ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
La opinión en MEDIA
COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar
libre y
gratuitamente cualquier
MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com
MEDIA COLUMNA
Otoño de los docentes
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
“El otoño de los docentes universitarios” es el título espectacular
del libro de Benjamín Ginsberg, publicado en 2011, reeditado por la Universidad
Nacional del Altiplano mediante convenio con Oxford University Press y
presentado por su ex rector, el congresista por Puno Lucio Avila, al culminar
su gestión al frente de la Comisión de Educación del Congreso en la legislatura
que termina.
El libro narra cómo en las grandes universidades
norteamericanas los profesores perdieron el poder hace muchos años a manos de
los administradores. El empoderamiento de la burocracia, sugiere Avila, es el
concepto que resume la idea central. El profesor pierde el control de la administración
en las universidades americanas –que Avila conoce bien- cuando la expansión del
aparato burocrático hace que los cargos directivos dejen de ser electivos entre
el cuerpo docente y pasen a ser ocupados por funcionarios “de fuera”, reclutados
del mercado. Un rector contratado que, a su vez, nombra funcionarios con grandes
sueldos (que pueden oscilar entre los 500 mil y los tres millones de dólares
anuales) mientras el plantel de profesores nombrados se va reduciendo y crece
el de los contratados.
El crecimiento del poder de la burocracia en la institución puede
desplazar el objetivo académico y sustituirlo por una máquina de reclutamiendo de
recursos humanos y de recaudación y asignación de fondos. El cambio de las prioridades
en la asignación de los recursos puede alejar a la institución de sus objetivos
originales para acercarla a otros vinculados al poder político o económico. Con
el tiempo, esto se expresa en un cambio en la composición del profesorado, donde
el plantel originalmente compuesto en un 70% por docentes nombrados pasa a ser de
solo un 30%, y el resto es contratado sin vínculo alguno con las decisiones claves
de la institución. Los administradores que tienen el poder en la Universidad de
Harvard, por ejemplo, manejarían activos por valor de unos 22 mil millones de
dólares y perciben enormes rentas de bonos, acciones y donaciones privadas. Para
manejar esa magnitud de recursos hacen falta funcionarios especializados, banqueros
profesionales.
Pero el argumento implícito es que el empoderamiento de la
burocracia desemboca peligrosamente en la corrupción.
El paralelo con nuestra realidad cae por su peso, con variantes según si la universidad es privada o pública. Nuestra ley universitaria, dice Avila con la autoridad que le da el haber sido rector, congela el avance de la universidad pública porque recorta su presupuesto y no le permite crecer. Instaura el reclutamiento de docentes con precarios contratos administrativos de servicios (CAS). Avila señala la responsabilidad en un organismo público: la Superintendencia de Educación Universitaria (Sunedu), a cargo de las licencias de funcionamiento. Denuncia la extraña situación vigente en la que, mientras las universidades privadas cuentan con licencia, sólo dos de nuestras universidades públicas han podido acceder a ella.
El paralelo con nuestra realidad cae por su peso, con variantes según si la universidad es privada o pública. Nuestra ley universitaria, dice Avila con la autoridad que le da el haber sido rector, congela el avance de la universidad pública porque recorta su presupuesto y no le permite crecer. Instaura el reclutamiento de docentes con precarios contratos administrativos de servicios (CAS). Avila señala la responsabilidad en un organismo público: la Superintendencia de Educación Universitaria (Sunedu), a cargo de las licencias de funcionamiento. Denuncia la extraña situación vigente en la que, mientras las universidades privadas cuentan con licencia, sólo dos de nuestras universidades públicas han podido acceder a ella.
Uno sospecha que el empoderamiento de la burocracia es una ley
general que ocurre no solo en las instituciones educativas privadas, sino también
en los medios de comunicación y hasta en los partidos políticos. El otoño del
docente universitario en nuestro caso, sin embargo, no se debe a administradores
privados, sino a la burocracia pública.
Hay que felicitar, entonces, a la Universidad Nacional del Altiplano
por haber reeeditado con el permiso del autor esta obra que pone al fin sobre
la mesa el problema y proporciona las primeras herramientas para resolverlo.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
-Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
El Comercio, RPP
El presidente, Pedro Pablo
Kuczynski, aseguró que "el tema de los maestros está en vías de
arreglo" en referencia a la huelga que empezó el 15 de junio en el Cusco.
Indicó que este lunes 7 de agosto
el tema “debería estar zanjado" luego de que el jueves, en conferencia de
prensa, el Ejecutivo y los gobiernos regionales explicaran acuerdos tomados.
El Gobierno se compromete a
incrementar a 2,000 soles mensuales el salario de los docentes contratados y de
la primera escala de la Carrera Magisterial, adelantando a diciembre el aumento
previsto para marzo próximo.
Los gobiernos regionales se
comprometen a realizar descuentos a los docentes que no asistan a dictar clases
a partir del próximo lunes 7 de agosto.
El Ministerio de Educación se
compromete a que “ningún docente pasará por la evaluación de desempeño sin
antes haber pasado por un proceso de capacitación”.
RPP
Los maestros del Sute–Conare, que encabezan
la huelga en el Sur, anuncian que no reanudarán las clases el lunes 7 de agosto
y no acatarán los acuerdos tomasdo en tre el gobierno y las regiones.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, desmintió que se
haya decidido nombrar al primer vicepresidente, Martín Vizcarra, embajador del
Perú en Canadá. Precisó, sin embargo, que esa opción está en evaluación. "Es
algo que estamos conversando. No hemos llegado a ninguna decisión", dijo.
"(Vizcarra) conoce mucho el sector minero, que es
muy importante en Canadá. Es muy cercano también a su familia. Todos se mudaron
de Moquegua a Lima", indicó el presidente.
PPK reconoció que la
designación de Vizcarra como embajador podría significar la pérdida de un político
de peso en la reconstrucción, pero reiteró: "Vamos a evaluarlo, pero hay
precedentes".
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
El Comercio
La Segunda Sala Penal de Apelaciones –presidida por el
juez Octavio Sahuanay e integrada por los magistrados Jessica León e Iván
Quispe– rechazó el recurso presentado por el ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para dejar sin
efecto la orden de 18 meses de prisión preventiva para ellos. La sala penal
tomó la decisión de manera unánime.
La sala consideró que sí existe peligro procesal por
parte de ambos investigados.
El Comercio
¿Fujimori
debe ser indultado?
Jaime
de Althaus
Como
sabemos, el presidente no anunció el indulto a Fujimori en
su mensaje del 28 de julio. Quizá la movilización de los Vargas Llosa hace dos
o tres semanas contribuyó a disuadirlo. Algunos de los argumentos que usaron,
sin embargo, no son ciertos. Álvaro Vargas Llosa arguyó, por ejemplo, que “gran
parte del país no quiere un indulto a Fujimori”. Pero según Ipsos un 60% está a favor de un indulto
humanitario. Y cuando inquiere si deberían indultarlo, darle arresto
domiciliario o mantenerlo en prisión, un 73% está a favor de las dos primeras
opciones, es decir, quisiera verlo fuera de la cárcel.
Si fuera entonces la
opinión de la gente el criterio definitorio, el indulto debería proceder. Pero
obviamente no lo es. Como tampoco lo sería una razón política. De la encuesta
se desprende, además, que la gente estaría de acuerdo con un indulto
humanitario aunque no tanto con uno político. Pero la propia encuesta trae una
tercera razón para un posible indulto: si fue justo o no condenarlo a 25 años.
Un 49% piensa que esa pena fue excesiva o que es inocente. Un 45% opina que fue
justa.
Este no es un asunto
menor. Mario Vargas Llosa escribió hace tres domingos que Fujimori “no ha manifestado jamás
arrepentimiento alguno por los asesinatos, secuestros y torturas que ordenó…”.
Y, efectivamente, fue condenando a 25 años por haber ordenado los asesinatos de
La Cantuta y Barrios Altos. El problema es que no hay prueba directa alguna, ni
siquiera un testimonio de un tercero que revele que Fujimori ordenó o aprobó la
orden. La sentencia, criticada por César Azabache y otros destacados
penalistas, fue el resultado de un silogismo: si Fujimori era presidente, tenía el dominio de la organización
y por lo tanto tenía que haber sido él quien ordenara las muertes. Fue una
condena teórica.
Ante ese
razonamiento, no cabían pruebas en contrario. En “Muerte en el Pentagonito”, la
investigación más profunda y descarnada sobre la guerra contra Sendero, Ricardo
Uceda descubre que la decisión de asesinar a los estudiantes de La Cantuta la
tomó de manera autónoma Martin Rivas. No recibió órdenes de ningún superior.
Pero la corte no quiso escuchar. La sentencia se confeccionó a priori.
Por supuesto, Fujimori sí es culpable de haber
encubierto esos crímenes y de no haber investigado ni castigado, pero la pena
por esos delitos habría sido menor. Más aun cuando la victoria sobre Sendero no
la consiguió masacrando a campesinos como se hacía reactivamente en los 80,
sino, por el contrario, aliándose con las comunidades campesinas (dándoles
asistencia y armas) y fortaleciendo la inteligencia policial en las ciudades.
Esa fue la estrategia que derrotó a Sendero, no la del grupo Colina. Entonces
cabe preguntarse si los 25 años son justos.
Fujimori sí es culpable de haber cercenado la democracia y
montado un aparato de control político para sojuzgar a la prensa y las
instituciones a fin de perpetuarse, creando, de paso, la cobertura para una
corrupción perversa. De eso debería arrepentirse, pero lamentablemente no es
por eso que se lo ha juzgado.
El Comercio
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez,
solicitó al Congreso ser convocado para dar "una opinión
institucional" sobre el proyecto del ley para reformar el Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM). Duberlí Rodríguez manifestó
que al Poder Judicial le corresponde expresar su posición "por tratarse de
un proyecto que se encuentra vinculado al sistema de administración de
justicia".
Duberlí Rodríguez dijo el lunes que hay riesgo de politización en
el nombramiento de los jueces y fiscales si prospera el proyecto.
La República
Defensa del tránsfuga
Alvarez Rodrich
El tribunal constitucional podría
decidir este mes la demanda contra la ley antitránsfuga aprobada hace un año, y
debería concluir que es una disposición inconstitucional.
La norma la promovió el
fujimorismo, como una de sus primeras iniciativas legislativas al inicio de
este lustro político, para evitar el resquebrajamiento de una bancada enorme de
73 integrantes y que, como se ve, se pretende manejar con una férrea disciplina
sin muchas dudas ni murmuraciones en su interior.
En principio, es una iniciativa
que pretende fortalecer a los partidos políticos y darles cohesión a las
bancadas parlamentarias, algo que es, sin duda, positivo.
Pero el problema central de la
disposición decretada por Fuerza Popular es que, sin distinguir los diferentes
motivos de un tránsfuga, mete a todos los disidentes en un mismo saco, y los
transforma en parias en el parlamento al impedirles unirse a otra bancada,
votar en comisiones, o integrar la mesa directiva del congreso.
Eso es un abuso pues no todos los
tránsfugas son iguales. Hay los que se vendieron por dinero en la oficina de
Vladimiro Montesinos, pero también hay los que prefieren abandonar una bancada
por razones éticas o ideológicas debido a que los partidos con los que llegaron
al congreso toman decisiones que violan la plataforma con la que se postuló, u
optan por la inmoralidad en sus decisiones.
Hablar mal del tránsfuga es lo
políticamente correcto pero, no obstante la mala prensa que recibe, a veces es
el único camino para quienes tienen la legítima aspiración de hacer política en
un contexto de partidos débiles que no merecen llamarse así pues no pasan de
ser un grupo de gente que se junta poco antes de la elección para tratar de
llegar al poder.
El problema con la mala imagen
del tránsfuga en el Perú es que se asocia a una decisión impulsada por el vil
metal debido a que eso fue lo que ocurrió en masa durante el fujimontesinismo,
pero no hay registros de que ese motivo siga vigente.
Lo que hay, más bien, es el
objetivo de permanecer en política en un contexto en que los partidos políticos
son organizaciones caudillistas sin más interés que servir de plataforma para
que el cacique llegue al puesto que ambiciona, y sin ofrecer los incentivos
para que sus miembros –con la excepción de una minoría alineada servilmente con
el jefe– sientan que les conviene permanecer en el partido en el largo plazo.
En el fondo, el tránsfuga no es
otra cosa que la expresión estridente de la demora en realizar la reforma
política y de los partidos en el Perú.
