ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
MEDIA COLUMNA
La guerra de El Donald
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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El alza notable del dólar esta semana llegó hasta cerca de los 90 puntos del índice del Wall
Street Journal. Es un maremoto en una taza de agua considerando que hace apenas un año
el dólar estaba en 103 puntos. Desde entonces se ha venido guarda abajo.
Tal vez lo que cabe decir, entonces, es que el dólar finalmente ha dejado de caer y por ahora
se estabiliza donde se halla.
Pero la novedad es que lo que ha detenido la caída del dólar es la sola posibilidad de que la
FED pueda subir las tasas de interés no tres sino cuatro veces este año. En efecto, luego de
divulgarse las actas de la última reunión de la FED, se sabe que el debate interno gira en
torno a "la probabilidad" de cuatro alzas de la tasa en lugar de tres este año.
Cada vez que la FED sube las tasas, el dólar sube con ellas. Y esta vez ha bastado el solo
anuncio de la posibilidad de una cuarta alza para que el dólar detenga su caída.
Pero, un momento. Algo no está en su sitio.
Donald Trump prácticamente cesó a Janet Yellen como presidenta de la FED –ella quería
continuar- para nombrar en el cargo a su amigo Jerome Powell. ¿Y ahora resulta que el
amigo de El Donald no solo continúa sino acentúa la política alcista de Yellen en la FED?
Esto no puede gustarle nada a El Donald. Esto es letal para sus planes. La Casa Blanca
no quiere tasas de interés más altas, que encarecen el dinero y anulan el crecimiento de
la economía. La Casa Blanca no quiere tasas de interés más altas porque el dólar fuerte
abarata las importaciones chinas y anula el plan de revivir la industria en EEUU.
Es posible que por el momento Jerome Powell sólo esté estableciendo las bases de su
liderazgo ante sus pares en la FED repitiendo los ruidos correctos. Su presidente es
un primus inter pares de los bancos centrales que la componen, donde los bancos
privados tienen peso decisivo. Es una institución más privada que pública. Su reforma
está en la agenda desde hace años.
Pero lo concreto hoy es que el presidente de la FED no manda, negocia. Y Powell
comienza a negociar cediendo. Es exactamente lo contrario de lo que El Donald hace.
Si uno mira bien, el modus operandi del Presidente Trump es siempre el opuesto.
Pone a su adversario contra la pared y luego generosamente lo deja salir del encierro
a cambio a de lo que buscaba desde un principio.
Powell, por lo visto, no ha aprendido aun a hacer eso y comienza a negociar cediendo
ante sus pares. Si sigue así, pronto va entrar en curso de colisión con su amigo El Donald,
tal como Yellen y por los mismos motivos.
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REPORTE DE NOTICIAS
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El
Comercio, editorial
Pulpines
en pausa
Gran
polémica ha generado en los últimos días el intento de la Comisión Permanente
del Congreso de aprobar una iniciativa legislativa que busca crear una nueva modalidad formativaaplicable
únicamente para estudiantes de centros de educación técnico-productiva y los
institutos de educación superior tecnológicos, denominada “experiencias
formativas en situaciones reales de trabajo”.
En particular, las críticas a este proyecto de ley tienen que ver con la creación de un régimen especial, por el cual los alumnos de estas instituciones podrían dedicar hasta 20 horas semanales (por un total de 448 horas en un máximo de tres años) a labores dentro de una empresa (o en los propios institutos educativos) sin recibir por ello una remuneración. Esto, como ha sido advertido por diversos especialistas, genera un tratamiento discriminatorio reñido con la Constitución y desfavorable respecto del resto de modalidades formativas, como las prácticas preprofesionales para estudiantes universitarios que sí son compensadas económicamente.
En particular, las críticas a este proyecto de ley tienen que ver con la creación de un régimen especial, por el cual los alumnos de estas instituciones podrían dedicar hasta 20 horas semanales (por un total de 448 horas en un máximo de tres años) a labores dentro de una empresa (o en los propios institutos educativos) sin recibir por ello una remuneración. Esto, como ha sido advertido por diversos especialistas, genera un tratamiento discriminatorio reñido con la Constitución y desfavorable respecto del resto de modalidades formativas, como las prácticas preprofesionales para estudiantes universitarios que sí son compensadas económicamente.
Frente
a los epítetos que calificaban esta iniciativa como “esclavista” y los que
replicaban tildando a los objetantes de “terroristas”, la autora del proyecto
de ley, la fujimorista Rosa María Bartra, anunció que había
decidido ponerlo “en pausa”, pese a que el texto ya había sido aprobado en
primera votación en la Comisión Permanente y exonerado de una segunda votación.
Cabe añadir que en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte la iniciativa
había contado con el respaldo de parlamentarios de otras bancadas como Peruanos
por el Kambio y Alianza para el Progreso, y también de las izquierdistas Nuevo
Perú y el Frente Amplio (que, contradictoriamente, fueron luego las más
clamorosas opositoras).
Sin embargo, más allá de la nueva muestra de insuficiente reflexión que han dado los legisladores, preocupa en especial el poco entendimiento y voluntad por plantear reformas que mejoren las condiciones y oportunidades laborales de la mayoría de trabajadores del país y, particularmente, las de los jóvenes que recién se incorporan al mundo laboral.
Como se sabe, en el Perú 7 de cada 10 trabajadores laboran en la informalidad. De hecho, el empleo informal creció a 73,3% el año pasado, mientras el empleo formal tuvo un descenso de 2,8% en el área urbana nacional, según el INEI. Precisamente, uno de los grupos más afectados ha sido la población ocupada joven (menor de 25 años de edad), cuyo nivel de empleo descendió 5,2% en la capital durante el 2017. Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2016, el 86,2% de la PEA ocupada joven se encuentra en condiciones de informalidad.
Sin embargo, más allá de la nueva muestra de insuficiente reflexión que han dado los legisladores, preocupa en especial el poco entendimiento y voluntad por plantear reformas que mejoren las condiciones y oportunidades laborales de la mayoría de trabajadores del país y, particularmente, las de los jóvenes que recién se incorporan al mundo laboral.
Como se sabe, en el Perú 7 de cada 10 trabajadores laboran en la informalidad. De hecho, el empleo informal creció a 73,3% el año pasado, mientras el empleo formal tuvo un descenso de 2,8% en el área urbana nacional, según el INEI. Precisamente, uno de los grupos más afectados ha sido la población ocupada joven (menor de 25 años de edad), cuyo nivel de empleo descendió 5,2% en la capital durante el 2017. Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2016, el 86,2% de la PEA ocupada joven se encuentra en condiciones de informalidad.
Pese a
esta situación, escasean en el Parlamento y en el Ejecutivo propuestas para
cambiar la legislación laboral, atiborrada de sobrecostos y regulaciones, que
la convierten en uno de los diez regímenes más inflexibles del mundo y que
desincentivan la contratación formal en el país.
Hace unos años, el Congreso derogó la Ley 30288 que establecía un régimen especial con menores sobrecostos laborales (pero garantizando una remuneración mínima y otros derechos) a jóvenes entre 18 y 24 años que se encontraban desempleados o que recién ingresaban al mundo laboral. Unos meses atrás, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que trasladaba uno de los costos que enfrentan los empleadores (el gasto en Essalud) para contratar a trabajadores jóvenes (menores de 29 años) al Estado, y pese a su limitado alcance y ambición, ni siquiera ha sido objeto de dictamen en comisión parlamentaria.
Hace unos años, el Congreso derogó la Ley 30288 que establecía un régimen especial con menores sobrecostos laborales (pero garantizando una remuneración mínima y otros derechos) a jóvenes entre 18 y 24 años que se encontraban desempleados o que recién ingresaban al mundo laboral. Unos meses atrás, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que trasladaba uno de los costos que enfrentan los empleadores (el gasto en Essalud) para contratar a trabajadores jóvenes (menores de 29 años) al Estado, y pese a su limitado alcance y ambición, ni siquiera ha sido objeto de dictamen en comisión parlamentaria.
Paradójica
y demagógicamente, dichas iniciativas fueron bautizadas como ‘ley pulpín’ y
‘ley pulpín 2.0’ en alusión a la supuesta excesiva ingenuidad con la que se
trataba a los jóvenes adultos a los que dicha norma aplicaba. Vaya uno a
suponer la etiqueta que habría que colocar a los congresistas que aprueban
raudamente normas que no hacen nada por favorecer la contratación formal
remunerada, mientras que, con su inacción, condenan a la gran mayoría de
jóvenes al statu quo de desempleo e informalidad.
El Comercio
La vieja desconfiada
Carlos Meléndez
¿Cuándo
un gobierno “puede” discutir el aumento del salario mínimo? ¿Cómo logra que los
censores opinológicos de la economía nacional le den el “Go!”? ¿Cuáles son los
“criterios técnicos” para que una discusión relevante no sea catalogada de
“populista”? La polémica que ha generado el anuncio del presidente Kuczynski de “evaluar”
–imagínese si lo hubiese decretado– el incremento de la remuneración
mínima vital (RMV)
ha indignado a nuestra tecnocracia de ‘think tank’. Este Diario incluso ha editorializado que
se trata de una artimaña, una “herramienta manida […] una vieja confiable” para
recuperar la alicaída popularidad presidencial. La reacción en bloque,
colérica, hiperideologizada de los opinantes del establishment peruano, solo
delata que siguen siendo una vieja clase desconfiada de cualquier medida que
reivindique una demanda popular.
Los argumentos en contra de la evaluación del salario mínimo –con los cuales puedo concordar– son exclusivamente técnicos. El enfoque es el fallido: el sambenito de la evidencia empírica pretendiendo imponerse sobre las ideas. He ahí precisamente el fracaso de nuestros “tecnócratas de lujo”: no se percatan de que el trabajo (y el reconocimiento de su valor) es un derecho social que ha despertado las más grandes luchas populares de la democracia moderna. Hay asuntos que quizás pueden abordarse primordialmente bajo un enfoque técnico –el lanzamiento de una nueva app para destrabar trámites burocráticos, por ejemplo–, pero no es el caso del salario mínimo. Insistir en aquello solo deslegitima un derecho fundamental.
Los argumentos en contra de la evaluación del salario mínimo –con los cuales puedo concordar– son exclusivamente técnicos. El enfoque es el fallido: el sambenito de la evidencia empírica pretendiendo imponerse sobre las ideas. He ahí precisamente el fracaso de nuestros “tecnócratas de lujo”: no se percatan de que el trabajo (y el reconocimiento de su valor) es un derecho social que ha despertado las más grandes luchas populares de la democracia moderna. Hay asuntos que quizás pueden abordarse primordialmente bajo un enfoque técnico –el lanzamiento de una nueva app para destrabar trámites burocráticos, por ejemplo–, pero no es el caso del salario mínimo. Insistir en aquello solo deslegitima un derecho fundamental.
Cuando hablamos de
derechos –como el valor del trabajo– se requiere una discusión política, además
de técnica. Ello no supone “populismo” (“Semana Económica” dixit), pues la
política –como arte de lo posible– implica hacer viable el reconocimiento del
valor del trabajo a partir de consideraciones técnicas. Algo que saben hacer
bien ‘tecnopols’ en cualquier parte del mundo, pero que lamentablemente, en el
Perú, parecen no existir. La contumacia tecnocrática se repite: desde la ‘ley
pulpín’ hasta la reciente iniciativa legislativa de experiencia formativa sin
remuneración. Todas estas propuestas de regulaciones fracasan por el mismo
error: indicadores económicos eficientes, ausencia de ponderación política. El
tecnicismo como única razón solo devela desprecio por la fuerza laboral.
El trabajo como política pública queda postergado porque el debate cae en extremos. Por un lado tenemos andamiajes sindicales que son piezas de un museo olvidado. La CGTP ha quedado reducida a un club de “intelectuales orgánicos” de plaza detenidos en la década de 1980. No tienen ideas, solo arengas ‘vintage’. En el otro polo ideológico, hipertrofiados de ideas, el radicalismo libertario sugiere que el salario de los trabajadores sea definido por la sabiduría del mercado. Este Diario editorializó: “Si el Estado por lo general no debe ni puede establecer el precio de los bienes y servicios en una economía, ¿por qué suponer que para aumentos en la RMV debería ser distinto?”. ‘Really?’.
Así, si bien el populismo puede ser “la vieja confiable” de torpes gobernantes como Kuczynski, acusar de “populista” a políticas de protección de un derecho fundamental –como el trabajo– es la clásica reacción de una vieja y desconfiada élite limeña.
El trabajo como política pública queda postergado porque el debate cae en extremos. Por un lado tenemos andamiajes sindicales que son piezas de un museo olvidado. La CGTP ha quedado reducida a un club de “intelectuales orgánicos” de plaza detenidos en la década de 1980. No tienen ideas, solo arengas ‘vintage’. En el otro polo ideológico, hipertrofiados de ideas, el radicalismo libertario sugiere que el salario de los trabajadores sea definido por la sabiduría del mercado. Este Diario editorializó: “Si el Estado por lo general no debe ni puede establecer el precio de los bienes y servicios en una economía, ¿por qué suponer que para aumentos en la RMV debería ser distinto?”. ‘Really?’.
Así, si bien el populismo puede ser “la vieja confiable” de torpes gobernantes como Kuczynski, acusar de “populista” a políticas de protección de un derecho fundamental –como el trabajo– es la clásica reacción de una vieja y desconfiada élite limeña.
