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MEDIA
COLUMNA
¡Ponga
al país a salvo!
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Es
urgente separar al gobierno de las secuelas de la investigación judicial de la
corrupción.
No se
puede gobernar un país con un premier y media docena de ministros desfilando a
diario por las fiscalías y comisiones del Congreso explicando si sabían o no o
cuánto sabían de la mega corrupción brasileña. Ya es bastante con que el propio
Presidente se vea obligado, como lo estará, a hacer ese vía crucis.
La
investigación de la corrupción tiene que ser encapsulada de modo que sus
repercusiones no se extiendan más de lo que ya lo han hecho, poniendo en
peligro a cada paso la estabilidad del país.
Para
esto, no hay otro remedio que cambiar el Gabinete. Parcial o completamente, eso
le corresponde al gobierno determinarlo. El 80 por ciento de la opinión pública
lo está pidiendo. Una mitad de los peruanos demanda, incluso, cambiarlo por
entero.
Lo
importante es que el Gabinete tiene que estar compuesto en adelante de personas
sin ninguna relación con el pasado bajo investigación. Es la única manera de
que pueda dedicarse a gobernar con la cabeza puesta en el presente y el futuro
del país sin estar pendiente de las consecuencias políticas de la investigación
de lo pasado.
Pedro
Pablo Kuczynski, no obstante, parece hasta el momento solo un abuelo
malhumorado que aborrece la idea de cualquier cambio. Está acercándose
peligrosamente al estereotipo del viejito cascarrabias con licencia para decir
cualquier cosa porque ya da lo mismo lo que diga.
Negarse
a considerar la modificación del Gabinete, sin embargo, está empezando a arrastrar
a la economía y al país. La Interoceánica y el Gasoducto ya eran dos pesos
muertos en la nave cuando el vicepresidente y ministro Martín Vizcarra
decidió perseguir obsesivamente el
proyecto Chinchero creyendo salvar al gobierno. El resultado es que, por mucho
que esto le duela al Presiente, lo ha puesto al borde del naufragio. Creyó
cazar la ballena blanca, ahora esta lo arrastra consigo y hay que cortar el
cable antes de que arrastre al país entero.
Cuanto
antes lo comprenda el Presidente será mejor para el país y para él.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Expreso
El presidente, Pedro Pablo
Kuczynski, según dijo, por el momento no está pensando en realizar ningún cambio
en el Gabinete ministerial
“Soy partidario de la
estabilidad, pero ninguna silla es inamovible. Si hay necesidad imperante de
hacerlo, hasta el momento no hay”, declaró este viernes.
Sobre la interpelación al
ministro de Transportes, Martín Vizcarra, a quien dijo en la víspera defendería
con una cuestión de confianza en caso se busque censurarlo, aseguró que esta
advertencia fue frente a la ola de críticas contra su vicepresidente.
“En la interpelación él va
a contestar todo perfectamente bien y aclarará todo”, agregó.
Expreso
Del premier Fernando
Zavala, el 43 % de entrevistados por CTI dijo desaprobar su gestión, mientras
un 28 % lo respaldó y un 29 % evitó pronunciarse.
Martín Vizcarra presenta
un 41 % de desaprobación frente a un 31 % de aprobación.
El
Comercio
Desde
Amazonas, Martín Vizcarra, primer
vicepresidente de la República, indicó en referencia a las interrogantes del
Congreso que “responderemos con gusto” y prefirió no especular sobre una
eventual censura. “Vayamos paso por paso”, recalcó.
El
rol de Fuerza Popular será fundamental en la interpelación de Vizcarra: sus 72
votos son suficientes para interpelar y censurar a un ministro. Si bien algunos
de sus legisladores firmaron la moción, el fujimorismo recién definirá su
postura en la reunión de la bancada que se llevará a cabo el próximo martes.
Correo
Eugenio d´Medina Lora
La insistencia en la adenda para la concesión del aeropuerto de
Chinchero fue un error garrafal. Quizá el Ejecutivo pretendió evitar una
confrontación con la población cusqueña y cedió al chantaje social de la
revuelta. No importa, sigue siendo un error. Y el ministro de Transportes,
Martín Vizcarra, es el único responsable. Empujó este desacierto hasta donde no
se pudo más, a pesar de la resistencia de políticos y economistas y de
organismos oficiales como el Congreso, la Contraloría y el Ositran. Hasta el
punto de tener que “comerse” el papelón de retroceder sobre sus pasos.
El presidente Kuczynski no aprendió la lección del “saavedrazo” y ahora
amenaza repetir el error con Vizcarra, uno de sus mejores alfiles. En vez de
relevarlo y evitarle un posible desafuero por una inminente interpelación del
Congreso, lo quiere someter a una bronca de marras con un Parlamento en el que
hasta su propia bancada se muestra en su contra. Decide exponerlo en vez de
protegerlo.
Lo peor es que el Presidente decide meterse en una encrucijada cuando
tiene fichas para mover y salir del embrollo. Guardar a Vizcarra un tiempo y
colocar en su lugar a la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli,
apaciguaría ánimos y salvaguardaría el capital político del vicepresidente. Molinelli
es reconocida por el oficialismo y la oposición como una profesional de
altísimo vuelo y comprobada probidad. Conoce al dedillo el sector Transportes.
Sería injusto achacarle responsabilidad mayor con Chinchero, porque es claro
que la luz verde para esta adenda fue política antes que técnica. Por tanto,
está expedita para tomar el relevo, que completaría una jugada presidencial de
“tres en una”: mantener continuidad de gestión en el MTC, proteger al
vicepresidente y no debilitar más la gobernabilidad. Ojalá que el Presidente
opte por la sensatez.
Expreso
Sobre la licitación de la
Carretera Interoceánica, el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, negó haber
participado en soborno alguno de la empresa Odebrecht, que se adjudicó la obra
cuando él era ministro de Toledo.
“No puedo asegurar que ese
contrato fue limpio, pero sí que ningún ministro recibió ni unas ‘gracias’”,
refirió.
Correo
A menos de un mes de iniciar su
gestión como procuradora pública ad hoc en el caso Odebrecht, Katherine Ampuero Meza lanza su
primer dardo y apunta nada menos que a Palacio de Gobierno.
Mediante oficio No. 41-2017-JUS/PPAH-ODEBRECHT, Ampuero ha
enviado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la información periodística que
contiene la Nota de Inteligencia N° 0079 en el que “aparecen 69 nombres que
registrarían operaciones sospechosas en sus cuentas bancarias, entre las cuales
se encontraría el actual presidente de la República, Pedro Pablo
Kuczynski Godard”, dice parte del documento.
Líneas más abajo, la procuradora
explica que envía dicha documentación “al amparo del Art. 329 del Código
Procesal Penal, que faculta al Fiscal iniciar actos de investigación cuando
tenga conocimiento de la comisión de algún delito de persecución pública (…) a
efectos de que se tomen las acciones que correspondan por tratarse de hechos
atribuidos a un alto funcionario público”, en alusión al primer mandatario.
Los reportajes periodísticos que
incluye la procuradora en el oficio son “Corrupción en el Perú”, realizado por
La Mira TV (New York), según el cual la empresa Odebrecht Latinvest Perú
realizó aportes a la empresa Latin América Enterprise, ligada a Pedro Pablo Kuczynski, así como
el informe de la UIF que señala extraños aportes durante la campaña electoral a
diversos personajes, entre los cuales aparece el Presidente.
El presidente Kuczynski, a través
de la PCM, ya había respondido a esta denuncia realizada por La Mira TV,
calificándola de tendenciosa y de no ser fiel a la verdad. “En primer lugar, la
información bancaria del Presidente es producto de una solicitud hecha por el
Congreso a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de la información de
las personas que participaron de la licitación de la carretera IIRSA Sur. No es
producto de transacciones financieras sospechosas ni de “cuentas secretas”,
decía el descargo.
Sobre el hecho de que Odebrecht
Latinvest Perú habría realizado depósitos a Latin American Enterprise Fund,
“ligada a PPK”, afirmaron que “no se tiene conocimiento” de dichos depósitos.
La congresista Yeny Vilcatoma,
por su parte, señaló que la procuradora Ampuero actúa según sus atribuciones y
espera que el fiscal inicie acciones de inmediato. “De haber sido recibido el
oficio, el Fiscal de la Nación está obligado a iniciar acciones inmediatamente,
empezar una investigación preliminar y establecer una línea de tiempo para que
pueda tener información básica y de ser necesario incluir al Presidente como
investigado”, manifestó.
“La procuradora ha tenido que
analizar el contenido y concluir que ha habido una connotación delictiva. Por
lo menos está cumpliendo con su deber de pedir a las autoridades competentes
que inicien las acciones. Se espera que haga lo propio para el tema de la
Interoceánica, estando a la actuación que tuvo PPK en aquel entonces, en el año
2004-2005. Es lo que corresponde”, concluyó.
Así las cosas, el fiscal Pablo
Sánchez debe decidir si abre una investigación contra PPK. Se supo que el
documento ya se encuentra en trámite dentro del Ministerio Público, pero por lo
delicado del asunto, se mantiene en la más estricta reserva.
Expreso
Proinversión tiene un
modus operandi a través del cual solicita la realización de informes a los
estudios de abogados que son entregados en cuestión de minutos, con los que se
aprueba grandes proyectos, afirmó Daniel Salaverry, titular del grupo
investigador de los megaproyectos efectuados durante el gobierno de Ollanta
Humala.
“Parece que ha sido un
modus operandi por parte de Proinversión, que no solo se ha aplicado al
proyecto de la Carretera Interoceánica Perú–Brasil (IIRSA) el solicitar
informes o consultorías a estudios de abogados, los cuales llegan en cuestión
de minutos o de horas, tras lo cual se toman decisiones”, dijo el
parlamentario.
El congresista hizo esta
afirmación al opinar sobre la controversia generada por el abogado Juan Monroy,
que negó haber entregado en 18 minutos a Proinversión un informe favorable a la
empresa Odebrecht y que le permitió obtener la concesión del IIRSA.
“En el caso del Gasoducto
Sur Peruano (GSP), se tomó la decisión de descalificar al competidor de
Odebrecht un día sábado o domingo. Entonces, vemos que es un modus operandi”,
dijo.
Expreso
No hay peor ciego…
Martha Meier Miró
Quesada
Ayer viernes el Semanario “Hildebrandt en sus Trece” publicó un documento que
complica más la crisis económica, reputacional y legal de la otrora prestigiosa
y emblemática constructora Graña
y Montero (GyM).
Se trata de la resolución del fiscal Hamilton
Castro que
dispone abrir investigación a la Constructora Área S.A.C., por ser parte de un
“presunto esquema de lavado de dinero”. El dinero para Àrea S.A.C. salió
del consorcio IIRSA-Norte, es decir del consorciado trío Odebrecht-Graña
y Montero-Andrade Gutiérrez;
la cifra cercana a los nueve millones de dólares fue entregada, en armadas, en
2007, en plena ejecución de la Interoceánica
del Norte (IIRSA-Norte).
Preocupa el estado de negación de los propietarios,
directores y empleados de GyM que en comparsa exhiben el logo de la cuestionada
empresa en sus perfiles de Facebook con el lema #TodosSomosGrañayMontero, como si esta fuese
víctima y no la parte peruana de una mafia global de cuello y corbata. El
comandante mayor de esa mafia fue Marcelo
Odebrecht,
un hombre que ante el peso de las pruebas se allanó para convertirse en unos de
los colaboradores más eficaces de la justicia brasileña. Hoy purga prisión
aunque su pena será menor gracias a su contribución para derrumbar el andamiaje
de la corruptela que su propia empresa creó.
Para el semanario de Hildebrandt, el pedido del fiscal Hamilton
Castro es
una prueba irrefutable de los sospechosos movimientos financieros de los
consorciados Odebrecht-Graña
y Montero.
Hoy la dupla, como Concesionaria
Chavimochic S.A.C.,
pretende demandar al Estado peruano, es decir a todos nosotros inocentes
contribuyentes, solicitando un “arbitraje internacional” para no perder ni un
céntimo. ¿Juntos hasta el fin, pese a que según GyM, Odebrecht es su “enemigo”?
La semana pasada se supo (por un documento de la fiscalía,
publicado por el semanario de Hildebrandt) que Jorge Barata sostiene que Graña
sabía de los sobornos y que aportaba la parte correspondiente. ¿Barata miente?
Es bastante improbable y hasta imposible porque de su verdad depende pasar
apenas dos años bajo cómodo arresto domiciliario en su amplio penthouse,
o ser recluido en una celda por largos años. ¿Alguien se arriesgaría a lo
segundo?
Los periodistas Gustavo Gorriti y Romina Mella de IDL-Reporteros, en colaboración con el
diario “La Prensa” de Panamá realizaron una profunda investigación del caso “Lava Jato” en
Perú, y fueron los primeros en dar el campanazo sobre el desvío de fondos de Odebrecht-GyM a una serie de empresas
“fantasmas”. Ver: https://idl-reporteros.pe/los-pagos-secretos-de-odebrecht-en-el-peru/.
Salvar a GyM pasa hoy por lograr que sus directivos colaboren
con la justicia, caso contrario la veremos desmoronarse y ser intervenida por
sus acreedores o comprada a precio de regalo. Ahora bien, de eso que se
preocupen los Grañas y los Monteros; mi dolor pasa por la forma en que los
pecados de mi primo José
Graña Miró Quesada enloden a la empresa que
es nuestra herencia común, “El
Comercio” bastante silencioso sobre este espinoso tema.
El Comercio, editorial
A la declaración del señor Jorge Barata, ex
representante de Odebrecht en
el Perú, sobre la presunta coima de US$20 millones pagada al entonces
presidente Alejandro Toledo para obtener la licitación de los tramos 2 y 3 de
la carretera Interoceánica Sur, se han sumado una serie de revelaciones sobre los
irregulares sucesos que precedieron a la entrega de dicha concesión.
Una de ellas, y que ha concitado la atención
pública durante la última semana, tiene que ver con lo acontecido el mismo día
en que el comité de Pro Inversión firmó la adjudicación de los contratos de
concesión a los consorcios ganadores (integrado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC
Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, en el
caso del consorcio que obtuvo los tramos 2 y 3).
Según la cronología de los hechos, la firma
de los contratos estaba programada para el día 4 de agosto del 2005. A las
10:02 a.m., sin embargo, se advirtió a los miembros del comité de Pro Inversión
(integrado por seis ministros de Estado, incluyendo al entonces ministro de
Economía y actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski) de un
oficio de la contraloría –que había ingresado el día anterior– que alertaba que
algunas empresas integrantes de los consorcios ganadores tenían juicios
pendientes con el Estado. Una tesitura prohibida para los postores, según las
bases del concurso.
Pro Inversión habría pedido entonces una
opinión legal al abogado Juan Monroy Gálvez, la cual se emitió en tiempo
récord, precisando que las empresas constructoras en realidad no tenían un
juicio pendiente con el Estado, sino que se trataba de otras personas jurídicas
distintas a ellas aunque vinculadas o pertenecientes al mismo grupo económico.
A la 1:27 p.m., el comité de Pro Inversión retomó la sesión y, apoyado en el
informe de Monroy, firmó la adjudicación de los contratos.
Si restringiéramos el análisis al ámbito
estrictamente legal, la decisión no presentaría mayor problema. La apreciación
del abogado aparentemente era la correcta: las personas jurídicas que
integraban el consorcio ganador no tenían –ellas mismas– un juicio vigente con
el Estado (y en materia de prohibiciones y sanciones, estas no pueden
interpretarse extensivamente). Por otra parte, prohibir contratar a una empresa
que tiene un proceso –no una sanción– pendiente con el Estado sería una forma
injusta de castigar el ejercicio válido del derecho de defensa y a la tutela
judicial. De hecho, tanto las leyes de entonces como las actuales no contemplan
la existencia de litigios pendientes con el Estado como una causal que impida
contratar con alguna entidad pública.
Pero si reparamos en las circunstancias
inusuales que rodearon este proyecto desde su origen, la apreciación varía
considerablemente. Si la rapidez con la que se conocieron y levantaron las
observaciones a las empresas ganadoras de la licitación de la Interoceánica Sur llama al asombro, el hecho de
que el abogado Monroy haya negado haber entregado su opinión jurídica tan
apresuradamente el mismo 4 de agosto plantea nuevas dudas.
Para empezar, si es cierto que el señor
Monroy envió su documento algunos días después como él asegura, ¿por qué en su
informe aparece como fecha el 4 de agosto?, y ¿por qué esa fecha aparece
nuevamente en la descripción del servicio que se indica en la factura emitida
por su propio estudio jurídico? En el caso de Pro Inversión, cabría
preguntarles a sus integrantes ¿por qué se apresuraron en pedir un informe
legal y subsanar las observaciones en solo unas horas, cuando podían postergar
la fecha de la firma de los contratos como se había hecho anteriormente? Y así
también a la contraloría, ¿por qué recién advirtió de los supuestos
impedimentos un día antes de la firma de los contratos de concesión,
cuando conocía de esta situación desde hacía varios meses?
Así las cosas, las últimas revelaciones solo
amplían la sombra de dudas que ya pesaba sobre la gestación de la Interoceánica Sur para cobijar
bajo ella también a los involucrados en este enrevesado suceso.
Cuestionamientos que harían bien en despejar.
Peru21
El destrabador
Juan Mendoza
Si el gobierno sigue sin reaccionar frente al
escándalo de corrupción, la economía crecerá 2% o menos en 2017.
La inversión pública ha colapsado 24% en
febrero. La caída es todavía más estrepitosa en el gobierno nacional, en que
alcanza el 46%. Peor aún, en lo que va del gobierno, la inversión pública ha
caído 15%. A. Thorne está repitiendo, corregida y aumentada, la nociva receta
de A. Segura: reducir la inversión pública justo cuando más se necesita que
esta aumente. El gobierno “destrabador” está trabado.
Si la inversión pública cae 20%, el
crecimiento se reducirá en 1%. La menor inversión pública arrastrará a la
inversión privada, lo que restará, al menos, otro 0.5% al crecimiento. Están,
además, los efectos negativos de la crisis de Graña y Montero, de las
inundaciones, y del aumento en el costo del crédito debido a las mayores tasas
de interés en el mundo.
¿Qué hacer? Primero, sugiero intervenir los
proyectos y concesiones sospechosos de corrupción como las Interoceánicas,
Olmos, Chavimochic, Rutas de Lima y Línea Amarilla. Con ello se evitaría mayor
parálisis en la inversión, el empleo y el flujo de servicios públicos.
Asimismo, se les cerraría el caño a las empresas investigadas, impidiendo que
estas liquiden sus activos, lo cual pondría en una situación de ventaja al
Ministerio Público.
Segundo, hay que impulsar la inversión
estatal a través de obras públicas sin participación privada. No hay tiempo
para esperar a que se revise el esquema de APPs. Proyectos con
rentabilidad social positiva abundan: agua y desagüe, escuelas, hospitales, doble
vía a la Panamericana. Por ejemplo, dado el mal diseño de la APP de
Chinchero, se podría construir el aeropuerto como obra pública sin necesidad de
concesionarlo.
Tercero, PPK debe liderar una
estrategia frente a la corrupción. Pero ello solo será creíble si hay
transparencia sobre la inverosímil cronología del 4 de agosto de 2005, día en
que se concesionó la Interoceánica Sur. Más allá de Monroy, ¿por qué el Consejo
Directivo de Proinversión, que presidía PPK, le dio luz verde a la
carretera desoyendo a la Contraloría? Si el proceso de concesión fue impecable,
¿para qué Odebrecht habría coimeado a Toledo con US$20 millones? ¿Es Odebrecht
un coimero cándido?
Los empresarios pueden ayudar mucho. Si Graña
es inocente, ¿por qué no demanda a Barata y Odebrecht por difamación y daños y
perjuicios? ¿No sería acaso la mejor manera de calmar a los inversionistas y
evitar mayores pérdidas? Era mucho pedir tener un gobierno de lujo. Suficiente
sería tener un gobierno que gobierne.
Expreso
El congresista Yonhy Lescano
consideró que las autoridades del país deberían colocar a un administrador en
la empresa Graña y Montero (GyM), para observar el movimiento económico de la
compañía sin perjudicar a los trabajadores, luego de conocida su vinculación
con la brasileña Odebrecht, según las declaraciones del propio Jorge Simoes
Barata.
Lescano no descartó la
existencia de lobbies de parte de la empresa peruana en el sistema judicial,
porque sólo así se explica que hasta el momento no se hayan tomado medidas más
drásticas contra la principal consorciada de Odebrecht.
Calificó de imposible que
los directivos de Graña y Montero no estuviesen enterados de los actos de
corrupción cometidos por la empresa Odebrecht, ya que al ser su socia en varios
megaproyectos, conocía los montos reales de las construcciones.
El Comercio, Bloomberg
Los bonos de Odebrecht se
están derrumbando ante la preocupación de que la empresa tendrá dificultades
para recuperarse del escándalo de corrupción en el que está sumida desde hace
dos años.
Los inversionistas han comenzado a cuestionar la
estrategia de supervivencia de la compañía, ya que nuevas investigaciones amenazan con atar
los ingresos de una venta de activos de 12.000 millones de reales (US$3.800
millones).
La
empresa tiene que hacer frente a una montaña de deuda y responder a multas por
US$3.500 millones.
El Comercio
¡Para eso
interferiste, Nadine!
Fernando Vivas
¡Era el matrimonio perfecto! ¡Cómo se complementaban en
la foto de la primera temporada en el poder allá por el 2011, su año de
esplendor!: el hosco comandante y la dulce ‘activista de las políticas
públicas’; el militar hostil y la dama de las todavía discretas interferencias.
Qué linda era en jean y polo antes de convertirse en ‘La Usurpadora’ vestida
por Ani Álvarez Calderón.
La diferencia era sensible: 14 años –ella nació en
1976, él en 1962– y una licenciatura en Comunicación frente a la dura formación
en el Ejército Peruano en tiempos de terrorismo. Mientras él permanecía en
Madre Mía, ella hacía prácticas audiovisuales en la Universidad de Lima.
Pero el entendimiento entre ambos es una simbiosis de
esas que asombran en la naturaleza. Lo atestiguan las decenas de periodistas
que lo entrevistaron –a él, no a ella– desde su campaña del 2006: cada
declaración y pausa dramática concluía en una furtiva mirada a Nadine en el espacio en off. Cuanto más
asertivo él, más había asentido ella.
¿Cómo pasó del costado de la cámara a delante del
poder? ¿En qué momento se torció todo y la complementariedad devino en
judicialización de la política? La respuesta tiene que ver menos con el perfil
de él que con el de ella. Ollanta estaba predestinado a ser presidente del Perú
por un error de cálculo de don Isaac (quien tenía razón en que un hijo suyo
sería presidente, pero pensaba en Antauro y en Ulises, antes que en Ollanta.
Ese selectivo desafecto paternal fue providencial para que Ollanta se hiciese de
una carrera y un rollo ajenos a la locura etnocacerista que condujo a su
hermano directo a Piedras Gordas, sin siquiera arañar el poder).
Pero volvamos al perfil de Nadine. En ella, más que saga
familiar, se perciben sentido de la oportunidad y ambición personal.
Ollanta es desconfiado, según testimonian muchos de sus conocidos, pero estuvo
dispuesto a compartir todo con su media naranja. Y ella, que parecía
predestinada a ser nada más que una madre de familia con educación superior (ni
siquiera descolló en las aulas), encontró en la vía del matrimonio tradicional
con un militar la posibilidad de cumplir su sueño de grandeza. Y convirtió a su
marido en su gran proyecto, y trabajó por él con denuedo, al punto que azuzó
–lo confesó en una entrevista en “Cosas”– la insurrección de Locumba, tardía
para la historia del Perú, pero providencial para la pareja. Fue la épica
fundacional del nacionalismo y ella fue su ‘autora mediata’ (Javier Villa Stein
dixit).
Nadine es
socia, cómplice y Lady Macbeth del nuevo milenio que no instiga al marido al
crimen, sino que, por el contrario, lo protege asumiendo ella los tratos
financieros de la campaña. El inmune (según ley, hasta cinco años luego de
dejar el poder), al lado de la investigada en varias fiscalías y con orden de
comparecencia restringida que le impide trabajar en la FAO en Ginebra.
Hay quienes en todo esto no ven celo protector, sino
impertinencia de mandona. De ahí el escarnecedor mote de ‘Cosito’ que lo define
a él a través de ella, manteniéndose Nadine como
una interrogante que tenemos que seguir desentrañando. Pero igual, anoten sus
críticos de todas las tiendas y credos, que en las tribulaciones de este par,
para bien y para mal, hay igualdad de género.
El síndrome de Karp y la discreción de Pilar Nores pusieron
un parámetro para el debut palaciego de Nadine. Ni mucho que jorobe al marido
ni tanta sumisión como para recluirse en la silenciosa asistencia social. Su
primera gran aparición política, buscando ese punto medio, fue un tuit: “¿Tan
difícil es caminar derecho?”. El ‘vice’ Omar Chehade intentó hacer un lobby
agroindustrial tras una luna de vidrio, a vista de todos los comensales en
Brujas de Cachiche; ella hacía meses que se había reunido clandestinamente con
Barata para recibir una bolsa de dinero. Pero igual tuiteó alardeando de
reserva moral del humalismo y empezó, de esa manera, una carrera paralela al
presidente, que a veces sumó pero las más de las veces restó gobernabilidad.
Junto a esa transformación, del perfil autocensurado, a
las apariciones desaforadas como embajadora de la quinua agitando consignas
oficialistas y fustigando a la oposición, empezó otra, más profunda, porque
tenía que ver con su personalidad. Lo otro fue un desborde de lo que tenía
encorsetado y, simplemente, se le chispoteaba, como preguntar en medio de las
cámaras “¿dónde está mi ministra?”, o guerrear con fujimoristas y apristas,
hasta que Alan García le replicó que albergaba un supuesto plan de “reelección
conyugal”.
Pasó algo más serio. Una Nadine larvada
desde tiempos más remotos y austeros descubrió que el poder palaciego se
asociaba con otros círculos sociales. Y apareció vestida de moda y de gala,
codeándose con empresarios y personajes con los que –cuenta gente de su
entorno– su marido prefería mantener una prudente distancia. Las mismas fuentes
cuentan que, ya sea porque se lo hicieron creer o porque así se le antojó, se
sentía en mayor capacidad para dialogar con los ministros técnicos.
La apariencia de frivolidad, asociada a las primeras
denuncias de compras suntuosas hechas con la tarjeta de crédito de su amiga
Rocío Calderón, empezó a socavar la imagen política que la proyectaba hacia una
candidatura presidencial en el 2021. Los apuntes arrancados de las páginas de
sus agendas dieron pistas que se confirman en las declaraciones de Jorge Barata
sobre el aporte sustantivo de Odebrecht a la campaña del 2011.
La beligerancia de Nadine cerró
puertas de diálogo y perdió apoyo interno. Ollanta, aunque desconfiado, tenía,
por formación militar, una idea más equilibrada de hasta dónde convenía dar la
pelea y desde dónde empezar a ceder. Nadine cogobernó
–o usurpó, apoyó, interfirió, ustedes escojan el verbo– con mayor descontrol,
llegando al extremo de provocar renuncias de bloques enteros de su bancada, por
no dar su brazo a torcer respecto a quién debía presidir el Congreso. Por
ejemplo, imponer a Ana María Solórzano le costó la pérdida de varias curules.
Un conocido de la pareja me decía que Ollanta debió
proteger a su esposa, poniéndole límites a su injerencia en el poder. O sea, no
solo pensaba, como otros del entorno nacionalista, que Humala debió hacer
respetar su papel de presidente aplacando las ínfulas de su esposa; sino que
debió hacerle ver los límites que quizá para él estaban más claros. Los aportes
de Odebrecht a la campaña del 2011, según declaración del propio Jorge Barata
que guarda coherencia con apuntes de las agendas de Nadine, fueron tan desproporcionados que
obligan a levantarle todos los secretos y auscultar hasta la última licitación
en la que metió sus narices.
