ESTA NOCHE sábado 20 setiembre 2014

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El ayni en que todos

ganan y nadie pierde

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

jorgemorelli.blogspot.com

El 70 por ciento de los empresarios y trabajadores peruanos es informal. En su actividad productiva no paga otro impuesto que el de las ventas. Pero no tiene acceso al capital formal ni al amparo de la ley.

Para contratar a un trabajador de manera formal una empresa paga, por mandato de la legislación laboral, alrededor de 60 centavos adicionales por cada sol que paga en salarios. Nadie contrata formalmente si puede evitarlo. Para hacer posible la transición masiva a la formalidad de los empresarios y trabajadores informales peruanos, hay que llevar a cabo una reforma laboral. La venimos postergando desde hace tres décadas. Modificar la legislación laboral es la única manera de abaratar radicalmente los costos de las empresas aumentando al mismo tiempo el ingreso de los trabajadores.

Formalizarse, sin embargo, va a costarle a las empresas más que permanecer en la informalidad. Para lograr que lo hagan hay que asegurarles que tendrán un beneficio de ello. Las empresas –hay que entenderlo con claridad- solo se formalizará si con ello pueden reducir sus costos. De otro modo, no habrá desinformalización. Para esto hay que reducir y simplificar radicalmente los impuestos, tanto el de las ventas como el de la renta (se ha hablado muchas veces de una tasa de 15 por ciento para ambos, pero podría ser otra).  

De manera que la reforma tributaria es la otra cara de la reforma laboral. Ambas son indispensables para desinformalizar masivamente la economía peruana.

Es al mismo tiempo un canje, un acto de reciprocidad mutuamente beneficioso –un ayni- entre trabajadores y empresas. El trabajador obtiene el amparo de la ley, salarios y beneficios reales. Y la empresa obtiene una reducción de sus costos y un acceso más barato al crédito formal ahora. Si el canje no está minuciosamente diseñado para producir cada uno de esos resultados, fracasará el intento de desinformalizar la economía.

Inicialmente, el Estado es el perjudicado. Ve reducirse los ingresos fiscales por la reducción de impuestos. Para no afectar el equilibrio fiscal, debe reducir transitoriamente el gasto en la misma proporción (o financiar la brecha). Solo transitoriamente, sin embargo, porque la incorporación progresiva a la formalidad de las empresas permitirá recuperar el ingreso y con el tiempo incluso incrementar la presión tributaria más allá de donde se encuentra hoy (los economistas le llaman a esto el efecto Tanzi). El propósito actual, en cambio, de llevar la presión tributaria a más de 16 por ciento con un 70 por ciento de las empresas en la informalidad es o bien irrealizable o nocivo para la economía.

De manera que el ayni tiene un tercer participante, el Estado, que es al mismo tiempo quien debe tomar la decisión política de llevar a cabo las reformas laboral y tributaria que hacen falta. Debe concluir, además, una tercera reforma: desregular para destrabar la inversión privada y pública. La decisión supone riesgos políticos. Pero, curiosamente, un momento como este podría ser adecuado. Al gobierno actual le quedan algo menos de dos años, tiempo suficiente para las reformas. Si el gobierno se resolviera llevarlas a cabo, probablemente la oposición no objetaría ni obstaculizaría que el gobierno adelante las reformas que de todos modos tendrá que tomar cualquiera de los partidos de oposición que llegue al poder. Si con respaldo de la oposición, el gobierno tuviese éxito, podrá reivindicar legítimamente que tuvo el valor de tomar la decisión política correcta en el momento oportuno.

El ayni es el acto de reciprocidad por el que unos mismos recursos mejor repartidos producen el milagro en que todos ganan y nadie pierde.     

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