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Control de la Magistratura (Odecma) de Arequipa abrió investigación
preliminar contra el juez que admitió la inscripción de un congresista como
candidato en las elecciones regionales
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Poder judicial acoge apelación del legislativo y revoca
resolución que anulaba investigaciones de la megacomisión contra Alan García
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Fuerza Popular retiraría la candidatura de Orlando
Alberto Tapia Olivares a la alcaldía de Barranca
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MEDIA COLUMNA
Cornea si lo coges del rabo
Jorge Morelli
jorgemorelli.blogspot.com
@jorgemorelli1
Carlos Meléndez ha identificado los que llama el “triángulo
de la reforma” (El Comercio, agosto 2) para referirse a los tres lados que hace
falta atacar para tomar al toro del fracaso institucional del Estado peruano por
las astas y no por la cola.
La ley de partidos es uno; la descentralización
política otro; el sistema anticorrupción el tercero.
Ese triángulo es el de la reforma pendiente de los tres
poderes del Estado. En el legislativo, ciertamente puede mejorarse el modo en
que se elige a los representantes. En el ejecutivo, es urgente el rediseño de
sus equilibrios internos entre gobierno nacional, regional y local. En la
justicia, es un clamor acabar con la escandalosa politización del llamado sistema
anticorrupción.
Ninguna de esas reformas funciona por separado. Tiene
razón Meléndez. Pero no precisa cómo puede hacerse. Solo quiero señalarle al
respecto que el secreto y la condición sine qua non es rediseñar primero el
equilibrio de poderes. Si esto no se hace como cuestión previa, la reforma
institucional del Estado fracasará.
Lo han demostrado las fracasadas reformas de la
justicia en el Perú, en las cuales se ha cortado la cabeza ritualmente a la
Corte Suprema solo para que le surgieran otras tantas a esa Hidra: el Consejo
de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, la propia Fiscalía de la Nación,
“organismos constitucionales autónomos” que sobre pueblan hoy la mesa donde
debe haber solo tres poderes con relaciones equilibradas entre sí. El sistema debe
ser es una especie de yan-ken-po, ese sabio juego de niños donde las tres
partes dependen unas de otras.
No habrá reforma de la justicia si no se devuelve a la
Corte Suprema sus funciones como cabeza del sistema de justicia. Y se devuelve,
al mismo tiempo, al poder ejecutivo instrumentos para participar en el
nombramiento de los miembros de la Corte Suprema, como se hace en todo el
mundo. Solo aquí se los nombra por un organismo ajeno.
No habrá reforma del Legislativo –aunque se mejore el
sistema electoral- si no se le devuelve al Congreso independencia y autoridad para
con las arbitrariedades del poder Judicial y del Tribunal Constitucional (que
se ha arrogado inconstitucionalmente la condición de supremo intérprete
constitucional). Y si no se devuelve al mismo tiempo al ejecutivo los
instrumentos para contrapesar al Parlamento y dar el salto desde nuestra
democracia de baja gobernabilidad a una donde la gobernabilidad no dependa ya de
que el ejecutivo tenga mayoría parlamentaria o la democracia peligre si la
pierde.
Es la primera reforma a abordar, porque es la condición
de las demás si se quiere reconstruir la arquitectura fallida de nuestra
democracia. De lo contrario, tomaremos una vez más al toro de la cola, cosa imprudente
porque cornea al que lo coge del rabo.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA,
AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El Comercio
La
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de Arequipa
decidió abrir una investigación preliminar contra el juez Carlos Polanco Gutiérrez,
quien admitió la inscripción del congresistaMarco Tulio Falconí a las elecciones regionales.
El
parlamentario de Unión Regional, como se sabe, logró presentar su
lista para el Gobierno Regional de Arequipa luego de que Polanco Gutiérrez, a
cargo del Séptimo Juzgado Civil de esa ciudad, aceptara su pedido de una medida
cautelar.
La
Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial informó que
esta medida, tomada ayer, se ha hecho con el objetivo de establecer la
existencia o no de irregularidades funcionales por parte del magistrado
arequipeño.
La
postulación de Falconí a
la presidencia regional de Arequipa ha despertado la polémica en torno a la
irrenunciabilidad de los congresistas. Según el artículo 95 de la Constitución,
el mandato de un parlamentario es irrenunciable.
Hoy El Comercio informó que el procurador público
del Poder Legislativo rechazó la resolución del juez Polanco Gutiérrez.
El Comercio
El triángulo de la reforma
Carlos Meléndez
El 28 de Julio vimos a Ollanta Humala en su mejor versión. SuMensaje a la Nación fue prolijo considerando las
expectativas negativas. El problema es que no alcanza para lo que requiere el
país en este momento. Y no me refiero a qué hacer para salir de la
desaceleración económica que tanto obstina a los inversionistas y sus
lobbistas, sino al tema de fondo que postergamos frívolamente: la reforma
política.
La institucionalidad política en el Perú es como las
calles limeñas: trajinadas e ineficientes, repletas de huecos; que en el mejor
de los casos se parchan pero que mientras se reparan obstaculizan el paso.
Nuestro aparato institucional no hace viable el desarrollo integral al que
aspiramos. Por eso, vamos rumbo a ser un país con bonanza económica pero baja
calidad de vida; donde la informalidad, lacorrupción y
las mafias penetran
con facilidad el orden político. Algo así como la India en los Andes.
El discurso reformista que propone nuestro mandatario
tendría sentido si cogiera al toro por las astas: Ley de Partidos Políticos(LPP), Descentralización Política (DP) y Sistema Anti-Corrupción
(SAC). No se puede reestructurar la política peruana sin articular estos tres
campos a la vez. Nuestro fracaso institucional es que se hizo una apertura
participativa paralela (LPP y DP) sin partidos fuertes ni capacidad de control
político desde el centro, dejando la territorialización de las organizaciones
políticas a la inercia de lo que sucedía en un país posautoritario. Si a ello
se le suma la ausencia de un SAC, el resultado es una “representación política”
cooptada por intereses particulares a toda escala (desde la capital hasta el
distrito más rural).
Así, el eje transversal debería ser el enraizamiento
partidario en el territorio; es decir, facilitar una LPP que se potencie con
las arenas electorales sub-nacionales. Por ejemplo, reemplazar el requisito de
“presencia territorial” sean comités provinciales (fantasmas) por participación
electoral obligatoria de partidos nacionales (solos o en alianzas con
movimientos locales) en un mínimo de jurisdicciones regionales, provinciales y
distritales; requiriendo una mínima valla que los obligue a ser competitivos no
solo a nivel presidencial y parlamentario, sino también regional y municipal.
Ello integrado a un sistema de “checks-and-balances” que no solo presione desde
el centro (cuando el escándalo llegue a la prensa nacional) sino también desde
los propios espacios sub-nacionales. El fortalecimiento de este “triángulo”
institucional sería la base para posteriores capas y reformas institucionales
como la reconfiguración de distritos electorales, la transferencia de
competencias a órganos sub-nacionales y sanciones a funcionarios públicos
corruptos.
¿Está dispuesto Ollanta Humala a pasar a la historia
asumiendo este desafío de reconstrucción institucional? ¿Cuenta con la
“tecnocracia institucional” para dejar la gasfitería y practicar una real
ingeniería institucional? ¿Los Chehade boys de la Comisión de Constitucióndarán
la talla? ¿Es posible fijar puntos de acuerdo político con las fuerzas
opositoras para esta agenda? Solo si ello sucede, el discurso “reformista”
oficialista tendría sentido (y la cooperación internacional encontraría también
un rumbo en la materia). De otro modo, no tiene siquiera sentido plantear el
debate.
El Comercio
Destrucción de la economía
Federico Salazar
El mensaje a la nación del
presidente Humala anuncia
un giro de ciento ochenta grados en la conducción económica. Ese será el
resultado, si se ejecuta el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP).
En los últimos veinte años se quitó al Estado de las
decisiones relacionadas con la producción. Qué se produce, a qué precios, con
qué márgenes de utilidad han sido preguntas que se dejaba responder al mercado.
El plan aprobado deja de lado al mercado y lo reemplaza
por la burocracia. “El Estado, ha dicho Humala, va a asumir el rol de
identificar, junto al sector privado, los sectores que tienen el mayor
potencial para darles las condiciones necesarias para su despegue…”.
El Estado no tiene que identificar nada. La única forma
de identificar a quienes tienen “potencial” es el sistema de la ganancia y la
pérdida empresariales.
El que tiene ganancias ha hecho bien las cosas. El que
tiene pérdidas, mal. La condición para que esto funcione es que el Estado no
intervenga. Ni las ganancias ni las pérdidas deben provenir de alguna
intervención parcializada del Estado.
Si los funcionarios deciden quién tiene “potencial” y
lo favorecen, entonces deja de funcionar el mercado.
El gobierno ha creado un Centro de Innovación
Tecnológica Productivo, en Madre de Dios, para “mejorar la calidad,
productividad, información e innovación para el desarrollo competitivo de las
diferentes etapas de transformación y producción agroindustrial, madera y
muebles, así como otros productos industriales…”.
Este CITE Productivo será parte del “ámbito” del
Instituto Tecnológico de la Producción. Podrá crear oficinas o Unidades
Técnicas “en cualquier lugar del territorio nacional”.
Por otro lado, el Centro de Innovación Tecnológica
Productivo tendrá una unidad técnica de transformación productiva, en Madre de
Dios, con competencia a nivel nacional.
El CITE Productivo tendrá un Consejo Directivo, con
representantes de los ministerios, además de un director ejecutivo, designado
por el Ministerio de la Producción. También habrá un Consejo Consultivo.
Las ideas de cómo producir y cómo mejorar los costos de
la producción ya no tendrán que salir de las empresas que enfrentan la
competencia. ¡Albricias!, de eso se ocupará esta poderosa pirámide de
funcionarios.
Los CITE serán las extremidades del Consejo Nacional de
Diversificación Productiva (CNDP). Contará con “brazos ejecutores” como el
Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINyT), el Fondo de
Investigación y Desarrollo de la Competitividad (Fidecom), el Instituto
Tecnológico de la Producción (ITP) y el Instituto Peruano de la Calidad
(Ipecal).
Contaremos con 15 centros de innovación tecnológica
(CITE) “que al 2015 mejoren la productividad de 2.000 empresas”.
La producción debe guiarse por la demanda. Cualquier
interferencia en ese proceso solo lleva a aumentar los costos de la producción,
de la gestión pública y a destruir el mecanismo de asignación de recursos.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El
partido político Fuerza Popular retiraría en las próximas horas a
Orlando Alberto Tapia Olivares de la candidatura a la alcaldía de
Barranca. Esto luego de que se informara sobre el hallazgo de 400 kilogramos de droga al interior de un camión de su propiedad.
Durante
una entrevista con Canal N, el vocero Juan José Díaz Dios señaló que la
decisión de sacar de carrera a Tapia sería para facilitar las investigaciones
del caso.
"Hemos
dado un comunicado en el sentido de que se ha iniciado una acción disciplinaria
a efecto de retirarlo. No en el
sentido de que sea culpable, sino para que no haya ningún tipo de
cuestionamientos o interferencias a las investigaciones por
parte de la PNP y el Ministerio Público", expresó.
El
legislador piurano agregó que Tapia Olivares no está
afiliado a la organización, sino que fue propuesto por las bases. "Entiendo
que ha sido regidor antes, no tiene ningún tipo de antecedentes judiciales ni
penales. Está vinculado al caso por ser propietario de la camioneta",
añadió. "La información que tenemos es que esa persona ha tomado la
camioneta sin autorización el dueño. No
obstante, estas investigaciones le corresponden a las autoridades",
continuó.
Finalmente,
Díaz expresó que la salida de Tapia no perjudicaría a su partido en Barranca,
pues puede asumir el candidato a teniente alcalde.
Danilo
Silva Sánchez, uno de los tres detenidos por este caso, era un reo sentenciado
a 15 años de prisión por el delito de narcotráfico, pero el gobierno de Alan García le redujo
la pena a 10 años y éste salió libre el 30 de marzo del 2011.
El Comercio
La
Primera Sala Civil resolvió revocar la resolución número 22 que anulaba la
citación al ex presidente Alan García Pérez del pasado 4 de octubre de 2013 a
la megacomisión encargada de investigar los presuntos hechos de corrupción
durante el segundo gobierno aprista.
El
fallo también comprende la sesión del grupo con fecha 30 de ese mismo mes
y los actos posteriores o sucesivos (se entiende los informes finales del grupo
de investigación).
Esta
resolución 1066, difundida ayer, se da en respuesta a la apelación presentada
por el ex titular de dicho grupo, Sergio Tejada(Gana
Perú); por el procurador del Parlamento, y por el propio Alan García.
Uno
de los integrantes de la sala es el magistrado Jesús Soller Rodríguez, quien
había sido cuestionado por el propio Tejada por sus presuntos vínculos con el
ex mandatario.
En
los considerandos se menciona que si bien en la carta de citación se utilizaba el
término “vinculación”, el actor [García] tiene la condición jurídica de
“investigado” y que “ambas palabras son sinónimas, pues la vinculación conlleva
participación en los hechos, y no mera testimonial”.
Además
se recuerda que se trató de una nueva citación para cumplir una primera
sentencia donde se detectaron vicios.
La
sala concluye que la citación en cuestión se comunicó de manera aceptable y se
le informó a García los hechos y cargos en su contra en los casos Agua para
Todos, indultos y conmutaciones, Collique, entre otros.
Asimismo,
se le “permitió la intervención de un abogado, se levantó la reserva de medios
probatorios” y se le otorgó plazo suficiente para preparar su defensa.
"Por tanto, la citación del 4 de octubre cumplió los estándares del debido proceso", se lee en el documento.
"Por tanto, la citación del 4 de octubre cumplió los estándares del debido proceso", se lee en el documento.
El
abogado del ex mandatario, Wilber Medina, señaló que con esta resolución
“se devuelve el expediente al juez y se le pide que emita una nueva decisión”
sobre el pedido de su patrocinado de anular la citación del 4 de octubre, la
sesión del 30 de octubre y los informes de la megacomisión.
Consultado
al respecto, el legislador Tejada dijo que los abogados de García desinformaron
a la prensa al afirmar que esta resolución anulaba su pedido de apelación.
Agregó que no había sido notificado, pero que entendía que “es un respiro porque habrá un nuevo pronunciamiento sobre los informes”.
Agregó que no había sido notificado, pero que entendía que “es un respiro porque habrá un nuevo pronunciamiento sobre los informes”.
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