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El JNE procede en tiempo récord a la “desafiliación” de Susana Villarán
del Partido Nacionalista
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Ex personero legal del Diálogo Vecinal, nuevo “vientre de alquiler” de
Susana Villarán, dice que si el JNE le da la razón, ella no será candidata de
esa agrupación política
ü
Si no hay sorpresas de último minuto, serán 13 los postulantes a la
Municipalidad de Lima
ü Solidaridad Nacional y
PPC-APP han decidido quitarle su apoyo al oficialismo para la elección de la Mesa
Directiva del Congreso. Evaluarían integrar la lista de oposición de Fuerza Popular y Concertación Parlamentaria
ü Alan García: “megaproyectos
que eran privados se convierten en públicos. El gasoducto del sur tenía un
proyecto original de US$ 1,300 millones, aceptado por la misma empresa que
ahora lo va a llevar a cabo como un proyecto público de US$7,300 millones”
ü Alexis Humala denunciado por
estafa
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MEDIA COLUMNA
¿Dónde
está esa ficha?
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
La
decisión en tiempo récord del Jurado Nacional de Elecciones de proceder a “desafiliar”
a Susana Villarán del partido nacionalista es un acto de celeridad sorprendente.
Doblemente,
tratándose de uno destinado a remover una causal que impediría a la alcaldesa
postular en las elecciones. En efecto, la ley dice que no se puede postular por
una agrupación si no se ha renunciado a otra anterior en un plazo determinado.
Un funcionario del JNE
apareció hoy en una entrevista donde lo único que no hizo es lo que importaba en
este caso: mostrar la ficha de la supuesta inscripción de Villarán en el
partido de gobierno.
Si esa ficha tiene -como
es obligatorio que tenga- la firma de la alcaldesa y su huella digital, y si
ambas son auténticas, quedaría demostrada la ausencia de renuncia oportuna de
la que se deprendería la descalificación automática de su candidatura.
Pero el funcionario no
mostró la ficha. Tampoco dijo –como el entrevistador creyó oír o quiso pensar-
que el JNE está buscando el referido documento para mostrarlo a la opinión
pública. El funcionario evitó por todos los medios decirlo.
De esta conducta del
JNE solo cabe inferir, entonces, que no quiere buscar la ficha porque ya lo
hizo y no la ha hallado, lo que configuraría una situación sumamente irregular.
Más le vale al JNE que
la ficha aparezca y que la firma y la huella que en ella obran no sean las de Susana
Villarán. De otro modo, su candidatura a la reelección nace bajo la sombra de
una sospecha que no los dejará en paz.
REPORTE DE NOTICIAS
Las siguientes notas
periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y
ordenadas
temáticamente. No se las
debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que
se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ELECCIONES,
ENCUESTAS, MEDIOS DE PRENSA, PSICOSOCIALES
El Comercio
La víspera del cierre de la presentación de candidaturas municipales fue
sacudida por una singular noticia: la alcaldesa de Lima, Susana Villarán sería militante del Partido Nacionalista Peruano (PNP).
El programa “Sin medias tintas” reveló el domingo que, en el padrón de
afiliados que el partido de gobierno presentó el 25 de junio al JNE, figura
Villarán. Ello le impediría ser candidata por otra agrupación.
La alcaldesa negó tal militancia. “Nunca me afilié al Partido Nacionalista
Peruano… No hay ningún documento que yo haya firmado que pueda demostrar esta
supuesta afiliación”, sostuvo en comunicado.
En el transcurso del día, el personero del PNP, Marco Barboza, remitió
un oficio al JNE que solicita “la inmediata desafiliación” de la burgomaestre.
“Hemos detectado de forma preliminar irregularidades en el proceso de
afiliación”, refiere. Este oficio fue dado a conocer por el JNE en un
comunicado, en el cual anunció que el Registro de Organizaciones Política
procedería a la “desafiliación”.
El Comercio
El ex personero legal de Diálogo Vecinal, Víctor Guerrero Bazán, indicó que si el
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le da la razón en su recurso de apelación,
la alcaldesa Susana Villarán no será candidata de esa agrupación política.
"La señora Villarán se ha hecho de la personería legal del
partido", dijo Guerrero.
El pasado viernes, el Registro de
Organizaciones Políticas (ROP) JNE, a través del Oficio 3588-ROP/JNE,
nombró a Juan Carlos Becerra presidente del partido y a Marco Antonio
Zevallos, personero de Fuerza Social y gerente de Ambiente de la
Municipalidad de Lima, como reemplazo de Guerrero.
Canal 10, ATV+,
Aanal N
Rolando
Reátegui, congresista de Fuerza Popular, informa que hace unos días entró a la
página web del partido nacionalista y estaba el nombre de la alcaldesa de la
capital como candidata a la alcaldía de Lima en representación de la mencionada
bancada. Reátegui manifestó que no cree que le hayan falsificado la firma a
Susana Villarán. Cuestionó la celeridad con la que el JNE desafilió a Villarán.
Correo
Sin medias
tintas reveló ayer que el nombre de la burgomaestre figura en el padrón de
afiliados del Partido Nacionalista Peruano desde el 14 de mayo.
"Creo que
(Susana Villarán) podría tener mejores resultados sin necesidad de ser la
candidata del Gobierno", le aconsejó el expresidente Alan García a la
alcaldesa de Lima el pasado 9 de junio.
El Comercio
Augusto Rey, vocero de la campaña de reelección de Susana Villarán, negó hoy que la alcaldesa
de Lima y sus allegados hayan tomado a
la fuerza el movimiento Diálogo Vecinal, por el cual se inscribirá en las siguientes horas.
Según explicó el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado
Nacional de Elecciones (JNE), reconoció como presidente de esa agrupación
a Juan Carlos Becerra Jara tras revisar los libros de actas. Lo curioso es que
esta persona está alineada con la burgomaestre.
El Comercio
Si no hay sorpresas de último minuto, en Lima serán 13 los postulantes
que tentarán llegar a la Municipalidad de Lima.
Entre estos están la actual burgomaestre Susana Villarán (Diálogo Vecinal); el ex
alcalde Luis Castañeda Lossio (Solidaridad
Nacional); el alcalde de San Miguel, Salvador Heresi (Perú Patria Segura), el
burgomaestre de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe (Fuerza Popular), el de
Los Olivos, Felipe Castillo (Siempre Unidos), el regidor metropolitano Fernán
Altuve (Vamos Perú), el regidor Jaime Zea (PPC), el ex ministro Enrique Cornejo
(Apra), el ex general PNP (r) Guillermo Arteta (Alianza por el Progreso), Nora
Bonifaz (Somos Perú), Edmundo del Águila (Acción Popular), Álex Gonzales
(Democracia Directa) y Moisés Mieses (Partido Humanista).
De total de candidatos, seis postulan por partidos en los que no militan.
La Razón
Un total de cinco millones 621,715 fue lo reportado como ingresos financieros por 11 partidos políticos que cumplieron con presentar su información financiera anual correspondiente al 2013, a la ONPE.
Un total de cinco millones 621,715 fue lo reportado como ingresos financieros por 11 partidos políticos que cumplieron con presentar su información financiera anual correspondiente al 2013, a la ONPE.
Las agrupaciones
que presentaron dicha información son Acción Popular, Alianza Para el Progreso,
Fuerza Popular, Partido Aprista Peruano, Perú Patria Segura, Partido Humanista,
Partido Popular Cristiano, Perú Posible, Solidaridad Nacional, Todos Por el
Perú, y Vamos Perú.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
La República
Los candidatos
para la próxima elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso para el
periodo 2014-2015 ya asoman. Las ocho bancadas del Parlamento han empezado a
mover sus fichas y a definir una posición sobre posibles alianzas.
A diferencia de
PP, las bancadas de Solidaridad Nacional y PPC-APP han decidido quitarle su
apoyo al oficialismo. Ambas bancadas estarían evaluando la posibilidad dé
integrar una lista de oposición respaldada por Fuerza Popular y Concertación
Parlamentaria.
Peru21
La situación del ministro del Interior, Daniel Urresti, quien es implicado en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988 parece haber creado una fisura en la bancada de gobierno.
La situación del ministro del Interior, Daniel Urresti, quien es implicado en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988 parece haber creado una fisura en la bancada de gobierno.
Mientras el
vocero nacionalista Sergio Tejada dijo que no era necesario un Pleno para
investigar al ministro, el titular del Congreso, Fredy Otárola, no descartó esa
posibilidad en los próximos días.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
Peru21, domingo 6
Entrevista a Alan García
(…)
Hay un punto que la prensa está ignorando, a veces creo que hasta por
intereses, y es que de manera subrepticia estamos volviendo ya no a la Gran
Transformación sino al chavismo interventor y estatista.
A través, por ejemplo, de estos megaproyectos que eran privados y se convierten
en públicos. El gasoducto del sur tenía un proyecto original de US$ 1,300
millones, aceptado por la misma empresa, que ahora lo va a llevar a cabo como
un proyecto público de US$7,300 millones, financiado por los consumidores. Y lo
digo porque yo he visto y estudiado el proyecto con la propia empresa.
En estos casos hay que señalar no solo al gobierno
sino también a las empresas privadas que han participado de esto porque también
tienen una responsabilidad.
Son temas espinosos para muchos grupos, pero yo hablo de modelos y el modelo más inteligente en atraer capitales de fuera y obligarlos, con buenos incentivos, a invertir en el país. Eso es lo que debería defender la Confiep: el modelo. Buscando que las obras sean privadas, con buenos incentivos, y no públicas y pagadas por todo el país. Pero no hay conciencia ideológica ni conciencia de principios.
Son temas espinosos para muchos grupos, pero yo hablo de modelos y el modelo más inteligente en atraer capitales de fuera y obligarlos, con buenos incentivos, a invertir en el país. Eso es lo que debería defender la Confiep: el modelo. Buscando que las obras sean privadas, con buenos incentivos, y no públicas y pagadas por todo el país. Pero no hay conciencia ideológica ni conciencia de principios.
Hay un riesgo de que caigamos en el modelo
mercantilista brasileño, donde algunas empresas se benefician de sus tratos con
el Estado.
Ya estamos cayendo. Hagamos la suma: US$3.500 millones en la refinería de Talara, US$5.000 millones en el tren, más el dinero de las facturas de todos los peruanos con que se va a pagar el gasoducto del sur, resulta que la economía del Perú está siendo financiada con obras públicas que pudieron haber sido hechas por el capital internacional. Y eso lo va a sufrir el gobierno que venga. Esto es como el gobierno militar, que en 1968 recibió una deuda de US$ 600 millones y al irse dejó una de US$7.000 millones, dinero que se utilizó para financiar obras que luego debieron paralizarse por falta de recursos. Eso es lo que se está haciendo en este momento.
Ya estamos cayendo. Hagamos la suma: US$3.500 millones en la refinería de Talara, US$5.000 millones en el tren, más el dinero de las facturas de todos los peruanos con que se va a pagar el gasoducto del sur, resulta que la economía del Perú está siendo financiada con obras públicas que pudieron haber sido hechas por el capital internacional. Y eso lo va a sufrir el gobierno que venga. Esto es como el gobierno militar, que en 1968 recibió una deuda de US$ 600 millones y al irse dejó una de US$7.000 millones, dinero que se utilizó para financiar obras que luego debieron paralizarse por falta de recursos. Eso es lo que se está haciendo en este momento.
(…)
El Comercio, Portafolio
Lunes 30 de junio. Cuando se suponía que todos los peruanos
celebraríamos la concesión de uno de los proyectos energéticos más importantes
para el país, la apertura del sobre con el nombre del ganador de la concesión
del Gasoducto Sur Peruano (GSP) volvió a
generar nuevos cuestionamientos en contra de la entidad detrás del proceso: Pro Inversión.
Más que en el gasoducto mismo, las críticas se enfocan en la ejecución
del proceso de licitación, que no estuvo exento de acusaciones sobre posibles conflictos de
intereses que habrían pesado en los resultados, poniendo en tela de
juicio –una vez más– la adjudicación de una buena pro.
De esta manera, se vuelve a
poner sobre la mesa la calidad y transparencia del trabajo realizado por esta
entidad, que en los procesos más importantes atrajo a duras penas la atención de un postor,
poniendo en entredicho la efectividad de su labor “promotora”.
Aun cuando desde las altas esferas del Gobierno garantizan la
transparencia en la concesión del GSP, también es cierto que las críticas no
son nuevas y una vez más nos llevan a preguntarnos: ¿qué está pasando con Pro
Inversión? ¿Por qué su labor no termina de convencer y deja un claro paso a los
cuestionamientos?
Si a finales del 2012, la agencia estatal era criticada porque en 18
meses el gobierno de Humala concesionó seis proyectos, hoy las cosas son
realmente diferentes, pues 18 meses después –a punto de cumplir tres años de
gestión– se concesionaron 19, triplicando la cantidad conseguida hace año y
medio atrás. ¿Qué explica este cambio?
Según el ex director ejecutivo de Pro Inversión, José Nicanor Gonzales,
dicha celeridad obedece a que “el Gobierno recién se ha dado cuenta de que ha perdido tres años y ahora está en una
carrera por sacar los procesos”.
Y no se equivoca. La caída de la tasa de crecimiento del PBI y la desaceleración de la inversión privada
parecerían ser la causal de la “eficiencia” que se observa desde fines de
noviembre del año pasado para revertir tan magros resultados.
Coincidencia o no, para el actual decano de la Escuela de Postgrado de
la USIL, lo de hoy es una clara consecuencia
de no haber tenido un programa formal de concesiones y promoción de la inversión privada.
En su defensa, desde Pro Inversión aclaran que no ha habido atrasos
antes ni aceleración después, porque los procesos pasan por diferentes fases y
sobre los 19 proyectos de los últimos 18 meses consideran que “no ha habido
ninguna carrera a la loca”.
Al respecto, Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría, refiere que los números
“muestran la evolución positiva del Gobierno respecto a su actitud frente a la
inversión privada”, aunque el tímido avance de los primeros años fue porque “no
hubo voluntad política ni la vocación de los ministerios concedentes para
entregar los proyectos”.
En línea con lo dicho por Gonzales, el profesor principal de Centrum Católica, César Álvarez considera
que “como en este último año hay una tendencia a la desaceleración, Pro
Inversión se ha apurado en resolver los proyectos para sacarlos de una vez,
pero por la falta de transparencia han tenido fuertes objeciones técnicas y
económicas”.
Para sostener su afirmación, no solo hace referencia a los ya conocidos
cuestionamientos al GSP, también recuerda lo sucedido con la Línea 2 del Metro. Curiosamente, son dos de los cuatro proyectos [dos de ellos
prioritarios] en los que se logró la participación de un solo postor.
Punto en contra para la entidad que debería concentrar sus esfuerzos en atraer
a más de uno.
Aunado a ello, el manejo político de la entidad habría influido no solo
en la falta de transparencia, sino también en la ineficacia para promover
grandes proyectos que atraigan inversionistas de peso.
Habiendo estado del otro lado, Gonzales asevera que lo político llega a
entorpecer la labor de la que fuera su oficina por más de un año. Además, como
dice Roberto Abusada, del IPE, “Pro Inversión ha tenido que sufrir
durante todo este período una indebida interferencia de los ministros y de los
ministerios”.
Para evitar que los errores del pasado terminen por cobrarnos la
factura en el futuro, César Peñaranda, de la CCL, sostiene que lo fundamental es
trabajar en el ex ante, previo a la convocatoria. ¿Para qué? Según dice, lo
fundamental está en inyectar seriedad y profesionalismo, dos ingredientes
claves para sustentar una concesión, una APP u Obras por Impuestos.
“En cifras, los tres años de este Gobierno han sido positivos, pero es
necesario continuar con la búsqueda de
la simplicidad de los procesos y de la toma de decisiones. No solo hay
que evaluar las cifras sino la calidad de los proyectos en sí, además del
beneficio para el país”, recomienda.
Sobre la posibilidad de que la labor de Pro Inversión trascienda la
firma del contrato, Peñaranda sugiere que el ex post siga descansando en los
reguladores [Ositrán, Osiptel, etc.] y en otras entidades
públicas para no debilitar su función principal.
En ese sentido, Castagnola sostiene que su “labor va a ser mejor en la
medida en que los concedentes entreguen proyectos que estén mejor hechos,
porque a veces para jugar un partido de fútbol Pro Inversión recibe un ladrillo
en vez de una pelota”.
En esa línea, Abusada recomienda una mayor vinculación con bancos de inversión de primer nivel, no solo
para preparar los proyectos con más acuciosidad sino para buscar a los mejores
postores.
Sumándose a lo dicho por su colega, César Peñaranda refiere que también habría
que analizar al directorio de Pro Inversión. “Hay que ver si está bien conformado para que sus integrantes sean los
indispensables y se simplifique la toma de decisiones”, agrega.
Considerando –como nos dijo un abogado experto en concesiones e
iniciativas privadas que prefirió no ser identificado– que nos encontramos bajo
un modelo de Estado promotor de la inversión, queda claro que su deber está en
llevar a cabo esta gestión de la manera más transparente posible.
Y, más allá de que este Gobierno quiera ser recordado como el que más proyectos
concesionó, también deben apuntar –según José Nicanor Gonzales– a la ejecución
de los proyectos porque “hasta ahora son solo anuncios de compromiso de
inversión, pero va a ser poco lo que este Gobierno pueda hacer porque solo le
quedan dos años, uno de los cuales es electoral”.
Aun así, en los próximos dos años, la cartera de proyectos en APP rebasa los US$28.500 millones,
cifra que se sumaría a los cerca de US$19.000 millones concesionados hasta el
primer semestre del 2014. ¿Qué hacer para no desaprovechar la oportunidad?
Promover la participación del capital privado sería lo indicado. Pero con transparencia, celeridad y eficacia se
podría garantizar que los factores de competencia se cumplan, para no enturbiar
los procesos. Solo así podremos decir que estos fueron un éxito.
El Comercio
El cuestionado abogado Rodolfo Orellana pasó a la condición de
investigado, sostuvo hoy el congresista y titular de la Comisión Áncash, Mesías Guevara, quien refirió que el
empresario figura entre las 120 personas que su grupo de trabajo ha señalado
como parte de las pesquisas.
El Comercio
Dos semanas antes de que se dictara la orden de detención sobre el
abogado Rodolfo Orellana y el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez, un equipo de “Panorama”
grabó las instalaciones de la revista “Juez Justo”, en San Borja. Al local,
se vio ingresar no solo a familiares del letrado, también a empresarios chinos
vinculados a una mafia de trata de personas y a un sentenciado por corrupción.
El Comercio
Existe un equipo especial de 40 policías tras los pasos de Rodolfo Orellana, acusado de liderar una
organización criminal dedicada al lavado de activos, informó hoy el
ministro del Interior, Daniel Urresti.
Ayer, se difundió un audio de Orellana en el que
deja entrever que se entregará a las autoridades en los próximos días.
El Comercio
Otra más del ‘hermanísimo’. Los mineros Aquiles Gómez y su madre
Alejandrina Pariasca de Gómez denunciaron que Alexis Humala, miembro del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del Partido Nacionalista, los estafó. Según informó el programa “Panorama”, el
oficialista les pidió US$ 10 mil dólares para ayudarlos a recuperar su mina
“Inca durmiente”, en Ica, que ha sido tomada por mineros ilegales.
En un correo enviado a Gómez supuestamente por el hermano del presidente
Ollanta Humala, este último se compromete a sacar a los invasores utilizando
recursos del Estado, como agentes de la Policía Nacional, a cambio del pago.
Gómez y su madre indicaron que le entregaron hace tres años US$ 5 mil a
Marilú Pérez Saldaña, asistente del menor de los Humala Tasso, como adelanto, a
fin de que el nacionalista inicie las coordinaciones con la Policía Nacional y
personal de seguridad particular para realizar el desalojo de los mineros
ilegales.
Sin embargo, nada de ello ocurrió y hasta el momento su mina sigue en
manos de los mineros ilegales.
