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MEDIA COLUMNA
Disfraz de
Llica
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
El Perú necesita una inversión anual de 5,280 millones de
dólares. En el primer semestre la inversión minera llegó a 2,532 millones. Con
la inversion en Tía María se esperaba superar los 5,280 millones. Lo dice hoy el
ex ministro Jorge Baca en su columna Linterna de popa en EXPRESO.
Podemos irnos despidiendo de eso, sin embargo, porque
esa inversión no se va producir este año. Más gravemente, al anunciar el
gobierno -a pedido de los gobernadores del Sur- una nueva Ley de Minería, nadie
va a invertir un centavo tampoco hasta que la nueva ley sea debatida, aprobada
y esté vigente. Martín Vizcarra anunció el 28 de julio que presentará un
proyecto al respecto. Nadie lo conoce. Señaló que la norma actual hay que
“actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad”. Considerando nuestra
realidad, la nueva ley verá la luz en otro gobierno, no en este.
Los gobernadores del Sur, en todo caso, ya tienen su
proyecto. El de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, anuncia que viene trabajando un
borrador que presentará el 14 de agosto. Propone que las empresas mineras
“paguen el 80% de impuestos y no el 2%, como ahora”. La premisa es falsa. La
minería paga mucho más en impuestos. Pero eso es fácil de aclarar. Lo que pasa inadvertido,
en cambio, es que el problema no es cuánto paga la minería en impuestos, sino
cómo determinar el valor de la superficie -sea de quien sea- bajo la cual se
halla el recurso natural . El propio gobernador de Arequipa lo dio a entender al
anular un contrato con Southern por una servidumbre de 49 hectáreas con el argumento
de que esas hectáreas son “de propiedad del gobierno regional” y que la empresa
“no cuenta con autorización del uso del terreno superficial”.
Solo el mercado, sin embargo –y no el Estado, menos aun
el gobierno regional de Arequipa- puede determinar el valor de esa superficie. Cáceres
enfatiza que la empresa solo contaba con un contrato “de servidumbre”, dando a
entender que se trata de un arreglo injusto, pero no explica bien sus motivos.
Lo que quiere decir es que el gobierno regional firmó un contrato para el uso
de esa superficie en los términos limitados de una servidumbre, lo que no sería
equitativo. Solo que, como no es posible saber cuánto vale esa superficie, no
hay modo de saber a satisfacción de las partes cómo podría ser el libre
contrato entre ellas que permita a la empresa el uso de la superficie de
propiedad del gobierno regional.
Hasta aquí este embrollo sería, en suma, un monstruoso
malentendido. Y nada más.
Pero Cáceres anuncia un ”paro indefinido” desde el
lunes 5 de agosto, se lava las manos de él porque lo convoca la CGTP, dice, anuncia
que nunca habló de una tregua en la reunión con el Presidente semanas atrás, a
quien dijo que “Tía maría no va”. Y dice todo esto vestido como Evo Morales en
una entrevista televisiva en Lima.
El propio Cáceres proporciona los indicios de que su plan
es político y va mucho más alla del justo reparto de la renta de los recursos
naturales. Revela que lo que le interesa no es un contrato justo de la región
con la empresa, sino que el Estado monopolice la renta minera. Y esto cae dentro
de un plan geopolítico –que pasa también por el uso del gas natural boliviano- para
controlar los recursos naturales del Perú. Un plan compartido con el gobierno
regional de Puno e instrumentado desde el gobierno de Evo Morales, el presidente vitalicio de
Bolivia, y sus aliados de Sao Paulo, Caracas y La Habana.
Y eso ya es harina de otro costal.
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