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The Associated Press: “Ocurre alrededor de cuatro
veces por día, bajo las narices de los militares: pequeñas
avionetas aterrizan en pistas de tierra en la principal zona productora de coca
del mundo, entregan bolsas de dinero, cargan más
de 300 kilos de cocaína y parten rumbo a Bolivia”
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Horas antes de que la
defensa legal de Nadine Heredia sustentara la posición de Nadine Heredia, el TC
oficializó la modificación de su reglamento interno. Ya no necesitará cinco
sino solo cuatro votos para tomar decisiones
ü El exmagistrado constitucional Víctor
García Toma dijo que el habeas corpus de Nadine Heredia no debió ser admitido
porque una investigación preliminar del Ministerio Público no amenaza la
libertad de una persona
ü Alan García: "Burda manipulación
perpetraría Palacio en el TC con eso de 4 votos (no 5) en el caso más grave de
este tiempo. ¿Y La prensa?"
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MEDIA COLUMNA
La interceptación se acata
pero no se cumple
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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La denuncia de
la agencia de noticias The Associated Press (AP) acerca de lo que ocurre en el
VRAEM es pasmosa: “Ocurre alrededor de cuatro veces por día, bajo
las narices de los militares: pequeñas
avionetas aterrizan en pistas de tierra en la principal zona productora de coca
del mundo, entregan bolsas de dinero, cargan más
de 300 kilos de cocaína y parten rumbo a Bolivia”.
Dos tercios de la cocaína del Perú salen del país
por esa vía. La conclusión de la investigación de AP en el terreno es que el
gobierno “no hace mucho por impedir ese flujo” y que “la plaga de narcovuelos
es posible por la desidia de los militares”. Asevera que “las narcoavionetas
han sido cargadas con drogas en pistas, algunas a minutos por aire de bases
militares”. Dos agentes suministraron videos a AP. Cada vuelo lleva 7,2
millones de dólares de cocaína. "Ningún avión viene sin medio millón de
dólares por lo menos para pagar la droga, para pagar las pistas y para
corromper a las autoridades", afirma un piloto acusado de narcotráfico.
En agosto pasado se aprobó la ley de interceptación
de narcoavionetas, la única política que ha sido eficaz contra el narcotráfico,
que permitió en los 90 reducir de 125 mil a 34 mil las hectáreas sembradas de
coca.
Pero el gobierno no ha instalado los radares que
hacen falta. Hace un año, Pedro Cateriano anunció planes para adquirir cuatro
radares por 71 millones de dólares. Ese dinero ha sido retirado del presupuesto
de este año, confirma el actual ministro de Defensa, según AP. Solo se ha reparado
dos viejos radares TPS-70 fabricados en Estados Unidos, adquiridos en los 90.
El primero comenzó a funcionar en mayo en Puerto
Maldonado, y cubre un radio de 400 kilómetros, claramente insuficiente.
"Hoy puedo decirles que el narcotráfico ya no
es un poder paralelo en el VRAEM", sostuvo Ollanta Humala el pasado 28 de
julio. Pero la realidad es la que la agencia norteamericana publica hoy en un
vasto número de periódicos alrededor del mundo.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
Expreso
Horas
antes de que la defensa legal de Nadine Heredia sustentara su pedido para
archivar la investigación que se le seguía por lavado de activos, el Tribunal
Constitucional (TC) oficializó la modificación de su reglamento interno, la
cual señala que ya no se necesitarán cinco sino solo cuatro votos para tomar
decisiones en el máximo órgano defensor de la Carta Magna.
El TC
emite precedentes, equivalente a una ley, con cinco votos de los siete
magistrados que integran esta institución; sin embargo, Eloy Espinoza, miembro
de este organismo elegido con votos del nacionalismo, hizo una propuesta para
cambiar la regla a cuatro votos. Los rumores de que esta modificación
beneficiaría a Nadine Heredia no se hicieron esperar.
Los
integrantes del TC Eloy Espinosa, Carlos Ramos y Manuel Miranda llegaron a esta
instancia por votación de la bancada nacionalista; mientras Ernesto Blume
Fortini fue respaldado por la bancada de Perú Posible, agrupación aliada del
Gobierno.
Fuentes
cercanas al TC refieren que estos cuatro magistrados votarían a favor del
hábeas corpus de la esposa del jefe de Estado, trabando que se le siga
investigando por lavado de activos.
“La
iniciativa de modificación la presentó Carlos Ramos Núñez, pero ha sido debatida
y aprobada con los votos correspondientes. Eso fue hace unos 15 días”, reveló
el presidente del TC, Óscar Urviola, respecto a que bastarán cuatro votos para
resolver en forma vinculante casos de hábeas corpus como el de Nadine Heredia.
Canal
N
El abogado
constitucionalista y exmagistrado constitucional Víctor García Toma dijo que el
cambio del reglamento del Tribunal Constitucional es una decisión errada que
debe ser explicada por la mencionada institución.
En
otro momento, dijo que el habeas corpus de la primera dama Nadine Heredia no
debió ser admitido porque una investigación preliminar del Ministerio Público
no amenaza la libertad de una persona.
La
República
El
ex presidente y candidato presidencial aprista Alan García escribió en su cuenta
de la red social Twitter: "Burda
manipulación perpetraría Palacio en el TC con eso de 4 votos (no 5) en el caso
más grave de este tiempo. ¿Y La prensa?".
RPP
El
congresista Mauricio Mulder sostuvo que los miembros del TC cometerían un golpe
de Estado si establecen que en el Perú existen ciudadanos que no pueden ser
investigados.
Se
está empezando a reunir las condiciones para una acusación constitucional
contra los integrantes del TC, precisó Mulder.
El Comercio
El
presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola,
condenó las declaraciones que "han amenazado con juicios políticos al
Tribunal Constitucional". Sostuvo
ello en respuesta al legislador Mauricio Mulder, quien señaló ayer que el
TC habría bajado de cinco a cuatro el número de votos para resolver a favor de Nadine Heredia el recurso
presentado por el Ministerio Público. "Eso va a merecer por parte de la
oposición, ya lo conversamos, una acusación constitucional", dijo Mulder.
El Comercio
El
presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola,
afirmó que la modificación del reglamento de su institución no tendrá efectos
respecto al caso de la primera dama, Nadine Heredia.
Expreso
Ayer
el TC dejó al voto el recurso de agravio constitucional contra el hábeas corpus
que archivó la investigación por lavado de activos contra Heredia.
En
audiencia pública, los magistrados escucharon a las partes. Participaron
Aurelio Bazán Lora, procurador del Ministerio Público, Eduardo Roy Gates,
abogado de Nadine Heredia, y Hugo Laurente, quien asume la defensa del fiscal
Ricardo Rojas, encargado de investigar a Heredia.
El
Ministerio Público reiteró que existen hechos y elementos suficientes para
investigar a Nadine Heredia por presunto lavado de activos y, por ello, pidió
al TC que declare fundado su pedido para que continúen las pesquisas. El
procurador adjunto del Ministerio Público, Alfonso Carrizales, dijo que existen
nuevos hechos que sustentan investigar a la primera dama, como el reporte de la
Unidad de Inteligencia Financiera y los depósitos de la empresa venezolana
Kaymasac a favor de Antonia Alarcón, madre de la también presidenta del Partido
Nacionalista, y de Rocío Calderón.
Agregó
que la investigación anterior a Heredia Alarcón fue deficiente y relató todos
los antecedentes de este caso, al que calificó de emblemático porque incluye a
personas vinculadas al poder.
El
letrado mencionó que mediante la carpeta fiscal 480-2014 se inició una
investigación preliminar por las transferencias sospechosas realizadas a Nadine
Heredia, entre los años 2006 y 2008. En las pesquisas se incluyó a su hermano
Ilan Heredia.
Posteriormente
la investigación preliminar se amplió a Antonia Alarcón debido a las
sospechosas adquisiciones de propiedades por más de US$ 500 mil (un inmueble en
Surco por US$ 350 mil y un inmueble y un estacionamiento por US$ 245 mil), pese
a que ella registra como actividad económica “movilidad escolar”.
El
defensor del Estado también puntualizó que el Poder Judicial debió haber
declarado improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de
Nadine Heredia.
Peru21
El
expremier y líder de Peruanos por el Kambio (PPK), Pedro Pablo
Kuczynski, respondió al fiscal Germán Juárez sobre sus
declaraciones referidas al ingreso al país de valijas
diplomáticas procedentes de Venezuela con dinero para la campaña del 2006
del entonces candidato Ollanta Humala. Ingresó con su vehículo directamente a
la cochera.
A
fines de setiembre, Kuczynski ratificó que cuando fue presidente del
Consejo de Ministros supo que una funcionaria de la embajada venezolana en Lima
“traía” maletines con dinero.
“Cuando
era premier teníamos cada semana reuniones con todos los jefes de inteligencia
de la Policía, y se nos informó, en repetidas ocasiones, que la agregada cultural de la embajada de Venezuela traía
con frecuencia maletines al Perú que, según la aduana, contenían dinero”,
sostuvo.
Kuczynski
indicó que el dinero chavista “era enviado en maletas que ingresaban al país a
través de la valija
diplomática de la embajada venezolana”. “Midiendo el número de maletas que
entraron deberían ser sumas grandes, sin duda de varios millones de dólares.
Venían con mucha regularidad”, añadió.
El
13 de julio pasado, Pedro
Pablo Kuczynski se
ratificó en sus afirmaciones y señaló que las maletas con dinero eran traídas
por Virly Torres, ex funcionaria de la Embajada de Venezuela en Lima.
El Comercio
El
presidente del Consejo de Ministros, Pedro
Cateriano, afirmó que el Gobierno "respalda
públicamente" al titular de Justicia Gustavo Adrianzén respecto de la
presunta mordaza contra la procuradora Julia
Príncipe.
Solicitó
que, a poco de anunciarse la convocatoria de las Elecciones Generales del
2016, se evite "una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo que genere inestabilidad política".
La República
El
juez supremo César San Martín afirmó que el fujimorismo está
detrás de las acusaciones que lo vinculan con las agendas atribuidas a Nadine Heredia.
Sobre
la indagación previa del CNM, debido a que su nombre aparece en las supuestas
agendas de Nadine Heredia, señaló: “Ni siquiera hago una cuestión jurídica
prejudicial en el caso”, dijo.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
La República, AP
Ocurre
alrededor de cuatro veces por día, bajo las narices de los militares: pequeñas
avionetas aterrizan en pistas de tierra en la principal zona productora de coca
del mundo, entregan bolsas de dinero, cargan más
de 300 kilos de cocaína y parten rumbo a Bolivia.
Alrededor
de la mitad de las exportaciones de cocaína de Perú ha salido del país hacia el este, a
través de este "puente
aéreo", según la Policía, desde que esta nación andina
pasó a ser la principal productora mundial de la droga en el 2012.
El
gobierno peruano no hace mucho por impedir ese flujo de drogas. Fiscales,
policías antinarcóticos, exoficiales de las fuerzas armadas y agentes
antidrogas de Estados Unidos activos y en retiro dicen que, si bien abunda la
corrupción en Perú, la plaga de narcovuelos es posible por la desidia de los
militares, ya que controlan la remota región selvática del valle de los ríos
Apurímac, Ene y Mantaro, conocida como VRAEM.
Wilson Barrantes,
general retirado del ejército que denuncia desde hace tiempo la corrupción de
los militares generada por el narcotráfico, dijo que darle a esas fuerzas el
control del valle "es como poner a cuatro perros callejeros a cuidar a un
plato de bistec".
El
viceministro de Defensa Iván Vega, que dirige las operaciones de
contrainsurgencia en la región, expresó que no tiene conocimiento de ningún
oficial militar bajo pesquisa. "La corrupción existe, pero nosotros
estamos siempre pendientes", expresó. "Si sabemos de alguien, pues le
vamos a caer con todo".
Una
investigación de The
Associated Press, no obstante, comprobó que las "narcoavionetas"
han sido cargadas con drogas en pistas, algunas a minutos por aire de bases
militares, en el remoto valle, donde casi no hay caminos y del que salen unos
dos tercios de la cocaína peruana.
Videos
obtenidos por la AP muestran avionetas que aterrizan en pistas clandestinas en
la selva. Agentes de unidades antinarcóticos especiales de la Policía captaron
en video las escenas desde colinas cercanas, pero no pudieron intervenir porque
no tenían suficiente apoyo, según dos agentes que suministraron los videos pero
declinaron ser citados por temor a perder sus trabajos. La cocaína parte en
avionetas Cessna 206, con cargamentos valuados en al menos 7,2 millones de
dólares en el exterior.
Son
operaciones que toman diez minutos, llevadas a cabo por lo general apenas sale
el sol y rigurosamente planificadas: Una docena de "mochileros" se
presentan en la pista cuando se acerca la avioneta. Hombres armados con fusiles
custodian el lugar. Se baja el dinero, se carga la droga en la cabina, el motor
vuelve a rugir y el avión parte otra vez.
Un
piloto acusado de narcotráfico le dijo a la AP que los comandantes militares
locales cobran 10.000
dólares por vuelo para permitirles aterrizar y despegar sin que nadie los moleste.
La
preocupación por los narcovuelos impulsó al Congreso a aprobar una ley en
agosto que autoriza abrir fuego contra las avionetas. Pero hay quienes dicen
que el gobierno no tiene voluntad política de combatir a los narcos porque
desistió inexplicablemente de comprar e instalar radares modernos.
Cuando
el presidente Ollanta Humala llegó al poder en el 2011 dijo que la lucha contra
el narcotráfico sería una de sus prioridades. Su gobierno ha destruido
cantidades récord de hoja de coca, ha gastado en erradicación más de 60
millones de dólares y es apoyado por Estados Unidos y por la Unión Europea. En
un discurso del día de la independencia, el 28 de julio, cuatro años después de
haber asumido, este exteniente coronel aseguró que el narcotráfico en el valle
había sido contenido."Hoy puedo decirles que el narcotráfico ya no es un
poder paralelo en el VRAEM", sostuvo Humala.
Sus
detractores, sin embargo, afirman que lo único que se hizo fue permitir que la
mayor parte de la producción de cocaína se traslade al valle, donde no hay
campañas de erradicación y la vigilancia de las autoridades es escasa.
Humala
también destaca más de 550 misiones para generar enormes agujeros en pistas
clandestinas como si fuese un triunfo, pero el director de la Policía general
Vicente Romero ha dicho varias veces que los traficantes llenan en pocos días
los cráteres que dejan las voladuras.
La
procuradora antidrogas Sonia Medina dijo en una entrevista que el narcotráfico
fue "de mal en peor" bajo Humala al corromper a políticos, al sistema
legal, la Policía y los militares.
"No hay una política coherente",
expresó. "¿Qué estamos haciendo con la lucha antidrogas? (Es) algo
completamente distorsionado, incoherente, inerte".
Los
esfuerzos de Perú para combatir el narcotráfico palidecen comparados con los de
Colombia, el segundo mayor exportador de cocaína.
--Perú
confiscó un promedio de 28 toneladas de cocaína o pasta de coca al año entre el
2011 y el 2014, comparado con las 170 toneladas que incautó Colombia o socios
con base en la inteligencia colombiana. Para Perú eso representa menos del 10%
de su producción potencial. Para Colombia es más de la mitad, según estimados
de Estados Unidos.
--Mientras
que Colombia ha estado arrestando sistemáticamente a los principales
narcotraficantes en la última década, y extraditando a muchos a Estados Unidos,
donde reciben prolongadas sentencias, Perú
no ha detenido ni enjuiciado a un solo capo del narcotráfico desde el 2005.
--La
policía antinarcóticos peruana opera con un presupuesto anual de 12 millones de
dólares y no cuenta con aviones ni helicópteros. La colombiana, por su parte,
dispone de 45 millones de dólares y de unos 50 aviones y 70 helicópteros,
incluidos Blackhawks.
En
Perú se formó una comisión legislativa especial para investigar la infiltración
del narcotráfico en la política después de las elecciones regionales y
municipales en octubre pasado, en las que Medina contó unos 700 candidatos que
estaban siendo investigados o habían sido hallados culpables de colaborar con
el narcotráfico. Su presidenta, la congresista Rosa Mavila, dijo que el
gobierno de Perú corre peligro de caer en manos de los narcos.
"No
es aún narco estado; está en riesgo de serlo", afirmó Mavila en una
entrevista.
En
el valle de la cocaína rige un estado de emergencia desde hace nueve años por
la continua presencia de rebeldes de Sendero Luminoso que trafican drogas,
quienes han matado más de 30 policías y soldados durante la gestión de Humala.
La
policía dice que Sendero es solo uno de los 15 grupos narcotraficantes que
operan en el valle y ha sido reducido a 60 combatientes.
Sin
embargo, el gobierno afirma que si destruye cocales en el valle provocaría a
una reacción armada. "Sería muy estúpido de nuestra parte que vayamos a
querer erradicar. Más bien lo que vamos a fomentar es la captación de personal
para Sendero", dijo Vega, el viceministro de Defensa.
Hay
unos 6.000 soldados distribuidos a lo largo de más de 30 bases, supuestamente
para combatir "el narcoterrorismo". Por ley, las operaciones
antinarcóticos son llevadas a cabo por menos de 1.000 policías en el valle.
Pero los agentes antinarcóticos dependen de los militares para el transporte
aéreo y muchos se quejan de tener que hacer misiones conjuntas con los
soldados.
En
documentos y testimonios obtenidos por la AP, la Policía y los fiscales
antidrogas cuestionaron la confiabilidad de los militares en la lucha contra el
narcotráfico. Uno de ellos recuerda haber preguntado por las pistas
clandestinas en 2013, en un encuentro con oficiales de las fuerzas armadas. "Les
explicamos que queríamos entrar a esas pistas", rememora la fuente, que
habló a condición de no ser identificada por temor a represalias. "Ellos
sacaron sus mapas donde tenían conocimiento de que habían pistas por acá,
pistas por allá. Pero nunca nos informaron de todo esto".
Se
sospecha también que se estaban filtrando datos de inteligencia a los
traficantes.
Cuatro
fiscales antidrogas denunciaron esas filtraciones en una carta escrita en mayo
del 2014 a su jefe, de la cual la AP consiguió una copia.
Tres
veces compartieron información con los militares acerca de cuándo y dónde
aterrizarían los vuelos con drogas, señalaron. En todos los casos, los aviones
jamás aparecieron. Una cuarta vez se guardaron la información y actuaron con
apoyo de la Policía.
Capturaron
al piloto y el copiloto murió en un tiroteo. Se
incautaron 357 kilos de cocaína y
5.500 dólares en efectivo. La operación de marzo del 2014 fue la única de los
últimos dos años en la que se capturó al piloto, las drogas, el dinero y la
avioneta.
En
ese período, fueron "capturados" más de dos docenas de avionetas con
drogas. La mayoría eran aeronaves que sufrieron desperfectos y tuvieron que
hacer aterrizajes forzosos. En todos los casos, con excepción de cinco, los
pilotos escaparon.
"Ningún
avión viene sin medio millón de dólares por lo menos para pagar la droga, para
pagar las pistas y para corromper a las autoridades", comentó el piloto
acusado de narcotráfico, que dijo que los oficiales cobraban 10.000 dólares por
vuelo para no intervenir.
La
AP no pudo confirmar la afirmación en forma independiente, aunque un investigador
policial de Lima, que habló a condición de no ser identificado para no perder
su trabajo, afirmó que la corrupción de los militares del valle es endémica. “Es
todo negociado invisible", sostuvo el investigador independiente Jaime
Antezana, quien dice tener información de primera mano de gente que tiene miedo
de dar la cara en público. "Incluso, en plena destrucción de pistas se
cobran cupo", agregó, usando un término local que significa coima.
Antes
del auge de narcovuelos, los militares enviaban gente al valle como castigo por
alguna transgresión, indicó Víctor Andrés García Belaúnde, legislador opositor
y sobrino del finado presidente Fernando Belaúnde. "Pero finalmente ha
resultado ser rentable estar en el VRAEM y hoy en día hay oficiales que piden
ir al VRAEM", señaló.
El
uso de radares modernos combinado con la persecución por aire y la
interceptación por tierra pueden reducir significativamente los narcovuelos sin
necesidad de abatir avionetas, según han demostrado las experiencias de Colombia
y Brasil.
La
red de radares peruanos de la frontera quedó desatendida después de que un caza
peruano abatió por error una avioneta y mató a una misionera estadounidense y
su hija en el 2001, lo que puso fin a un programa para combatir el puente aéreo
manejado por la CIA.
Patrick
Hardwick, piloto de la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, integraba el
equipo estadounidense que salió de Perú después de esa debacle. De vuelta a
Lima seis años después, observó con desazón desde su King Air 350 que los narcovuelos
eran una verdadera epidemia. Anotó los números de las avionetas durante
misiones de inteligencia aunque con escaso resultado. "Fue muy vergonzoso
pasar la información y ver que mis superiores no hacían nada", expresó
Hardwick, quien se jubiló el año pasado.
El
portavoz de la DEA en Washington Joseph Moses comentó que si la inteligencia
que reunió Hardwick hubiera sido buena, sus supervisores la habrían compartido
con la Policía peruana.
"Obviamente
queremos que se aproveche esta inteligencia y, dado que no somos la policía de
estos países, la pasamos a nuestra contraparte en el país anfitrión",
manifestó.
El
gobierno estadounidense dice que los esfuerzos de Perú por combatir el
narcotráfico están mejorando. En un informe de mediados de septiembre, la Casa
Blanca afirmó que Lima había demostrado "un liderazgo muy eficaz en la
lucha contra el tráfico ilegal de drogas y el crimen trasnacional".
Estados
Unidos destina más de 50 millones de dólares al año a actividades antidrogas en
Perú. Financia escuelas policiales, ayuda en la investigación del lavado de
dinero, entrena unidades de la policía y las fuerzas armadas y apoya programas
de erradicación y de cultivos alternativos. Pero no realiza vuelos de
vigilancia con frecuencia, como en Colombia. Y en el 2009 el Departamento de
Estado dejó de prestar a la policía antinarcóticos de Perú su flota de 22
helicópteros UH-2H. Ahora esos helicópteros, ubicados en la ciudad de Pucallpa,
son usados solo en misiones de erradicación de cultivo de coca.
La
embajada de Estados Unidos en Lima declinó una solicitud de entrevista de la
AP. En respuesta a preguntas escritas dijo que no tiene los recursos "para
apoyar operaciones de erradicación y de intercepción" de drogas al mismo
tiempo.
El
principal comandante militar estadounidense para América Latina, general John
Kelly de la Infantería de Marina, dijo a la AP en junio que las rutas del
narcotráfico peruano no eran una prioridad porque la mayor parte de la cocaína
peruana es exportada a Brasil, Argentina y Europa. "La droga que va a
Estados Unidos, en mi opinión, es la más importante para rastrear",
declaró.
La
embajadora de la Unión Europea en Perú, Irene Horejs, dijo que para la UE es
una prioridad ayudar a Lima en combatir el tráfico de drogas. "Alimenta la
corrupción", expresó. "Hay dinero ilegal que va hacia la política y
está desestabilizando el país".
La
capacidad de intercepción aérea de vuelos con drogas dependerá sobre todo de la
instalación de radares. El Congreso todavía no aprobó esos fondos.
En
noviembre, el entonces ministro de Defensa Pedro Cateriano anunció planes para
adquirir cuatro modernos radares por 71 millones de dólares. Presionado por
periodistas, su sucesor Jakke Valakivi confirmó que ese dinero había sido
retirado del presupuesto de este año. En vez de eso, el gobierno optó por
reparar dos viejos radares TPS-70 fabricados en Estados Unidos y adquiridos en
1995.
El
primer radar comenzó a funcionar en mayo. Ubicado en la ciudad de Puerto
Maldonado, en el sudeste, cubre un radio de 400 kilómetros (250 millas), solo
una fracción del espacio aéreo peruano. Y eso es insuficiente, dijo el general
de división retirado de la fuerza aérea César Torres, quien diseñó un escudo de
defensa aérea de 11 radares para la extensa Amazonía peruana antes de jubilarse
en 2013. "Una forma de poder acorralar, hacer disminuir la capacidad tan
rápida y eficaz que tiene el narcotráfico, es cubrir y asegurar el espacio
aéreo", dijo Torres. "El gobierno está demostrando que no le
interesa".
El Comercio
El
Poder Ejecutivo aprobó un decreto supremo que mantiene suspendidas las
actividades de inteligencia operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia
(DINI)
hasta la entrada en vigencia de una nueva ley aprobada por el Congreso.
Según
refirió, con este decreto supremo la DINI no
realizará ninguna actividad de inteligencia operativa durante el proceso
electoral.
"Como
todos sabemos, el Gobierno designó una comisión que ya emitió un informe final
donde, en términos generales, se pide que la DINI ya
no efectúe labores de inteligencia operativa sino que se dedique a labores de
inteligencia estratégica", detalló Pedro
Cateriano en conferencia de prensa.
Además,
manifestó que se han iniciado las acciones para transferir en cesión de uso a
la Policía Nacional el equipo de interceptación telefónica legal adquirido en
el marco del proyecto "Pisco".
El
legislador de Fuerza Popular Octavio Salazar criticó que el Ejecutivo haya
decidido emprender esta medida "luego de tantos años" y
"tantas críticas" sobre el manejo que se le ha dado a la DINI durante la gestión de Ollanta
Humala. "La DINI,
de tener tres funciones, pasó a tener doce funciones. Además de ser la cabeza
de todo el sistema de inteligencia, tenía también unidades operativas. A estas
alturas del partido, cuando ya pasaron cuatro años, han tomado una decisión.
Buscan beatificar a esta institución", afirmó. Indicó que este ente
"ya habría recopilado información" que podría ser utilizada por
el nacionalismo en los próximos comicios electorales.
"¿Dónde
se guarda la información que ha captado la DINI a
lo largo de estos años? Con el presupuesto que ha tenido la pregunta es esa.
Eso debe responder el Gobierno… Es la gran pregunta que debe responder Pedro
Cateriano al
país", zanjó.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
El Comercio
Entrevista a Nano Guerra García
—¿A quién se refiere cuando critica a la izquierda
retrógrada?
Existen posiciones bastante equivocadas, que no entienden que el Muro de Berlín cayó. No me refería al Frente Amplio en particular. Creo que Verónika Mendoza tiene posiciones interesantes, me ha sorprendido Marco Arana en Perumin.
Existen posiciones bastante equivocadas, que no entienden que el Muro de Berlín cayó. No me refería al Frente Amplio en particular. Creo que Verónika Mendoza tiene posiciones interesantes, me ha sorprendido Marco Arana en Perumin.
—Usted iba a participar en las elecciones
presidenciales del 2011 con Susana Villarán. ¿Hay posibilidad de
llamarla?
Encantados. En plancha o en el Congreso lo veo complicado, pero uno nunca puede decir no.
Encantados. En plancha o en el Congreso lo veo complicado, pero uno nunca puede decir no.
(…)
—¿Qué postura tendría como gobernante frente a la
inversión minera?
Con la importancia que tiene la minería, el 40% del PBI lo generamos las pymes. La minería no llega al 10%, pero nosotros no hacemos paros. No le tengo miedo al esquema de dar la propiedad del subsuelo a las comunidades. Podemos sacar del medio a este tercero que es el Estado y que negocien las empresas mineras directamente con propietarios y autoridades.
Con la importancia que tiene la minería, el 40% del PBI lo generamos las pymes. La minería no llega al 10%, pero nosotros no hacemos paros. No le tengo miedo al esquema de dar la propiedad del subsuelo a las comunidades. Podemos sacar del medio a este tercero que es el Estado y que negocien las empresas mineras directamente con propietarios y autoridades.
(…)
Lo
otro es revisar abiertamente todas las concesiones que hay en el Perú.
(…)
El Comercio
La izquierda no quiere gobernar
Fernando Vivas
No quiere gobernar porque, en buena parte, quiere hacer
la revolución. He ahí el pequeño gran detalle. Y como no puede hacerla porque carece
de bases, de recursos, de ‘condiciones estructurales y superestructurales’,
entonces se contenta con joder al sistema. A paralizar grandes proyectos
mineros se ha dicho, a excluirlos de la zonificación territorial, a fiscalizar
todo al dedillo, a regular hasta lo que no existe.
La izquierda no se está formando para gobernar. Al
menos, no lo hizo la de mi generación, aquella con la que estudié y con la que
en algún momento me identifiqué. Estudiábamos Ciencias Sociales con más rollo
teórico que práctico, debatiendo la continuidad de los modelos y el poder
corrosivo de sus contradicciones internas. Asumo que, para una izquierda
pacífica, era una manera de apostar a que el sistema se cayera solo, sin
demandar mucho esfuerzo, mientras los cuadros hibernaban en las ONG.
¡Ah, cómo le hacen honor a su nombre las ONG! Salvo
honrosas excepciones, el izquierdista de ONG es un ciudadano ‘no
gubernamental’, no hecho para gobernar, sino para hacer diagnósticos y
evaluaciones. De ahí que, a la hora de postular, sus planes de gobierno sean
farragosos y pretenciosos. Y a la hora de ganar curules o gobiernos locales, su
estilo sea lírico y poco eficiente.
Ahora, la izquierda tiene un nuevo sueño de unidad.
Para mi gusto, fue una ocurrencia voluntarista e ingenua que el Frente Amplio
llamara a elecciones abiertas. Pero, por suerte, ganó Verónika Mendoza, la más popular para los
izquierdistas no partidarizados.Marco Arana,
el dueño de la inscripción ante el JNE, se replegó humildemente junto a su
aparato de Tierra y Libertad (TyL). Si Arana persistía, el
proceso se venía abajo. Verónika tiene apenas 1,9% en la encuesta de CPI
publicada ayer, pero puede pescar emotivamente en ese difuso electorado
juvenil, ‘pulpín’ rebelde antisistema sin causa.
En términos estrictos de aura electoral, es una buena
candidata: joven congresista opositora que puede buscarle el pleito
generacional a Keiko y contar la historia de su madre mochilera y su padre
campesino. Pero políticamente tiene demasiadas ataduras: TyL es un partido en
extremo ideologizado y le pondrá trabas cuando todo le aconseje virar al centro
y declararse ambientalista ‘ma non troppo’ (pero no demasiado) y pro inversión
en el fondo de su corazón rojo.
No solo TyL la ata, ella misma se ha infligido otras
ataduras cuando se resiste a calificar al régimen de Maduro como
antidemocrático. Ese freno no viene de TyL, para quienes el chavismo fue un
extractivismo más (en su caso, petrolero). Le viene de su propia superficial
categorización de los procesos sociales, que puede confundir el clientelismo
venezolano con socialismo de nuevo cuño. Le viene de sus amigos de Sembrar y
del Movimiento por el Poder
Popular (MPP), que tienen respuestas duras y radicales a temas
complejos.
Si TyL y la propia Verónika se ecualizan
electoralmente, como hizo el humalismo en el que militó, podrían confluir con
otros grupos de izquierda y dar mejor batalla. Hablar de los grandes temas de
gobierno sin notita ideológica a pie de página ni lamento histórico que
regresione hasta la Colonia. Como la izquierda de Chile o Brasil que ya son
gobierno. En fin, la izquierda también nos va a entretener y dar algunas
sorpresas en la campaña que se nos viene.
LIBERTAD ECONOMICA,
GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION
RPP
El congresista Rolando Reátegui
explica su proyecto de ley referido a la Compensación por Tiempo de Servicios
(CTS) en el sector público. Señaló que actualmente las CTS en el sector público
no se depositan en un banco, por ello, lo que busca la medida es que esto si se
haga a fin de que el trabajador pueda disponer de este dinero. Precisó que el
MEF se está negando a aceptar el proyecto.
El Comercio
El desempleo entra en campaña
Alfredo Torres
La falta de trabajo tuvo un rol central en las campañas
electorales del 2001 y 2006. Gracias a la inversión privada y el crecimiento
económico, esta preocupación perdió importancia relativa en el 2011 y, aun hoy,
las encuestas nos dicen que está bastante detrás de la inseguridad y la
corrupción en la percepción de los principales problemas del país. Sin embargo,
la desaceleración económica en curso volverá a poner en agenda el tema de la
generación de empleo en el 2016, especialmente para el electorado más joven.
A diferencia de lo que venía ocurriendo del 2004 al
2013, cuando el empleo crecía a 5% anual, la tasa es ahora de 1% y con
tendencia declinante. Eso quiere decir que, de los 200 mil jóvenes que ingresan
cada año al mercado laboral, muy pocos conseguirán un puesto de trabajo en una
empresa formal. El resto tendrá que buscarse sus ingresos en la informalidad o
pasará a engrosar el sector de los NI-NI (ni estudian, ni trabajan), en que es
frecuente resbalar hacia la delincuencia.
La informalidad no es considerada por la opinión
pública entre los diez principales problemas del país. Sin embargo, es muy
perjudicial tanto para los trabajadores –que carecen de derechos laborales–
como para el desarrollo nacional, ya que hace más competitivas a empresas poco
productivas al reducirles sus costos tributarios y laborales. El propio Estado
subsidia indirectamente a la informalidad al destinar recursos a programas
sociales como el Sistema Integral de Salud o Pensión 65.
Como sostiene Santiago Levy,
del BID, la combinación de impuestos a la formalidad y subsidios a la
informalidad es exactamente opuesta a lo que la región necesita.
Como se sabe, uno de los mayores frenos a la creación
de empleos formales en el Perú es la rigidez laboral en materia de contratación
y despidos. Para John Panzer, del Banco Mundial, “las normas restrictivas en
cuanto a despidos desincentivan a los empleadores a contratar trabajadores
nuevos. Esto promueve la informalidad y reduce la productividad”. Según el
Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ocupamos el puesto
133 de 140 países del mundo en rigidez para la contratación y despido, y el
último puesto entre los países del recién suscrito Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP). Esto nos hace mucho menos
atractivos para una industria manufacturera que, por ejemplo, la república
socialista de Vietnam, puesto 44, donde hay mayor flexibilidad laboral que
en el Perú.
Sería ingenuo exigirles a los candidatos presidenciales
que aborden este sensible tema en sus campañas electorales, pero sí es
razonable pedirles que se preparen seriamente para corregir esta distorsión que
tanto daño hace al desarrollo económico del país en caso de ser elegidos. La
reforma laboral tendría que hacerse en los primeros seis meses de gobierno
–durante la luna de miel con el electorado y el período de gracia que suele
conceder la oposición– para que pueda aprobarse sin mayor resistencia. Luego
será mucho más difícil.
En cambio, sí cabe demandar a los candidatos propuestas
imaginativas para la creación de puestos de trabajo formales y el fomento de la
productividad. Por ejemplo, se podrían ampliar los beneficios tributarios a la
capacitación. Actualmente, solo pueden acceder a estos beneficios, con topes y
restricciones, pequeñas y medianas empresas manufactureras que representan 1%
de la PEA. Tendría un gran impacto positivo en el incremento de la
productividad ampliar estos beneficios al conjunto de la PEA formal.
Pero lo realmente audaz sería dar incentivos
tributarios a la formalización. Por ejemplo, si las empresas pudiesen descontar
de su Impuesto a la Renta un monto mayor al costo directo de cada puesto de
trabajo, de manera que sea el fisco y no la empresa el que pague los
sobrecostos laborales, habría un incentivo a las empresas formales para
contratar personal y a las empresas informales a formalizarse. La cifra para el
descuento podría ser 1.500 soles. Más del 90% de los trabajadores informales
ganan por debajo de esa cifra. Cálculos preliminares efectuados en Apoyo Consultoría estiman que el costo fiscal de una
medida así sería menor a 1% del presupuesto público.
Conceder beneficios tributarios para crear puestos de
trabajo formales no solo beneficiaría a decenas de miles de jóvenes que hoy son
empujados hacia la informalidad, sino que también beneficiaría a la sociedad en
su conjunto al tener que destinar menos recursos futuros a atender la salud y
la ancianidad de peruanos cuya vida productiva se desarrollaría, sin incentivos
como estos, en la precaria informalidad que hoy abarca a 70% de los peruanos.
