desaceleración del consumo privado, es decir, pondríamos algunos recursos adicionales en la economía.
·         El tercero es ayudar a viabilizar proyectos de inversión privados que tengan impacto en el mediano y largo plazo.
Inversión pública
En el caso de la inversión pública, ya desde febrero se diseñaron una serie de medidas de reactivación, contenidas en los DU 001, 002 y 004, que básicamente lo que hacen es mitigar en parte los efectos de El Niño costero, poniendo recursos rápidos en la economía.
Esto implicaba un impulso fiscal, más o menos de S/ 5,000 millones, y la atención del desastre natural se dio con los DU 002, 006, 007 y 008; también se impulsó a sectores productivos como vivienda social principalmente y crédito para pymes. Eso es lo que ya se había hecho y está en proceso de ejecución.
Ahora estamos trabajando en un nuevo impulso a la inversión pública, estamos hablando de alrededor de S/ 4,000 millones en este segundo semestre. A este contribuyen los gastos de rehabilitación y reconstrucción por parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Aquí lo interesante, a diferencia de los procesos normales, es que se tienen procesos simplificados. Lo que usualmente demora seis meses, lo puedes hacer en dos meses; y, además, la ley permite que algunas otras obras que ya estaban previstas, en caso de estar ubicadas en las áreas afectadas, se puedan ejecutar utilizando este mecanismo.
A eso hay que sumarle dos proyectos de ley que se enviarán al Congreso con el objeto de redistribuir S/ 1,500 millones.
Ya se identificó a las regiones y gobiernos locales que han estado ejecutando mejor durante el año, como son Arequipa, Lima Provincias y Moquegua. También se están seleccionando proyectos que ya están aprobados y que puedan ejecutarse rápidamente.
Asimismo, se están afinando partidas presupuestarias vinculadas a mantenimiento, que es un rubro que rápidamente puede ser asignado y gastado. Con los efectos de El Niño costero hay mantenimientos que se pueden hacer de forma rápida.
Para el 2018 se lanzarán los proyectos del Fondo de Adelanto Social.
Asimismo, dentro del marco de la ley de endeudamiento, se podrán emitir bonos para impulsar inversión en las regiones. Se han identificado tres gobiernos regionales que cuentan con estas características: tienen los recursos asegurados para los próximos años, tienen proyectos interesantes que tienen impacto en el sentido de cerrar brechas y son gobiernos regionales que les interesa promover la inversión privada






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
Desde su celda, el ex presidente Alberto Fujimori ordenó que se escribieran varios mensajes en su cuenta de Twitter para respaldar a su hijo menor Kenji ante la suspensión por 60 días impuesta por su grupo político. El disgusto del líder histórico del fujimorismo –según su entorno más cercano– llegó hasta el punto de querer grabar audios para enviarlos a medios de comunicación. Sin embargo, sus abogados le advirtieron sobre posibles sanciones del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Fujimori hizo caso y solo ordenó escribir los tuits.
"Hasta ahora me sigo preguntando por qué han sancionado a Kenji. [...] ¿Porque ha estado luchando como buen hijo por la libertad de su padre? [...] ¿Esto constituye ser infraterno y desleal?", escribió en Twitter. ”Kenji ha actuado honestamente con su conciencia. Creo que los infraternos y desleales son otros”, dicen los mensajes.
En la bancada interpretan que la referencia es para los 44 congresistas que votaron a favor de la suspensión de Kenji Fujimori. Solo 7 se abstuvieron, pese a que 23 legisladores enviaron el 11 de julio una carta a la lideresa de la agrupación, Keiko Fujimori, en la que le pidieron dejar sin efecto el proceso disciplinario contra su hermano.
“Hay congresistas nuevos que no entienden y que tienen que saber respetar las opiniones del resto, sin necesidad de decir ‘que se le bote’ o ‘que se le castigue’. Son cosas exageradas que no vienen al caso”, dijo Luisa Cuculiza.
Aguinaga recordó que Fuerza Popular ha tenido mano blanda en casos de mayor gravedad.



Peru21
El legislador Kenji Fujimori considero que lo que dijo Rolando Reátegui fue “una falta de respeto, lo considero una insolencia. Los insultos contra mi, hacia mi persona”, dijo en declaraciones. Exigió a Rolando Reátegui pedir disculpas públicas.



El Comercio
El congresista de Fuerza Popular Federico Pariona le demandó a su colega de bancada Rolando Reátegui disculparse y retirar las palabras, que consideró ofensivas, contra el encarcelado ex presidente Alberto Fujimori.
“Reátegui debe pedir disculpas a Alberto Fujimori, líder histórico del fujimorismo, sino lo hace pediré que se vea en la bancada porque esa actitud no es positiva”, manifestó.



Peru21
En un artículo publicado hoy en el semanario Hildebrandt en sus Trece, el congresista Kenji Fujimori le reclama abiertamente a su hermana, y a la sazón lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori, por no haber atendido la carta que 23 legisladores de la agrupación le enviaron, días atrás.
“La carta que firman 23 congresistas dirigida a ti y redactada cuidadosamente en los términos más respetuosos era para evitar que el asunto cobrara una dimensión pública políticamente dañina como hoy ocurre pero cayó en saco roto. Y lo mismo ha sucedido luego con los tweets publicados el miércoles por nuestro padre, Alberto Fujimori . Pese a ser sentidas advertencias, encuentran oídos sordos”, le reprocha el parlamentario.


En la misiva, Kenji Fujimori sostiene: “No creo en los muros, creo en los puentes. He tendido puentes hacia el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski e igualmente hacia el ex presidente Ollanta Humala, hoy detenido. ¿Cómo no lo haría hacia mi propia hermana?”, alega.
En esa línea, el parlamentario pregunta a su hermana mayor “¿cuándo se entronizó la intolerancia en Fuerza Popular?” y agrega que “el triunfo de la intolerancia siempre es una victoria pírrica, en la que a la larga se pierde más de lo que se gana”.
Evidenciando una suerte de incomunicación personal con su hermana, Kenji Fujimori reitera, asimismo, su total discrepancia con la “suspensión arbitraria” que le impuso días atrás su bloque político y agregó: “no podrán expulsarme con el pretexto del libre ejercicio de mis derechos”.
“No he aceptado ninguna sanción. Ni siquiera la amonestación verbal que algunos buenos amigos me ofrecieron considerar para calmar las aguas”, apunta.
Finalmente, Kenji Fujimori agradece al semanario, que dirige el periodista César Hildebrandt, quien ha tenido públicas críticas al fujimorismo. “Estoy seguro de compartir con todos ellos (lectores y periodistas) el propósito común de hacer del enemigo político un adversario dentro de reglas civilizadas”, concluye.



El Comercio
El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril criticó duramente a su colega de bancada Kenji Fujimori, quien publicó este viernes una carta en duros términos dirigida a su hermana Keiko Fujimori en el semanario "Hildebrandt en sus Trece".
"Kenji Fujimori nuevamente sale a airear los temas internos en los medios de comunicación. Una vez más abre otra brecha y actúa en forma agazapada y sibilinamente", declaró.
En la aludida publicación, el menor de los hermanos Fujimori le recrimina a la lideresa de su partido por no haber atendido la carta que 23 miembros de la bancada de Fuerza Popular le enviaron y que se haya atendido los mensajes de su padre. “Te pregunto entonces, ¿cuándo se entronizó la intolerancia en Fuerza Popular? El triunfo de la intolerancia siempre es una victoria pírrica, en la que a la larga se pierde más de lo que se gana”, escribió Kenji Fujimori.
El congresista Becerril indicó que le parecía de mal gusto que su compañero use un medio de comunicación para dirigirse a su hermana. "Él quiere hacer creer a la gente que no puede conversar con su hermana, y eso es falso, ellos se ven los domingos en los almuerzos con Alberto Fujimori, además Keiko atiende a cualquier congresista de la bancada que desea conversar con ella", manifestó.
Agregó que, si su colega continúa con esta “actuación infraterna" no se descarta evaluar su expulsión. "Tenemos un reglamento interno en Fuerza Popular. Si él o cualquier congresista incumple las reglas y su actuación amerita una expulsión, la evaluaremos”, aseguró.
Hasta el momento la dirigencia de Fuerza Popular no le ha notificado oficialmente la sanción que le impuso al legislador, qjuien espera la resolución para evaluar qué acciones tomará. No descarta acudir al Tribunal Constitucional.



El Comercio
El congresista Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, dijo que "Kenji Fujimori no está sancionado porque diga cosas diferentes a lo que pueda pensar la mayoría, [...] o por tender puentes ni porque busque la libertad de Alberto Fujimori. La sanción tiene que ver con actitudes que sistemáticamente han generado un problema a la bancada", sostuvo.
El vocero dijo que se debe respetar la institucionalidad de Fuerza Popular y las decisiones que tome su dirigencia.



El Comercio, Andina
El congresista Héctor Becerril acusó hoy a su colega Kenji Fujimori de querer romper al partido Fuerza Popular, porque la bancada no cede a su pretensión de impulsar el indulto humanitario a favor de su padre.
Becerril lamentó que el menor de los Fujimori Higuchi use el poder político que tiene para intentar fraccionar a la agrupación.
“Lamento mucho que estemos pasando esa situación originada por Kenji Fuijmori que desde dentro quiere romper el partido”, expresó.
Dijo que su partido apuesta por la liberación de Alberto Fujimori sin usar el poder político.



El Comercio
“No puedo negar que nos incomoda, nos fastidia”, manifestó la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona al referirse a Kenji Fujimori, tras la suspensión de 60 días impuesta por su bancada. Dijo que si el congresista se mantiene en esta actitud “tendrá que someterse a disciplina y veremos si nuevamente se aplica una sanción de suspensión mayor o si lo que hace amerita la expulsión”. “Concibo a Fuerza Popular más allá de apellido Fujimori”, agregó.
Letona acusó a Kenji Fujimori de “intolerante”, pues consideró que no respondió cuestionamientos por filtrar la carta que 23 colegas de la bancada dirigieron a Keiko Fujimori.
También sostuvo que “es importante que el ex presidente Fujimori tenga en cuenta que… tenemos un compromiso con el país de generar institucionalidad, y la institucionalidad implica que se respete el reglamento del partido”.



El Comercio
El parlamentario Daniel Salaverry consideró que Kenji Fujimori tiene un enfoque similar a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, quien -según Salaverry- no mostraba preocupación por los partidos como instituciones.
“Keiko Fujimori cree en los partidos y esa es la diferencia entre ella y este 'neo-Kenji', que tiene otro enfoque similar al del ex presidente Fujimori, que no podemos decir que tuviese alguna preocupación por los partidos como instituciones”, dijo.
Sobre cuándo fue la última vez que vio a Alberto Fujimori, el legislador fujimorista admitió que no lo conoce en persona.



El Comercio
Tal astilla
Patricia del Río
“¿Por qué tanto interés por Kenji?”, “Esta es una movida de sus asesores”, “A él solo le interesa sacar a su padre de la cárcel”. Estos son solo algunos de los argumentos de quienes están furiosos con el benjamín de la familia Fujimori. Kenji irrita a esa fracción de Fuerza Popular que ve en Keiko la única lideresa capaz de encabezar ese grupo político y algún día colocarse la banda presidencial. Pero, ¿se está convirtiendo Keiko en la Alan García de su partido? ¿Ha logrado la fortaleza para erigirse como cabeza única e indiscutible del fujimorismo?
Recordemos que por años en el Apra no existía la posibilidad de que alguien ocupara el lugar de García. Más allá de las antipatías o simpatías que despierte, a García Pérez nadie se atrevía a discutirle su liderazgo dentro del partido de la estrella. El caso de Keiko Fujimori ha sido algo distinto: su liderazgo no nació arengando en las calles y plazas del Perú. A Keiko siempre le bastó ser hija de Alberto para ocupar un lugar que en otras agrupaciones políticas se consigue con esfuerzo.
La relación de Keiko con la figura de su padre, ya lo hemos dicho antes, ha sido cambiante y ha respondido a la necesidad de forjar un partido político cuya base es “el lado bueno” del gobierno de Alberto, sobre el cual se monta la “pátina democrática” que aporta la hija. Y digamos que caaaasi lo estaba consiguiendo hasta que apareció el maretazo Kenji, que todavía no califica como tsunami, y dejó en evidencia que después de quince años intentándolo, el puesto de reina del fujimorismo, Keiko no lo tiene asegurado.
El éxito de Kenji, entonces, no está en sus fortalezas o muñeca política (que sin una buena asesoría ni siquiera asomarían) sino en la facilidad con la que desnuda la fragilidad de su hermana, convirtiéndola en una política que solo encuentra en el castigo y la exclusión la solución a un problema interno que, la verdad, tampoco es tan grave (para verdaderos pleitos consúltense los de la izquierda o los legendarios del Apra).
Para alguien, cuyo liderazgo se construyó sobre la base de un apellido, basta que se le subleven los parientes para que todo se vaya un poco al cacho. Kenji ya hizo su parte, y ahora se le ha sumado nada menos que el patriarca. Alberto Fujimori, el palo del cual salen todas las astillas, el dueño del apellido y el personaje por el cual existe Fuerza Popular, con su mototaxi y sus advenedizos, ha defendido a Kenji y ha dejado a Keiko más descolocada que nunca.
Dicen los fujimoristas que Fuerza Popular es más que un apellido, que Keiko ha logrado con mucho esfuerzo construir un perfil propio. Puede ser. Pero si con esta disidencia el travieso Kenji logra quebrar el liderazgo de su aplicada hermana, tendrán que asumir que, para bien o para mal, el fujimorismo no existe sin los Fujimori… sin Kenji Fujimori, sin Alberto Fujimori.



Peru21
Todo por un tuit
Luis Davelouis
El comunicado de la Bankada que da cuenta de la suspensión de Kenji Fujimori es raro porque por ninguna parte menciona los hechos objetivos que dan lugar a dicha sanción. Es decir, citan su reglamento que, más o menos, dice que está prohibido actuar “contra la unidad”, “contra la fraternidad” y “contra los principios, valores y normas de este conjunto político” (sí, dice ‘conjunto’ y no ‘partido’). Los argumentos vagos son funcionales a la sola voluntad de quien toma la decisión final.
Más adelante, el comunicado explica que Kenji “tiene el legítimo derecho a ejercer su libertad de expresión” pero sin “calificativos vejatorios”. O sea, llamar “viejo incontinente” o “proterruco” o “montesinito” o “colocha de los MQ” o decirle “ándate a la c…… de su ma…e” a alguien está prohibido en Fuerza Popular porque allí dentro se alienta el debate “de forma democrática, esto es, con pleno respeto y tolerancia”. ¿Quién lo hubiera imaginado?
Más difíciles de imaginar fueron los cuatro tuits de Alberto Fujimori en los que defiende a Kenji y llama “desleales e infraternos” a quienes lo suspendieron (y quizás a alguien más). Y más raro aún escuchar al congresista Reátegui (keikista, él) mandando a Alberto, al dueño de la franquicia –y del nombre– que lo llevó al Congreso, a que se tome “una agüita de azahar”. Comparado con lo anterior, que Becerril sugiriera que hay que echar a Kenji de FP, parece una idea loca que alguien soltó en una parrillada.
Keiko respondió con generalidades, obviedades y lugares comunes. Quizás por eso necesita chaperón para ir a Palacio. Es todo muy divertido.



Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
(…)
Siendo el padre la piedra base del fujimorismo… ¿podría Keiko expulsarle del partido sin desaparecer a este, como Marine Le Pen con su progenitor? ¿Podrá el albertismo quitarle el aparato partidario a Keiko de salir libre Alberto? Cosas que quedan en claro: 1) Alberto definitivamente prefiere ahora a Kenji como heredero. 2) Alberto está contradiciendo a Keiko para ganar puntos con el gobierno y lograr su libertad, a cambio de domar a su hija. 3) La vieja y apartada guardia fujimorista quiere tomarse la revancha de la mano de Kenji.



El Comercio
Secuelas del cisma fujimorista
Fernando Rospigliosi
Keiko Fujimori cometió un grave error al no percibir la urgencia de su padre, próximo a cumplir 79 años, por salir de la prisión. Albertono estaba dispuesto a esperar un quinquenio más, confiando en un incierto triunfo electoral de su hija, y está jugando todas sus cartas para lograr la libertad ahora mismo, cuando tiene una posibilidad de lograrlo.
Porque además no es ni remotamente seguro que Keiko pueda ganar las próximas elecciones. Sus derrotas del 2011 y 2016, siendo favorita, muestran que podría acumular un nuevo fracaso sobre sus espaldas.
Se equivocan los que comparan sus posibilidades con candidatos como Salvador Allende, François Mitterrand o Lula da Silva, que perdieron 2 o 3 veces antes de convertirse en presidentes. Estos izquierdistas forjaron sus carreras políticas a pulso y cuesta arriba hasta que se hicieron de la presidencia. Keiko apareció en el escenario político aupada en el legado de su padre, convirtiéndose en congresista en el 2006 y luego, por sus propios errores, perdió dos elecciones presidenciales que tenía ganadas.
Por eso no le falta razón a Kenji cuando reclama un cambio del equipo –no necesariamente de la candidata– que fracasó estrepitosamente. Pero al parecer Keiko no puede deshacerse de su entorno inmediato, como hacen los políticos curtidos cuando es necesario, por una suerte de dependencia psicológica que la tiene encadenada.
Y ese entorno ha contribuido a la postura distante de Keiko con la urgencia de libertad de su padre, pues saben que Alberto fuera de la Diroes exigiría de inmediato que los remuevan, como piden Kenji y varios antiguos partidarios desplazados de la cúpula.
Es decir, el mismo grupo que protagonizó las derrotas del 2011 y 2016 es el que ha guiado el rumbo que ha llevado al fujimorismo al borde de la escisión y a su más grave crisis desde que salió del poder.
Alberto y Kenji, que ya estaban jugando con una política de acercamiento al Gobierno, se convencieron de que los keikistas no están interesados en su salida de la cárcel cuando en mayo se negaron a aprobar la ley que hubiera podido llevarlo a una más cómoda prisión domiciliaria, que era una alternativa intermedia. A partir de allí Kenji se encaminó decididamente hacia un acuerdo con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que consiste en sabotear a la oposición belicosa que practica su hermana a cambio del indulto, disfrazado eufemísticamente como “perdón médico” o en cualquier modalidad.
Si bien Kenji no puede reemplazar ahora a su hermana en el liderazgo –la mayoría de los congresistas le debe su puesto a Keiko y algunos ni siquiera conocen a Alberto–, sí puede obstaculizar e incluso paralizar su estrategia de entorpecer y trabar la acción del Gobierno, como de hecho ha ocurrido en las últimas semanas.
El asunto es que ahora PPK tendría que cumplir la promesa que les ha hecho de indultar a Alberto antes de fin de año, aunque, como se sabe, los compromisos del presidente no están tallados en piedra sino garabateados en arena. Si eso no ocurre, el resultado será sombrío para el Gobierno, enfrentado a un keikismo enfurecido y a un albertismo defraudado.
Un tema que complica las cosas es la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, determinada por la acertada y valiente decisión del juez Richard Concepción. Si la sala superior los pone en libertad, el indulto a Fujimori sería más costoso políticamente, porque la mayoría está indignada con la corrupción y, sobre todo, con la impunidad: ningún ex presidente estaría preso a pesar de que, como reflejan las encuestas, muchos los consideran culpables.
Y si Humala y Heredia quedan en prisión y sale Fujimori, el antifujimorismo, que sigue siendo importante, aumentaría considerablemente su furia contra el Gobierno.
Las inoportunas y publicitadas visitas de Kenji a Humala, proponiendo una reconciliación como si se tratara de un preso político, alientan la idea, ya fuerte entre la ciudadanía, de un contubernio entre los poderosos –sin importar ideologías– para burlar la justicia.
Otra de las debilidades de la estrategia de Kenji es que no es rentable políticamente mostrarse conciliador y complaciente con un gobierno desacreditado, como en el caso de la expulsión de las procuradoras.
En suma, es una situación muy complicada que requiere de un manejo político muy hábil y firme, cualidades que no abundan en el Gobierno.