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MEDIA COLUMNA
Noticias de la
Hidra
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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El
celo de las ex procuradoras ha sido encomiable, pero excesivo. Es inevitable
que Odebrecht deba vender Olmos, y está bien que se use parte del dinero para devolver
lo perdido al Estado peruano. Otra parte, sin embargo, tiene que servir para
que la empresa pague a los acreedores y que no se rompa la cadena de pagos con
pérdida de miles de empleos. Más allá de la empresa corrupta, eso dañaría al
país nuevamente.
Si la
discusión, empero, fuera solo sobre cómo se reparte el dinero entre esos fines
alternativos, no habría tanto ruido. El ruido encubre la cuestión de fondo: la politización
de la justicia y su otra cara, la judicialización de la política.
Esto
comenzó años atrás, cuando se despojó a la Corte Suprema de sus funciones para despolitizarlas.
Así, en los 90 se rediseñó el Consejo Nacional de la Magistratura para despolitizar
el nombramiento de los jueces. Esta fórmula original peruana no existe en
ninguna parte del mundo. Naturalmente, no tardó en politizarse también.
La refundación
del actual Tribunal Constitucional también en los 90 fue para despolitizar la
defensa de los derechos constitucionales de la persona ante el poder político. El
TC -intérprete único de la Constitución por su propia ley orgánica- se politizó
también al convertirse en un poder sobre los poderes del Estado, uno que enmienda
sentencias de la Corte Suprema y da órdenes al Congreso y al poder Ejecutivo.
Aunque se ha moderado recientemente -solo por el temor de Dios de sus miembros-,
su colisión final con los poderes del Estado es cuestión de tiempo al haber reinventado
el absolutismo contra el que nació la democracia.
Antes
de eso aun, nació la Fiscalía de la Nación con el objeto de despolitizar el
debido proceso de la justicia. La politización de la institución, que ha tomado
estado público en los últimos años, releva de la necesidad de presentar pruebas.
Más tarde se crearía la Defensoría del Pueblo, una insitucióón nórdica, para cubrir
un ángulo al que la Fiscalía no llega. Ante algunas de sus posiciones en los
conflictos sociales, me he preguntado muchas veces cómo haremos ahora para
despolitizar al Defensor del Pueblo.
El caso
de la creación de la Procuraduría Pública no escapa a esta pendiente. La
intención de despolitizar la labor de los abogados del Estado parece buena idea
a primera vista. Solo en el papel, sin embargo. En España, Chile y Argentina
los abogados del Estado reciben instrucciones del poder Ejecutivo. En Chile, cuando
se trata de delitos contra el patrimonio del Estado los procuradores se vuelven
titulares de la acción penal. Sospecho que, de investigar más, no encontraremos
otro caso como el nuestro. La disfuncionalidad de nuestro arreglo actual la demuestra
lo inadecuado de la decisión de las procuradoras al haber logrado detener la venta de
Olmos. El cargo ya está politizado antes incluso de crearse formalmente la institución.
Autonomía
es la palabra clave. Todos los antes citados son organismos constitucionales
autónomos. En la falsa creencia de despolitizarlos por ese medio, se los creó
de modo que no dependan del gobierno de turno. El resultado es que el poder
Ejecutivo no tiene ya ningún poder sobre ellos. Tampoco el Legislativo. Y el conjunto de sus decisiones
autónomas, erráticas con frecuencia, ha terminado por comprometer la gobernabilidad
del país como tal.
Se ha creado una Hidra
de siete cabezas y, al cabo, no habrá otra solución que volver a ponerlas todas
dentro de un único sistema de justicia rediseñado con la Corte Suprema a la
cabeza.
Para devolverle el
poder a la Corte Suprema, sin embargo, habrá que quitárselo primero a los
organismos constitucionales autónomos. Esta es la batalla que vendrá.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
-Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO
DE LA FUERZA
El Comercio
Cerca de un millón de alumnos sin ir a clases,
enfrentamientos en las calles, turistas afectados a diario y una serie de
entredichos entre el Ministerio de Educación(Minedu)
y los gobiernos regionales son las consecuencias que, hasta el momento, deja la huelga de
docentes iniciada hace 37 días en Cusco y desde hace pocos
días en otras 13 regiones del país.
Según el Minedu, más del
50% de maestros han paralizado sus labores en Apurímac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lima provincias, Madre de Dios, Moquegua, Cusco
y Puno. La huelga también ha sido acatada en Áncash, el Callao y Pasco, aunque
en menor medida. En Cusco y Puno, pese a que el Ejecutivo decretó estado de
emergencia en algunos distritos, las protestas continuaron. En Cusco, ayer
miles de maestros del Sindicato Único de Trabajadores de Educación (SUTE-Cusco)
marcharon por la Plaza Mayor. En Puno, docentes afiliados al Sutep bloquearon
el puente de Ilave, en la provincia de El Collao, e impidieron el tránsito de
los vehículos hacia Bolivia.
En esta región, la dirigencia del Sutep, que lidera
César Tito Rojas, está ligada al Comité Nacional de Reorientación y
Reconstrucción del Sutep (Conare). Esta última agrupación no es reconocida por
el Minedu, debido a su
vinculación con el Movadef, movimiento de fachada de Sendero Luminoso.
También hubo movilizaciones en otras regiones. En Madre de Dios, los docentes protestaron en las calles de Puerto Maldonado, al igual que en la ciudad de Chupaca (Junín). Las autoridades de ambas localidades suspendieron los desfiles escolares por Fiestas Patrias en respaldo a la medida de fuerza.
También hubo movilizaciones en otras regiones. En Madre de Dios, los docentes protestaron en las calles de Puerto Maldonado, al igual que en la ciudad de Chupaca (Junín). Las autoridades de ambas localidades suspendieron los desfiles escolares por Fiestas Patrias en respaldo a la medida de fuerza.
¿Por qué la huelga ha durado 37 días en Cusco y ni el
Minedu ni el gobierno regional han podido detenerla?
En opinión del experto en educación Hugo Ñopo, este
conflicto social es reflejo de un proceso de descentralización que se ha
llevado a medias en el país.
“Estamos en el peor de los dos mundos. Hay ciertas responsabilidades descentralizadas, pero no las suficientes, y cuando necesitamos que se tome una decisión coordinada, esto resulta imposible”, dice Ñopo.
“Estamos en el peor de los dos mundos. Hay ciertas responsabilidades descentralizadas, pero no las suficientes, y cuando necesitamos que se tome una decisión coordinada, esto resulta imposible”, dice Ñopo.
En el 2003, con la
promulgación de la Ley de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, el país inició el noveno intento de descentralización. Comenzó la
transferencia de funciones, responsabilidades, recursos y competencias del
Gobierno Central a los gobiernos regionales, que obtuvieron autonomía política,
administrativa y económica.
Estas facultades no fueron exclusivas para materias de
educación, sino también para salud y otros sectores.
De esta manera, el Minedu pasó a ser el ente encargado de definir las políticas sectoriales en cuanto a la contratación de docentes, el diseño de la Carrera Pública Magisterial y los programas educativos del sector.
De esta manera, el Minedu pasó a ser el ente encargado de definir las políticas sectoriales en cuanto a la contratación de docentes, el diseño de la Carrera Pública Magisterial y los programas educativos del sector.
Mientras tanto, los gobiernos regionales, a través de
las unidades de gestión educativa local (UGEL) y las direcciones regionales de
educación (DRE), asumieron funciones ejecutoras, fiscalizadoras y
sancionadoras.
Según explica Hugo
Díaz, especialista en la materia, el objetivo era integrar a los gobiernos
regionales en los lineamientos del sector y hacerlos partícipes de las
políticas públicas. Sin embargo, esto no se ha logrado. “Lo que ha venido
ocurriendo es que muchas de las reformas que ejecuta el Minedu han tomado un
cariz centralizado, porque el manejo es desde Lima, y eso ha fastidiado a los
gobernadores”, explica.
Los problemas de esa
separación de funciones se perciben claramente en coyunturas como la actual.
Los maestros demandan un aumento del piso salarial a S/2.000 a fines de este
mes y un aumento progresivo hasta el equivalente a una UIT (S/4.050). La
decisión –aumentar o no– depende del Minedu y en este caso la ministra, Marilú
Martens, ha explicado que dicho pedido es inviable porque ese dinero no está
presupuestado.
La función de aplicar los descuentos a los docentes que están en huelga corresponde a los gobiernos regionales.
La función de aplicar los descuentos a los docentes que están en huelga corresponde a los gobiernos regionales.
En los últimos días, Martens ha insistido al Gobierno
Regional de Cusco para que proceda con esta medida, pero la Dirección Regional
de Educación no lo ha hecho porque esto podría empeorar las protestas.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Los coletazos del Caso Odebrecht aún desencadenan
controversias. La más reciente es la protagonizada por la ministra de
Justicia, Marisol Pérez Tello, y las ahora ex
funcionarias del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) Katherine Ampuero y Julia Príncipe.
Ampuero, como procuradora ad hoc para el Caso Lava
Jato, interpuso una medida cautelar que impidió la venta del proyecto Olmos y,
en respuesta, Pérez Tello pidió su salida. Para la titular del Minjus, la
medida colisionaba con la estrategia jurídica del Estado y con el Decreto de
Urgencia 003 –que busca garantizar el pago de la reparación civil por parte de
Odebrecht–, emitido en el mes de marzo.
Príncipe se negó a sacarla y por ello fue retirada de
la presidencia del CDJE. Eso generó manifestaciones a favor y en contra.
Posturas que, sin embargo, esconden medias verdades sobre las competencias de
los procuradores públicos.
1. “La medida
impedía que Odebrecht se haga del dinero”
Antes de la confirmación oficial de ayer –vía una resolución ministerial que dispuso su salida–, Ampuero y Príncipe defendieron con ese argumento la medida sobre Olmos impulsada por la entonces procuradora ad hoc.
Antes de la confirmación oficial de ayer –vía una resolución ministerial que dispuso su salida–, Ampuero y Príncipe defendieron con ese argumento la medida sobre Olmos impulsada por la entonces procuradora ad hoc.
No obstante, el Decreto de Urgencia 003 ya cumplía con
ese objetivo. Obligaba a las empresas compradoras de proyectos a solicitar la
autorización expresa del Minjus para concretar la venta y destinaba el dinero
de esta al llamado Fideicomiso de Retención y Reparación. Una vez concluidos
los procesos judiciales contra Odebrecht, ese fideicomiso servirá para pagar el
monto final de la reparación civil correspondiente.
“El decreto salvaguarda los intereses del Estado e
incluso ha pasado el filtro congresal. La medida cautelar de Ampuero
colisionaba con la norma vigente y le dificultaba el camino al Estado para
garantizar el pago de la reparación civil”, afirma el ex procurador
anticorrupción Luis Vargas Valdivia.
Ello a pesar de que el fin principal de un procurador
ad hoc es, precisamente, velar por el pago de la respectiva reparación civil.
2. “La duración del
decreto desprotegía al Estado”
Este fue uno de los argumentos esgrimidos por Ampuero en la conferencia de prensa que dio hace unos días junto a Príncipe. La ahora ex procuradora señala la duración de un año del decreto como un peligro para garantizar el pago de las reparaciones civiles.
Este fue uno de los argumentos esgrimidos por Ampuero en la conferencia de prensa que dio hace unos días junto a Príncipe. La ahora ex procuradora señala la duración de un año del decreto como un peligro para garantizar el pago de las reparaciones civiles.
“Pero precisamente en eso consiste un decreto de
urgencia. Tiene vigencia determinada y, si en ese año el Estado no hubiese
cumplido su objetivo, el Gobierno perfectamente podría prorrogarlo o el
Congreso podría haberlo hecho suyo a través de una ley. No es un argumento
válido”, sostuvo Vargas Vadivia.
Así, al término del año de vigencia de la norma el
fideicomiso pudo mantenerse y el dinero ingresado por la venta de proyectos de
Odebrecht hubiese podido seguir acumulándose en este.
3. “El pedido de
Pérez Tello constituye una injerencia”
Diversos sectores repitieron esa afirmación durante los últimos días para cuestionar la salida de Ampuero y Príncipe. En su argumentación remarcaban que los procuradores son defensores del Estado y no del Gobierno.
Diversos sectores repitieron esa afirmación durante los últimos días para cuestionar la salida de Ampuero y Príncipe. En su argumentación remarcaban que los procuradores son defensores del Estado y no del Gobierno.
Si bien lo primero es cierto, lo segundo, en la
práctica, no lo es. El CDJE está adscrito al Ministerio de Justicia y las
designaciones de sus miembros responden a decisiones que el gobierno de turno
estime necesarias para fortalecer las políticas públicas vinculadas a la
defensa del Estado.
“El Estado, encarnado en el Poder Ejecutivo, es el
cliente del procurador. Si cualquier defendido observa que su abogado se está
manejando mal o en contra de la ley, le va a pedir su salida. Eso no representa
ninguna injerencia”, señaló el ex procurador Antonio Maldonado.
4. “Las
procuradurías deberían ser autónomas”
Tras la controversia generada por las salidas de Ampuero y Príncipe, también han surgido cuestionamientos sobre el nivel de autonomía que pueden tener los procuradores, críticas que, para las fuentes consultadas, son en cierta medida excesivas y alejadas de la realidad de las procuradurías públicas.
“Se está confundiendo la autonomía funcional con el hecho de no estar sujeto a control. Ningún órgano del Estado Peruano puede estar desvinculado de controles constitucionales y mucho menos la procuraduría”, afirmó Maldonado.
Para los ex funcionarios, además, ese tipo de preocupaciones tiene un origen institucionalizado desde hace algunos años en la defensa jurídica del Estado.
“Hay un grave problema de roles. Hoy los procuradores creen que deben hacer el trabajo de los fiscales, cuando su fin único es preservar y recuperar el patrimonio del Estado a través de, por ejemplo, las reparaciones civiles”, afirma el abogado penalista y ex procurador anticorrupción José Ugaz.
Tras la controversia generada por las salidas de Ampuero y Príncipe, también han surgido cuestionamientos sobre el nivel de autonomía que pueden tener los procuradores, críticas que, para las fuentes consultadas, son en cierta medida excesivas y alejadas de la realidad de las procuradurías públicas.
“Se está confundiendo la autonomía funcional con el hecho de no estar sujeto a control. Ningún órgano del Estado Peruano puede estar desvinculado de controles constitucionales y mucho menos la procuraduría”, afirmó Maldonado.
Para los ex funcionarios, además, ese tipo de preocupaciones tiene un origen institucionalizado desde hace algunos años en la defensa jurídica del Estado.
“Hay un grave problema de roles. Hoy los procuradores creen que deben hacer el trabajo de los fiscales, cuando su fin único es preservar y recuperar el patrimonio del Estado a través de, por ejemplo, las reparaciones civiles”, afirma el abogado penalista y ex procurador anticorrupción José Ugaz.
El Comercio
Sobre la medida cautelar que
interpuso por el Proyecto Olmos, Katherine
Ampuero justificó la medida en tanto Odebrecht, según dijo, pretendía vender los activos de dicho
proyecto no para pagar la reparación civil sino para pagar a sus acreedores,
que serían un grupo de bancos.
La ministra de Justicia y
Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, dijo ayer que la actuación de Katherine Ampuero respecto al
Proyecto Olmos causó la pérdida de confianza y su salida del cargo.
La República
La
constructora Odebrecht, a través de un
comunicado, manifestó que "en el caso de la venta de Olmos -que estaba a
punto de concretarse, pero ha sido prohibida por requerimiento de la
procuraduría ad hoc- la empresa niega rotundamente que haya solicitado que el
pago integral fuera destinado a los bancos", anotan.
“El
pedido ha sido hecho para que se aplicara un porcentaje de retención para el
fideicomiso de reparación civil” y “también al pago a proveedores y
trabajadores en Perú”.
El Comercio
“Fui convocada por la ministra [Marisol Pérez Tello] y
a manera de ultimátum me pide que en el día destituya a la procuradora
[Katherine] Ampuero, que era un pedido del presidente y del premier. Nuevamente
mi respuesta fue no la voy a sacar”, aseveró esta tarde Julia Príncipe al
referirse a una reunión con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, el
pasado 13 de julio.
Príncipe cuestionó que la ministra haya actuado como
“mensajera”. “Es una clara injerencia del Poder Ejecutivo en la labor que
vienen desarrollando los procuradores”, consideró en conferencia de prensa.
"Me pregunto y nos preguntamos, ¿qué fue de la prometida independencia, de la prometida autonomía", sentenció.
"Me pregunto y nos preguntamos, ¿qué fue de la prometida independencia, de la prometida autonomía", sentenció.
Correo
La lideresa de Fuerza
Popular, Keiko Fujimori,
pidió al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
evaluar reponer en el cargo a las procuradoras
Julia Príncipe y Katherine Ampuro, separadas del cargo. "Me
permito sugerirle [señor presidente] convoque a sus ministros, incluido el
Premier, y evalúe reponerlas en el cargo. Los peruanos se lo
agradeceremos",
escribió.
Su pedido se enmarca,
según dijo, en los temas que trataron en su reunión del pasado 11 de julio, en
la que "coincidimos en la importancia de luchar frontalmente contra la
corrupción".
"En este sentido,
remover del cargo a procuradoras tan calificadas representa un retroceso en esa
lucha", dijo.
También solicitó el apoyo
del partido oficialista a "la reforma constitucional que permita crear una
Procuraduría autónoma".
El Comercio
El ex presidente Alan García criticó
que el Gobierno haya separado a Julia Príncipe del
Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), el cual presidía desde el 6 de
setiembre del 2016.
“Pésimo destituir procuradoras que denuncian vínculos
de PPK con Odebrecht por Interoceánica y depósitos en cuentas. ¿Es que el
gobierno ha pulsado el botón de autodestrucción? Premier y ministra son
responsables de dinamitar así al presidente. La paciencia y el tiempo son lo
mejor. Si algo no es cierto, se cae, y los que denunciaban son los que terminan
en la cárcel”, expresó García Pérez.
El Comercio
El portavoz de Fuerza Popular, Luis Galarreta, consideró “un grave
error” del gobierno el retiro de Julia Príncipe del Consejo de Defensa Jurídica
del Estado (CDJE) y de Katherine Ampuero de la procuraduría ad hoc del Caso
Odebrecht. Recordó que “así comenzó la caída del humalismo, que erró de manera
grosera ante cualquier posibilidad de investigación hacia su interna”,
manifestó.
El congresista fujimorista, además, indicó que el
decreto de urgencia 003-2017, citado por la ministra de Justicia, Marisol Pérez
Tello, para justificar la remoción de Ampuero, está hecho a la medida de las
empresas consorciadas con Odebrecht. “Ese decreto es un salvavidas, eso le
hemos criticado a la ministra”, expresó.
El parlamentario fujimorista cuestionó que Pérez Tello
haya dicho que Príncipe y Ampuero renunciaron, pero que luego ellas señalaran
que fueron despedidas. “Uno interpela o censura a un ministro por mentirle a la
población, en cualquier país lo sacan. Ojo estamos hablando de un mentirá
pública”, acotó.
El Comercio
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello,
negó que presiones políticas sean la causa de la decisión de su despacho de
despedir a Julia Príncipe.
Pérez Tello le había perdido la confianza a Katherine
Ampuero como procuradora ad hoc del Caso Odebrecht, dijo, porque no asumió la
responsabilidad de asegurar la reparación civil que debe pagar la constructora,
insistiendo en que Ampuero no respetó el Decreto de Urgencia N° 003-2017,
publicado en febrero pasado con la premisa de asegurar la continuidad de proyectos
de inversión y cautelar el pago de la reparación civil.
“Hay que respetar los trabajos de las instituciones. La
fiscalía es la que investiga y la procuraduría tiene un rol concreto que es
garantizar la reparación civil”, sentenció Pérez
Tello.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
El Comercio
“Es posible que haya uno o dos cambios”, reveló hace
poco más de una semana Pedro Pablo Kuczynski en una entrevista en RPP.
El Ejecutivo apunta a mantener en el cargo por lo menos
a 17 de los actuales ministros, según pudo conocer El Comercio a través de
diversas fuentes gubernamentales.
El Ministerio de Justicia es una de las carteras más
voceadas para el reajuste. La gestión de la ministra Marisol Pérez Tello se ha
visto afectada por el actuar de los procuradores. Una disputa surgió en marzo
por la denuncia de la ahora ex procuradora Katherine Ampuero contra Kuczynski
por el Caso Odebrecht. El último capítulo de discrepancias, a raíz del proyecto
Olmos, derivó en las salidas de Ampuero como procuradora del Caso Lava Jato y
de Julia Príncipe como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que esta última
situación podría postergar unas semanas la salida de Pérez Tello. Según
explicaron, no se quiere que se vea como una consecuencia inmediata del despido
de Príncipe y Ampuero.
Pérez Tello tiene en su contra a Fuerza Popular por su
postura sobre el indulto a Alberto Fujimori.
Otro ministro en evaluación es el de Energía y Minas,
Gonzalo Tamayo, criticado por la falta de destrabe de proyectos vinculados a su
sector. También lo responsabilizan por la demora en la licitación del gasoducto
sur peruano, estimada ahora para el 2018. Se vocea que Tamayo podría ser
reemplazado por Cayetana Aljovín, actual ministra de Desarrollo e Inclusión
Social.
Después de 28 de julio, el Gobierno, además, tiene previsto plantear al Congreso la fusión de los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer. Esto podría acabar con la salida de Ana María Romero-Lozada.
Después de 28 de julio, el Gobierno, además, tiene previsto plantear al Congreso la fusión de los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer. Esto podría acabar con la salida de Ana María Romero-Lozada.
Las fuentes consultadas indican que se tendría previsto
volver a apelar a la bancada oficialista para algún recambio. Tras la
designación del congresista Pedro Olaechea como titular del Produce, el
Gobierno ahora evalúa el ingreso de Ana María Choquehuanca.
Si bien aún no está definida la cartera, Choquehuanca tomaría el fajín de Cayetana Aljovín en el Midis, y asumiría la cartera producto de la fusión con el Ministerio de la Mujer.
Si bien aún no está definida la cartera, Choquehuanca tomaría el fajín de Cayetana Aljovín en el Midis, y asumiría la cartera producto de la fusión con el Ministerio de la Mujer.
El Comercio,
Andina
El Congreso de la República oficializó la convocatoria a las elecciones
de la Mesa Directiva para el próximo miércoles 26 de julio a las 10:00 a.m. Los
parlamentarios o bancadas deben presentar sus propuestas ante la Oficialía
Mayor hasta el martes 25 de julio a las 10:00 a.m.
El Comercio
Entrevista a Ana María Choquehuanca, congresista de PpK.
(…)
— Peruanos por el Kambio no participará de la Mesa
Directiva del Congreso, ¿apoyarán la presencia de otras bancadas que no
tuvieron presencia antes?
No nos han invitado, pero si hubiera la posibilidad, nos hemos adelantado en emitir una decisión: no vamos a conformarla. Como mayoría legislativa, Fuerza Popular tiene muchas prerrogativas, aristas que les permite poner a quienes ellos deseen. Será cuestión de bancada tomar esa decisión, tendrán que evaluarlo.
No nos han invitado, pero si hubiera la posibilidad, nos hemos adelantado en emitir una decisión: no vamos a conformarla. Como mayoría legislativa, Fuerza Popular tiene muchas prerrogativas, aristas que les permite poner a quienes ellos deseen. Será cuestión de bancada tomar esa decisión, tendrán que evaluarlo.
(…)
— ¿Cómo apunta a ser la relación con Fuerza Popular
para este segundo año?
La relación con Fuerza Popular tiene que ser buena, tiene que haber bisagras entre el Congreso y el Ejecutivo que nos permitan tener una relación muy cercana para poder consensuar acciones, leyes.
La relación con Fuerza Popular tiene que ser buena, tiene que haber bisagras entre el Congreso y el Ejecutivo que nos permitan tener una relación muy cercana para poder consensuar acciones, leyes.
(…)
— ¿Pero fue buena la relación en el primer año?
Hubo espacios en los que la relación fue cordial, ha pretendido ser buena. Pero en algunos, no.
Hubo espacios en los que la relación fue cordial, ha pretendido ser buena. Pero en algunos, no.
(…)
Gestión
El presidente del Consejo
de Ministros y ministro de Economía y Finanzas. Fernando
Zavala, respondió a un panel conformado por los economistas Carlos
Paredes, Roberto
Abusada, Juan
Mendoza y Hugo
Perea, en una mesa redonda conducida por el director del
diario, Julio
Lira.
Fernando
Zavala, Presidente
de la PCM y Ministro de Economía
La proyección del
crecimiento económico se redujo. Desde el MEF ya no se
cree que el 2017 se crecerá 3%, sino solo 2.8% en el 2017 y para el 2018, ya no
sería el 4.5%, sino un 3.8%.
Hay cinco factores que explican
estos ajustes y la menor dinámica económica. El primero es la caída de la inversión
privada, que es de donde viene el crecimiento y la que se tiene que
trabajar más. Tenemos 14 trimestres que está en negativo y la proyección es que
vamos a tener cuatro años que no crece. Es un tema de alerta en donde todavía
no hemos podido revertir esta situación.
Otros
dos factores son
el caso Lava Jato,
el escándalo de corrupción que se dio a inicios de año con Odebrecht en el
Perú, y El Niño costero,
que afectó hasta 10 regiones en el país en términos productivos y de ejecución
de inversión pública. Se estima que este impacto es 2 puntos porcentuales
del PBI, de los cuales El Niño
costero es 1.2 y el efecto Lava Jato, 0.8.
Un
cuarto tema tiene que ver con el ruido político. Las discusiones entre el
Legislativo y el Gobierno, las cuales tienen impacto en el ánimo de las
inversiones de mediano y largo plazo. También afectan algunas leyes que no se
terminan de acordar o de pasar.
El
quinto tema está directamente vinculado a la ejecución de la inversión pública, pues se han implementado
algunos cambios como la nueva Ley de Contrataciones del Estado o el nuevo
sistema de inversión pública Invierte.pe, a los cuales los funcionarios aún se
están adaptando.
Tres de estos factores no
se deberían volver a repetir. Uno es no volver a tener más Lava Jatos o, en
todo caso, ya sabemos cómo administrar este tipo de casos. Dos, es difícil que
El Niño costero se repita y, en todo caso, las obras que se están ejecutando
deberían mitigar el impacto si hay lluvias fuertes el próximo año; y tres,
pareciera que hemos encontrado un entendimiento para trabajar entre el Gobierno
y el Legislativo.
Queda pendiente la
reactivación de la inversión privada.
En el segundo semestre se
esperan mejores números que en la primera mitad del 2017 y, además, se deben
afianzar las bases para tener un crecimiento mayor en el 2018. La intención es
que el 3.8% estimado para el próximo año suba a 4% y más adelante en los
próximos cuatro años, si es que el plan funciona, que el crecimiento llegue a 5%. Para que salte desde el 3 a 5%, se necesita
inversión importante, por ejemplo, en proyectos extractivos, en los cuales ya
se está trabajando.
Son
tres ejes principales sobre los que el MEF está
trabajando.
·
El primero es darle
un nuevo impulso a la inversión pública, que dinamice sectores con alto efecto
multiplicador; estamos hablando sobre todo del sector inmobiliario,
construcción y algunas mypes.
·
El segundo es
introducir algunas herramientas nuevas porque existe una desaceleración del
consumo privado, es decir, pondríamos algunos recursos adicionales en la
economía.
·
El tercero es ayudar
a viabilizar proyectos de inversión privados que tengan impacto en el mediano y
largo plazo.
Inversión
pública
En el caso de la inversión pública, ya desde febrero se diseñaron una serie de medidas de reactivación, contenidas en los DU 001, 002 y 004, que básicamente lo que hacen es mitigar en parte los efectos de El Niño costero, poniendo recursos rápidos en la economía.
En el caso de la inversión pública, ya desde febrero se diseñaron una serie de medidas de reactivación, contenidas en los DU 001, 002 y 004, que básicamente lo que hacen es mitigar en parte los efectos de El Niño costero, poniendo recursos rápidos en la economía.
Esto implicaba un impulso
fiscal, más o menos de S/ 5,000 millones, y la atención del desastre natural se
dio con los DU 002, 006, 007 y 008; también se impulsó a sectores productivos
como vivienda social principalmente y crédito para pymes. Eso es lo que ya se
había hecho y está en proceso de ejecución.
Ahora estamos trabajando
en un nuevo impulso a la inversión pública, estamos hablando de alrededor de S/
4,000 millones en este segundo semestre. A este contribuyen los gastos de
rehabilitación y reconstrucción por parte de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios.
Aquí lo interesante, a
diferencia de los procesos normales, es que se tienen procesos simplificados.
Lo que usualmente demora seis meses, lo puedes hacer en dos meses; y, además, la
ley permite que algunas otras obras que ya estaban previstas, en caso de estar
ubicadas en las áreas afectadas, se puedan ejecutar utilizando este mecanismo.
A eso hay que sumarle dos
proyectos de ley que se enviarán al Congreso con el objeto de redistribuir S/
1,500 millones.
Ya se identificó a las
regiones y gobiernos locales que han estado ejecutando mejor durante el año,
como son Arequipa, Lima Provincias y Moquegua. También se están seleccionando
proyectos que ya están aprobados y que puedan ejecutarse rápidamente.
Asimismo, se están
afinando partidas presupuestarias vinculadas a mantenimiento, que es un rubro
que rápidamente puede ser asignado y gastado. Con los efectos de El Niño
costero hay mantenimientos que se pueden hacer de forma rápida.
Para
el 2018 se lanzarán los proyectos del Fondo de Adelanto Social.
Asimismo, dentro del marco
de la ley de endeudamiento, se
podrán emitir bonos para impulsar inversión en las regiones. Se
han identificado tres gobiernos regionales que cuentan con estas características:
tienen los recursos asegurados para los próximos años, tienen proyectos
interesantes que tienen impacto en el sentido de cerrar brechas y son gobiernos
regionales que les interesa promover la inversión privada
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
Desde
su celda, el ex presidente Alberto
Fujimori ordenó que se escribieran varios mensajes en su cuenta de
Twitter para respaldar a su hijo menor Kenji ante la suspensión por 60 días
impuesta por su grupo político. El disgusto del líder histórico del fujimorismo –según
su entorno más cercano– llegó hasta el punto de querer grabar audios para
enviarlos a medios de comunicación. Sin embargo, sus abogados le advirtieron
sobre posibles sanciones del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Fujimori hizo caso y solo ordenó escribir los tuits. "Hasta ahora me sigo preguntando por qué han sancionado a Kenji. [...] ¿Porque ha estado luchando como buen hijo por la libertad de su padre? [...] ¿Esto constituye ser infraterno y desleal?", escribió en Twitter. ”Kenji ha actuado honestamente con su conciencia. Creo que los infraternos y desleales son otros”, dicen los mensajes.
En la bancada interpretan que la referencia es para los 44 congresistas que votaron a favor de la suspensión de Kenji Fujimori. Solo 7 se abstuvieron, pese a que 23 legisladores enviaron el 11 de julio una carta a la lideresa de la agrupación, Keiko Fujimori, en la que le pidieron dejar sin efecto el proceso disciplinario contra su hermano.
“Hay congresistas nuevos que no entienden y que tienen que saber respetar las opiniones del resto, sin necesidad de decir ‘que se le bote’ o ‘que se le castigue’. Son cosas exageradas que no vienen al caso”, dijo Luisa Cuculiza.
Aguinaga recordó que Fuerza Popular ha tenido mano blanda en casos de mayor gravedad.
Fujimori hizo caso y solo ordenó escribir los tuits. "Hasta ahora me sigo preguntando por qué han sancionado a Kenji. [...] ¿Porque ha estado luchando como buen hijo por la libertad de su padre? [...] ¿Esto constituye ser infraterno y desleal?", escribió en Twitter. ”Kenji ha actuado honestamente con su conciencia. Creo que los infraternos y desleales son otros”, dicen los mensajes.
En la bancada interpretan que la referencia es para los 44 congresistas que votaron a favor de la suspensión de Kenji Fujimori. Solo 7 se abstuvieron, pese a que 23 legisladores enviaron el 11 de julio una carta a la lideresa de la agrupación, Keiko Fujimori, en la que le pidieron dejar sin efecto el proceso disciplinario contra su hermano.
“Hay congresistas nuevos que no entienden y que tienen que saber respetar las opiniones del resto, sin necesidad de decir ‘que se le bote’ o ‘que se le castigue’. Son cosas exageradas que no vienen al caso”, dijo Luisa Cuculiza.
Aguinaga recordó que Fuerza Popular ha tenido mano blanda en casos de mayor gravedad.
Peru21
El
legislador Kenji Fujimori considero
que lo que dijo Rolando Reátegui fue “una falta de respeto, lo considero una
insolencia. Los insultos contra mi, hacia mi persona”, dijo en
declaraciones. Exigió a Rolando Reátegui pedir disculpas públicas.
El Comercio
El congresista de Fuerza Popular Federico Pariona le
demandó a su colega de bancada Rolando Reátegui disculparse y
retirar las palabras, que consideró ofensivas, contra el encarcelado ex
presidente Alberto Fujimori.
“Reátegui debe pedir disculpas a Alberto Fujimori,
líder histórico del fujimorismo, sino lo hace pediré que se vea en la bancada
porque esa actitud no es positiva”, manifestó.
Peru21
En
un artículo publicado hoy en el semanario Hildebrandt en sus Trece,
el congresista Kenji Fujimori le
reclama abiertamente a su hermana, y a la sazón lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori,
por no haber atendido la carta que 23 legisladores de la agrupación le
enviaron, días atrás.
“La
carta que firman 23 congresistas dirigida a ti y redactada cuidadosamente en
los términos más respetuosos era para evitar que el asunto cobrara una
dimensión pública políticamente dañina como hoy ocurre pero cayó en saco roto.
Y lo mismo ha sucedido luego con los tweets publicados el miércoles por nuestro
padre, Alberto Fujimori .
Pese a ser sentidas advertencias, encuentran oídos sordos”, le reprocha el
parlamentario.
