jueves, 26 de octubre de 2017

ESTA NOCHE jueves 26 octubre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
19 años


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
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Han pasado 19 años desde el día en que los dos grandes ausentes, aún hoy, Alberto Fujimori y Jamil Mahuad, firmaron en Brasilia el Acuerdo de Paz que puso punto final a 170 años de conflictos entre el Perú y el Ecuador.

El modelo de esa negociación debería estudiarse en las escuelas internacionales.  

Primero, las dos partes acordaron empoderar a un tercero como árbitro, los cuatro países garantes.

Segundo, ese empoderamiento dispudo que el árbitro pudiera proponer fórmulas de avenimiento.

Tercero, fue tan importante el empderamiento que llegó al punto de dar a sus propuestas un carácter vinculante para las partes, que fue escrupulosamente respetado por ambos gobiernos y ambos legislativos.

Pocas veces se ha visto algo parecido. Hay que tener valor para hacer algo así. En verdad, puede ser el único modo en que dos países que han tenido un enfrentamiento total pueden alcanzar, apenas tres años y medio después, una paz estable y duradera. Diecinueve años después puede afirmarse esto con certeza.

Pero falta aun ver nuevamente el abrazo de los dos grandes ausentes, ya sea en
Quito o en Lima, cuando con toda justicia dentro de un año celebremos el vigésimo aniversario de esta hazaña que es parte de la gran historia de nuestra patria común.   


  
REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



El Comercio
El publicista brasileño Valdemir Garreta afirmó ante la justicia peruana que las constructoras OAS y Odebrecht le pagaron en total US$986 mil en efectivo para asesorar la campaña electoral del ex presidente en el 2011.
La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a la declaración que brindó Garreta ante el fiscal anticorrupción peruano Sergio Jiménez en Brasil en setiembre de este año. De acuerdo a su testimonio, fue Leo Pinheiro, el ex presidente de la constructora OAS, hoy recluido en prisión, quien lo buscó para que prestara sus servicios de márketing político al entonces candidato nacionalista. “Es a finales del 2010 cuando Leo Pinheiro me consultó si tenía interés en realizar una campaña en el Perú para el candidato Ollanta Humala”, indicó.
Garreta recordó el papel protagónico que tuvo la ex primera dama desde el inicio de la campaña. “Me facilitaron el número de Nadine Heredia, no recuerdo si fue el mismo Leo Pinheiro u otra persona, pero la cuestión es que la llamé y quedamos en reunirnos en Lima”, contó.
El publicista brasileño llegó a Lima el 15 de diciembre del 2010 acompañado por quien, en ese momento, era su socio: Marcelo Parada. “Nos hospedamos en el Miraflores Park (ahora creo que se llama Belmond Miraflores Park). No recuerdo si fue al día siguiente, pero fue muy rápido que fuimos a cenar con ellos [Ollanta Humala y Nadine Heredia] a un lugar en las afueras de Lima, era un lugar reservado”, aseguró.
En esa reunión, según Garreta, se conversó sobre la estrategia y la necesidad de preparar un discurso para Humala porque debía participar en una convención de empresarios. “La idea en ese momento era flexibilizar el discurso, disminuir la radicalidad. Lo que pasaba es que él había quedado impregnado como chavista en la campaña anterior”, detalló.
El testigo precisó que contrató los servicios del también publicista y estratega en campañas internacionales Luis Favre como coordinador, Arthur Muhlenberg como director de arte y Celio Rodríguez como camarógrafo.
OAS, según Garreta, se encargó de pagarle los servicios de asesoría a través de su empresa MEK durante la primera vuelta. “Me parece que fue en la oficina de Armendáriz o en el hotel que tenía como parte de su nombre la palabra ‘América’ en San Isidro. Allí [se habló con Nadine Heredia] el tema de la contratación. Se acordó un pago de US$300 mil más gastos [US$150 mil] por nuestros servicios de creación estratégica, hasta la primera vuelta”.
Garreta explicó a la autoridad peruana cómo se efectuaron los pagos: “US$134 mil a través de transferencias realizadas por el Partido Nacionalista Peruano y el saldo [US$316 mil restantes] por parte de la empresa OAS, a través de un contrato que se firmó con ellos”.
En la rendición de gastos de campaña que el Partido Nacionalista presentó ante la ONPE, figura el pago de S/360.100 [equivalentes a US$129.532 de la época] a la empresa FX Comunicacao Global LTD , también de propiedad de Valdemir Garreta.
El publicista ratificó que el contrato que suscribió OAS con su empresa MEK fue simulado: “El objeto del contrato era el levantamiento de información, fue un objeto genérico. Es más, se realizó un trabajo que fue entregado a OAS para justificar su contabilidad […] sin embargo, ese contrato, en verdad, [fue] por los servicios para la campaña de Ollanta Humala”. 
"Así, se pactó la suma de US$700 mil y en caso de que ganaran un adicional de US$500 mil”, precisó.
“En abril del 2011, Nadine Heredia me indica que entre en contacto con Jorge Barata, director de la empresa Odebrecht, para recibir los US$700 mil. Conseguí entrar en contacto con Fernando Migliaccio, el cual me indicó que los pagos serían en efectivo, en hoteles en Sao Paulo, probablemente [fueron] cuatro [entregas] de US$175 mil, pero en moneda nacional [reales]”. Los pagos se hicieron efectivos entre abril y junio del 2011.
Fernando Migliaccio era el responsable de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, también conocida como la caja 2, que servía para el pago de sobornos.
Para la segunda vuelta, Garreta detalló que también contó con los servicios de los brasileños Sandra Recalde y Juan Pessoa, responsables del manejo de las redes sociales. En este punto hay que recordar que ambos personajes cumplieron el mismo rol en el 2013, durante la campaña por el No a la revocación de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Garreta explicó en detalle que los pagos se hicieron bajo una estrategia pactada: “Los pagos en los hoteles tenían la siguiente mecánica. Yo indicaba el nombre del hotel y la habitación. La contraseña la daban ellos [Odebrecht]; esta última tenía que darse al momento de tocarse la puerta de la habitación, al escucharla, entregaban el dinero [...] Yo creo que recibí dinero solo una vez directamente, luego normalmente enviaba a una persona de mi confianza”.
Después de la victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta, él y Nadine Heredia viajaron a Brasil para asistir a una reunión que se realizó en el Instituto Lula, en Sao Paulo. “En ese viaje Fx Comunicaciones pagó su estadía [de la pareja] en el hotel Unique en Sao Paulo. Además, se pagó el pasaje de Brasil a Chile (Brasil-Montevideo-Santiago). Deseo precisar que no solo se afrontó los gastos [...] de Ollanta y Nadine, sino también los de Cynthya Montes (ex secretaria de prensa de la Presidencia) y Luis Chuquihuara (ex secretario general de la Presidencia)”, señaló Garreta. Estos datos fueron contrastados por este Diario con sus respectivos reportes migratorios.



El Comercio
Una semana antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2011, el entonces candidato de Gana Perú Ollanta Humala reconoció en una entrevista televisiva que estaba siendo asesorado por expertos brasileños en márketing electoral.
Humala lo había negado en varias ocasiones. Sin embargo, mientras estaba en una gira por el norte del país, el diario brasileño “Folha de Sao Paulo” informó en ese entonces que un grupo de asesores del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, la agrupación política del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, trabajaba en el Perú para ayudar en el ascenso del candidato nacionalista en las encuestas.
El medio brasileño precisó que Luis Favre y Valdemir Garreta –a quienes llamó los ‘petistas’, en referencia al PT– eran los asesores que participaban en la campaña y habían contribuido en alejar la imagen de nacionalista radical de Humala para atraer apoyo de sectores conservadores y empresarios.
La nota explicaba que la estrategia fue diseñada por el experto en márketing político Joao Santana, quien ayudó a que Lula obtuviera la presidencia en el 2002. La participación de Santana en la campaña se limitó a realizar una encuesta, en la cual recomendaba alejar a su hermano Antauro Humala.
En el 2011, Humala dijo también que conocía a Santana y comentó que en un momento hubo un acercamiento con él, pero que no se llegó a concretar nada.
Años después, este Diario publicó que fue la ex primera dama Nadine Heredia quien contactó con Santana, pero que este hizo una oferta que el Partido Nacionalista no podía pagar. En Brasil, pidió recomendaciones y llegó al nombre de Garreta, quien había fundado la agencia FX Comunicacao Global LTD. El resto de la historia ya se conoce.
Actualmente, Santana cumple una condena de ocho años de prisión junto a su esposa y socia Mónica Moura por estar implicados en el Caso Lava Jato en Brasil.
Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña, mencionó a Garreta durante el interrogatorio que respondió en mayo pasado ante los fiscales peruanos. Lo más importante que declaró sobre los ex asesores –Garreta y Favre– fue que sabía que ambos estuvieron involucrados en la campaña de Humala y que su participación influyó en el pedido del PT para que Odebrecht entregara dinero.
Expertos en derecho penal consultados por El Comercio coincidieron en que un nuevo testimonio sobre la entrega de dinero de Odebrecht y OAS a la campaña presidencial de Humala, como el que ha dado Garreta, reforzará la acusación fiscal en la investigación por lavado de activos contra la pareja.
El ex procurador Luis Vargas Valdivia y el abogado Luis Lamas Puccio coincidieron y aseguraron que la declaración testimonial contra los Humala Heredia deberá ser contrastada por la fiscalía para ser presentada como una prueba en un eventual juicio oral.
104 días es el tiempo que el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia llevan en prisión preventiva. La orden vence en el 2019.






NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



Expreso
Un claro “temor” demuestran los tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un supuesto amedrentamiento de parte del Congreso de la República por el fallo que reabre el caso de los sucesos de “El Frontón”, ante una probable falta de pruebas de su fallo en contra de los exmiembros de la Marina que han sido implicados en delitos de “lesa humanidad”.
Así opinó el expresidente del TC Ernesto Álvarez, quien dijo sentir pena por la decisión de los jueces constitucionales, a quienes no les importa llevar un problema institucional a instancias internacionales, aunque ello signifique perjudicar la imagen del Perú.
“Tienen temor, porque seguramente no han reunido los argumentos necesarios para defenderse ante el Congreso, y, segundo, [está] el deseo de figuración… Es penoso ver que magistrados lleven [al extranjero] problemas que se pueden solucionar aquí, en un acto lesivo para la imagen del país”, acotó.
Los magistrados Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinoza Saldaña estuvieron presentes en una audiencia pública efectuada el pasado lunes en Montevideo, Uruguay, en el marco del 165º periodo ordinario de la CIDH.
Para ello, a través de la resolución administrativa Nº 251-2017-P/TC, el presidente del TC, Manuel Miranda, autorizó el viaje de los citados letrados a quienes se les otorgó pasajes y los correspondientes viáticos.
El TC fundamenta su decisión en lo siguiente: “El secretario general ha informado al pleno, en su sesión del 10 de octubre de 2017, con base en un informe emitido por la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, que la intervención en la audiencia de la CIDH constituye un asunto de índole institucional, puesto que está en juego la independencia jurisdiccional del TC”.
Agrega que “por eso, adicionalmente a la participación de la magistrada Marianella Ledesma, ha autorizado a los señores magistrados Carlos Ramos y Eloy Espinoza para que viajen a la ciudad de Montevideo, Uruguay”.
De acuerdo a esta resolución, se otorgó a Ramos S/ 2,893.57 para el pasaje aéreo y US$ 740 de viáticos, en tanto que a Espinoza se le dio S/ 19,88.75 para el pasaje y US$ 740 para viáticos.
Para Álvarez Miranda, también existe un afán de figuretismo en los magistrados al querer presentarse como víctimas o perseguidos políticos.
“Es importante, es interesante, tiene su glamur, tres magistrados yendo a un evento internacional [de la CIDH] quejándose o siendo aparentes víctimas de una persecución política de un Congreso, aunque se deje al país como si fuese una dictadura”, agregó.
Quien también coincidió con Álvarez en su crítica contra los viajeros a Uruguay fue el jurista y parlamentario andino Rolando Sousa Huanambal, cuando señala que los miembros del TC habrían violentado la Constitución.
“Creo que sienten que han violado las normas de la cosa juzgada, han infraccionado la Constitución y en el fondo piensan que el Congreso puede defenestrarlos, y están poniendo el parche y utilizando todo lo que esté a su alcance para presionar a la opinión pública internacional sobre este tema”, subrayó.
Sousa, además, dijo que existe una actuación indebida de parte de los magistrados y peculado de uso de los fondos del Estado, situación en la que han incurrido los miembros que acudieron a la CIDH.
“Es anticonstitucional, es ilegal, no existe ninguna habilitación legal para que vayan a sostener una queja, a denostar del Congreso de la República, cuando esta entidad no ha hecho absolutamente nada, simplemente ha admitido a trámite una denuncia en su contra”, indicó.
El también constitucionalista sostuvo que no existen antecedentes de magistrados que presenten su queja ante la CIDH por una investigación congresal, a sabiendas que se encuentran en un sistema democrático.
“Es la primera vez que ocurre, no hay antecedentes, han dejado al TC como el tribunal de un país bananero, eso los deslegitima ética y moralmente a los miembros del Tribunal”, concluyó.
¿Cuál es la historia? La recuerda el letrado Sergio Tapia, abogado de los 34 marinos que estuvieron entre los que lucharon contra los terroristas de “El Frontón”, en junio de 1986, que obtuvieron en 2013 una sentencia favorable sobre su demanda de hábeas corpus de prescripción del presunto delito de homicidio calificado.
Sin embargo, el 3 de marzo de este año, cuatro magistrados nuevos del TC de tendencia izquierdista –Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña– decidieron dejar sin efecto esa sentencia por medio de la interpretación ‘creativa’ del voto del magistrado Juan Vergara Gotelli, y decidieron que en “El Frontón” sí hubo crimen de lesa humanidad.
Otros tres magistrados, y el mismo Vergara Gotelli, sostuvieron en su momento que en la debelación de motín de los terroristas de Sendero Luminoso no hubo delito de lesa humanidad porque el Estatuto de Roma que legisla sobre esta materia, entre otras razones jurídicas, rige en el Perú recién desde el 2002.
Ante este hecho, los 34 marinos interpusieron ante el Congreso una denuncia constitucional por infracción de la Constitución (violación de la garantía de inmutabilidad de la cosa juzgada) y delito de función (prevaricato por contravenir la prohibición expresa de recurso contra las sentencias del TC). La denuncia duerme el sueño de los justos.
Aunque no podía dar crédito al insólito comportamiento de los miembros del TC, Fernando Calle Haysen, exintegrante de este Tribunal, opinó que con esta decisión se estaría desconociendo la autonomía del Poder Judicial, lo que es un hecho grave para la imagen del país.
“Me resisto a creer esta noticia, porque el TC es un organismo constitucional autónomo y se estaría desconociendo la existencia autónoma del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Me extrañaría que la Comisión Interamericana, de ser cierta, admita esta queja, porque uno de los ideales de la OEA es la defensa del sistema representativo y el equilibrio de poderes”, reflexionó Calle.
Afirmó que la CIDH es clara al señalar que las denuncias se efectúan por las violaciones de derechos individuales y no institucionales.
“No olvidemos que la CIDH señala que se acude ante ella, por [quejas de violaciones de] derechos individuales, no en forma institucional, menos si es un organismo del Estado, incluso sostiene que cuando son organismos no gubernamentales podrían acudir en representación de terceros”, comentó.
Por su parte, la expresidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Karina Beteta lamentó las acciones de tres magistrados del TC quienes “se creen intocables”.
“Es lamentable la acción de los miembros del TC de recurrir a otra instancia, lo que nos quiere decir que en el Perú tenemos dos tipos de ciudadanos: los intocables y los que pueden ser sometidos a cualquier tipo de investigación. Como es de conocimiento público los congresistas, el Presidente de la República y cualquier otro funcionario pueden ser denunciados según la Constitución”, recordó.
El Perú suscribió el Estatuto de Roma, que legisla sobre crímenes de lesa humanidad, el 7 de diciembre de 2000, mediante Resolución Legislativa Nº 27517 del 13 septiembre 2001. Fue promulgada por el entonces presidente Alejandro Toledo el 15 de septiembre de 2001 y entró en vigor el 13 de noviembre de 2001. La figura de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad rige en el recién Perú desde el 9 de noviembre de 2003. Los sucesos de “El Frontón” tuvieron lugar mucho antes, en junio de 1996, por lo que no rige en este caso






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



La República
La congresista fujimorista Karla Schaefer propondrá que la exoneración tributaria aprobada el jueves pasado para las aerolíneas alcance también a las empresas grandes. Aquella vez, el pleno del Congreso acordó en primera votación eximir del pago de impuestos a las empresas micro, pequeñas y medianas que importen aeronaves y repuestos. Es decir, a aquellas que facturan hasta 9 millones 315 mil soles.
“Yo lo voy a plantear en mi bancada, lo voy a explicar porque también de repente dentro de la bancada hay desconocimiento […] Decían que esta era la ley Latam ,cuando LATAM es el que menos se beneficia porque programa sus aeronaves para sacarlas y hacerles su servicio técnico afuera”, declaró a RPP Noticias.
Lo cierto es que, cuando pudo, Latam le sacó el jugo a los beneficios tributarios. Entre el 2010 y el 2015, mientras estuvo vigente la exoneración que el fujimorismo pretende revivir, Lan Perú S.A. (hoy LATAM) dejó de pagar al fisco 1.341.452.468 dólares. El 75,8% de lo que se dejó de percibir en ese periodo, un total de 1.767.529.430 dólares.
Siguen en la lista de beneficiados Trans American Airlines (Taca, que dejó de pagar 255 millones de dólares) y Helicópteros del Sur (que se ahorró 37 millones). Las otras 63 empresas que se acogieron a la ley muestran montos bastante menores (ver infografía). Esto de acuerdo a un informe técnico que le envió la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria al congresista Horacio Zevallos.
LATAM quiere repetir el plato. El martes último publicó un comunicado junto a Avianca y otras empresas aéreas en el que solicitaba que la exoneración les alcance también a ellos. “Una restricción como la planteada no generaría un beneficio para el sector aéreo ni para el sector turismo y exportador”, indicaron. El mismo día, Schaefer anunció que conversaría con su bancada para retomar el proyecto primigenio.
El proyecto de ley 551, presentado por ella el 7 de noviembre del 2016, fue aprobado primero por la Comisión de Economía y luego por la de Transportes. En esencia planteaba restituir un artículo de la desaparecida Ley 29624, que fue la que dispuso la exoneración durante cinco años. Cuando el fujimorismo vio que ninguna otra fuerza política lo respaldaba el jueves pasado, planteó limitar el beneficio a las micro, pequeñas y medianas empresas. La próxima semana, cuando la norma se discuta en segunda votación, Fuerza Popular podría proponer restituir el proyecto de ley original.
De aprobarse la exoneración solo para las micro, pequeñas y medianas empresas aéreas, esto no impediría que LATAM, Avianca y otras aerolíneas puedan crear empresas específicamente para importar aeronaves y piezas aeronáuticas. “Es un despropósito técnico legislar por tamaño de empresa, así no se legisla. Las empresas grandes ya encontrarán el mecanismo de dividirse en dos o tres para gozar de la exoneración”, explicó el economista Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat a La República.
Arias, quien también ha sido viceministro de Hacienda, indicó que el proyecto de ley de la congresista Karla Schaefer no explica cómo se compensarán los ingresos que el Estado dejará de percibir por la exoneración, algo que constituye una grave omisión.
“El que aprueba tiene que decir de dónde va a salir la plata para financiar la exoneración. La exoneración es como un gasto. Uno no puede aprobar una exoneración y pensar que la plata va a venir sola, la plata tiene que venir de una ley que apruebe el incremento de impuestos a alguien”, señaló.
De hecho, el MEF envió un oficio al Congreso el 20 de diciembre pasado en el que recomienda no aprobar la propuesta fujimorista.
Sus argumentos son cuatro: la exoneración reactivaría en el mercado las distorsiones creadas por la desaparecida Ley 29624; el proyecto es innecesario porque la legislación hoy contempla mecanismos de suspensión de pago de impuestos para las aerolíneas; la medida crearía expectativas en otros sectores que también buscarían tener sus propios beneficios; y la exoneración generaría perjuicio económico al Estado peruano.
“Las compañías de aviación son absolutamente rentables, ellas no pierden, no estamos hablando de un sector vulnerable que necesite incentivos para poder desarrollarse. Por ejemplo, en el Perú los pensionistas que son dueños de un solo predio y ganan menos de una Unidad Impositiva Tributaria no pagan impuesto predial, eso se entiende. Pero no logro entender el motivo por el cual el Congreso da estas exoneraciones”, comentó la abogada especialista en derecho tributario Carmen Robles.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, se ha mostrado en desacuerdo con el mentado beneficio. “Estamos debajo del 13% en términos de recaudación de IGV y Renta, y eso [la exoneración] evidentemente es una perforación al sistema de ingresos. No es el momento más adecuado para exoneraciones tributarias”, señaló.
Veremos si el Parlamento le hace caso. Por lo pronto, la congresista Marisa Glave dijo que el proyecto ley tiene nombre propio, mientras que su colega Javier Velásquez Quesquén lo calificó de despropósito.



El Comercio
La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper, manifestó que su sector se opone al proyecto de ley 551, que busca reponer las exoneraciones tributarias para aeronaves y bienes afines para las empresas pequeñas y medianas.
La funcionaria explicó que su sector "siempre se opondrá a cualquier cosa que haga más complicada la recaudación". En ese sentido, consideró que estas exoneraciones complican el régimen general del impuesto a la renta.
Más aun, Cooper recordó que su cartera emitió a la comisión de Transporte del Congreso opinión desfavorable respecto del proyecto, pues se busca tener un sistema tributario con menos huecos y "menos instrumentos que faciliten la elusión".
"Lo que sí es claro es que (las exoneraciones tributarias) nos hacen más complicado el pago de impuestos y mucho más complicada la fiscalización a la Sunat", dijo.
Ayer el ministro de Transporte y Comunicaciones, Bruno Giuffra realizó observaciones similares a la propuesta.

"Eso es claramente una perforación al sistema de ingresos. En ese sentido creeríamos que no es el momento más adecuado para tener exoneraciones tributarias por su impacto en la estructura de ingresos, en la recaudación", dijo, recordando que los niveles de recaudación vienen cayendo hace cuatro años.

ESTA NOCHE miércoles 25 octubre 2017


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Error de cálculo


Jorge Morelli
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Máximo San Román, asesor presidencial, ha confirmado lo que dos tercios de los peruanos saben: que Pedro Pablo Kuczynski ya tiene tomada la decisión de darle la libertad a Alberto Fujimori.  

Pero el ex vicepresidente añade en la entrevista que el gobierno habría dudado de hacerlo en este momento para no entorpecer la delegación de facultades legislativas. Así lo dice Augusto Alvarez Rodrich en su columna de hoy.

Si la versión fuera cierta, se trata de un craso error producto de un exceso de cálculo.

Por un lado, en nada habría entorpecido la libertad de Fujimori la concesión de facultades legislativas. La bancada de Fuerza Popular las puede aprobar con su sola mayoría absoluta. No le hacen falta los votos de las demás bancadas. 

No habría sido esta ninguna contraprestación, ningún canje bajo la mesa, sin embargo. Solo una decisión sensata guiada por el clamor de la opinión pública de que ha llegado la hora de que la oposición sea constructiva. 

Por el contrario, si algo entorpece la delegación de facultades es que el gobierno haya podido pedirlas innecesariamente, poniendo la cabeza en la picota de una oposición insegura al respecto. Como advierte Enrique Castillo, el gabinete “ha puesto todos los huevos en una canasta y eso no es bueno, porque si le rechazan ello va a tener una derrota política importante apenas iniciada su gestión”.

El hecho de que la mayoría parlamentaria exija ahora ver el detalle del pedido de facultades antes incluso de recibir a la premier, Mercedes Aráoz, para una reunión apenas preliminar sobre el asunto, demuestra la precariedad de la tregua y la inexistencia del “nuevo diálogo” en el que el gobierno confía.

Cuando llegue el momento de aprobar las facultades para legislar verá la realidad.



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ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



Expreso
Nancy Miller
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski , afirmó que nunca mantuvo relaciones profesionales ni comerciales con Odebrecht u otras constructoras brasileñas, ni con sus consorciadas peruanas involucradas en las investigaciones de la Comisión Lava Jato del Parlamento.
El mandatario se pronunció de esta manera mediante el oficio 005-2017/DP enviado al Congreso en la tarde del lunes último.
Así, Kuczynski dio respuesta a los oficios Nº 475-2017-2018/CIM.CR del 12 de septiembre último; y Nº 522-2017-2018/CIM.CR del 6 de octubre del presente año, que le fueron remitidos por la comisión investigadora.
Mediante el documento, que consta de 66 páginas en total (incluyendo un análisis jurídico de Víctor García Toma y la Declaración de Intereses del jefe de Estado), y está dirigido a la presidenta de la referida comisión, Rosa Bartra, el jefe de Estado explica las razones constitucionales y legales que le permiten responder por escrito a los temas planteados.
En sus respuestas sostiene que son solo dos las asociaciones civiles en las que ha participado como fundador y en las cuales tuvo injerencia. Se trata del ‘Instituto País’ y la Organización no Gubernamental (ONG) ‘Agua Limpia’; y aclara que ninguna de ellas recibió aportes económicos o donaciones de las empresas brasileñas o de sus consorcios.
PPK explica también que ha participado como director en algunas otras asociaciones o instituciones benéficas, pero que no ha tenido injerencia alguna en la administración y finanzas de las mismas, por lo que desconoce si estas recibieron aportes de las empresas involucradas en la investigación parlamentaria.
Afirma que durante toda su trayectoria como funcionario público y en la actividad privada, nunca ha tenido participación en ningún acto de corrupción, advirtiendo que tampoco conoció de la presunta comisión de este tipo de acciones cuando ejerció los cargos de ministro de Estado y directivo de ProInversión durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Sin embargo afirma que velará para que las autoridades competentes sancionen severamente a todo aquel que haya defraudado “el alto y honroso encargo de ejercer la función pública”, en el contexto de un proceso regular y con todas las garantías que correspondan.
Sobre su participación en el proceso de concesión del Corredor Vial Interoceánico  Sur Perú – Brasil (tramos 2, 3 y 4 IIRSA) cuando fue presidente del Consejo Directivo de ProInversión, Kuczynski explica que el proyecto fue una iniciativa que surgió al interior de la I Cumbre de Presidentes Sudamericanos que se realizó en Brasilia del 31 de agosto al 1 de septiembre del año 2000, es decir, durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Precisa que fue el Congreso de la República (el 30 de abril de 2004) el que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y asfaltado del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil mediante la Ley 28214.
Recuerda, además, que esta norma fue observada inicialmente por el Ejecutivo siendo finalmente promulgada por el presidente del Legislativo, Henry Pease García, lo que significó que dicha ley contó con el voto favorable de más de la mitad del número legal de los congresistas, tal como lo establece el artículo 108 de la Carta Magna.
También aclara que no participó en la Cumbre de Río (realizada el 5 de noviembre de 2004), en la que los entonces presidentes de Perú, Alejandro Toledo, y de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, suscribieron el acuerdo bilateral para garantizar el financiamiento del Corredor Vial Interoceánico Perú–Brasil–IIRSA–Sur, que permitiría la inmediata construcción de la Carretera Interoceánica.
El proceso de concesión respectivo -afirma- fue conducido por el Comité Especial en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos que era un órgano autónomo en lo que respecta a sus decisiones. El mismo tuvo la responsabilidad de entregar la obra a los consorcios ganadores el 23 de junio de 2005.
Con relación a la interrogante de la comisión respecto a su participación en el proyecto ‘Mejoras a la Seguridad Energética del país’ cuando fue jefe del Consejo Directivo de ProInversión,  el mandatario aclara que no tuvo ninguna intervención al respecto en la medida que dejó ese cargo el 16 de agosto de 2005, es decir, ocho años antes de convocarse al citado concurso.
Respecto a la suscripción de los contratos y adendas para la ejecución de la Carretera Interoceánica (IIRSA) suscritas en las postrimerías del gobierno de Toledo, Kuczynski declaró que en total fueron nueve adendas referidas a la transitabilidad y bancabilidad (capacidad de un proyecto para ser financiado) de la obra.
No obstante indica que dichas adendas son responsabilidad del sector de Transportes y Comunicaciones de acuerdo con la normatividad vigente, y como tal, fueron firmadas por el representante de dicho portafolio.
Sobre las observaciones planteadas por la vicecontralora general de la República, Rosa Urbina Mancilla, respecto a que tres empresas del consorcio ganador (Norberto Odebrecht S.A; Graña y Montero S.AA y Constructora Queiroz Galvao S.A) para los tramos 2, 3 y 4 del Corredor Interoceánico Sur Perú –Brasil tenían juicios pendientes con el Estado peruano, PPK dijo que en su momento ProInversión solicitó los informes legales pertinentes.
Refiere que dichos informes fueron coincidentes en establecer que no había impedimento alguno para seguir adelante con la firma de los contratos. Entonces, en atención a los mismos y a que el oficio de la vicecontralora en ningún momento solicitaba la suspensión de la firma de los contratos, se prosiguió con los actos de cierre del concurso.
Por otro lado, PPK le responde a la Comisión Lava Jato que no tuvo participación alguna en la firma del Decreto Supremo Nº 022-2005-EF por el cual se excluyó al Corredor Interoceánico Perú – Brasil del Sistema Nacional de Inversión Pública.
De igual manera, sostiene que no participó en la aprobación ni promulgación de la Ley 28670 (publicada el 26 de enero de 2006) que declaró de necesidad pública e interés nacional a varios proyectos de inversión.
Respecto a  los alcances en la aplicación del Decreto de Urgencia 003-2017, el Kuczynski Godard sostiene que el objeto de la norma es aprobar medidas que eviten la paralización de obras públicas y la ruptura de la cadena de pagos que ponga en riesgo económico al país, a consecuencia de los actos de corrupción cometidos por las empresas concesionarias, contratistas o sus socios involucrados en cargos contra la administración pública.
Dijo que ello tiene como finalidad coadyuvar a la sostenibilidad económica y cautelar los intereses del Estado. Respondió también sobre la venta de concesiones tanto en la Central Hidroeléctrica de Chaglla como en el Proyecto Especial Chavimochic (Etapa III) y el Proyecto Olmos.
Al respecto, Kuczynski responde que de acuerdo con un informe de la Secretaría General del Ministerio de Justicia, la empresa Huallaga Holding Company Limited ha presentado una solicitud para adquirir las acciones de la firma Generación Huallaga SA en lo que corresponde a la Central Hidroeléctrica de Chaglla.
Sin embargo advierte que el Ministerio de Justicia no ha recibido ninguna solicitud referida a la compra de acciones de los proyectos Chavimochic y Olmos.



Expreso
Roberto Sánchez entrevista a Rosa María Bartra
-¿Cómo evalúa que el Presidente no acepte la invitación de la comisión que investiga el caso Lava jato?
El Presidente tiene que comparecer frente a la comisión investigadora. Se trata de responder proyectos que él ha conocido en su condición de exviceministro. No hay un argumento legal sostenible para que se ampare en la Constitución, porque no se le está acusando… no tienen relación con su actual gestión como presidente de la República.
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-¿Ya habría una respuesta escrita de Kuczynski aceptando los términos del pedido de la comisión que usted preside?
Hemos recibido una carta el lunes 23 de octubre enviada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski que estamos analizando en este momento.
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-¿Qué opina que la defensa de Jorge Barata señale que su patrocinado no hablaría para la justicia peruana?
Por desgracia el secretismo con el cual maneja el Ministerio Público los términos de negociación con el señor Jorge Barata hacen imposible que siquiera podamos hacer un análisis. Me parece inadmisible que hasta el día de hoy el Ministerio Público mantenga secreto y condición de fragilidad tan grande, que lindaría con una posible complicidad con los hechos de corrupción…
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-El abogado brasileño lo que sugiere es que su patrocinado no declare ante la justicia peruana mientras no se le considere colaborador eficaz…
Eso es lógico en un proceso de colaboración eficaz, pero lamentablemente hasta ahora no conocemos cuáles son los términos del acuerdo, preacuerdo o convenio que se suscribió con Brasil. Tampoco se sabe si el fiscal Hamilton Castro lo suscribió con la empresa Odebrecht, así que mal haríamos en pronunciarnos, porque desgraciadamente el Ministerio Público ha mantenido en el oscurantismo total los términos en los cuales ha negociado en Brasil.
-¿Usted viajará a Brasil para agotar esfuerzos en procura de destrabar el secretismo?
Se está teniendo acciones que lindan con la complicidad, impidiendo una investigación que diga la verdad. Estamos prestos a viajar al Brasil de ser necesario para agotar todos los medios…



Expreso
El congresista Mauricio Mulder, integrante de la Comisión Lava Jato, dijo que el oficio del presidente carece de valor porque este grupo de trabajo no le ha formulado ninguna pregunta, por el contrario se le ha pedido que reciba a los integrantes de este grupo de trabajo parlamentario. “Eso no tiene valor porque él debe someterse a un interrogatorio”, dijo.
El vicepresidente de la Comisión Lava Jato, Jorge Castro (FA), afirmó igualmente que con su escrito el presidente Pedro Pablo Kuczynski  “puede decir que ha respondido [a la comisión] pero su contestación no tiene valor porque nosotros no le hemos hecho ninguna pregunta”, dijo. “Su contestación tiene que ser oral, pues lo que vamos a hacer es preguntar y repreguntar”, enfatizó. No obstante, agregó, “como es Presidente, está en la potestad de decir que no a una invitación nuestra”, finalizó.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Expreso
El congresista oficialista Gino Costa admitió que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene una opinión favorable hacia el indulto para Alberto Fujimori, y que la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello fue una de las opositoras a esa posibilidad.



La República
Columna de Alvarez Rodrich
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Sobre el indulto a Alberto Fujimori, PPK está convencido de que tiene que cumplir su oferta electoral que es la misma desde la elección 2011: de presentarse las circunstancias hay que darle el beneficio de cumplir su condena en su casa.
Para no entorpecer la delegación de facultades legislativas, se dudó en tomar esa decisión.
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ESTA NOCHE, El Comercio
Los portavoces de Fuerza Popular, el Frente Amplio, Nuevo Perú, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular (AP) y el Apra se mostraron abiertos a conversar con Aráoz solo después de la solicitud formal de delegación de facultades.
Un primer grupo compuesto por Fuerza Popular, el Frente Amplio, APP y Acción Popular considera indispensable que la presentación del proyecto se dé antes de la cita.



ESTA NOCHE , El Comercio
¿Cuánta pertinencia hay en este pedido de facultades y qué podría ayudar a Aráoz a obtener una respuesta afirmativa por parte del Congreso?
Pablo Secada manifestó que el Congreso debe darle al Ejecutivo el respaldo requerido para liderar cambios. “Los partidos no han hecho nada relevante para que la economía crezca más rápido… La razón real por lo que no crecemos es porque no se hacen reformas”, criticó.
El analista político Enrique Castillo recordó, en diálogo con este Diario, que Mercedes Aráoz, al iniciar su gestión en la PCM, mencionó que se iban a presentar proyectos de ley para materializar reformas. “Lo del pedido de facultades es algo nuevo. Lo único que ha quedado de su mensaje durante el voto de investidura ha sido el anuncio de esta nueva solicitud… ha puesto todos los huevos en una canasta y eso no es bueno, porque si le rechazan ello va a tener una derrota política importante apenas iniciada su gestión”, advirtió.
Castillo recomendó a Mercedes Aráoz estudiar la posibilidad de un plan B y “empezar a elaborar los proyectos de ley que necesita”.



La República
De acuerdo a fuentes del Ejecutivo, el pedido de facultades estará listo este miércoles, tras la sesión del Consejo de Ministros.
Con documento en mano, Mercedes Aráoz se reunirá con las bancadas esta semana.
Una vez finalizada la ronda de conversaciones, ella hará oficial el pedido de facultades para dos materias: reforma tributaria (Ministerio de Economía) y el sistema de prevención de desastres (Ministerio de Defensa). La solicitud para legislar se presentará al inicio de la próxima semana.



Expreso
La premier Mercedes Aráoz aseguró que el Ejecutivo viene preparando una solicitud de facultades lo más precisa posible para evitar dudas y malas interpretaciones.
Adelantó que en economía el pedido de facultades no considera cambiar tasas tributarias con el fin de evitar la evasión.
Añadió que se atenderá compromisos que debe asumir el Perú para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Insistió en conversar con las bancadas antes de formalizar la solicitud de facultades.



El Comercio
Columna de Elmer Cuba
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El Gobierno tiene un período de –digamos– cuatro trimestres para diseñar y ejecutar reformas económicas de más largo alcance. Tiene también un período de relativa paz política. El fútbol, las fiestas de fin de año, la llegada del Papa y la de Trump, y ojalá ir al Mundial de Rusia.
En ese ínterin, hay que ir cerrando el déficit fiscal. Una reforma tributaria debe permitir alcanzar nuevamente resultados económicos consistentes con la solvencia fiscal hacia fines del Gobierno…
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El Comercio
Keiko y el tiempo perdido
Pedro Tenorio
Hasta ahora no tengo claro para qué le ha servido a Keiko Fujimori la abrumadora mayoría que su partido, Fuerza Popular, tiene en el Congreso. Son 71 votos que podrían contribuir decisivamente a cambiar muchas cosas necesarias para el país. Sin embargo, ello no ocurre. Es cierto que aún es temprano para arribar a conclusiones definitivas, pero si bien Pedro Pablo Kuczynski no ha logrado aprovechar óptimamente estos 15 meses en Palacio de Gobierno, el fujimorismo tampoco ha sabido marcar la diferencia. ¡Y ya cumplieron la cuarta parte del mandato para el que fueron elegidos!
Habría que enmendar el rumbo, pero Keiko no parece empeñada en ello. Reúne a su bancada para dar un mensaje al país rodeada de más de medio centenar de congresistas, pero no para anunciar alguna reforma urgente que el Ejecutivo ignore, sino para rechazar una investigación de la fiscalía. Se cita semanalmente con su bancada, pero no para afinar una agenda legislativa de impacto, que reconcilie a la ciudadanía con el Parlamento (cuya aprobación nacional se mantiene en 25%), sino para sancionar a quienes no se alinean con ella, incluido su hermano Kenji.
Son gestos de liderazgo interno que le competen, sí, pero que implican una pérdida del valioso tiempo del que podría disponer para tratar de convencernos de que ella es la gran presidenta que nos perdimos.
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POLITICA EXTERIOR, BRASIL, CHILE, BOLIVIA, VENEZUELA, EEUU



Expreso
PEKÍN. El gobernante Partido Comunista chino consagró el martes el pensamiento político del presidente Xi Jinping en su Constitución, colocándolo en la misma posición que el fundador de la China moderna, Mao Zedong, lo que consolida su poder antes de un segundo período en el cargo.
El partido aprobó por unanimidad la enmienda para incluir el “Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con Características Chinas para una Nueva Era” como uno de sus ejes rectores al final de un congreso de una semana.
La enmienda incluye el liderazgo “absoluto” del partido sobre el Ejército, el objetivo de continuar la lucha contra la corrupción, la iniciativa “Cinturón y Ruta de la Seda” de Xi, las reformas en suministros, y potenciar el “rol decisivo” de las fuerzas del mercado en la distribución de los recursos.
El partido anunciará su nuevo Comité Permanente alrededor del mediodía (0400 GMT) del miércoles, completando una reorganización de su liderazgo que se realiza cada cinco años. El actual comité está compuesto por siete personas.
El hecho de que el nombre de Xi fuera consagrado en la Constitución del partido se ha visto como un indicio clave de su poder, elevándole al nivel de líderes previos como Mao Zedong y Deng Xiaoping.
Ningún otro líder desde Mao ha tenido una ideología con su nombre incluida en el documento constituyente mientras estaba en el cargo. El nombre de Deng se añadió después de su muerte en 1997.
Los predecesores más recientes de Xi, Jiang Zemin y Hu Jintao, reformaron la Constitución del partido para incluir sus pensamientos como guía, pero sin añadir directamente sus nombres.
Xi se ha fortalecido rápidamente desde que asumió la dirección del partido a finales del 2012 y la presidencia el año siguiente.
El partido comunista le otorgó a Xi Jinping el título de líder “central” hace un año, consolidando significativamente su posición antes del congreso, que se realiza una vez cada cinco años.






AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES, REGIONALIZACION



Expreso
Por reaparición de lluvias en Huarochirí
Rio Huaycoloro amenaza de nuevo a Lima y reconstrucción no avanza
Pobladores anuncian marcharán a Plaza de Armas
Tragedia y desesperación. Tras dos días de lluvias en la parte alta de Huarochirí, la población de Jicamarca, Campoy, Huachipa, Cajamarquilla y Nievería ha alertado al Ministerio de Agricultura y Riego que un nuevo  gran desastre podría producirse en cualquier momento. Hasta la fecha, no se ha realizado ningún trabajo de descolmatación en la quebrada de Huaycoloro.
El Fenómeno del Niño Costero dejó más de 140 mil damnificados y 200 mil viviendas afectadas. Entre los puntos más afectado se encuentra Huaycoloro, donde existen 16,900 hogares y má de 68 mil personas en peligro de desastres naturales, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).
El pedido de la población de acción inmediata es suscrito por la Organización de Asociaciones de Viviendas Unidas, que solicita al ministro José Manuel Hernández que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) rescate las fajas marginales del río, canalice el cauce, enroque las riberas con muros, restituya los puentes destruidos y comience la edificación de tres más.
Al respecto, la empresa privada Petramás ha presentado un proyecto denominado “Infraestructura hidráulica y vial para la prevención del riesgo de desastres en la quebrada de Huaycoloro”, que se ejecutaría bajo la modalidad de obras por impuestos con una inversión de S/130 millones. Sin embargo, tanto la municipalidad distrital de Chosica como los pobladores lamentan que hasta la fecha no exista respuesta positiva de las autoridades del gobierno a esta iniciativa que representaría una solución definitiva al riesgo que la quebrada significa para la gran parte de la ciudad de Lima.
RECUADRO
Inmediata descolmatación de río
En el documento enviado al ministro de Agricultura y Riego,  la Organización Viviendas Unidas demanda asimismo que se ejecute a la brevedad el presupuesto de 35 millones de soles anunciado por el director ejecutivo de la ARCC, Pablo de la Flor, para la descolmatación de 11.8 kilómetros del río.
“Hemos esperado 7 meses para que el Estado reconstruya la zona más golpeada y simplemente nos obviaron. Al parecer solo hay dinero para la parte baja de la quebrada, el centro poblado de Huachipa, que ha sido atendida con presupuesto para pistas y veredas que nunca fueron afectadas, y a la cual se le ha asignado más de S/ 124 millones”, indica la misiva firmada por el dirigente Alex Durand Churampi. Para el jueves 26 de octubre se ha programado una asamblea general de todas las asociaciones afectadas en Chosica, en la que se acordaría una marcha de sacrificio hacia Palacio de Gobierno.



La República
Este martes, la Macro Región Nor Oriente presentó al despacho presidencial un documento en el cual demandan al presidente Kuczynski una mesa de coordinación descentralizada que permita coordinar los proyectos de reconstrucción. "Debemos señalar claramente que la 'reconstrucción con cambios', que ya tiene casi siete meses, no fue retrasada por acción de los gobierno regionales o locales (...) Se nos ha cataloga-do de incapaces para ejecutar", señala.
Pablo de la Flor reflexionó sobre las diferencias expresadas por los gobiernos regionales. "Lo que dije hacía alusión a los desafíos de la reconstrucción. Uno de ellos guarda relación en las brechas de capacidades del Estado no solo de gobiernos regionales, sino central", explicó.



Peru21
Entrevista a Juan Sheput
-Se está pidiendo que se evalúe la permanencia de Pablo de la Flor por responsabilizar a los gobiernos regionales en la demora en los avances de trabajo por El Niño costero.
Lo que han dicho los gobernadores regionales es una respuesta a lo que ha dicho  Pablo de la Flor, que debe ser más responsable con lo que habla. Ahí la responsabilidad directa es del señor De la Flor por haber señalado cosas que no se condicen con la realidad.
-¿A qué se refiere exactamente?
A trasladarle la culpa a los gobernadores regionales.
-¿Cree que hay lentitud en el proceso de reconstrucción?
-Yo tengo una posición clarísima y la sabe la premier (Mercedes Aráoz) en relación al señor Pablo de la Flor, pero prefiero dejarlo ahí.
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-¿El proceso de reconstrucción podría estar más avanzado? Hay personas que aún viven en carpas.
El problema es más complejo, tiene que ver con diversas cosas por eso es que inclusive se está pidiendo delegación de facultades para acelerar proyectos. El tema es más amplio.
-Hablando de facultades, parece que no hay un buen ánimo para otorgarlas.
Si los opositores no quieren delegar facultades es porque no les importa la reactivación…
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Javier Velásquez Quesquén señala que no se puede pedir en cada cambio de gabinete.
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-¿Hay necesidad de pedirlas en estos momentos?
Las facultades se tienen que pedir por la lentitud del Parlamento de procesar leyes.



Peru21
El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, respaldó al director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor, quien señaló que hay gobernadores regionales y alcaldes que generan la demora en el avance de la reconstrucción.
"Los gobernadores regionales y los alcaldes municipales no hacen una buena ejecución de su presupuesto, pero es una realidad", afirmó.
Becerril manifestó que podría existir un interés político de las autoridades regionales, teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones.



La República
La Autoridad de la Reconstrucción con Cambios está próxima a emitir tres paquetes de proyectos por un valor superior a S/ 1.000 millones y que permitirán la construcción de obras de saneamiento, pistas y veredas, entre otros.
Así lo informó este martes Pablo de la Flor, quien lidera la citada autoridad. "Los paquetes saldrán antes de fin de año. El primer grupo tiene expedientes técnicos listos, actualizados y revisados por los sectores y demanda una inversión de S/ 400 millones. Comenzaremos a sacarlos para que ya se adjudiquen las obras", anotó.
El primer paquete incluye obras en zonas del norte, pero también en Ica Arequipa. "En esta semana sacaremos decretos supremos para hacer las transferencias", precisó.
El segundo paquete, por S/ 210 millones, saldría dentro de tres semanas una vez que los sectores revisen los expedientes. El tercer paquete, por S/ 100 millones, aún tiene pendiente revisar sus procesos. Finalmente, un paquete por S/ 400 millonesde proyectos que fueron declarados viables, pero que aún no cuentan con sus expediente.
Explicó que todas estas obras se trabajarán bajo la modalidad de obra pública.