ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
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A la pregunta de un periodista, el presidente Ollanta Humala
respondió hoy de la siguiente manera:“¿Qué más
quieres, gordo? … ¿Qué, tú quieres ser premier? Primero baja de peso”. Humala
dio a entender el martes que designará un nuevo jefe del Gabinete ministerial y continuará
con el mismo equipo de ministros
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El Comercio, editorial: “La
presidenta del Consejo de Ministros es el fusible designado, por ley, para
volar y permitir superar una crisis como la que enfrenta la administración y,
al mismo tiempo, graficar la gravedad de la falta que se está sancionando. Para
eso está y ese es el compromiso que adquirió al aceptar el cargo”
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Aldo Mariátegui: ¿Quién “quemó” a Ana Jara filtrando esos
“files” a los medios? Dos son los candidatos de peso en las sospechas: la
facción militar dentro del gobierno que pretende imponer a Urresti como el
candidato presidencial oficialista o el APRA, que tan bien sabe “dar vueltos” cuando lo provocan”
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Cecilia Valenzuela: “Ana Jara ha pagado por lo que la facción militarizada del
gobierno hizo; quizá por eso la dejaron caer sin negociar a favor de ella”
ü Ollanta Humala: "No le vamos a aceptar que
Chile quiera pasar por agua tibia [sic] un tema [del] que tenemos las pruebas:
está la confesión de parte del jefe de inteligencia naval"
ü Fiscal Cristirosi Morales solicitó
incautar los inmuebles de Las Casuarinas, las oficinas de la Torre Omega y la
casa de playa en Punta Sal, además de prohibir la transferencia, venta o
hipoteca de la casa de Camacho de Alejandro Toledo
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Alberto Fujimori: “Siento mucha tristeza al ver como
las lluvias de verano arrasan Tumbes y Zarumilla. Faltó previsión en ríos y
drenes… Cómo será si en mayo y junio aparece el fenómeno del Niño. Hay que
tomar medidas eficaces e inmediatas para evitar más destrucción, dolor en los
hogares y daños a la economía peruana. ¡Evitemos un desastre anunciado!"
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MEDIA COLUMNA
En el
gobierno,
sin
ningún poder
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
El
rumor es que Ana jara sería candidata a la presidencia del Congreso el próximo
26 de julio, en que se elegirá a la última Mesa Directiva del período de
gobierno humalista. De ser así, ella sería seguramente una digna candidata del
oficialismo y, de resultar elegida, una eficiente presidenta del Legislativo.
Pero tendrá que enfrentar primero a una candidatura de oposición. Y la pelea va
a ser reñida.
Mucho
dependerá, en todo caso, del clima de estos próximo cuatro meses, luego de los
cuales comienza el último año de los Humala en el gobierno. Y digo en el
gobierno y no en el poder porque, como habrán aprendido desde la investidura de
Ana Jara y la elección de la Mesa Directiva de Ana Solórzano en el Congreso, se
puede estar en el gobierno y no tener el poder.
El
gobierno humalista perdió la mayoría parlamentaria prematuramente, a mediados
del tercer año de gobierno. La balanza de la mayoría parlamentaria se inclinó
desde entonces del lado de la oposición. La censura del gabinete ayer no es
sino la comprobación de ese hecho.
Todos
los gobiernos en los últimos quince años contaron con una mayoría parlamentaria
prestada, que les permitió en cada caso eludir la censura del gabinete. En
ninguno de esos gobiernos el oficialismo llegó al extremo de perder la mayoría
parlamentaria. De modo que la pregunta que cabe hacer es cuál ha sido el error
del gobierno humalista que lo condujo a perder la mayoría parlamentaria
prestada que tuvo en sus primeros tres años de gobierno.
Hay
una solo respuesta posible a ello y es la de haber tenido una conducta política
confrontacional. No solo con la oposición sino para con su propia gente. Si esa
conducta reiterada nació del torpe intento de ir a toda costa a una reelección
conyugal -que después debieron abandonar- es algo que queda juzgar a cada
quien. Pero eso -o los indicios tardíamente desmentidos de eso- erosionó la
bancada oficialista y causó preferencias que resultaron odiosas y resentimientos
nunca resueltos entre sus miembros. La arrogancia separó a la mayoría.
Las
acusaciones de corrupción vinieron luego a llover sobre mojado. Comenzando por
las que demolieron a su aliado, el garante de la mayoría parlamentaria. Sus
numerosas inconductas diezmaron y debilitaron a tal punto al oficialismo que los
votos ya no pasaron la valla en las votaciones congresales. Nunca tuvo el
gobierno el valor de deslindar de ese aliado que se convirtió en en un lastre.
Nunca hizo siquiera el intento de reconfigurar una mayoría parlamentaria
buscando otras alianzas.
Así,
pues, los errores se pagan. Y es por eso que resulta ocioso que el oficialismo
llore hoy penosamente la censura del gabinete. Era algo que tarde o temprano
ocurriría desde que perdió la mayoría parlamentaria. Tal vez no imaginaron la
lección que hoy se ven duramente obligados a aprender: que se puede estar en el
gobierno y no tener el poder.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
Expreso
Al estilo lampedusiano de “El
Gatopardo”, cambiará algo para que todo siga igual. Pese a lamentar la censura
contra la premier Ana Jara, el presidente Ollanta Humala dejó en claro que solo
designará un nuevo jefe del Gabinete ministerial y que continuará con el equipo
de ministros que lo acompaña hasta la fecha. El mandatario trató de bajar la
tensión en la política nacional y aseguró que en los próximos días presentará
al nuevo premier, y todo seguirá igual, en lo que respecta a la marcha del
Poder Ejecutivo.
“Vamos a seguir, vamos, prontamente, a nombrar un nuevo jefe del
Gabinete y lo presentaremos al país, y la vida va a seguir normal”, agregó.
Humala opinó que la decisión del Congreso es “irresponsable”, pues
“desestabiliza al país y crea un ruido político que afecta las inversiones”. “Los
que la han sancionado, creo que no tienen autoridad moral”, agregó.
Ayer, en los pasillos del Congreso de la República, comenzaron a
circular los nombres de los posibles reemplazantes. Se comenzó a señalar que el
ministro de Educación, Jaime Saavedra, es la persona que reúne el mayor
consenso en Palacio de Gobierno.
También se dijo que el actual titular de Defensa, Pedro Cateriano, sería
el preferido, aunque juega en su contra su alto nivel de confrontación con la
oposición.
Del mismo modo, el expresidente del Parlamento Víctor Isla Rojas es otro
de los nombres que se encontraba en el bolo.
En ese orden también se esbozó a Milton Von Hesse, actual ministro de
Vivienda y, por último, a Fredy Otárola.
Correo
Un
periodista de Panamericana televisión preguntó hoy al mandatario, Ollanta Humala,
si ya tenía elegido su nuevo gabinete, a lo que él respondió que sí. Cuando el periodista
repreguntó entonces por el nombre del premier, Humala responde de la siguiente
manera:“¿Qué más quieres, gordo? … ¿Qué, tú quieres ser
premier? Primero baja de peso”.
El Comercio, editorial
La reacción del oficialismo a la moción de censura a la
ex presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara ha sido de enfado, indignación y
teatral denuncia. Antes de que fuese aprobada, el presidente Humala dijo que
dejar al país sin premier en el contexto de los desastres naturales y problemas
externos que enfrenta “genera desestabilidad política” (sic), mientras que la
primera dama, desde su cuenta en el Twitter, consideró la medida “una
lamentable muestra de chantaje político”.
Y tras la votación que definió la suerte del gabinete,
el vocero deGana Perú en el Legislativo, Josué Gutiérrez,
habló de “complot” contra el gobierno y de “una votación infame porque no hay
ninguna responsabilidad de Ana Jara”, al tiempo que la propia ex primera
ministra escribía: “es una honra que este Congreso me censure”. Una curiosa
expresión de desdén hacia una representación nacional entre la que repartió
besos y abrazos hace menos de dos semanas, cuando acudió al hemiciclo a
responder por los últimos destapes del ‘Dinigate’.
Lo que las frases de los distintos representantes del
oficialismo exudan, sin embargo, es sobre todo una profunda incomprensión de la
función de los instrumentos de control político que la Constitución provee para
salvaguarda de la democracia. La circunstancia de que su uso disguste al poder
de turno es esperable, pero no por ello reñida con el estado de Derecho.
En el caso de la censura a los ministros por el
Parlamento, por ejemplo, es evidente que la necesidad de llegar a ese extremo
es siempre consecuencia de que el Ejecutivo no está dispuesto a admitir que
está en falta. De otro modo, el ministro cuestionado renunciaría por iniciativa
propia y asunto resuelto.
Pero de sentirse contrariado por el ajuste de tuercas
de una mayoría congresal a denunciar “chantajes políticos” o “votaciones
infames” hay un salto considerable. La reflexión –el término quizás sea excesivo-
sobre la supuesta inexistencia de responsabilidad en Jara, además, es
particularmente reveladora de lo despistados que pueden estar en las filas
gobiernistas acerca de lo que el instrumento del que hablamos en este caso
específico supone.
La intervención del legislador Gutiérrez, en efecto,
pretende llamar la atención sobre el hecho de que, aparentemente, la ex premier
ni dio la orden ni estuvo enterada de los indebidos seguimientos en los que
estuvo involucrada la DINI,
y deriva de ello que no merecía la censura. Pero, para su sorpresa, no es de
eso de lo que estamos hablando.
A pesar de que está adscrito al que era su portafolio,
la señora Jara puede ser perfectamente inocente de los hechos que se le imputan
al aparato de Inteligencia del Estado, pero al ser la jefa del gabinete era
ella la persona que la Constitución identificaba para recibir la sanción
política que –salvo en muy contados casos- no podía recaer sobre el presidente
de la República. La presidenta del Consejo de
Ministros es el fusible designado, por ley, para volar y permitir
superar una crisis como la que enfrenta la administración y, al mismo tiempo,
graficar la gravedad de la falta que se está sancionando. Para eso está y ese
es el compromiso que adquirió al aceptar el cargo.
Nadie ha dicho que la democracia es un tobogán por el
que los gobiernos deben deslizarse alegres y consentidos. Es, más bien, un
proceso duro, lleno de frustraciones, de áspero juego de pesos y contrapesos
entre fuerzas y poderes distintos, entre minorías y mayorías cambiantes. Y su
precio, como el de la libertad según la famosa frase de Thomas Jefferson, es la
eterna vigilancia.
El gobierno no supo o no quiso interpretar los signos
que el sistema le transmitió con ocasión de la dificultosa investidura del
gabinete Jara en el Congreso (como se recordará, esta solo se logró con el voto
dirimente de la presidente del Legislativo, Ana María Solórzano), ni con las
primeras denuncias relativas a los ‘reglajes’ de la DINI. Y ahora los
parlamentarios de siete bancadas se lo han hecho saber a un costo muy elevado.
En lugar de asimilar la lección, no obstante, el
oficialismo ha reaccionado tratando de satanizar el espíritu mismo de las
herramientas de control de esta dura pero preciosa democracia. Y si no cambia
de actitud, corre el riesgo de volver a sentir la presión de sus tenazas
pronto.
El Comercio
Columna de Cecilia Valenzuela
El lunes, durante el debate que terminó con la censura
de la primera ministra Ana Jara, la congresista Luz
Salgado sostuvo
que los periodistas del diario “Correo” revelaron ante la Comisión de
Inteligencia, que ella integra, que quien entregó a ese diario los videos del
seguimiento a Jorge del Castillo, a la familia de Natalie Condori y al ex
asesor del congresista Abugattás, Jorge Paredes Terry; fue un alto funcionario
de Palacio de Gobierno, civil y vinculado anteriormente al Ministerio
del Interior. Y que mantenía contacto directo con el jefe de la DINI.
Horas después, en la conferencia de prensa que ofreció
la bancada oficialista, los nacionalistas no supieron qué decir cuando se les
preguntó sobre el tema: Josué Gutiérrez y Daniel Abugattás solo atinaron a
pedir que los periodistas de “Correo” revelen sus fuentes.
Salgado se ha preguntado si se trata de Wilfredo
Pedraza. El ex ministro ha contestado, indignado, “¡Que lo
pruebe!”. Lo que nadie se ha preguntado es si se trata de Iván
Vega Loncharich. Este funcionario, gubernamental y palaciego, aunque
lo apodan ‘Rambito’, es civil; reporta directamente a la pareja
presidencial, ha sido viceministro del Interior y tras el escándalo de López
Meneses, se convirtió en viceministro de Defensa.
Cuando la Brigada Especial de Inteligencia
Antiterrorista Lobo, participaba, junto a los comandos de las FF.AA. y de la
PNP en las operaciones contra la subversión en el Vraem, ‘Rambito’ reportaba,
en tiempo real, con la señora Nadine Heredia. Y se vanagloriaba de ello. Más de
un oficial asignado en esos días a la zona puede corroborarlo. Aun cuando se
cometieron los excesos de Ranrapata en Junín y Uchuy Sihuis en Huancavelica,
‘Rambito’ no dejó de reportar.
Con la declaración del director de “Correo” a la
Comisión de Inteligencia, la tesis de que Palacio de Gobierno estuvo
utilizando, contra sus opositores y enemigos políticos, la información que
ilegalmente la DINI obtenía, se habría probado. Peor porque lo que entregaron a
la prensa tenía el objetivo de desprestigiar a sus oponentes, y quién les aguó
la fiesta, porque vio la trascendencia de la noticia en los reglajes y no en la
rutina de los reglados, fue el periodista y director de “Correo”, Iván
Slocovich.
Ana Jara ha
pagado por
lo que la facción militarizada del gobierno hizo; quizá por eso la dejaron caer
sin negociar a favor de ella: si bien el presidente y la primera dama la
defendieron públicamente y los congresistas nacionalistas declamaron a favor de
ella desde sus escaños, ningún disidente del humalismo o del toledismo recibió una
llamada telefónica de Palacio abogando por su cabeza. Sin aproximaciones ni
conversas reales y efectivas, los votos a favor de la censura llegaron a 72 y
fue todo un revolcón.
(…)
Peru21
Columna de Aldo
Mariátegui
(…)
¿Y quién
“quemó” a Ana Jara filtrando estos “files” a los medios? Dos son los candidatos
de peso en las sospechas: la facción militar dentro del gobierno que pretende
imponer a Urresti como el candidato presidencial oficialista o el APRA, que tan bien sabe “dar vueltos” cuando lo provocan.
(…)
Correo
El analista
político Carlos Tapia sostuvo
que el presidente, Ollanta
Humala está indeciso
en relación a los cambios en el Gabinete por lo que hará lo que la primera dama Nadine
Heredia le indique.
"Lo
encuentro indeciso y va a hacer lo que Nadine Heredia le diga,
así va a ser, Ollanta no es una persona que toma decisiones audaces, vacila,
consulta, a la primera persona que la escucha es a Nadine Heredia",
sostuvo.
Carlos
Tapia añadió
que el Nacionalismo estaría pensando en Ana
Jara como candidata a
la presidencia del 2016 y que su victimización es oportuna.
POLITICA EXTERIOR, BRASIL, CHILE, BOLIVIA,
VENEZUELA, EEUU
El Comercio
El
presidente Ollanta
Humala dijo
que espera que el gobierno de Chile pida disculpas por el espionaje. “Hemos esperado buen tiempo, prudentemente,
para que el gobierno de Chile, con todos estos elementos que les hemos puesto
en las notas de protestas, pueda asumir la responsabilidad”, dijo.
Los
elementos a los que aludía el presidente son los mensajes que vía WhatsApp
habría enviado el director de Inteligencia de la Armada de Chile, Óscar
Aranda Mora, al director de Inteligencia de la Marina de Guerra Peruana,
Raúl Robles Manrique.
"No
le vamos a aceptar que Chile quiera pasar por agua tibia [sic] un tema [del]
que tenemos las pruebas; está la confesión de parte del jefe de inteligencia
naval", dijo. "No vamos a claudicar en nuestro pedido",
dijo.
Peru21
No va más. El gobierno dio por concluido el
nombramiento de la
embajadora peruana en Francia, Cristina Velita de Laboureix,
cuya designación, en octubre de 2011, levantó una ola de críticas porque no se
trataba de una diplomática de carrera, sino de una ginecóloga vinculada a la
pareja presidencial.
En su lugar, el gobierno designó hoy a Ana María
Liliana Sánchez Vargas de Ríos, embajadora en el Servicio Diplomático.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
Expreso
La fiscal Cristirosi Morales
Fernández ha solicitado incautar los inmuebles de Las Casuarinas, las oficinas
de la Torre Omega y la casa de playa en Punta Sal, además de prohibir la
transferencia, venta o hipoteca de la casa de Camacho, de forma de asegurar el
pago de la reparación civil de Alejandro Toledo
Pide que se levante el secreto bancario, tributario y bursátil de Josef
Maiman, Avraham Eskenazi Becerra y Carlos Eskenazi Kolich, así como el secreto
de las comunicaciones de Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef Maiman y Avraham
Dan On.
El Comercio
El
documento que formaliza la denuncia penal indica que Alejandro Toledo tuvo una
participación directa en la formación de la
empresa Ecoteva y
en las adquisiciones de una casa y una oficina en Surco.
En
la denuncia de la fiscal Cristirosi Morales se lee que fue Alejandro
Toledo quien
solicitó la constitución de Ecoteva a nombre de su suegra Eva Fernenbug y que
incluso eligió el nombre de la empresa.
También
indica que en la adquisición de la oficina de la Torre Omega “Toledo habría
desempeñado un papel importante” y negoció el precio de la venta. Igualmente
“habría tenido intervención en la adquisición de la casa de Las Casuarinas”, la
que visitó antes de su compra.
La
denuncia también indica que la cancelación de las hipotecas de las casas de
Camacho y Punta Sal se hizo con un préstamo de Josef Maiman solicitado
verbalmente por Toledo. No obstante, se dice que “dicho préstamo no figura en
ningún documento y menos aun se ha determinado que esté siendo
cancelado”.
El
dictamen dice que “la existencia de incrementos patrimoniales injustificados,
operaciones sospechosas y el uso de testaferros evidencian la
posible procedencia ilícita de los fondos, los cuales se pretendían ocultar”.
El Comercio
El
Tribunal Supremo de Bolivia rechazó la recusación que presentó
el empresario Martín
Belaunde Lossio contra todos los integrantes de ese colegiado, que
decidieron ampliar, por unanimidad, su detención domiciliaria por 60
días.
El Comercio
El
ex asesor nacionalista Martín
Belaunde Lossio confirmó
que su defensa presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte-IDH)
por supuestamente ser un perseguido político. “Yo tengo recursos, amigos y
vinculaciones políticas que todavía me respaldan, pero ¿qué pasa con una
persona que no tiene eso?: Se pudre en la cárcel, porque le inventaron algo”,
manifestó.
LIBERTAD ECONOMICA,
GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION
Correo
El ex
presidente Alberto
Fujimori criticó
nuevamente al Ejecutivo por la falta de prevención ante los desastres
naturales que afronta el país, como las inundaciones que sufre la región
Tumbes.
"Siento mucha tristeza al ver como las lluvias de
verano arrasan Tumbes y Zarumilla. Faltó previsión en ríos y drenes",
expresó en una carta publicada en su cuenta Twitter.
Alberto Fujimori recomendó tomar medidas eficaces e
inmediatas para evitar damnificados y viviendas afectadas por un posible
fenómeno del Niño.
"Cómo será si en mayo y junio aparece el fenómeno
del Niño. Hay que tomar medidas eficaces e inmediatas para evitar más
destrucción, dolor en los hogares y daños a la economía peruana. ¡Evitemos un
desastre anunciado!", escribió.
El Comercio, editorial
Licencia tomada
El viernes pasado, se produjo un momento de
zozobra en torno al proyecto minero Tía María, valorado en US$1.400 millones.
Por la mañana, el director de Relaciones Institucionales de Southern Perú,
Julio Morriberón, anunció su cancelación y el retiro total de la inversión de
esa empresa en la región Arequipa. Horas más tarde, sin embargo, la misma
empresa emitió un comunicado en el que rectificaba el anuncio y señalaba que
haría todos los esfuerzos necesarios para sacar el proyecto adelante.
La explicación precisa de lo que ocasionó tal
contradicción todavía está pendiente, pero las reacciones que la presunta
cancelación produjo merecen una reflexión porque expresan un modo bastante
difundido de entender la resistencia a los emprendimientos mineros .
El argumento que el viernes afloró
inmediatamente en boca de los opositores al proyecto fue, una vez más, el de la
ausencia de una ‘licencia social’ para su desarrollo. Lo dijo, por ejemplo, el
congresista de Dignidad y Democracia Justiniano Apaza. Y lo recordó también el
movimiento Tierra y Libertad, que lidera el ex sacerdote Marco Arana.
“El proyecto minero Tía María carece de licencia social. Ha sido rechazado ya por la ciudadanía de la provincia de Islay que se manifestó masivamente por el NO en un referéndum sobre la viabilidad del proyecto convocado por las autoridades municipales, a lo cual se han sumado tres años de masivas movilizaciones, paros, acciones legales realizadas por las organizaciones de productores agrarios y defensores ambientales del valle del Tambo”, sentenció .
“El proyecto minero Tía María carece de licencia social. Ha sido rechazado ya por la ciudadanía de la provincia de Islay que se manifestó masivamente por el NO en un referéndum sobre la viabilidad del proyecto convocado por las autoridades municipales, a lo cual se han sumado tres años de masivas movilizaciones, paros, acciones legales realizadas por las organizaciones de productores agrarios y defensores ambientales del valle del Tambo”, sentenció .
Y en realidad, como anotábamos anteriormente,
el argumento en cuestión ha aparecido antes en los conflictos suscitados
alrededor de los proyectos de Espinar, Cañaris y Conga –por mencionar solo los
más conocidos–, por lo que resulta pertinente preguntarse por el sentido exacto
de la expresión.
Una ‘licencia’, según el diccionario de la
Real Academia Española es un “permiso para hacer algo” o el documento en el que
este consta. Se obtienen así licencias para conducir o para el ejercicio de
determinadas profesiones, que suponen el cumplimiento de requisitos muy
específicos y acotados.
Cuando se habla de ‘licencia social’, sin
embargo, el terreno de lo exigible se torna vasto e impreciso. En el contexto
específico de los proyectos mineros, la expresión parecería aludir a una
conformidad de la sociedad que vive alrededor del lugar en el que estos piensan
desarrollarse, y cuyos límites nunca son definidos. No queda claro, para
empezar, quiénes tienen derecho a opinar y quiénes no. ¿Se debe manifestar solo
el distrito concernido, o tal vez deba tener voz toda la provincia? ¿Y por qué
no la región completa?
Por otra parte, no se sabe tampoco en qué
materias tal opinión resulta relevante. ¿Lo será únicamente en asuntos de medio
ambiente o quizás haya que incluir también consideraciones relativas al empleo
o las obras que los inversionistas del proyecto puedan ofrecer a los lugareños?
Es precisamente para evitar, entre otras
cosas, todas esas ambigüedades y arbitrariedades que existe una ‘licencia’ a
secas, que se tramita frente a la autoridad elegida por quienes componen la
comunidad a la que el proyecto afectará directa e indirectamente –esto es, la
provincia, la región, el país– y que plantea una serie de exigencias, extensa
pero finita.
La ‘licencia social’, en cambio, es aquello
que los que la invocan deseen. ¿Por qué se consideran, por ejemplo, ciertas
asonadas locales como una negación de la misma y se desdeñan las
manifestaciones de otro signo como una concesión del permiso requerido?
Concretamente, ¿por qué no constituyó el
otorgamiento de ‘licencia social’ el voto, en el 2012, de la comunidad
campesina San Juan de Cañaris a favor del proyecto Cañarico, en Lambayeque? ¿O
la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de las 32 comunidades
del área de influencia del proyecto Conga? ¿O la marcha pacífica de enero de
este año emprendida por los pobladores de Islay en apoyo del proyecto Tía María
y otras inversiones?
Y los ejemplos podrían seguir, pero la
respuesta es solo una: sencillamente, porque los enemigos ideológicos del
desarrollo minero en el país han tomado el concepto de ‘licencia social’ –ni
más ni menos que como toman una carretera o el local de una entidad estatal–
para imponer su voluntad al resto de los peruanos y avanzar su ficha política
gracias a la preservación de su bolsón electoral de pobreza.
El Comercio, Reuters
Las
expectativas de subida de tasas, que elevarían el costo de oportunidad de tener
lingotes de oro -que no generan rendimiento- mientras
se respalda el dólar, han sido el factor principal para empujar tanto a la baja
al oro al contado este año.
Pero
"el final del ciclo bajista podría estar a la vista. De forma
contraintuitiva, creemos que puede producirse poco después de que la Fed
comience a subir las tasas de interés". "Esto se basa en nuestras
expectativas de que estas subidas sean lentas y modestas, dejando las tasas
reales en territorio negativo durante un tiempo", agregó.
La
compañía prevé que los precios
del oro toquen
fondo este año a US$1.080 la onza, su nivel más débil desde febrero de 2010, y
que promedien US$1.190 la onza en el año completo.
Metals
Focus estima que continuarán las compras de los bancos centrales.
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