Donde usted
se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
MEDIA
COLUMNA
Castillo
no debe
eludir la
decisión
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
El Jurado Nacional de Elecciones se
pronunció acto seguido declarando que la convocatoria a un referéndum para una constituyente
es inconstitucional. Según la Constitución el Jurado es la última autoridad inapelable
en materia electoral. Y esta es materia electoral por excelencia. El Jurado,
entonces, no convalidará las firmas que el oficialismo disidente recoge por las
calles.
Pese a lo anterior, obstinadamente, el 13
de enero el presidente observó la ley aprobada por el Congreso con el agumento
falaz de que la ley supuestamente crea un “tránsito obligatorio” por el Congreso
para toda reforma constitucional. Ese “tránsito obligatorio”, sin embargo, lo
establece la propia Constitución, no la ley.
Como si no enfrentara ya dificultades
descomunales, con este acto el gobierno se echa encima la mayor de todas: ante
los peruanos y la comunidad internacional revela que persiste tenazmente contra
la corriente en el afán de convocar inconstitucionalmente a un referéndum para
una constituyente. Es difícil entender su empecinamiento, como no sea que ve desaparecer
la última ocasión de imponer su dictadura de partido único.
Naturalmente, el 21 de enero el Congreso
votó por insistir en la ley aprobada el 16 de diciembre. Como el gobierno no la
promulgará, el Congreso lo hará. Esas son las reglas constitucionales.
En plena necedad, sin embargo, el
gobierno anuncia ahora que presentará contra la ley una demanda ante el
Tribunal Constitucional.
Si el TC le diera la razón, habrá una batalla
de dinosaurios entre dos organismos constitucionales -el TC y el JNE, que ya se
pronunció en contra-. Y continuará el conflicto de poderes que está desgarrando
al Perú. Si el TC con buen criterio resolviera lo contrario, le ahorrará al
Perú el drama de una dictadura de partido único.
Hasta aquí el parte de último minuto de
está batalla en la que el Perú decidirá su historia.
El presidente Castillo ha precisado en
entrevista reciente por primera vez su posición de manera clara. Es la vieja
receta atribuida a Manuel Prado: “hay dos clases de problemas, los que no
tienen solución y los que se resuelven solos”. Todo indica que Castillo ha optado
por dejar que el problema se resuelva solo. En su debilidad ante el partido que
lo llevó al gobierno, ha decidido no decidir.
Esto puede parecer un movimiento astuto
en su lenta pugna desgastante con el partido. Pero ese ciertamente no es el
mejor interés del Perú ni, egoístamente, el de su propio gobierno siquiera. La
inversión privada no volverá mientras siga existiendo el peligro de una
constituyente sobre la democracia peruana. Y eso condena al gobierno
irremediablemente al fracaso.
Hay indicios de que el TC no declarará la
inconstitucionalidad de la ley, ya sea porque no lo es, porque no querrá
medirse con el JNE, o porque sencillamente no alcanzan los votos.
Para evitarle al Péru la pérdida de un
tiempo crucial, y a su gobierno una agonía penosa con la constituyente, el presidente
Castillo necesita anticiparse y anunciar pública y expresamente que su gobierno
renuncia irrevocablemente a esa malhadada constituyente.
Eludir, en cambio, la responsabilidad de una
decisión política fundamental como esta nunca es buena idea.
La opinión en MEDIA COLUMNA representa
exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y gratuitamente
cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com
