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MEDIA
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Como
por un tubo
Jorge Morelli
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Aparentemente, el gobierno se ha propuesto salvar a
Graña y Montero con el Gasoducto y al Gasoducto con Graña y Montero.
No será con la nuestra, sin embargo.
No será con la nuestra, sin embargo.
La garantía del Estado es una de las maneras en que la
corrupción se infiltró en el contrato. Con ella se endeudaba a los peruanos por
una suma sideral y durante treinta años.
Ese contrato no se puede volver a licitar como se hallaba. Si
el gobierno quiere hacer su jugada a dos bandas, que la haga la empresa con
plata privada.
Graña y Montero adquirió un fuerte porcentaje de acciones del
consorcio que encabezaba la empresa brasileña cuando el propietario de la
empresa corrupta ya se hallaba detenido en Brasil.
Esa extraña y cuestionable decisión suscita inevitablemente
la pregunta de si Odebrecht estaba tratando de transferir la propiedad del
consorcio curándose en salud antes de que los procesos legales tuvieran
consecuencias económicas.
Esto va a salir mal si se insiste en ello.
Pero ya sabemos que la temeridad es la característica de este
gobierno. Su nula anticipación es la otra cara de la misma moneda.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Expreso
Entrevista a
Juan Mendoza
-¿El Decreto de Urgencia 007
emitido por el Gobierno cautela los intereses del Estado sobre las
concesionarias locales?
(…)
…parece que el decreto de
urgencia tiene vacíos importantes. El principal es que no se habla de los
socios [peruanos] de estas empresas [brasileñas] porque las licitaciones o las
concesiones que se han dado en el caso de la Interoceánica han sido en consorcio.
En los tramos 2 y 3 la empresa Odebrecht no ha ganado sola sino que ha tenido
empresas socias, conocidas por su cuestionamiento [Graña y Montero (GyM), JJC e
ICCGSA]. La medida tendría que aplicarse hasta que se esclarezca el tema de la
corrupción, y cuanta corrupción hubo que tiene que aplicarse al consorcio.
(…)
-La medida parecería proteger a
las empresas vinculadas a la constructora Odebrecht antes que al Estado…
Si una empresa como GyM
entra a un consorcio y después uno de los miembros del consorcio –como
Odebrecht– admite haber incurrido en una coima, esta afecta a todo el
consorcio. Por lo tanto, si ha existido ilegalidad o irregularidades en la
obtención de esa concesión, todo el consorcio es responsable frente al Estado
peruano y asume las consecuencias, las medidas punitivas y medidas cautelares
que se disponga. Porque el resarcimiento económico que GyM pueda buscar por el
daño que se le ha causado será con Odebrecht, pero el Estado peruano no tiene
por qué perjudicarse. Entonces, la medida debe afectar a todos los
consorciados.
(…).
-¿En el Gasoducto Sur Peruano
pueden participar los consorciados?
A mi entender Graña y
Montero ya no puede participar en la concesión del gasoducto. Si bien es cierto
no fue parte del consorcio inicial, adquirió acciones y, según mi
interpretación, el contrato del 2014 señala que en el caso que el ganador lo
incumpla -por ejemplo, si no han obtenido el cierre financiero- no puede volver
a participar en una futura relicitación del proyecto, y eso incluiría a Odebrecht,
Enagás y Graña y Montero. Ahora, si hubo corrupción a la fecha 15 de febrero,
eso no lo sabemos, pero si se determina –en el curso de las investigaciones–
que hubo corrupción o ilegalidad en la obtención de esa concesión, esta
quedaría nula. El dinero que se ha liquidado de la carta fianza debería ser
parte de pago de una indemnización por daños y perjuicios. Ni Enagás ni Graña y
Montero deberían estar permitidas de volver a participar en una futura
licitación en el momento que ello ocurra.
(…)
Expreso
César
Gutiérrez
Con mucho brío, el pasado domingo en horario estelar y en
cadena nacional, un circunspecto y enfático Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
anunció unas supuestas medidas anticorrupción y protectoras de los derechos
del Estado peruano, que garantizarían el cobro de futuras reparaciones civiles
que impongan las autoridades judiciales en los procesos sobre corrupción en el
contexto Lava Jato.
El lunes de esta semana fue publicado, en el diario oficial
El Peruano, el Decreto de Urgencia 003-2017 (DU) según el cual se establecen
las pautas para ejercer lo que llaman ‘la cautela del Estado’, pero que más
parece la cautela de las empresas peruanas que han sido y son socias de las
brasileñas que hoy son materia de cuestionamiento internacional.
Según el DU, los comprendidos en sus alcances, para vender
activos u acciones, deberán tener autorización del Ministerio de Justicia y,
de efectivizarse la venta, la recaudación ingresará a un fideicomiso hasta que
se determine la suerte final en el juzgamiento al que están sometidos. Igual
suerte corren los excedentes de los costos de operación y mantenimiento de las
empresas concesionarias que tienen operaciones en marcha.
Veo dos focos de conflicto: la aplicación del DU a las que se
llaman ‘empresas vinculadas’ y la estimación por la Procuraduría, que es parte
del Minjus, de las reparaciones civiles.
La norma emitida denomina ‘empresa vinculada’ a aquella que
tiene una participación accionarial mayor del 10 % en un consorcio con la
empresa o funcionarios de ella que hayan sido sentenciados por corrupción o
cuyos representantes hayan admitido actos dolosos.
Una observación inicial: la participación porcentual en un
consorcio no exonera de responsabilidades cuando de cometer delito se trata. Los
consorciados tienen el derecho a revisión de cuentas del conjunto, siendo
imposible que, si el accionista mayoritario paga una prebenda, sea este el que
asuma el costo de ella al 100 %, pues sería perjudicial para sus intereses y
además tendría que maquillar o escamotear el hecho contablemente, sin que los
auditores lo perciban.
¿Alguien en su sano juicio puede creer que Odebrecht asuma
en solitario 20 millones de dólares para hacerle depósitos al señor Josef
Maiman en favor del expresidente Alejandro Toledo, según el fiscal Hamilton
Castro?
Con la tesis descabellada de que la participación porcentual
menor al 10 % en el consorcio exonera de responsabilidades mientras dure el
proceso, aun si estuviera en calidad de procesado o acusado, es pertinente saber
tanto en el caso de la Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, cuanto en la
Interoceánica Norte (IIRSA Norte), cómo estaban conformados los consorcios.
En la IIRSA tramos 2 y 3 el consorcio que participó en el
concurso, ganó la buena pro y firmó contrato estuvo conformado por Odebrecht:
70 %, Graña y Montero (GyM): 18 %, JJC Contratistas Generales: 7 %, ICCGSA: 5 %
(Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.)
De plano estarían exonerados JJC e ICCGSA, mientras que GyM
en la última Memoria Anual que corresponde al año 2015 ya no aparece como integrante
del consorcio. Es decir GyM, que ha estado presente en todo el proceso y ahora
ya no es parte, quedaría completamente fuera del ámbito del DU, salvo que la
ministra Pérez Tello corrija sus afirmaciones recientes.
En IIRSA Norte, el consorcio estuvo conformado por Odebrecht:
49.8 %, Andrade Gutiérrez: 40.0 %, GyM: 10.2 %. En este caso GyM ya tampoco
aparece en su Memoria Anual 2015 como accionista.
Los acuciosos dirán que en el caso del Gasoducto Sur Peruano
(GSP), GyM y Enagas sí estarían afectos al DU 003-2017, pues cuentan con
participaciones del 20 % y 25 %, respectivamente. Efectivamente, sí les
correspondería la aplicación de la norma referida, pero hay que tener en cuenta
que lo que se recaude de la venta de los activos, que en el extremo sería el
72.25 % del valor contable neto, según contrato, se iría a pagar deuda.
Según un hecho de importancia reportado por GyM a la Bolsa de
Valores de Lima, en el caso de venta descrito, según su proyección recaudarían
el 95 % de los pasivos que ellos tienen en el proyecto. Como la norma señala
que la recaudación se iría a un fideicomiso, los acreedores se harían del
monto. En este orden de ideas, el dispositivo no les afecta en absoluto en este
caso.
Pero hay un tema más grave para el Estado peruano. Y es que
GyM ya ha puesto en venta sus activos donde espera recaudar US$ 300 millones,
lo cual es una información pública. Si lo logra, no tiene ningún impedimento
para retirar los fondos del país y en la eventualidad de una sanción derivada
del caso penal por las Interoceánicas, el Estado ya no tendrá de dónde cobrarse
la reparación civil.
El
Comercio
La
procuradora ad hoc para el Caso Odebrecht,
Katherine Ampuero, se refirió al reciente decreto de urgencia del Poder
Ejecutivo. “Este dispositivo [lo de la conformación de un fideicomiso] se va a
tener que reglamentar o sacar directivas porque hay muchas cosas que hay que
manejar”, declaró.
El Comercio
La
comisión parlamentaria encargada de investigar las implicancias en el Perú del
Caso Lava
Jato acordó hoy citar a la ciudadana brasileña Jussara Barata,
esposa del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge
Barata.
La
propuesta la hizo Víctor Andrés García Belaunde y fue aprobada por unanimidad.
Al sustentar su pedido, el legislador comentó que se ha señalado que la esposa
de Jorge Barata estaría
en Lima desde el 30 de enero con la intención de vender sus inmuebles.
El
diario "Exitosa" señaló que una empresa inmobiliaria vende, desde el
9 de febrero, su propiedad en el distrito San Isidro por US$1'800.000.
Esta posee 359 metros cuadrados repartidos en un hall de ingreso, dos
salas, dos comedores, una cocina, cuatro dormitorios, cuatro baños y una lavandería.
Cabe
anotar que Jorge Barata se
acogió a la delación premiada, una especie de colaboración eficaz, en el marco
de las investigaciones del Caso Lava
Jato en Brasil.
La
justicia de ese país investiga los pagos de sobornos que hicieron empresas
constructoras brasileñas, incluida Odebrecht, a funcionarios de hasta doce
gobiernos, a cambio de ganar las licitaciones de obras millonarias.
En
tanto, la Comisión Lava Jato también
acordó citar a la abogada Lourdes Carreño Carcelén, quien actualmente funge de
enlace entre Odebrecht y la fiscalía peruana, y a Raymundo Trindade Serra, ex
directivo de Odebrecht que firmó los auspicios que dio la empresa al Instituto
Prensa y Sociedad (IPYS).
El Comercio
La
procuradora ad hoc para el Caso Odebrecht,
Katherine Ampuero, indicó que su despacho solicitará la nulidad de las
transferencias producto de la compra de bienes provenientes de implicados en el
Caso Odebrecht, en referencia
al ex representante de la firma brasileña en el Perú Jorge Barata, quien busca
vender los inmuebles que posee en Lima. “Quiero advertir a todas aquellas
personas que quieran comprar bienes de todas estas personas que están
involucradas en actos de corrupción, que la Procuraduría solicitará la nulidad
de esas transferencias”, aseveró.
El Comercio
La
procuradora ad hoc para el Caso Odebrecht,
Katherine Ampuero, adelantó que su despacho solicitará inicialmente una
reparación civil a favor del Estado de más de S/200 millones por algunos de los
sobornos que la firma brasileña admitió haber pagado durante los gobiernos de
Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
“Estamos
solicitando más de 200 millones de soles como reparación civil. Es un monto
provisorio porque el tema de las pericias va a venir durante la investigación
fiscal”, manifestó, respecto a los pagos hechos por la carretera Interoceánica
y la Línea 1 del Metro de Lima.
Gestión, Reuters
El holding de inversiones Corficolombiana se
declaró víctima de la brasileña Odebrecht, su socio en un importante proyecto
vial en Colombia recientemente suspendido por un tribunal en medio de un
escándalo de pago de sobornos.
Corficolombiana participa en Ruta
del Sol II a través de su subsidiaria Episol con un 33% de la concesión,
mientras que Odebrecht controla un 62% y CSS Constructores
el restante 5%.
El Comercio
La
empresa China National Petroleum Corporation (CNPC Perú SA) inció hoy la fase
de explotación de hidrocarburos del Lote 58, informó la empresa estatal
Perú-Petro.
CNPC
tiene hasta mayo próximo para presentar su Plan Inicial de Desarrollo de los
yacimientos descubiertos de gas natural, precisó la empresa a través de un
comunicado.
La
implementación del plan supondría una inversión superior a los US$ 500
millones, puntualizó.
Hoy
se vencía el plazo para que la CNPC comunique a Peru - Petro si
pasaba de la etapa de exploración del Lote 58 a la de explotación.
El
Lote 58 posee 3.9 trillones de pies cúbicos (TFC) de recursos contingentes de gas en
categoría 2C (que señalan la probabilidad de existencia en una escala del 1 al
3) en los yacimientos Urubamba, Picha, Taini y Paratori, ubicados en la selva
sur de Cusco.
Así
lo reportó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) a fines de noviembre pasado,
que estimó que el lote incrementa en 27.7% las reservas probadas de gas del país.
El Comercio
El
presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y el ministro de Energía, Gonzalo Tamayo,
aceptaron la renuncia del viceministro de Energía Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo.
Como
viceministro ostentaba un cargo de confianza, según se precisó.
En
los considerandos de la resolución, solo se indica que ante la renuncia del
funcionario, es "pertinente aceptarla".
Durante
el gobierno pasado, Pérez-Reyes se desempeñó como viceministro de
Comunicaciones.
Gestión
El Consejo de Ministros
discutió y aprobó el reglamento del mecanismo Invierte.pe,
que permitirá dinamizar la ejecución de proyectos de inversión pública, tanto
de nuevos proyectos como de los que están aún bajo el marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP).
“Permite al MEF involucrarse donde se
tiene que involucrar, que es en la asignación presupuestal. El MEF hoy día no se involucra en
todo el proceso de inversiones, sino la unidad ejecutora que es el Ministerio,
el gobierno regional o local”, anotó. En ese sentido, indicó que el MEF ahora se encargará de
pedir que las obras tenga un elemento de cierre de brechas, y en base a eso se
asigna un presupuesto. “De ahí en adelante, es la unidad ejecutora la que
desarrolla el proyecto, los estudios, etc. Eso va a resultar en un proceso de
aprobación e implementación de las obras, mucho más rápido”, enfatizó el
ministro de Economía, Alfredo Thorne.
Indicó que el reglamento
de Invierte.pe también divide las obras entre las de baja complejidad y de alta
complejidad.
“Las de baja complejidad
solo van a necesitar una ficha técnica, donde se desarrollen las principales
características de la obra, de manera que se puedan aprobar rápidamente. Las de
alta complejidad, que son aquellas de más de 15,000 UIT (S/ 60.75 millones) o que
determine el sector, esas sí van a tener un expediente técnico”, precisó.
“También se han aplicado
estos criterios para los gobiernos locales y regionales, con lo cual hemos
cumplido nuestra promesa de dar muerte al Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP)”, acotó.
“Hay un proceso de
transición, que se explica en el reglamento, para ir de los proyectos que ahora
están en el SNIP para que pasen al
Invierte.pe, y la idea es hacer esta transición lo más pronto posible”, dijo. “Calculamos
que entre uno y tres meses deberíamos acabar todos los proyectos que están en
el SNIP”,
añadió.
El Comercio
El Ministerio de Economía ha establecido nuevos
requisitos para las compras estatales y proveedores. En ese sentido,
para que los proveedores puedan integrar los Catálogos Electrónicos para
ofertar sus bienes y servicios al Estado a través de la Central de Compras
Públicas - PERÚ COMPRAS, deberán pasar por una evaluación de su capacidad
económico financiera, que se determinará a través de la calificación emitida
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); y deberán tener la
garantía de cumplimiento.
Estos
nuevos criterios se aplicarán desde la primera convocatoria para la
implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, que empezará
este 15 de febrero con los rubros: Impresoras, Consumibles, Repuestos y
Accesorios de Oficina. Dicho procedimiento concluirá con la suscripción automática
de Acuerdos Marco entre PERÚ COMPRAS y los proveedores
adjudicatarios, permitiéndoles a estos últimos formar parte de los Catálogos
Electrónicos y ofrecer sus productos a todas las entidades públicas a nivel
nacional.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El
Ministerio Público informó que envió en físico a la cancillería la solicitud
complementaria de detención preventiva con fines de extradición del ex
presidente Alejandro Toledo.
Señaló que el documento traducido al inglés fue presentado hoy por la embajada
peruana ante las autoridades de Estados Unidos.
“El
juez y el fiscal han trabajado durante el fin de semana para completar esa
información”, dijo el pasado lunes el presidente del Consejo de Ministros,
Fernando Zavala.
El
pedido de prisión preventiva fue hecho por el fiscal anticorrupción Hamilton
Castro. El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria, acogió la medida el pasado jueves.
El Comercio
El
jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, precisó que el Perú ha elegido
el camino de la extradición del ex presidente Alejandro Toledo
y agregó que es la misma línea fijada por la fiscalía y el Poder Judicial.
“Sin
perjuicio de eso, también existe un procedimiento a nivel del Departamento de
Estado. (Pero ) el procedimiento que hoy está en marcha es el de la extradición
a través de la solicitud del Poder Judicial”, manifestó.
El
último domingo, PPK sostuvo una comunicación con Trump, en la que entre otras
cosas le planteó que estudie la posibilidad de deportar a Alejandro Toledo para que sea
procesado en Lima. "El presidente Kuczynski solicitó a Donald Trump
evaluar, en el marco de las competencias que la ley de migración de ese país
brinda al Departamento de Estado, la opción de deportar a Toledo al Perú con el
fin de que sea sometido a la justicia", informó la Cancillería peruana en
un comunicado.
El Comercio, Bloomberg
Cuando en diciembre Donald Trump hizo
retirar su nombre de la fachada de un hotel en la playa de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro,
su compañía dijo que se debía a demoras en el proyecto y calificó a la medida
de “limpieza de rutina” en las semanas previas a asumir la presidencia.
Los
fiscales y legisladores brasileños que investigan a los fondos de pensión que
financiaron el proyecto pintan un cuadro diferente. En documentos judiciales y
entrevistas, los investigadores dicen que la Trump Organization, en un acuerdo
negociado por su hija Ivanka y su hijo Donald Jr., se encontró gestionando un
hotel financiado por personajes oscuros y fondos de pensión desaprensivos y
–sospechan los fiscales– edificado en base a la corrupción.
La
fiscalía federal está investigando si el fondo FIP LSH, propietario del hotel
–que, durante una visita reciente, estaba sin terminar y con prostitutas
apostadas en la entrada- sobornó a dos fondos estatales de pensión a cambio de una
inversión de US$41 millones e infló artificialmente el valor de la propiedad.
También están investigando si la Trump Organization lucró “mediante el pago
ilícito de comisiones y sobornos” a los fondos de pensión, según documentos
judiciales. Nadie de la Trump Organization o de la propia compañía ha sido
señalado en la pesquisa.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
El Comercio, EFE
El
presidente de EE.UU., Donald Trump,
atribuyó los recientes récords registrados en Wall Street al "gran nivel de confianza y
optimismo" que existe sobre su mandato.
Según
subrayó Trump en su tuit, esto está ocurriendo "¡Incluso antes del
lanzamiento del plan de impuestos!" que ha prometido. El presidente ha
anunciado un agresivo plan de estímulo fiscal a través de la rebaja de
impuestos y una multimillonaria inversión en infraestructura y defensa.
Los
analistas temen que ese plan pueda generar mayor endeudamiento público y forzar
a la Reserva Federal (Fed) a acelerar su ritmo de ajuste monetario.
The Economist
Trump y el dólar
El “trumpismo” es, en parte, la expresión del hartazgo de
Estados Unidos por sobrellevar cargas que asumió hace 70 años. Una de ellas es
el rol del dólar como estándar monetario
mundial. El billete verde es uno de los pilares más vulnerables de la
estabilidad global, y el mundo no está preparado para que abandone su rol en
las finanzas internacionales.
A diferencia de otros aspectos de la hegemonía
estadounidense, la relevancia del dólar ha aumentado con la
globalización. Bajo el sistema de Bretton Woods, diseñado para el mundo de
posguerra, las economías occidentales fijaron sus tipos de cambio al dólar,
cuyo valor fue a su vez fijado al precio del oro. Tras la fractura de este
sistema debido a las presiones inflacionarias de los años 70, el dólar
incrementó su influencia.
En los 80 y 90, la apertura de las economías elevó los flujos
de capitales y los gobiernos comenzaron a buscar estabilidad cambiaria mediante
el manejo del tipo de cambio a través de la acumulación de reservas
internacionales, que en buena parte constituyen activos denominados en dólares.
Por ello, a los gobiernos les preocupan más las fluctuaciones del dólar que las de otras divisas.
Además, el comercio se realiza con frecuencia en dólares y
las empresas y gobiernos tienen deudas en esa moneda por unos US$ 10 millones
de millones. En suma, el dólar sigue siendo la principal divisa “ancla” para
limitar la volatilidad.
Como resultado, Estados Unidos posee un enorme poder
financiero, y puede causar estragos si contrae su suministro de dólares. Cuando
la Reserva Federal (Fed) modifica su política monetaria, los efectos se sienten
a nivel global. Hélène Rey, de la Escuela de Negocios de Londres, señala que
muchas economías han perdido el control de sus propias políticas monetarias
debido al efecto de las medidas de la Fed sobre el apetito global por el
riesgo.
El retorno que recibe Estados Unidos sobre sus activos
foráneos es más alto que el que los inversionistas foráneos ganan sobre sus
activos estadounidenses —los gobiernos poseen miles de millones de reservas en
activos en dólares, pero que ofrecen retornos bajos, como los bonos del
Tesoro—. Ese flujo de inversión hace posible que Estados Unidos pueda tener
persistentes déficits en cuenta corriente.
Esto se ha convertido en un privilegio que Estados Unidos
parece ansioso por desechar. Si bien tener una moneda sobrevaluada y déficits
comerciales no preocupa a sus consumidores, sí es doloroso para sus
productores. En las últimas dos décadas, las importaciones han crecido más que
las exportaciones y los nuevos empleos en sectores exportadores no han logrado
absorber a los trabajadores desplazados por la creciente competencia
extranjera.
Este privilegio también profundiza las desigualdades, pues
las pérdidas de empleos afectan a los trabajadores mientras que las inversiones
voluminosas benefician a los estadounidenses con grandes portafolios. En vista de
que los ricos están menos inclinados a gastar un dólar extra que los
trabajadores, este viraje en recursos debilita la demanda interna y, por ende,
el crecimiento económico.
A esto se suman los dolores de cabeza generados por las bajas
tasas de interés en dólares. Algunos economistas estiman que esto refleja que
el apetito global sobrepasa la oferta de activos seguros que Estados Unidos
provee —bonos gubernamentales—. A medida que los precios de estos bonos
aumentan, sus tasas se reducen a casi cero, lo cual deja a los bancos centrales
con menos margen para estimular sus economías.
Una solución benigna parece obvia: el dólar debiera compartir
su rol con otras divisas. Pero uno de los candidatos, el yuan, está impedido de
hacerlo por las restricciones existentes en los mercados financieros chinos;
aparte que una mayor dependencia en China no es una opción atractiva para
gobiernos que buscan reducir su exposición a regímenes autoritarios y adversos
a la transparencia.
La otra alternativa es el euro, pero su rol está restringido
por un riesgo político existencial y la escasez de bonos seguros en esa moneda.
Además, las grandes economías tienen mucho que perder si la hegemonía monetaria
estadounidense llegase a su fin: por ejemplo, sus políticamente convenientes
superávits comerciales y sus enormes tenencias de activos en dólares.
La historia sugiere dos maneras en las que Donald
Trump podría minar el rol del
dólar. Bretton Woods se desarmó debido a un fallo fatal: los gobiernos estaban
desesperados por obtener dólares pero al emitir más, Estados Unidos exportó su
inflación, haciendo insostenible la fijación del valor de su divisa al oro.
De manera similar, si Trump reduce los impuestos e
incrementa el gasto, y esto genera mayores déficits fiscales e inflación, los
activos estadounidenses podrían perder su lustre. Sería una vuelta a los años
70: Estados Unidos tendría precios y tasas de interés al alza, pero se habría
librado de su desorbitante carga.
Otra opción es que el dólar siga la ruta que tomó el patrón
oro en el periodo de entreguerras. Ese sistema colapsó en medio de la ruptura
de la colaboración internacional, pues las economías no competitivas elevaron
sus aranceles y luego se retiraron del sistema mediante la implementación de
controles de capitales. Sería trágico que se olviden las lecciones de la
historia y tengan que aprenderse nuevamente.
