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MEDIA COLUMNA
¿Hacia dónde fugas, Verónika?
Jorge Morelli
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El contraataque de la izquierda –facción Verónika- cuando vio venir la mancada ha sido montar una marcha anticorrupción. Ya no lava banderas, ahora se lava la cara.
El psicosocial no puede ser más burdo. La pretendida marcha anticorrupción es, en realidad, una burda cortina de humo para tapar el hecho de que la investigación a Nadine Heredia va a comprometar a Verónika, lideresa de la nueva facción caviar, que pasará a desfilar ahora por la fiscalía y las comisiones del Congreso.
Y la total ausencia de respuestas en una reciente entrevista en RPP muestra que no tiene defensa, que ni siquiera había reparado en que necesitaba una.
Por lo tanto, ahora necesita un psicosocial para distraer la atención públicahacia otra parte. Y la marcha le sirve de pretexto para un nuevo diagnóstico político de la corrución: culpar al “modelo económico liberal”, pedir cambio de constitución y, de paso, la vacancia de Kuczynski.
La corrupción no es producto del modelo económico, sino del modelo político de la izquierda brasileña, que la generó sistemáticamente hasta convertirla en una herramienta para su hegemonía política en América Latina.
Ha sido la última reedición del viejo proyecto de exportar el castrismo a América Latina, que fracasara con el Che en Bolivia, con Allende en Chile, con Velasco en el Perú y con Chávez en Venezuela. El derrumbe estrepitoso del último ensayo, con Lula en Brasil, arrastra esta vez a toda la izquierda latinoamericana, incluida la facción Verónika.
Descubierta en su psicosocial, trata de huir hacia adelante. Para acallar un escándalo hay que crear un crisis más grande, dice el manual.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
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ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
Expreso
A pocas horas de realizarse la anunciada “marcha anticorrupción”, en la que participará la excongresista Verónika Mendoza, a pesar de ser seriamente cuestionada por sus presuntos vínculos con las agendas de Nadine Heredia y la ONG Prodin, que habría recibido dinero del gobierno chavista, se avecina la “otra marcha”, en este caso de testigos y acusados en el caso de corrupción más grande de Latinoamérica y el mundo.
Y es que un colaborador eficaz del Ministerio Público para el caso Odebrecht y otras empresas brasileñas, confirmó al fiscal Hamilton Castro que las constructoras Odebrecht, Camargo Correa y OAS pagaron por su asesoría a Felipe Belisario Wermus, más conocido como ‘Luis Favre’, para las campañas de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y del expresidente Ollanta Humala.
Las empresas en cuestión, que ahora son objeto de una investigación fiscal en el millonario caso de corrupción que envuelve al Perú, son FX Comunicaciones, Pepper Interactiva y Visionarios SAC. Se sabe ahora que la empresa FX Comunicaciones, que Anel Townsend reconoció como la empresa que la apoyó en el ‘No’ a la revocatoria en 2013, ya no existe en el Perú.
Es así que en enero de 2013 apareció FX Comunicaciones. En julio de 2014 abrió una cuenta en Twitter como @fxcomunica con un enlace a su página web www.fxcomunicaciones.com., también en Twitter se identificaba como una consultora con el objetivo de satisfacer necesidades en el plano de comunicación y difusión. Sin embargo, ambas cuentas fueron desactivadas.
En Twitter solo era pública hasta el 22 de julio de 2014 y apenas tuvo 11 seguidores. Además, no aparece en Sunat ni en el portal de proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas. En Brasil, el portal de la empresa de Luis Favre, FX Comunicacao Global LTD, tampoco está activo.
La otra empresa que trabajó con Favre sería Visionaria SAC y no Visionarios SAC, que se dedica a las actividades jurídicas. Visionaria SAC se identifica como especialista en actividades de radio y televisión. Su gerente general es Óscar de la Flor Arbulú.
Su empresa cobró nada menos que S/ 862,899 durante la gestión de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima, según el portal de proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Más aún en 2012 cobró S/ 19,300, pero en 2013, año en que se realizó la campaña por el ‘No’ a la revocatoria, multiplicó esa cifra llegando a cobrar S/ 298,532 al municipio limeño.
El último año de Susana Villarán, Visionaria SAC cobró nada menos que S/ 545,067. Es decir, más de medio millón de soles en 12 meses por publicidad. Lo extraño es que la tercera empresa Pepper Interactiva que utilizó ‘Luis Favre’ –revelada por el colaborador eficaz del Ministerio Público– no aparece en los portales oficiales de la Sunat ni entre los proveedores del MEF y tampoco tiene un portal en internet.
En conversación con EXPRESO, el congresista aprista Mauricio Mulder señaló que no hay duda que esto sucedió en plena campaña de la revocatoria. Esto porque son las tres empresas implicadas, por ejemplo, en el caso de la Línea Amarilla (que estaba conformada por OAS y por Camargo Correa como socios), con las que Villarán renegoció las condiciones del contrato.
“Les entregó diez años más de concesiones y les eliminó la ruta del Metropolitano que iba a ir por el medio de la Vía Evitamiento. Y es que si hubiese pasado el Metropolitano por esta vía tan importante de Lima, el peaje tenía que costar menos”, comentó Mulder.
El parlamentario explicó que en el caso de Odebrecht también se renegoció con la exalcaldesa de Lima. “Les dieron espacios de concesión ampliándola a casi 60 años de lo que se llamó Rutas de Lima, la que cuenta desde la avenida Javier Prado hacia el sur, hasta Pucusana, y de Habich hasta Ancón hacia el norte. Es la que puso el peaje la vez pasada en Puente Piedra”, precisó.
Mulder dijo que la prueba más evidente y contundente de que estas empresas tenían intereses con la MML es que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva les mandó a Favre como su jefe de campaña. “Favre fue pagado por estas empresas y hasta el día de hoy esto no se sabe, pero ya las empresas lo van a manifestar”, adelantó.
En opinión de Mulder, Anel Townsend “debería ser también citada a juicio para que explique cómo es que salió a decir que se le pagaba 150 mil dólares al señor Favre cuando se sabe que se le pagaba mucho más”. “Ese señor [Favre] cobra de millones para arriba y eso lo pagaron esas empresas brasileñas”, refirió.
Mulder afirmó que Villarán “ha falsificado y adulterado su declaración de gastos de campaña de la revocatoria porque no ha consignado los más de 100 paneles que en todo Lima pusieron la empresa JME y tampoco han dicho de dónde salió la plata para pagar a esos artistas que salían en los paneles”.
“A Mónica Sánchez, Kina Malpartida y muchos otros habría que preguntarles si pusieron en sus declaraciones de impuestos ese dinero que recibieron de la Municipalidad. Sumado al costo del panel, 5 mil a 8 mil dólares; hubo 100 de esos paneles, amén del costo de la producción, porque eso lo hace una empresa. Nada de eso lo ha consignado la señora Villarán en su declaratoria de campaña”, finalizó.
Para el experimentado congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde, si se establece que estas empresas brasileñas financiaron la campaña de la exalcaldesa de Lima para evitar sea revocada en 2013, eso sería un indicio grave de la interferencia de Odebrecht y de las demás compañías brasileñas en el tema vinculado a las concesiones que existen en Lima a favor de estas empresas.
En ese sentido explicó que, de comprobarse estos indicios, entonces se evidenciaría la misma figura que ocurrió entre el expresidente Alejandro Toledo con su amigo Josef Maiman, quien habría sido el nexo para recibir las presuntas coimas de más de 20 millones de dólares a cambio de la licitación de la carretera Interoceánica.
“Este sería la conexión y si se demuestra eso, Favre sería el Josef Maiman de Villarán. A través de Favre se ha recibido dinero para una candidatura. Sería sumamente grave de comprobarse eso”, comentó el parlamentario en conversación con EXPRESO.
García Belaunde también recordó que durante la gestión de Susana Villarán se sabe que hubo trabajos que realizaron las empresas OAS, Odebrecht y Camargo Correa.
“La relación ahí es totalmente directa pero si se demuestra que el honorario de Favre la pagaron las empresas brasileñas, es casi equivalente a que lo haya pagado Villarán”, dijo.
“Así que no creo que haya muchas excusas para poder sacarla de una investigación. Yo creo que, al contrario, estos serían indicios razonables de que ha pagado gratificaciones o concesiones ilegales a través de este sistema”, advirtió.
Todo este conglomerado ligado a la izquierda y que ha vivido de las actividades ilícitas de las constructoras brasileñas corruptas y del Foro de Sao Paulo de Lula da Silva, ha convocado a una marcha anticorrupción a pedido de la CGTP para este 16 de febrero. Hay que desearles buen viaje, les dicen desde otras orillas políticas.
¿Qué ha dicho la central CGTP sobre la corrupción?: “La gran corrupción en el país es tan grave que alcanza niveles nunca vistos y compromete las gestiones de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala e incluso al propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, que a partir de la maquinaria corruptora de la empresa Odebrecht, (…) han creado en nuestro país una crisis política y moral que merece el repudio general”, afirma dicha central de orientación comunista en comunicado conocido el 7 de febrero.
De inmediato, el legislador Carlos Tubino, sabedor que dicha CGTP es más que nada el sindicato de construcción civil, les hizo una pregunta a través de la red Twitter: “¿A cuánto asciende el monto que les pagó Odebrecht por las extorsiones de construcción civil?”
No hubo respuesta alguna.
Antes se supo que para la izquierda dicha movilización “será el inicio de una gran cruzada nacional cuyo punto básico es la firma del Pacto Ciudadano contra la Corrupción, organizado para el 28 de febrero, y una gran movilización nacional descentralizada para el 14 de marzo”.
A esta estrategia le trataron de dar partida de nacimiento el abogado del IDL Carlos Rivera y el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, quienes habrían formado, como plataforma política con la CGTP, una “coordinadora contra la corrupción”.
Verónika Mendoza se sumó a la marcha anticorrupción de izquierda el 8 de febrero de 2017. Las legisladoras Marisa Glave e Indira Huilca también participarían. Susana Villarán no ha dicho esta boca es mía.
El Comercio
Ahora le toca a Nadine
Cecilia Valenzuela
(…)
El registro de visitas de la Presidencia de la República entre el 2011 y el 2015 será muy útil para establecer los contactos que se realizaron entonces. Y cuando la fiscalía contraste la lista de las personas que visitaron Palacio en ese período con la lista de las visitas que la oficina de comunicaciones de Palacio hizo pública en esas mismas fechas contará con más elementos para su investigación.
El 26 de octubre del 2011, por ejemplo, el ex presidente Ollanta Humala sostuvo en el salón Sevillano de Palacio de Gobierno una reunión con Jorge Barata. El encuentro duró una hora y media; sin embargo, la oficina de comunicaciones de la presidencia solo hizo pública la reunión que Humala tuvo ese mismo día con el economista de la universidad de Harvard Michael Porter.
¿Por qué debía mantenerse en secreto una reunión entre Humala y Barata? Al año siguiente Barata y Marcelo Odebrecht volvieron subrepticiamente. Dijeron en la puerta que iban a visitar a funcionarios de segundo nivel.
El 1 de agosto, el registro de la Casa Militar reporta a Jorge Barata cuando ingresa a Palacio, a las 11 de la mañana, y cuando sale, a las 5:30 de la tarde. En esa oportunidad, Barata, supuestamente, fue a ver a Luis Chuquihuara, el secretario general de entonces.
Ese día y a esa hora, la agenda pública ubica al presidente Humala en el Callao, para entregar una obra de agua potable. ¿Con quién estuvo Barata seis horas y media, incluyendo la hora de almorzar?
Pero lo más interesante es lo que aparece en el registro de una semana después cuando Barata regresa acompañado por Marcelo Odebrecht, supuestamente, para reunirse con Cynthia Montes, la asistenta de Nadine Heredia.
No es un chiste, según el registro oficial, Marcelo Odebrecht, uno de los hombres más poderosos del continente, estuvo en Palacio 3 horas con 15 minutos reunido con una asistente.
Oficialmente, Odebrecht había venido al Perú para acompañar a Ollanta Humala en la inauguración de la represa de Chaglla en Huánuco; y ahí sí se dejaron ver en público, pero el día previo el más grande corruptor de los últimos tiempos ingresó soslayado a Palacio de Gobierno y puedo apostar que para reunirse con Nadine Heredia.
Ella preparaba en ese momento su viaje al Brasil, que ejecutó dos semanas después de recibir a Barata y a Odebrecht en Lima.
El viaje fue muy comentado. Nadine Heredia viajó en el avión presidencial y fue recibida con honores de mandataria. Claro, allá se reunió con Lula da Silva y Dilma Rousseff, ambos identificados ahora como los inspiradores políticos del Lava Jato.
Por cierto, el colaborador eficaz con el que viene trabajando la segunda fiscalía anticorrupción a cargo del fiscal Reynaldo Abia, ha declarado que “desde finales del 2011 y durante el 2012 en Palacio se negoció, ilícitamente, la asignación del gasoducto del sur a Odebrecht”.
(…)
Peru21
Pecados de AFP y universidades
Aldo Mariátegui
Como aportante de las AFP, no puedo menos que enojarme de que los directores puestos por las mismas (40% del accionariado) en GyM no se hayan opuesto –pública y privadamente– a que esta empresa se asocie con Odebrecht en el Gasoducto del Sur el 30 de setiembre de 2015, cuando ya la Policía brasileña había detenido al delincuente Marcelo Odebrecht el 19 de junio anterior. ¿No veían noticias? ¿Qué? ¿No debían velar por nuestros intereses? Ni piden renuncias ni les destituyen hasta ahora. También me irrita que se haya nombrado al miembro de una consultora de empresas (Apoyo) como director en Graña para representar a las AFP. ¿Cómo fiscaliza empresas quien también hace consultorías e informes para empresas? Encima Apoyo ahora le gestiona la prensa e imagen a GYM. ¡Plop! ¿Que no existen conflictos de intereses allí? ¡No jodan, AFP, pues! ¿Y las “supervisoras” estatales? ¡Qué escándalo!
- Ayer manifestaba mi inquietud por que el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico haya respaldado la construcción de la inútil y costosísima Interoceánica Sur con un alucinante estudio, que hasta la comparaba con Las Bambas por beneficiosa… Hoy me encuentro que también la PUCP no solo cofinanció los premios IPYS junto a Odebrecht, sino también publicó –en “alianza estratégica” y con prólogo de Barata– un informe sobre la “buena responsabilidad social” (parece joda, ¿no?) de Odebrecht en la InterSur. Ver http://www.inforegion.pe/142921/destacan-vision-y-practicas-de-responsabilidad-social-en-la-interoceanica-sur/ y https://es.scribd.com/doc/105441451/Informe-Final-Corredor-Interoceanica-Sur. Allí observarán sentados a los catedráticos Aldo Panfichi y Denis Sulmont. La pregunta es… ¿QUIÉN financió estos dos benéficos estudios de la Pacífico y PUCP? ¿Odebrecht?
El Comercio
Chinchero es la misma vaina
Fernando Vivas
No me importa su etiqueta, si es de izquierda o de derecha. La corrupción no tiene bandera: está bajo la línea de flotación de nuestros valores compartidos. Simplemente quiero denunciar lo que me repugna y analizar un fenómeno que está a la base: el empoderamiento de los tecnócratas y la debilidad de los políticos. Jaime de Althaus me discute que yo subraye lo pernicioso de este desbalance y achaque el diseño maligno de las instituciones pervertidas (APP asimétricas, adendas, arbitrajes ad hoc) a los técnicos. Y me replicó: “Esta corrupción no es tecnocrática”.
Conciliemos, Jaime. La corrupción sí es tecnocrática. Y también política. Pero ten en cuenta que mientras los políticos sucumben a la desaprobación, los técnicos quedan. Por ejemplo, la Interoceánica se decidió en Palacio por Toledo, pero se ejecutó en Pro Inversión por el invisible René Cornejo. Toledo se convirtió en un candidato patético; René Cornejo llegó a ser primer ministro de Humala. En Brasil fue distinto porque el PT gobernó varios lustros, pero tampoco la corrupción nos cayó todita de ahí, ah. Nuestra industria de la construcción tenía joyitas como Lelio Balarezo antes de que los brasileños nos asaltaran.
Con Alan la cosa cambió poco. Es político con carácter, pero igual se alió a la tecnocracia y le regaló la consigna del perro del hortelano (ojo que en la pieza de Lope, a quien ladra el perro es a los ladrones). Con Humala y Nadine, la tecnocracia hizo su agosto: el par necesitaba urgente asistencia técnica para el bien y para el mal.
En resumen, son técnicos quienes diseñaron los contratos que transfieren ‘accountability’ y riesgos al Estado, la flexibilidad planificadora (el plan de gobierno abierto a megaproyectos de iniciativa privada) y las puertas giratorias. Son los políticos quienes consiguen los votos en el Congreso y azuzan a la población a pedir a gritos las obras sobrevaluadas. El modelo de crecimiento con programas sociales y APP (llámenle neoliberal, caviar, desarrollista, de centroderecha o centroizquierda, me tiene sin cuidado) ha delatado tales perversiones que necesita ser ajustado por un acuerdo nacional sin ideologías.
Por todo esto, me ha indignado el apuro en la firma de la adenda de Chinchero. PPK pasó unos días en el Cusco antes de asumir el mando y su sola presencia alimentó las expectativas de los cusqueños por el aeropuerto. Ello derivó en una presión política que, sumada a las sospechas de corrupción en el contrato, aconsejaban enfriar la negociación. Ahora resulta que ni contrato ni adenda tenían una cláusula anticorrupción. Y el consorcio –tan considerado él, luego de estar dispuesto a endilgarnos intereses de hasta 22%– la está pidiendo por ‘fair play’. No pequemos de bobos.
Peru21
La raíz del problema
Juan José Garrido
Como advertimos hace semanas, la izquierda política y mediática tratará de vender la idea de que, detrás de las corruptelas (casos Odebrecht y Lava Jato), se encuentra el sistema económico de libre mercado. Ayer, en un artículo ofensivo y de baja calaña, el sociólogo Nelson Manrique repite la monserga, olvidando –como hemos dicho antes– que la corruptela vino justamente del gobierno socialista de Lula y Dilma que ellos patrocinaban, a través de gobiernos que ellos apoyaron.
En respuesta, muchos liberales y conservadores han sostenido que no hay relación entre izquierda o derecha y corrupción, tratando –imagino– de neutralizar así los embates cínicos de estos sinvergüenzas. Así las cosas, la corrupción no estaría enraizada en el modelo económico, sino sería parte de la naturaleza humana. El problema es que eso tampoco es cierto: la corrupción sí está ligada a un modelo económico, solo que no al modelo de libre mercado.
Ana Isabel Eiras, analista de Heritage Foundation, publicó en 2003 el estudio “Ética, corrupción y libertad económica”. Aprovechando la data, a la fecha, sobre los componentes de los sistemas económicos (políticas comerciales, impuestos y gasto fiscal, política monetaria, peso regulatorio, entre otros) y de corrupción, encuentra una relación negativa significativa entre ambas variables: a mayor libertad económica, menor corrupción, y a menor libertad económica, mayor corrupción.
De hecho, los niveles de percepción sobre los estándares morales son cuatro veces mayores en los países económicamente más libres que en aquellos países económicamente más restrictivos.
Al estudiar dichas relaciones, lo que Eiras encuentra es simple: la corrupción, más que un problema, es un síntoma, un comportamiento inadecuado (inaceptable, por cierto) del sector privado ante las acciones regulatorias y un pésimo ambiente legal (protección de la propiedad privada, o independencia del Poder Judicial, por ejemplo).
Para capitalizar en el río revuelto de las corruptelas brasileñas, lo primero que tendría que hacer la izquierda es denunciar al Partido de los Trabajadores brasileño, artífice financiero del caso Lava Jato. Solo así nos demostrarían que, al menos, pueden identificar la raíz de este problema.
El Comercio
El último lunes el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia con el objetivo de que quienes hayan cometido actos de corrupción salgan de los grandes proyectos de inversión sin que estos sufran demoras y que, a su vez, se cautele el pago de reparación civil al Estado.
El decreto es aplicable a las personas jurídicas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, lavado de activos o equivalentes, las que hubiesen admitido o reconocido la comisión del delito o personas jurídicas vinculadas a las dos primeras.
Quienes calcen en este grupo, temporalmente, no podrán realizar transferencias al exterior de sus capitales de las inversiones en el país ni de los dividendos, las utilidades provenientes de su inversión, disfrute de bienes ubicados en el país, de las regalías, entre otros.
Además, cualquier interesado en comprar bienes, acciones u otros valores de las empresas que hayan cometido el delito deberá presentar una solicitud de interés escrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quienes no sigan este procedimiento y no hagan el depósito correspondiente en el Fideicomiso de Retención y Reparación (FIIR), serán considerados responsables solidarios con los que cometieron el delito.
El porcentaje de la venta que será destinado al FIIR –que será creado por el Ministerio de Justicia y administrado por el Banco de la Nación– será determinado por el procurador público que corresponda. En caso de que hubieran excedentes sobre esa venta, estos se los quedaría la empresa que vendió el activo.
Los fondos del fideicomiso “servirán para atender el pago de las reparaciones civiles a favor del Estado y que establezcan los órganos jurisdiccionales correspondientes”, señala el decreto.
Si nos remontamos al caso del gasoducto sur peruano, el “pero” que mantenían los interesados en comprar la participación de Odebrecht en el proyecto era la cláusula anticorrupción. Esta establece que, en caso de que se encontrara evidencia de corrupción durante la adjudicación o ejecución del proyecto, este regresaría al Estado. Dado que Odebrecht ya había confesado el pago de coimas en el Perú, ningún inversionista quiso asumir el riesgo y comprar su participación. Hoy, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha establecido que todos los contratos de concesión deberán contar con esta cláusula.
Mediante este decreto, esa situación no se soluciona, afirma Paul Galarza, asociado senior del área Penal del Estudio Muñiz, ya que este busca normar un momento posterior, cuando ya se ha probado el hecho de corrupción, por lo que no resolvería el dilema. Bajo este supuesto, “si es que hay una concesión cuestionada, el nuevo inversor que quiere entrar se la va a pensar muchas veces”, afirma el abogado.
El Comercio, EFE
Representantes de Ministerios Públicos de quince países se reunirán a partir del jueves en Brasilia para intercambiar información sobre las prácticas de corrupción en que ha incurrido la constructora brasileña Odebrecht.
Según la Procuraduría General de Brasil, que organiza la cita, han sido invitados delegados de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Las reuniones serán a puerta cerrada pues, según dijo a Efe un portavoz de la Procuraduría, existen investigaciones en curso por parte de cada uno de los Ministerios Públicos que asistirán a una cita que consideró como un "inédito caso de cooperación regional".
En esos catorce países, además del propio Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse esas prácticas ilegales, se investiga la actuación del grupo Odebrecht, sobre todo en la financiación ilegal de campañas electorales, el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas u operaciones financieras irregulares.
Todos esos países han solicitado información a las autoridades brasileñas, que desde hace más de dos años iniciaron la llamada operación Lava Jato, que empezó con un simple asunto de blanqueo de dinero en un puesto de gasolina y lavado de coches de Brasilia y destapó el mayor escándalo de corrupción de la historia nacional.
Desde entonces, decenas de políticos y empresarios han terminado en prisión por su participación en esa trama, que aún puede salpicar a muchos otros dirigentes de casi todos los partidos, entre quienes figuran miembros del Gobierno y el propio presidente Michel Temer.
Esas prácticas, sin embargo, no se limitaron a Brasil y fueron más allá de las fronteras, para expandirse de la mano de Odebrecht por buena parte de América Latina y llegar hasta a países de África e incluso de Europa, como es el caso de Portugal.
Buena parte del dinero obtenido con esas maniobras ilegales pasó por bancos de Estados Unidos y Suiza, países que también entraron en la investigación y con los cuales Odebrecht firmó sendos acuerdos de lenidad, como hizo en Brasil, mediante los cuales aceptó sanciones pecuniarias que superan los 2.000 millones de dólares.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Los pagos se refirieron a "más de 100 proyectos" realizados entre 2001 y 2014 y que, en la gran mayoría de los casos, correspondían a obra pública.
Las investigaciones iniciadas a raíz de las informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos han generado una orden de captura contra el ex presidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo; y ha salpicado a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos.
También han generado un enorme revuelo en cada uno de los países citados, que en su mayoría han pedido información a Brasil, ya que 77 ex directivos de Odebrecht implicados en el asunto han acordado colaborar con la justicia y pudieran haber revelado detalles sobre las operaciones de la empresa en el exterior.
Los testimonios de esos antiguos ejecutivos de la constructora están bajo un estricto secreto judicial, pero la prensa local afirma que pudieran implicar en el asunto a unos 200 políticos, incluido el presidente Michel Temer, por lo que los califica como "la delación del fin del mundo".
Odebrecht, que opera en 28 países y tiene unos 168.000 empleados, ha aceptado su responsabilidad en esos hechos y se ha comprometido tanto a colaborar con la justicia en todas las investigaciones como a eliminar definitivamente esas prácticas corruptas.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El Comercio
El gobierno no solo debe lidiar con las críticas de la oposición. El Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación oficialista Peruanos por el Kambio decidió la noche del lunes exigir la renuncia de la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada, y la expulsión del congresista Moisés Guía Pianto.
El secretario nacional de Organización, Jorge Villacorta, explicó a El Comercio que estas decisiones responden a “gestos políticos necesarios”.
“La señora Ana María Romero-Lozada ha sido la gerenta de la ONG de [Alejandro] Toledo, así que representa un gesto de usos y costumbres políticas sacarla del ministerio. Ella misma debió dar un paso al costado y eximir al Gabinete de esa carga política”, afirmó.
Villacorta culpó al “sector tecnocrático” del gobierno de la permanencia de la ministra.
El dirigente de Peruanos por el Kambio también admitió que el partido oficialista está alejado del Ejecutivo. “El gobierno está copado de tecnócratas y bueno fuera que dieran resultados, pero nada”, dijo.
El CEN del partido oficialista también decidió exigir la expulsión de la bancada del legislador Moisés Guía Pianto, quien a inicios de este mes pidió la vacancia de Kuczynski.
La decisión fue transmitida ayer a la bancada por el congresista y presidente del partido oficialista, Gilbert Violeta. Ante ello, el grupo parlamentario postergó para hoy la decisión final del caso.
El Comercio
Los congresistas oficialistas Carlos Bruce y Juan Sheput rechazaron el pedido hecho por la dirigencia del partido Peruanos por el Kambio, que exigió la renuncia de la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada, por dirigir la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, que recibió financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht.
“No estamos de acuerdo con esa posición. Creemos que la ministra Ana María Romero es una buena ministra, muy buena ministra del gabinete de Toledo, y es una buena ministra ahora. Pedir su renuncia por un hecho que ella no sabía y que 10 años después sabemos todos los peruanos es francamente injusto”, indicó Bruce.
Por su parte, Sheput, el otro vocero de la agrupación en el Congreso, indicó que la posición del Comité Ejecutivo Nacional de Peruanos por el Kambio no es institucional, sino de uno de sus integrantes, del ex consejero presidencial Jorge Villacorta.
“Tengo entendido que es una posición personal de Jorge Villacorta, porque yo he estado con el secretario general Salvador Heresi y el presidente del partido Gilbert Violeta y ninguno de los dos está al tanto de esta situación, así lo han manifestado hoy en la reunión de la bancada”, manifestó en comunicación con este Diario.
“Yo creo que no han hecho un análisis profundo de la situación y creo que es inoportuno [lo dicho por Villacorta]. Tanto Heresi como Violeta, que son las voces oficiales del partido y a quienes tengo que creer, han dicho que esto es una posición personal de Villacorta", finalizó Juan Sheput.
El Comercio se comunicó con la congresista y segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, pero esta prefirió no declarar sobre el tema.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION
Gestión, AFP
La presidenta de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo al Senado de Estados Unidos que frenar la inmigración puede perjudicar el crecimiento de la economía.
Informó que se ha desacelerado el crecimiento de la población laboralmente activa de Estados Unidos. “Esa es una de las razones por las que nuestra economía avanza a un ritmo lento”, aseguró. “De manera que frenar el ritmo de inmigración debería probablemente frenar el ritmo de crecimiento”, concluyó.
