ESTA NOCHE martes 14 febrero 2017
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MEDIA
COLUMNA
La
torre que la corrupción no derriba
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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El gobierno ha publicado
un decreto de urgencia que obliga a las empresas involucradas en actos de corrupción
a poner
el producto de la venta de sus activos en un fideicomiso que servirá para pagar
las reparaciones civiles a que hubiere lugar.
La medida comprende a las personas jurídicas cuyos
representantes son condenados o reconocen la comisión de delitos, y también a
las empresas “vinculadas” a las anteriores si son propietarias de más del diez
por ciento de las acciones de no se sabe qué. Nadie entiende si la constructora
Graña y Montero, accionista de más del diez por ciento del consorcio del Gasoducto
del Sur, está o no comprendida en la norma.
El decreto de urgencia es una obra maestra del oscurantismo
que puede aplicar la norma a la empresa corrupta, pero no a la socia. Todo
depende de lo que convenga. ¿Pretende el gobierno permitirle a la socia vender sus
activos para que pueda participar en la nueva licitación del mismo contrato de
concesión del Gasoducto? ¿Un contrato corrupto que el gobierno empuja a marchas
forzadas para que la obra siga adelante a como dé lugar con una garantía del
Estado que endeudaría a los peruanos por treinta años sin el menor respeto por
sus derechos? ¿Y esto no es una exacción de la propiedad y un acto de
corrupción?
Mientras
tanto, en Apurímac, lejos del laberinto limeño de la corrupción, hace cuatro meses que las comunidades tienen
bloqueada la carretera de salida de la producción de Las Bambas al puerto de
Matarani y a la exportación. Las comunidades reclaman un derecho a cobrar por
el paso de los camiones de la mina por sus tierras. Si son tierras comunales, ¿tienen
o no las comunidades derecho a cobrar por ese paso? Nadie sabe.
La empresa pudo negociar con ellas un
contrato de servidumbre de paso. Si la comunidad no tiene título de propiedad, sin
embargo, ¿cómo puede firmar un contrato con la empresa?
Acto seguido, la carretera es declarada bien
público por una autoridad local. La empresa no paga a las comunidades derecho de
paso alguno. Los comuneros, entonces, bloquean la carretera. Hace cuatro meses.
Tomar una carretera es un delito. Declararla bien público, ¿no es un atentado
contra la propiedad comunal y un acto de corrupción?
La caída de la producción de Las Bambas sería
fatal para el Perú. Es el caso emblemático de este gobierno, como Conga lo fue
del anterior. Las Bambas no ha dejado de producir porque saca el mineral por
una carretera alternativa. Solo hasta el domingo pasado, sin embargo, en que fue
bloqueada también por las comunidades. Y desbloqueada de inmediato el lunes por
un contingente de la Policía y el Ejército. El lugar ahora es un polvorín.
La opinión pública en Lima no lo sabe y el
gobierno no dice una palabra. Todos están ocupados emitiendo juicios morales sobre
la corrupción, atribuyéndola a personas, y produciendo normas legales contra la
corrupción que son la cuadratura del círculo, cuando la falla está en los derechos de
propiedad en primer lugar.
Hernando de Soto tiene razón. Los derechos de propiedad
son lo primero. Son los cimientos del edificio que la corrupción no puede
derribar.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES,
REGIONALIZACION
Gestión
El Estado declaró en
Estado de Emergencia por 30 días la provincia de Cotabambas (Apurimac). La medida
se basó en el informe del Director General de la
Policía, quien solicita al Ministro el Estado de Emergencia por las protestas
de poblaciones aledañas a la mina Las Bambas.
Desde
hace más de tres días las poblaciones bloqueaban la vía alternativa que usaba
la empresa para transportar sus minerales al puerto, informó en la víspera el
representante de la Defensoría del Pueblo. Las Bambas usaba el camino alterno
porque cuatro comunidades de la región mantienen bloqueada desde octubre la vía
principal.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Gestión
El Poder
Ejecutivo publicó el lunes un
decreto de urgencia que ordena por un año a Odebrecht y
otras empresas involucradas
de varias maneras en escándalos de corrupción suspender la transferencia al
exterior de capitales provenientes de sus inversiones en el Perú.
Esto incluye venta de
activos, acciones, participaciones o derechos, reducción de capital o
liquidación parcial o total de empresas. Tampoco podrán transferir al exterior
el íntegro de los dividendos o las utilidades provenientes de su inversión, así
como las contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes ubicados
físicamente en el Perú y de las regalías y contraprestaciones por el uso y
transferencia de tecnología, incluido cualquier otro elemento constitutivo de
propiedad industrial.
La suspensión se aplica
hasta que se efectúe el pago del íntegro de la reparación civil a favor del
Estado o venza el plazo de vigencia del decreto de urgencia, que es de un
año.
En los casos en que sea
necesario realizar transferencias al exterior por concepto de pago de deuda de
acreedores y otros pagos que puedan afectar el valor de las concesiones o de
los activos ubicados en el Perú de titularidad de las empresas involucradas en la
norma, dichas transferencias deberán ser previamente aprobadas conforme a los
lineamientos y disposiciones que determine el Ministerio de Justicia.
Esta medida comprende a
las personas jurídicas condenadas, o cuyos funcionarios o representantes hayan
sido condenados en el país o en el extranjero, mediante sentencia consentida o
ejecutoriada por delitos contra la administración pública o lavado de activos o
delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países en
agravio del Estado.
Además comprende a las
personas jurídicas o empresas que, directamente o a través de sus
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de
los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera
competente.
También incluye a las
empresas “vinculadas” a las citadas anteriormente. Esto comprende a cualquier
persona jurídica o ente jurídico que sea propietario de más del 10% de las
acciones representativas del capital social o tenedor de participaciones
sociales.
Otra disposición es que el
Minjus realice o celebre los actos y contratos que sean necesarios para
establecer un fideicomiso denominado “Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR), administrado por el Banco de la Nación. La
finalidad del FIRR será recaudar y servir el
pago de las reparaciones civiles que las empresas involucradas en el decreto de
urgencia harán al Estado.
Peru21
Manuel
Romero Caro estimó que el fideicomiso podría no alcanzar para cubrir las
reparaciones, dado que las compañías involucradas en presuntos actos de
corrupción ya vendieron buena parte de sus activos.
Peru21
“Los
consorcios que han sido limpios pueden seguir operando. La idea es protegernos
vía la reparación civil, pero también asegurar que la actividad económica de
esos proyectos siga andando”, declaró el premier Fernando Zavala.
Dijo
que el decreto contempla la manera de pagarles a los consorcios: “Una plata
queda en el fondo y otra es liberada para el flujo corriente de la actividad
económica”.
“No puedes perjudicar a trabajadores, acreedores y
proveedores”, aseveró el primer ministro.
Mencionó que si el Gobierno Regional de Lambayeque
quiere vender el proyecto de irrigación Olmos, debe usar este procedimiento.
La República
El DU 003-2017, con
aparentemente la vista puesta solamente en Odebrecht, sanciona a las empresas
que sean condenadas o que hayan reconocido a través de sus directivos haber
cometido actos de corrupción.
Incluso para los fiscales
esto es un problema, en el tema de las colaboraciones eficaces. Ninguna otra
empresa brasileña va a querer delatar porque eso supone admitir un acto de
corrupción y automáticamente se entra en las sanciones del mencionado decreto.
En el marco de la lucha
anticorrupción, el DU 003-2007 indica que toda empresa condenada por actos de
corrupción o que admita haberlos cometido contra el Estado, en forma directa,
en consorcio o través de contratistas, dentro o fuera del país, no podrá vender
sus bienes ni transferir al extranjero sus ganancias o utilidades.
El decreto dice en su
artículo 2, que alcanza a todas las personas jurídicas: 1) Condenadas, o cuyos
funcionarios o representantes hayan sido condenados, en el país o en el
extranjero mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos contra la
administración pública o lavado de activos o delitos equivalentes en caso estos
hayan sido cometidos en otros países en agravio del Estado.
O, agrega –y es lo que
genera preocupación– las empresas que 2) " directamente o a través de sus
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de
los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera
competente".
Esta medida alcanza a 1)
"cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea propietario de más del
diez por ciento (10%) de las acciones representativas del capital social o
tenedor de participaciones sociales o que directa o indirectamente participe en
dicho porcentaje en la propiedad de esta, ya sea directamente o a través de
subsidiarias".
2) "cualquier persona
que ejerce un control sobre esta y las otras personas sobre las cuales aquella
ejerce también un control; o 3) Cualquier persona jurídica o ente jurídico de
un mismo grupo económico".
Estas empresas no podrán
transferir al exterior el íntegro de sus capitales, inversiones o utilidades
que permanecerán en el Perú en un fideicomiso hasta el total esclarecimiento de
los hechos, que se sancione a los responsables y que se establezcan las
reparaciones civiles. Solo después podrán repatriar las utilidades que queden.
Con
el mencionado DU, lo mejor para cualquier empresa sería ocultar todo, no
denunciar nada y esperar que alguien lo descubra y que se emita una sentencia
en un futuro lejano.
Gestión
JP Morgan Chase Bank NA incrementa ligeramente su
representación como custodio de ADS en la constructora peruana Graña
y Montero hasta el
40.65% de las acciones representativas. Antes del cambio, contaba con el 40.17%
de estas acciones.
Otro
accionista principal del Grupo G&M es GH Holding Group (17.8%),
representado por el presidente del Directorio José Graña Miró Quesada; y Bethel
Enterprises (5.11%), representada por el vicepresidente del Directorio Carlos
Montero Graña.
Otro
accionista institucional es Byron Development, del CEO Mario Alvarado, que posee el 3.4% del
accionariado, mientras Hernando Graña ostenta el 2.4%; y otros ejecutivos y
exejecutivos el 3.5%. Las AFP controlan el 12.8% del total.
Como
estrategia para afrontar la salida del Gasoducto Sur Peruano, Graña y Montero ha aprobado un plan de venta de activos no estratégicos por US$ 300 millones.
El fin de semana pasado, vendió su participación en el Cuartel San Martín por US$ 50 millones.
La
empresa ha señalado que los dos primeros semestres del 2017 apunta a vender
activos por US$ 51 millones, y en el tercer y cuarto trimestre vendería activos
por US$ 107 millones y US$ 99 millones respectivamente.
Gestión
El consorcio
H2Olmos, que opera y mantiene el proyecto de irrigación Olmos,
manifestó su intención de seguir con la venta de las acciones, tal como
establece el decreto de urgencia 003-2017, publicado ayer por el gobierno.
“H2Olmos
manifiesta su intención de proseguir con la venta del íntegro de las acciones a
favor de Perú Water Holding I, Suez Holding Perú y BIF II Perú H2O Equity Aggregator LP,
siguiendo el procedimiento establecido en dicho Decreto de Urgencia, garantizando
así la continuidad del Proyecto Olmos”, indica.
El proyecto Olmos es
operado por el consorcio formado por Odebrecht Participações e Investimentos,
como accionista controlador, y Construtora Norberto Odebrecht
De
esta manera, la empresa contesta al premier Fernando Zavala, quien ayer dijo
que la venta del proyecto Olmos tendrá que pasar por el procedimiento
establecido en el decreto de urgencia, lo que implica la retención de sus
activos y una consulta al estado, a través de la Procuraduría y el Ministerio
de Justicia.
Expreso
Por carecer de las
prerrogativas legales del caso, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta
ha derivado el caso del Gasoducto Sur Peruano al fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez Velarde, para que su despacho cumpla con designar al equipo de
magistrados que se encargarán de las investigaciones por este caso, que
involucra al expresidente Ollanta
Humala y al
exministro de Energía y Minas Eleodoro
Mayorga.
De
aquí en adelante, según fuentes del Ministerio Público, Humala y Mayorga ya no
responderán por ese caso ante Abia y deberán hacerlo ante los fiscales que el
titular del MP deberá cumplir con nombrar cuanto antes, por cuestiones del
derecho al antejuicio y una acusación constitucional previa del Congreso, toda
vez que el contrato con el consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) se firmó en
2014, señalaron.
La
empresa Odebrecht y su consorciada, la española Enagás, fueron las que ganaron
la buena pro del megaproyecto a fines de junio de 2014, considerado como el más
caro de la historia del país y cuyos costos llegaron al monto de US$
7,328’657,511, en medio de maniobras extrañas para llevar adelante una obra que
no tenía estudio de mercado ni las reservas probadas correspondientes de gas.
El
mencionado exministro del gobierno humalista, no obstante ser ingeniero, fue
encausado en este tema porque fue socio del bufete de abogados Laub &
Quijandría, que había asesorado a la constructora brasileña en una licitación
que, finalmente, ganó para hacerse de las obras que son ahora materia de
cuestionamiento.
El
problema se agrava para Mayorga, según se supo en fuentes judiciales, porque el
responsable de la licitación del gasoducto del sur, Edgard Ramírez, en su
calidad de titular del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, puesto
por Mayorga bajo presuntas directivas de la entonces primera dama Nadine
Heredia, también había trabajado en 2008 y 2012 en consultorías para Odebrecht
y para la compañía Kuntur Transportadora de Gas, la predecesora de Odebrecht, a
través de su consultora Latin Energy Global Services.
Por
más que Mayorga y Ramírez hayan dicho que no hay conflicto de intereses, los
magistrados no se han comido el gazapo. Por eso es que en agosto de 2015 la
Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios abrió investigación sobre el gasoducto.
Las
pesquisas habrían hecho un resumen de al menos cuatro encuentros de Mayorga con
directivos de la empresa brasileña Odebrecht entre marzo y abril de 2014, es
decir antes de la firma del contrato.
Expreso
Fuentes señalan que en
pocos días saldría un paquete de unas 200 detenciones preliminares en este y
otros casos anticorrupción, que podrían tener que ver con el caso de las
Interoceánicas del periodo de Alejandro Toledo (2001-2006) y de Alan García
Pérez (2006-2011).
El problema es más grave para Toledo, porque ante la magnitud de los hechos,
más de un ministro estaría pensando en acogerse a la colaboración eficaz. “Hay
incluso uno que habría tomado esa medida”, dijo el informante, sin precisar
quién es, por ser ilegal revelar ese tipo de identidades.
Es
cuando las miradas se dirigen a las autoridades que posibilitaron el gasoducto,
entre quienes están cinco ministros de Estado, que tendrán que probar cómo así,
cuando se firma el primer contrato de concesión con Kuntur Trasportadora de
Gas, en septiembre de 2008, con Alan García de presidente, el proyecto solo
costaba alrededor de 1,350 millones de dólares aportados por esta misma
empresa.
Y,
después, en el Gobierno de Humala, ya con Kuntur totalmente bajo el control de
Odebrecht, ¿cómo es que la obra saltó a US$ 7,328’657,511, con el agravante que
este caso era financiado por el Estado, mejor dicho por los contribuyentes a
través del pago de las tarifas eléctricas?
Mauricio
Cruz Lopes, el máximo representante de Odebrecht en Lima que reemplaza en el
cargo al ahora colaborador eficaz Jorge Simoes Barata, comparecerá hoy ante el
fiscal del caso del Gasoducto Sur Peruano, Reynaldo Abia, para que dicho
magistrado obtenga mayores elementos de juicio respecto a quiénes se
beneficiaron supuestamente con el pago de sobornos de Odebrecht, ganadora de la
licitación junto a otras dos consorciadas más. También confirman que presidente
Pablo Kuczynski responderá el jueves 23 por el gasoducto del sur.
Al
asumir el mando Ollanta Humala, el 28 de julio de 2011, una de sus obsesiones
fue el gasoducto. Odebrecht, que se había sumado a OAS en el apoyo al dirigente
nacionalista, exigió, se afirma, elevar sideralmente el precio del proyecto, de
US$ 1,350 millones a más de US$ 7,328 millones.
Peru21
La UP debe explicarnos
Aldo Mariátegui
Existe una seria responsabilidad de la Universidad del
Pacífico ante el Perú por el informe hecho el año 2006, donde José Luis
Bonifaz, Roberto Urrunaga y Carmen Astorne, de su Centro de Investigación (CIUP), justificaron la construcción de la Interoceánica Sur,
como acaba de denunciar Fernando Vivas en EC. La obra se encuentra en http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/246/DT81.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttp://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/246/DT81.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Lean por lo menos las conclusiones… ¡Es alucinante cómo en la página 125 se
afirma que será tan beneficiosa como la mina Las Bambas! Gustavo Yamada y
Cynthia Sanborn, responsables del CIUP, le deben una explicación a la sociedad por este
informe. Y es menester indagar qué tanta relación tuvieron las constructoras
brasileñas con nuestras universidades. Por ejemplo, Odebrecht financiaba los
premios IPYS junto a la PUCP.
(…)
Peru21
El representante
del Frente Amplio, Marco Arana, afirmó que el ministro Martín
Vizcarra debería ser interpelado y, si sus respuestas no satisfacen, ser censurado.
“Cuando
se regularice las actividades de las comisiones (en marzo) y el Pleno del
Congreso, (el caso Chinchero) le va a costar al ministro Vizcarra una
interpelación. Una interpelación tiene que haber (…) Las consecuencias podrían
ser una censura si las respuestas no satisfacen”, expresó.
El
congresista Víctor Andrés García Belaunde demandó la renuncia del ministro y
adelantó que promovería una interpelación.
