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MEDIA COLUMNA
¿Sobrevivirá GyM?
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
La acción de Graña y Montero abrió hoy en la Bolsa de
Lima en 2.36 soles y cerró en 2.30. Hoy perdió más de cuatro por ciento de su
valor.
El pasado 6 de noviembre, seis días atrás, la misma
acción había llegado a los 3.30 soles, un dólar. Hoy la acción vale 70 centavos
de dólar. En la semana pasada –la segunda más negra de su historia- , la
empresa ha perdido algo menos de un tercio de su valor en soles.
En la bolsa de Nueva York, la acción de Graña y Montero
cerró hoy en 3.55 dólares. Valía 5 dólares cinco días atrás. Valía 20 dólares cinco
años atrás.
Esta es la tragedia de la empresa peruana que llegó
a ser la primera en ingeniería en el país. Ha caído bajo el contagio de la
corrupción brasileña, real o presunto. Desde el punto del vista del mercado de
valores da lo mismo.
El puntillazo final se lo ha dado el Congreso al incluirla
en las limitaciones operativas que el gobierno impuso a
la corrupta
constructora brasileña.
Cualquiera sea su versión, nadie la creerá. Para
los contribuyentes, la empresa se prestó a colaborar en la venta a los peruanos
de unos megaproyectos sobredimensionados con precios sobrevaluados de manera
tan desmesurada que no podía pasar inadvertida para quienes tenían larga
experiencia en obra pública.
Pero nadie dijo nada. Me pregunto qué dirán hoy de
este descalabro sus ingenieros, sus demás trabajadores, sus proveedores, sus
clientes.
En el corto plazo, la empresa será mantenida a
flote por los bancos, que únicamente así podrán eventualmente cobrar su deuda.
Más allá de eso, solo el mercado dirá si la empresa hallará un día el camino de
vuelta al respeto de los peruanos.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
INVESTIGACION A GRAÑA Y MONTERO
Exitosa
El vocero
de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, justificó la acusación constitucional
que presentó contra el fiscal de la nación, Pablo Sánchez. “La denuncia
es porque han pasado nueve meses después der que Jorge Barata dijo que Graña y
Montero conocía sobre toda esta corruptela en el caso de la Interoceánica (…) Y
hasta el día de hoy no hay una investigación ni siquiera preliminar abierta”,
aseguró.
La República, El Comercio
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el fiscal Hamilton
Castro aclararon ayer en Cuarto Poder y Panorama que la empresa Graña y Montero está bajo
investigación. “Es una investigación reservada que está a cargo del equipo
especial que dirige el doctor Hamilton Castro”, apuntó Sánchez. Castro reiteró
que “existe una investigación contra las empresas llamadas consorciadas (...)
Contra Graña y Montero y
otras”.
El fiscal Hamilton Castro consideró que es una
"mentira inadmisible" decir que no existe una investigación a las
empresas que fueron socias de la firma brasileña. Precisó que la indagación se inició
a partir de lo que declaró Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú.
El Comercio
La congresista Yeni Vilcatoma presentó hoy lunes una
segunda denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por
haber designado a Hamilton Castro a cargo del Caso Odebrecht, quien a la fecha
no habría iniciado la investigación de las empresas socias de la constructora
brasileña.
"El fiscal de la Nación y el fiscal Hamilton
Castro le han mentido al país porque no tienen una investigación. No hay una
disposición para abrir una investigación preliminar contra Graña y Montero,
algo que tiene que existir para que se puedan tomar acciones que impidan la
venta de su patrimonio", añadió.
El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, presentó
la primera también porque Sánchez supuestamente no exigió a Hamilton Castro
investigar a las empresas socias de Odebrecht.
El Comercio
El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril acusó
al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de
mentir al afirmar que se está investigando a las empresas consorciadas con
Odebrecht en el Perú. "El 3 de octubre del 2017 se presentó José Graña a
la Comisión Lava Jato (del Congreso) y ahí, bajo juramento, dijo que no viene
siendo investigado", dijo. El congresista cuestionó que ni Pablo Sánchez
ni Hamilton Castro hayan presentado una resolución de apertura de investigación
preliminar a Graña y Montero.
La República
El fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde dijo
no tener “ninguna duda” de que la denuncia constitucional presentada por el
congresista fujimorista Daniel Salaverry en su
contra se debe a la reapertura de la investigación contra el ex
secretario general de Fuerza Popular Joaquín
Ramírez.
El Comercio
Entrevista al fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez
—¿Para
usted es Keiko Fujimori quien ha ordenado al vocero de Fuerza Popular que lo
denuncie constitucionalmente por omisión de funciones?
Esa pregunta me es muy difícil de contestar porque no sé. Es una denuncia que se presenta a título personal y que apoya toda la bancada. Debo pensar que, obviamente, todos están enterados en este tema.
Esa pregunta me es muy difícil de contestar porque no sé. Es una denuncia que se presenta a título personal y que apoya toda la bancada. Debo pensar que, obviamente, todos están enterados en este tema.
(…)
— El
legislador Daniel Salaverry cuestiona que hasta ahora la fiscalía no investigue
a las socias de Odebrecht, como Graña y Montero. ¿Es cierto?
Hay investigaciones abiertas y reservadas. En este caso, me obligan a decir públicamente que sí están siendo investigadas. Lo que es reservado tengo que hacerlo público porque la denuncia constitucional se centra en eso. Hablé con el fiscal Hamilton Castro y le dije que tengo que decir esto para que se me entienda. Sí se está investigando a las empresas consorciadas.
Hay investigaciones abiertas y reservadas. En este caso, me obligan a decir públicamente que sí están siendo investigadas. Lo que es reservado tengo que hacerlo público porque la denuncia constitucional se centra en eso. Hablé con el fiscal Hamilton Castro y le dije que tengo que decir esto para que se me entienda. Sí se está investigando a las empresas consorciadas.
(…)
—Dicen
desde el fujimorismo que se busca afectar la candidatura de Keiko Fujimori en
el 2021.
El fiscal ha fijado como plazo 36 meses, es lo que manda la ley. La lectura ha sido que coincide con la fecha de las elecciones presidenciales. De mi parte no ha habido ninguna instrucción al fiscal en ese tema. Además, pienso que el fiscal tampoco ha pensado de esa manera, es el tiempo que establece la ley. Puede durar tres años, dos, uno, seis meses.
El fiscal ha fijado como plazo 36 meses, es lo que manda la ley. La lectura ha sido que coincide con la fecha de las elecciones presidenciales. De mi parte no ha habido ninguna instrucción al fiscal en ese tema. Además, pienso que el fiscal tampoco ha pensado de esa manera, es el tiempo que establece la ley. Puede durar tres años, dos, uno, seis meses.
de delito. Está
dentro del marco de la ley. No es lo que yo he decidido.
(…)
—¿Le
preocupan actuaciones como la de la fiscal Sara Vidal, quien archivó la
investigación a Joaquín Ramírez sin un peritaje contable y argumentando la
casación de Arequipa, cuando ustedes habían salido públicamente a cuestionarla?
Respeto la decisión de los fiscales. Pero en ese caso específico me preocupé mucho porque antes de la decisión de la fiscal se decía en la prensa que no había peritajes o que estas no avanzaban. Le pedí información a la fiscal y me dijo que solo habían avanzado el 10% del trabajo pericial. Luego, los peritos me informan que el avance era de 50%. Entonces dije: “Acá hay algo extraño”, la doctora no me ha dicho la verdad, la fiscal no es de mi confianza y dejé sin efecto su destaque, no he hecho nada más.
Respeto la decisión de los fiscales. Pero en ese caso específico me preocupé mucho porque antes de la decisión de la fiscal se decía en la prensa que no había peritajes o que estas no avanzaban. Le pedí información a la fiscal y me dijo que solo habían avanzado el 10% del trabajo pericial. Luego, los peritos me informan que el avance era de 50%. Entonces dije: “Acá hay algo extraño”, la doctora no me ha dicho la verdad, la fiscal no es de mi confianza y dejé sin efecto su destaque, no he hecho nada más.
Expreso
La Comisión Madre Mía, que preside Héctor
Becerril, tiene previsto citar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y a su
actual asesor Víctor Cubas Villanueva al haber sido ellos quienes archivaron en
primera y segunda instancia el caso pese a existir indicios para efectuar la
investigación por hechos de lesa humanidad.
El Comercio
Explotemos juntos, Pablo
Fernando Vivas
(…)
¿Por
qué Fuerza Popular (FP) se arriesgó a reavivar la peor de sus percepciones
negativas, la del autoritarismo que ‘disuelve’ poderes del Estado? Los
consultados contaron que son muy conscientes de ello y que, por eso, lo
discutieron mucho en la comisión política (CP) del partido.
En la
CP hubo voces moderadas como la de Miki Torres y Úrsula Letona, que pusieron
objeciones a denunciar nada menos que a un fiscal de la Nación. Luz Salgado,
que suele ser moderada ante iniciativas confrontadoras, estaba de licencia
médica. Se impuso, entonces, con la venia de Keiko, la línea dura, presidida en
este caso por Daniel Salaverry y Héctor Becerril.
(…)
Las
fuentes dicen que el afán de denunciar a Sánchez fue anterior a buscar un
motivo para hacerlo. Este resultó ser la supuesta inacción del Ministerio
Público ante las responsabilidades de Graña y Montero en el Caso Lava Jato y no
sorprende, pues es coherente con el enfrentamiento de Keiko con quienes, en su
modo de ver las cosas, frustraron su triunfo. Y coincide con la aprobación en
el pleno, el jueves pasado, de la modificación del Decreto de Urgencia 003,
para extender las responsabilidades de las consorciadas con Odebrecht.
El
viernes 6 de octubre, cuando Keiko, flanqueada por su cúpula, salió a denunciar
que se sentía acosada por el Ministerio Público, anunció que emprendería
acciones contra lo que consideraba una persecución. Pero no dio a entender ni
por asomo que pretendiera acusar constitucionalmente a Sánchez. Su indignación
se concentró en la decisión del fiscal José Domingo Pérez de investigarla bajo
el marco de la Ley contra el Crimen Organizado (30077).
(…)
No
todo fue queja en la declaración de octubre. Keiko destacó que la fiscal Sara
Vidal archivó el 22 de setiembre, con “más de 200 páginas de sustento”, la
investigación que la comprendía junto a Joaquín Ramírez. Para cerrar este
punto, que tomará relevancia más adelante, Keiko criticó a Sánchez por haber
dicho que iba a evaluar a la fiscal Vidal, lo que, a su modo de ver, era una
represalia por no seguir la consigna de emprenderla contra el fujimorismo.
Sánchez,
huidizo a las entrevistas, ha salido esta vez a defenderse públicamente con un
argumento político y uno técnico. El primero es que el fujimorismo lo denuncia
en represalia por la reapertura de la investigación a Joaquín Ramírez que
involucra a Keiko Fujimori. El otro es que el Ministerio Público sí investiga a
Graña y Montero.
Hoy,
en este mismo Diario, aclara que esas pesquisas son reservadas, pero la
denuncia lo obliga a afirmar que existen.
Busqué
a fuentes del MP y se explayaron en aquello en lo que Sánchez no quiere ser más
explícito. Dijeron que el equipo de Hamilton Castro sí investiga a GyM y sus
directivos como parte de las corroboraciones de las declaraciones del colaborador
eficaz Barata sobre el conocimiento que los consorciados con Odebrecht podían
tener del pago de coimas. Contaron que hacen peritajes contables buscando el
rastro de posibles contribuciones a las coimas en el monto de las utilidades de
la empresa.
FP cuenta
con lo llamativo que resulta a la opinión pública que José Graña y otros
directivos de GyM no estén comprendidos abiertamente en las pesquisas del Lava
Jato local. De ahí, la ligereza de no considerar la existencia de procesos
reservados.
Ahora
bien, el argumento de Sánchez de que la denuncia hecha el lunes 6 noviembre es
una réplica a la reapertura de la investigación a Joaquín Ramírez hay que
analizarlo cronológicamente. La fiscal Elizabeth Peralta recién tomó esa
decisión el viernes 3 y empezó a notificar a los varios involucrados,
terminando la relación el lunes, el mismo día que Salaverry lanzaba la bomba.
Aun si lo hubiera hecho el viernes mismo, es claro que, como sostienen nuestras
fuentes fujimoristas, Salaverry ya tenía lista la denuncia.
Pero
la suspicacia de Sánchez no deja de tener sentido: es posible que la acusación
ya estuviera lista, pero la decisión de lanzarla se tomó el fin de semana,
cuando, a través de los abogados de Ramírez u otros de los primeros
notificados, Salaverry se enteró del caso reabierto y ese fue el detonante para
autoconvencerse y convencer a su lideresa de acusar al primer acusador de la
nación.
(…)
En
resumen, investigaciones bajo la ley de crimen organizado, citaciones a
congresistas y a la propia Keiko que podrían interpretarse como un sesgo
antifujimorista en parte de la fiscalía sin que Sánchez lo corrija, el
interrogatorio a Odebrecht pueden explicar la bomba naranja. Pero la reapertura
del Caso Ramírez vuelve a brillar como posible razón esencial. Keiko había celebrado
la resolución de “más de 200 páginas” que la cerró. La he revisado. Son, en
realidad, más de 230 hojas, pero se agotan en un listado de diligencias y un
breve y flojo sustento argumental. Salaverry ha reconocido públicamente su
amistad con Ramírez y no se descarta –lo llamamos, pero no quiso colaborar con
esta crónica– que la defensa de Ramírez lo presione a seguir adelante con la
acusación.
Con un
pie en el redil de la bankada y otro fuera, la congresista Yeni Vilcatoma tiene
que tomar una decisión. Dos fuentes contaron que habría coordinado con
Salaverry la presentación de otra acusación. La llamé para preguntarle si
lanzaba su naranja atómica o desistía, pero tampoco respondió.-
La República
Botando al bebé con el agua
Mirko Lauer
La idea de meter a las
constructoras consorciadas con Odebrecht a la colada de Lava Jato es un
harakiri económico. Consideremos el siguiente argumento sobre el castigo de que
están siendo objeto las empresas peruanas por la modificación del Decreto de
Urgencia 003.
El castigo a las empresas
peruanas versus las que ya confesaron corrupción y son extranjeras es
inconsistente: las empresas peruanas tienen centenares de proyectos y miles de
proveedores locales y no se van a ir a ninguna parte. Si se les encuentra
culpables, el Estado tiene sus activos, sus cuentas y todo lo demás para
cobrarse cualquier reparación civil.
Las extranjeras sí pueden
vender e irse como sucedió con OAS y la Línea Amarilla que compró Vinci
Highways. Las empresas peruanas tienen muchas obras en el Perú, y si se les
castiga paran todo. En cambio las obras de las extranjeras son unas pocas
dentro de su portafolio mundial y por tanto el castigo es inmensamente
desproporcionado en contra de los peruanos.
Por último hay una especie
de histeria respecto de la venta de activos que hace Graña y Montero. ¿Se
preguntan acaso dónde fue todo ese dinero? Fue a cancelar deudas incurridas en
el pago de activos del Gasoducto Sur Peruano cuyo desembolso el Estado demora,
y para permitir la continuación de la actividad económica de la empresa, sus
trabajadores y proveedores, es decir para la continuación de la marcha
económica del país.
Por lo tanto la ley que se
aprobó en el Congreso contra las constructoras peruanas está haciendo todo al
revés. Desde el punto de vista práctico es también evidente que ninguna empresa
extranjera va a poder suplir a los más de 60,000 trabajadores entre obreros,
técnicos, ingenieros que tienen estas empresas nacionales en la tarea de
reconstrucción, y menos aún continuar con el incipiente aumento del crecimiento
económico que se esperaba que en el cuarto trimestre supere el 3.9% por
supuesto liderado por la construcción.
En Brasil se ha legislado
la figura del Acordo de Linenza mediante el cual se castiga a la empresa con
una multa inferior si coopera. Caso contrario se le impone una multa
equivalente al 20% de sus ventas anuales (lo cual las mata). El objetivo es
triple: proteger la producción, proteger el empleo, y, lo más importante,
evitar la concentración de la producción en manos de una o dos empresa
BARATA
Peru21
El siguiente paso del Ministerio Público será solicitar
a Brasil un encuentro con Jorge Barata.
Una fuente de Perú21 en la Fiscalía confirmó esta decisión. Marcelo Odebrecht señaló que el ex directivo
de la firma puede dar los detalles sobre los actos de la compañía en el país.
Actualmente, Barata está sometido a proceso para
convertirse en colaborador eficaz en el Perú, que coordina el fiscal Hamilton Castro.
La República
La
reciente declaración de Marcelo Odebrecht ante
fiscales peruanos en Brasil llegará a Lima aproximadamente en "dos
semanas", informó el fiscal Alonso
Peña Cabrera,
jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones
del Ministerio Público.
El
testimonio, según declaró Peña
Cabrera,
llegará en físico a su oficina, vía autoridad central de Brasil (Ministerio de
Justicia).
“Luego,
la declaración de Odebrecht será traducida y transcrita por un equipo
especializado de la fiscalía y posteriormente será entregada a la Fiscalía de
Lavado de Activos para que el fiscal (José Pérez, a cargo de investigar a Keiko
Fujimori) la incorpore”, indicó Peña.
La
investigación preliminar establece que esa declaración debe permanecer
reservada. Pero la fiscalía debería evaluar hacerla pública cuando llegue al
Perú. En las fiscalías de lavado de activos nada permanece en secreto mucho
tiempo, rápidamente trasciende a la prensa y esta vez no será diferente.
Expreso
Entrevista a Rolando Sousa
(…)
-Habría versiones sobre el
trato que la Fiscalía estaría dando a la colaboración eficaz de Barata…
Yo creo que en estos
momentos le están dando de todo al señor Barata, y esto llama poderosamente la
atención. Le dan la excepción de pena y la excepción además del proceso, ni
siquiera va tener un proceso en su calidad de colaborador eficaz; le están
dando la excepción de indemnización o reparación civil a favor del Estado
peruano; le están devolviendo el dinero de sus cuentas que no sabemos
exactamente si ese dinero es producto de actos ilícitos. O sea, puede ser que
el señor Barata se haya quedado con parte del dinero destinado a coimas, pues
nadie sabe cómo es que tenía esos 13 millones de dólares aproximadamente en el
Perú, y lo están exonerando de cualquier responsabilidad de delitos de otra
índole que pueda haber cometido. Tengo la impresión de que esto ya no es una
cuestión del señor Barata, sino que va más allá, porque llega al manejo de
conseguir algunos beneficios adicionales para la empresa brasileña. ¿A cambio
de qué? Ese es el punto clave que se empieza a manosear políticamente.
-¿La acusación constitucional
de Fuerza Popular contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tendría alguna
repercusión en la guerra anunciada?
Yo no quisiera pensar que
la Fiscalía esté actuando de una manera que obligue a Barata a crear una
versión inexistente. Yo soy un convencido de que Barata nunca podrá sostener
que le ha dado un solo sol a Keiko Fujimori. La Fiscalía podría tal vez ser
capaz de crear una historia, como la historia que se creó en plena campaña
electoral, faltando dos semanas para la segunda vuelta, con el señor Joaquín
Ramírez en Estados Unidos.
(…)
La
República
José
Chlimper, secretario general de Fuerza Popular, ratificó el domingo que los
abogados de Keiko Fujimori denunciarán penalmente a El Comercio por difamación,
luego de que dicho medio publicó presunta información de Marcelo Odebrecht que la vincula con actividades
ilegales.
El Comercio, editorial
El
viernes pasado publicamos que Marcelo
Odebrecht había dicho en el interrogatorio de la
fiscalía peruana al que había respondido el día anterior que tenía certeza de
haber aportado financiamiento a la campaña de Keiko Fujimori en
el 2011, precisando que los detalles del hecho los conocía Jorge Barata, el ex
jefe de la constructora brasileña en el Perú.
La publicación provocó una reveladora respuesta de la señora Fujimori y nuestra consiguiente ratificación en lo dicho. Ratificación en la que, por cierto, nos mantenemos.
La publicación provocó una reveladora respuesta de la señora Fujimori y nuestra consiguiente ratificación en lo dicho. Ratificación en la que, por cierto, nos mantenemos.
(…)
El Comercio
Columna de Andrés Calderón
(…)
Fuera
de las declaraciones de FP, ningún medio ha reportado que alguna fuente
contradiga a las fuentes de El
Comercio sobre el testimonio de Marcelo Odebrecht. En cambio, “Hildebrandt en sus trece” y
Convoca.pe han apuntado con sus propias fuentes en el mismo sentido que el
decano (paréntesis: cualquier abogado –con escrúpulos– que sepa de prensa y
delitos informativos sabe que la concordancia de fuentes de medios
independientes descartaría de plano una hipótesis de difamación, donde se
requiere dolo o negligente despreocupación por la verdad).
(…)
(…)
VACANCIA O FACULTADES
La República
A la fecha, la primera ministra, Mercedes Aráoz, se ha
reunido con las bancadas del APRA, Acción Popular y Alianza Para el Progreso
(APP) y viene coordinando citas con el Frente Amplio y Nuevo
Perú.
Aráoz declaró que
enviará una carta a Fuerza Popular para invitarlos a conversar. Hasta el
momento, han rechazado el diálogo y solo evaluarán el pedido oficial.
En las reuniones, Aráoz recibió sugerencias
para el pedido de facultades: le pidieron priorizar los proyectos de ley y
pedir facultades solo para los temas más urgentes.
Según el congresista Yonhy
Lescano, AP
ha optado por no otorgar facultades y proponer que se presenten proyectos de
ley.
Expreso
El
pedido de facultades del Poder Ejecutivo en materia de Economía será para una
segunda fase de las reformas, indicó el congresista Gilbert Violeta de la
bancada Peruanos por el Kambio (PpK).
“En
algunos temas, como economía, se necesita una segunda fase de las reformas que
se efectuaron al inicio del Gobierno, se necesita darles continuidad y hacer
ajustes al paquete de reformas original”, refirió.
El Comercio, editorial
La tensa relación entre el Ejecutivo y el Congreso ha
escalado a un nivel aun mayor esta semana, a raíz de una opinión emitida por la
Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.
Como se recuerda, la decisión del presidente Pedro
Pablo Kuczynski de no recibir a la Comisión Lava Jato, sino únicamente
responder a sus interrogantes por escrito, generó malestar en la sede del Legislativo.
Y, como habíamos señalado en este Diario,
si bien la incomodidad era comprensible por los inapropiados calificativos que
el presidente dirigió hacia la labor parlamentaria, también advertíamos que la
indignación en la oposición resultaba excesiva puesto que el mandatario estaba
actuando dentro de los parámetros que la Constitución le reconoce a la máxima
autoridad del Estado.
Pues bien, el nuevo capítulo de esta saga se dio con la
opinión consultiva antes referida que concluye que, aun cuando el presidente de
la República solo puede ser acusado en los supuestos taxativamente previstos en
el artículo 117 de la Constitución (traición a la patria, impedir las
elecciones, disolver el Congreso sin las causales constitucionales para ello, o
impedir la reunión y funcionamiento del Parlamento y los organismos
electorales), igual está obligado a comparecer ante una comisión investigadora
del Congreso. Y que, en caso de no hacerlo, incurriría en una infracción
constitucional, la cual sería dilucidada por la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, luego de concluido su mandato presidencial.
No son pocos ni menores los problemas con este
dictamen, que fue aprobado con los votos del fujimorismo y de la congresista no
agrupada Yeni Vilcatoma (y en una votación en la que ni el Apra, ni el Frente
Amplio o Alianza para el Progreso participaron). En primer lugar, resulta
cuando menos forzado interpretar que pese a gozar de inmunidad frente a
cualquier tipo de proceso judicial –incluso en circunstancias de índole penal,
salvo las excepciones estipuladas constitucionalmente–, el presidente de la
República aún deba responder a una comisión parlamentaria.
(…)
También llama la atención la ambigüedad con la que la
Comisión de Constitución señala que el mandatario “sí tiene la obligación
constitucional de recibir a una comisión investigadora”, pero añade luego que
“también cuenta con la potestad […] para solicitar brindar sus respuestas por
escrito”.
(…)
Finalmente, resulta bastante peligroso que el grupo que
encabeza la congresista fujimorista Úrsula Letona lleve su lectura sobre la
supuesta obligación del mandatario de recibir a una comisión investigadora
hasta el extremo de crear una nueva infracción constitucional en caso no lo
haga…
(…)
La República
José Chlimper, secretario
general de Fuerza Popular, aseguró que
desde la organización fujimorista no se promoverá una acción de vacancia
del presidente Pedro Pablo Kuczynski y
que, en todo caso, él se opondría a
cualquier intento político de ello.
“Yo me opondría a cualquier tipo de intento político
de vacancia, porque no está dado en nuestra
legislación”,
sostuvo.
El Comercio
Juan Paredes Castro
(…)
A la
luz de sus promesas más nobles de candidata presidencial, como la de no usar el
poder político contra la justicia y la prensa, vemos con estupor que por
errores propios u otros de ofuscada asesoría Keiko Fujimori no puede separar su defensa legal y la
incomodidad mediática que esta le suscita, de la hegemonía que actualmente
ejerce la bancada de Fuerza Popular en el Congreso.
(…)
La República
El
presidente del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pedro Angulo
Arana, opinó que el comportamiento de Fuerza Popular sería resultado de su preocupación
por la investigación del caso Lava Jato.
La
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú condenó la
forma como el Congreso maneja las denuncias contra el TC y el fiscal
de la Nación.
La Federación
de Periodistas del Perú (FPP)
rechazó “el amedrentamiento e intolerancia”.
La Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), consideró “que vamos camino a una
dictadura parlamentaria”.
Expreso
El cambio en la Ley de
Partidos Políticos aprobado por el Congreso permitirá destinar hasta el 50 %
del presupuesto que reciben del Estado a la compra de locales partidarios,
gastos de funcionamiento ordinario y de mobiliario necesario para cumplir sus
actividades partidarias.
Estos son los cambios en
la Ley de Partidos Políticos referidos a este tema:
La norma modifica el
artículo 29, relacionado con la ley de financiamiento público directo, que
entrega el Estado a los partidos y alianza electorales que pasan la valla
electoral.
Esos fondos podrán ser
destinados en un 50 % a actividades de formación, capacitación, investigación y
difusión.
El otro 50 % del
financiamiento público directo puede ser destinado a gastos de funcionamiento
ordinario, así como a la adquisición de inmuebles y mobiliario necesario para
atender actividades circunstanciales al objeto de la organización política.
Al respecto, el
congresista Gilbert Violeta (PPK), indicó que será la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE), la que reglamente este aspecto y autorice la
ejecución de cada gasto, en función del plan que presente cada partido.
Indicó que actualmente la
Ley de Partidos Políticos permitía que se destine el 30 % de los recursos
públicos que reciben como financiamiento a los gastos operativos de un partido.
“A propuesta de Fuerza
Popular se ha subido ese porcentaje a 50 % e incluso se permite la compra de
inmuebles”, indicó.
Yonhy Lescano (AP) expresó
su desacuerdo con esta modificación dado que, en su opinión, varios partidos
están investigados por presuntos actos de corrupción, lo cual genera una
desconfianza respecto al uso de los recursos.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
El Comercio
El dilema de la reconstrucción
Pablo de la Flor
Concebida como facilitadora y orientadora, la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios (ARCC) es responsable de
planificar y coordinar, pero no tiene el mandato prioritario de implementar
aquellos proyectos de cuyo despliegue depende el éxito del proceso. Es decir,
asume la responsabilidad funcional y política por algo que no controla, sin
tener incidencia directa sobre los resultados en función de los cuales debe
rendir cuentas.
Las demoras, dilaciones y tropiezos experimentados en
los últimos meses ponen de manifiesto las enormes contradicciones y
disfuncionalidades de ese modelo y reclaman cambios inmediatos. De allí que me
reafirme en el planteamiento de ponerle dientes a la ARCC y transformarla en una
entidad ejecutora, capaz de suplir con su actuación las brechas institucionales
que amenazan el éxito de la reconstrucción.
Para comprender la urgencia, hay que considerar que a
pesar de haber transferido hace varios meses más de S/1.200 millones a varios
ministerios, gobiernos regionales y municipios provinciales para iniciar las
obras de rehabilitación urgentes, muchas de esas inversiones aún no se
ejecutan. Aplazamientos y errores en las licitaciones, observaciones del
organismo regulador (OSCE) y hallazgos de la contraloría apuntan a un severo
déficit de capacidades. Vistas así, las flexibilidades que la ley le otorgó a
la ARCC han resultado
insuficientes.
El ejemplo más revelador: luego de dos licitaciones
truncas y con una tercera en curso, el Gobierno Regional de La Libertad se
habrá demorado en promedio casi 140 días para otorgar la buena pro para la
rehabilitación temporal de cuatro pistas. En el caso de Piura, la situación es
más compleja pues la refacción y construcción de protecciones contra
inundaciones recién arrancará en diciembre, casi medio año después de que el
GORE recibiera los recursos y justo cuando comienza la temporada de lluvias.
¿Resulta sensato confiarles a ambas entidades proyectos por más de S/3.500
millones?
Como lo señalé en una entrevista en este Diario, el
problema no solo involucra a las autoridades subnacionales, sino que afecta al
propio Gobierno Central. Y es que la reconstrucción tiene en los ministerios a
sus principales ejecutores, con montos que multiplican por varios órdenes de
magnitud su historial individual de desempeño. No hay forma de que estas
entidades mejoren su cometido sin la creación de unidades especiales,
protegidas de los cuerpos ejecutores tradicionales y la adopción de un sistema
de apoyo externo que refuerce y agilice la implementación de los proyectos.
Más importante aun resulta dotar a la ARCC de capacidades ejecutoras
propias e inmediatas, obviando el tortuoso camino de la subsidiaridad según el
cual cuando un proyecto no puede ser ejecutado por un nivel de gobierno el
mismo se transfiere y así sucesivamente. Este planteamiento no requeriría
ninguna modificación normativa ya que la ley marco de su creación contempla
darle funciones ejecutoras a la ARCC.
Lo único que se necesita es la voluntad política de
hacerlo, aunque esto pueda generar malestar entre aquellas autoridades que no
quieren perder el control de los recursos de la reconstrucción. Reflexionando
sobre las implicancias de dicho escenario y las resistencias que el mismo
genera, Fernando Cáceres señalaba
contundentemente en una columna publicada en este Diario: “Sin obras, no hay
plata como cancha. Sin plata, no hay clientelismo. Sin clientelismo, no hay
votos” (“Mitos y
verdades de la reconstrucción”, 8/11/2017).
Por lo demás, no se trata de crear una nueva burocracia
que replique las deficiencias del resto de la administración pública en
la ARCC, sino de establecer
un pequeño núcleo interno que, apoyado por un gran proveedor especializado en
la gestión de proyectos (PMO por sus siglas en inglés), pueda sacar delante de
manera expeditiva los paquetes de iniciativas más importantes de la
reconstrucción.
La ARCC reforzada
debiera tomar bajo su conducción los proyectos que los gobiernos regionales no
puedan ejecutar y aquellas iniciativas que los ministerios no estén en
condiciones de desplegar con agilidad. En lo inmediato, debería hacerse cargo
de las obras preventivas (22% del presupuesto total), incluyendo
canalizaciones, represamientos, manejo de quebradas y la instalación de
sistemas de drenaje pluvial. Además, podría tomar bajo su liderazgo aquellas
iniciativas que se ejecuten usando el mecanismo de Obras por Impuestos a fin de
imprimirle mayor celeridad al procesamiento de las mismas.
Es importante no perder de vista que en el centro del
proceso están los damnificados y que el sentido único y final de la
reconstrucción es restituir el bienestar perdido. En todas las localidades que
visité durante mis viajes por las zonas afectadas estos últimos cinco meses,
siempre me topé con la misma reacción: a los ciudadanos de las zonas afectadas
les importa poco quién se haga cargo de las obras. Lo importante es que los
proyectos se ejecuten bien, de manera rápida y transparentemente. Estos tres
principios se pueden ver vulnerados si no actuamos con urgencia y reforzamos
las competencias de la ARCC.
Peru21
Entrevista a Cayetana Aljovín
-¿Cómo
va el proceso para licitar el Gasoducto del Sur?
Hoy por hoy, en Proinversión hay un comité que se va a encargar del proceso de licitación del nuevo gasoducto. También se le ha encargado que se haga el nuevo diseño que tendrá la obra. Acuérdense que es necesario que se evalúen todas las alternativas, porque ya no tienes el financiamiento a través de las facturas eléctricas o del gas. Va a ser un proyecto cofinanciado por el Estado peruano.
Hoy por hoy, en Proinversión hay un comité que se va a encargar del proceso de licitación del nuevo gasoducto. También se le ha encargado que se haga el nuevo diseño que tendrá la obra. Acuérdense que es necesario que se evalúen todas las alternativas, porque ya no tienes el financiamiento a través de las facturas eléctricas o del gas. Va a ser un proyecto cofinanciado por el Estado peruano.
(…)
-Había
un sobrecosto y el proyecto pasó de costar aproximadamente US$1,300 millones a
US$7,300 millones. ¿Ahora cuánto costará?
Por eso se está rediseñando el proyecto, pero sí puedo decir que el Gasoducto tiene que costar menos. Además, se garantiza que no lo pagaremos porque, como he mencionado, será cofinanciado por el Estado.
Por eso se está rediseñando el proyecto, pero sí puedo decir que el Gasoducto tiene que costar menos. Además, se garantiza que no lo pagaremos porque, como he mencionado, será cofinanciado por el Estado.
-¿Hay
gas para abastecer este proyecto?
Ahora sí. Cuando se licitó el proyecto (2014), no había gas, esa es la verdad. Hoy por hoy, la situación es distinta y sí hay reservas probadas y probables que ascienden a 3.6 TCF (trillones de pies cúbicos) en el lote 58.
Ahora sí. Cuando se licitó el proyecto (2014), no había gas, esa es la verdad. Hoy por hoy, la situación es distinta y sí hay reservas probadas y probables que ascienden a 3.6 TCF (trillones de pies cúbicos) en el lote 58.
(…)
-Otro
de los proyectos cuestionados es el de la refinería de Talara, también por un
sobrecosto. ¿Ya saben a cuánto ascenderá la inversión?
Lo que nos ha informado Petroperú es que el costo total de la refinería de Talara será de US$5,400 millones. Es más, lo que se ha pedido es que hagamos todos los ajustes necesarios para que sea menos de ese monto, y ojalá sea así.
Lo que nos ha informado Petroperú es que el costo total de la refinería de Talara será de US$5,400 millones. Es más, lo que se ha pedido es que hagamos todos los ajustes necesarios para que sea menos de ese monto, y ojalá sea así.
(…)
-¿Paralizar
el proyecto no es una posibilidad?
Yo he estado hace dos semanas en Talara (Piura). Fui a visitar la planta y comprobé que en lo que son unidades de proceso ya se tiene un avance de 70%, mientras que lo que es la refinería en total, más de 60%.
Yo he estado hace dos semanas en Talara (Piura). Fui a visitar la planta y comprobé que en lo que son unidades de proceso ya se tiene un avance de 70%, mientras que lo que es la refinería en total, más de 60%.
(…)
-Pero
no tenemos petróleo para refinar. ¿En ese caso no tendríamos que importar?
Lo que estamos buscando es abastecer a esta refinería con petróleo que sea peruano. También queremos tratar de tener convenios con Ecuador para que refine su petróleo, que es pesado.
Lo que estamos buscando es abastecer a esta refinería con petróleo que sea peruano. También queremos tratar de tener convenios con Ecuador para que refine su petróleo, que es pesado.
(…)
