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MEDIA
COLUMNA
El
consorcio de la mina,
el
agua y el bosque
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
El Congreso anuncia, vía la comisión de Economía, que otorgaría facultades al Ejecutivo para legislar en algunas materias tributarias, no todas. Es de suponer que esto incluye el impuesto a la renta de las mineras. Pero la Comisión de Constitución niega esas facultades. El conflicto es en la arena del Congreso.
Al respecto, el ministro Francke adelantó que, si el gobierno no obtiene las facultades delegadas, presentará al Congreso proyectos específicos para su debate. Es de suponer que lo hará en el caso de los impuestos de periodicidad anual, que deben aprobarse antes del 31 de diciembre para poder entrar en vigencia el 2022. Entre estos, el más importante -si no el único, es el de la renta de la minería, al que el gobierno solía llamar impuesto a las “sobreganancias” por los precios excepcionalmente altos del cobre en el mercado global. Últimamente, ha dejado de usar ese nombre.
Para el caso, Francke ha adelantado que el proyecto que enviaría al Congreso dispone que las mineras invertirían ese impuesto adicional cada una en su propia área de influencia -que usualmente incluye varias comunidades andinas-, y que lo invertido sería deducible del impuesto a la renta de la empresa minera dentro del mecanismo de obras por impuestos.
Por una oscura razón, sin embargo, el mecanismo de obras por impuestos se encuentra trabado. La Alianza de Obras por Impuestos (Aloxi), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la ONG Agua Limpia han elaborado un sistema de consulta. Al 15 de noviembre, el portal registra 81 obras por 1,319 millones. No obstante, de los 81 proyectos, solo 27 han terminado y hay apenas tres en ejecución. Ocurre que el MEF cambió las reglas de verificación para otorgar el crédito fiscal que usan las empresas en su declaración para deducir lo invertido. Si el MEF no se los da hasta abril, tienen que esperar al año siguiente. Si las empresas no pueden deducir, no ejecutan obras por impuestos. El MEF, en suma, traba el mecanismo por razones fiscales miopes.
Esa no fue la experiencia original. Durante el quinquenio 2006-2011 se avanzó con éxito mediante el “aporte voluntario” minero. De los 2,500 millones de soles entregados por las empresas en esos cinco años, ellas mismas ajecutaron por convenios el cien por ciento. Lo comprobó la propia Sociedad de Minería en un informe al cabo de los cinco años.
Pero Humala malogró esa experiencia en 2011 para instalar un nuevo régimen tributario minero que centralizó nuevamente todos los recursos. Como Toledo arruinó por razones políticas subalternas el antecedente de 1999, llamado Sierra Verde.
Si hoy el Congreso aprueba el proyecto para la renta de la minería y el gobierno de izquierda destraba el mecanismo de obras por impuestos, podrá reivindicar en algo los desaciertos que viene cometiendo.
Pero podrían finalmente tener lugar las obras de las minas en bosques y en siembra y cosecha de agua para que el agua de lluvia en las punas penetre en el suelo. Si la propiedad del suelo, a su vez, se consolida y se entrega papeles a esos bienes para que puedan negociarse en las bolsas de Nueva York, Toronto, Londres y Hong Kong (como ha propuesto De Soto al Perú y al mundo) saldremos adelante. Hace décadas que debió ocurrir.
Hay que entender lo siguiente. El futuro de la minería en el Perú y en el mundo está en los consorcios de empresas que incluyan inversión en minería, agua y bosque. Será así o las poblaciones bloquearán las minas aun en su propio perjuicio.
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