ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
MENU DEL DIA
ü
El Consejo Directivo del Congreso aprobó el desafuero
del legislador Alejandro Yovera (AP-FA)
condenado a dos años de prisión suspendida e inhabilitación para ejercer cargo
público
ü
El premier, Pedro Cateriano, informó que el Presidente convocará a una legislatura
extraordinaria este jueves 18 de junio para debatir el pedido de
facultades y la ley que elimina los descuentos a las gratificaciones, que el ejecutivo ha
observado parcialmente
ü
La presidenta no amplió la legislatura ordinaria,
presumiblemente para evitar que el pleno debata la moción de censura en su
contra presentada por el fujimorismo a raíz de su responsabilidad en la
postergación injustificada del desafuero de Yovera
ü
El OSCE remitió
ayer información oficial al Congreso sobre la
adjudicación de contratos estatales en los que participaron
empresas brasileñas, varias de las cuales son investigadas en su país. También se han requerido nombres de los representantes de las empresas
Norberto Odebrecht S.A, Andrade Gutierrez, Construcoes e Camargo Corrêa S.A. y
Constructora Queiroz Galvão S.A.
La opinión
en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y
publicar libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo
o de jorgemorelli.blogspot.com
MEDIA COLUMNA
Contrabando detrás
de las facultades
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Ahora ya sabemos quién es Napoleón y quién es Josefina. Queda claro quién
controla la agenda política. El oficialismo tuvo que ceder, de mala gana. Es la
primera vez que se ve obligada a asimilar la lección de la oposición.
Luego de un incidente en el Consejo Directivo del Congreso que no vale
la pena comentar, se dio pase por fin, sin más dilaciones, al desafuero del
congresista cuyo caso ha servido de preliminar al match de fondo en seis
semanas más: la elección de la Mesa Directiva para el último año del quinquenio.
La oposición aceptará ahora dar quórum al Pleno para comenzar a
debatir el otorgamiento al gobierno de facultades para legislar. De más está
decir que ese debate no supone el compromiso de aprobar esas facultades, y mucho
menos en paquete.
Existe al respecto la denuncia hasta hoy no desmentida del ex ministro
de Economía Pedro Pablo Kuczynski de que las facultades esconden un contrabando:
la intención de subir los impuestos –al diesel, a los autos nuevos, a los
dividendos, a la renta- para cubrir el déficit fiscal con que este gobierno,
por primera vez en años, pretende convivir. No se convive con un tigre. Es mala
idea.
Y es dinero tirado al fuego. Estamos corriendo un riesgo muy grande al
presionar por el crecimiento del PBI cuando no existen “expectativas”, cuando
los “espíritus animales” del empresariado hibernan porque han tomado la
decisión de no tomar ninguna decisión de inversión hasta la primavera del
próximo gobierno. En casos como este, ponerle a la gente masivamente dinero en
el bolsillo no es política contracíclica, sino populismo político. El propio
Keynes advirtió de este peligro.
En este sentido, los datos de abril sobre el PBI son engañosos. Lo que
crece es la pesca, de pura suerte porque hasta donde se sabe las anchovetas no obedecen
las políticas del MEF.
La construcción, que sí debería hacerlo, está en caída libre en cambio.
Se ha desplomado desde febrero (diez puntos porcentuales), en marzo (otros ocho)
y nuevamente en abril (nueve más), a pesar de las bajas tasas de interés para
prestarle a la gente dinero para construir y comprar departamentos. Lo que se está haciendo es inflar una burbuja
inmobiliaria que va a colapsar. Ya está comenzando a hacerlo. Los avisos de “se
vende” y “se alquila” se multiplican todos los días en las ventanas.
En conclusión, si existe este contrabando detrás de las facultades, ¿por
qué debería la oposición aprobarlas? Esta debe ser la primera cuestión a
despejar en el debate.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El Comercio
El
Consejo Directivo del Congreso aprobó el desafuero del legislador Alejandro Yovera (AP-FA), sobre quien pesa una condena de dos años de
prisión suspendida e
inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo.
Desde
las bancadas de Fuerza Popular, Concertación Parlamentaria y PPC-APP, acusaron
a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano,
de dilatar el desafuero de político huanuqueño, porque en el Partido
Nacionalista contaban con su voto para la elección de la nueva Mesa Directiva,
en julio. En los últimos meses, Yovera ha votado con el oficialismo: votó a
favor de la ‘Ley Pulpín’, promovida desde el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF); respaldó a Ana Jara y se mostró en contra de su censura; también le dio
la confianza al Gabinete Cateriano; y marcó rojo cuando se debatió la
suspensión de Heriberto Benítez.
El Comercio
El
primer ministro, Pedro Cateriano, informó que el presidente Ollanta Humala convocará a una legislatura
extraordinaria para este jueves 18 de junio, para debatir el pedido de facultades en materia económica y de seguridad
ciudadana y el proyecto que exonera de aportes a las gratificaciones.
Al
respecto, el jefe del gabinete informó que el jefe del Estado también observó parcialmente la ley que elimina los descuentos a las
gratificaciones y dijo que el tema también se verá el jueves.
“Esta
observación se sustenta en aspectos constitucionales. Uno de ellos, el referido
a que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto público”, declaró.
Explicó
que existen reservas presupuestales para que las gratificaciones de julio y diciembre de este año sí
estén exoneradas de descuentos.
El primer ministro afirmó que vigencia de esta ley, que
exonera permanentemente de descuentos a las gratificaciones,
podría originar un déficit fiscal.
El Comercio
La
presidenta del Congreso Ana María Solórzano decidió no ampliar la legislatura que
concluyó ayer. Se presume que la titular del Parlamento, que tenía
como plazo hasta la medianoche de hoy para realizar dicha acción, habría
querido evitar que el pleno debata la moción de censura en su
contra presentada el jueves por congresistas fujimoristas.
El Comercio
A
los 30 minutos de iniciado el Consejo Directivo del Parlamento, el suspendido
congresista Heriberto Benítez irrumpió en la Sala Grau cuando se
debatía el desafuero del legislador Alejandro Yovera (AP-FA)
señalando que ayer terminó la actual legislatura, por lo que su
suspensión por 120 días, quedaba sin efecto durante el receso parlamentario.
Su
presencia provocó el airado reclamo de los congresistas de la oposición
señalando que su presencia era una maniobra para perturbar la sesión y una
estrategia del nacionalismo para defender a Yovera.
Mauricio
Mulder afirmó que Solórzano en vez de exigir la salida de Benítez, suspendió la sesión. Dijo que se trataba de una
orden de Palacio.
El Comercio
El
congresista de Gana Perú Fredy Otárola sostuvo hoy que es posible que su
partido pierda la Presidencia del Parlamento en la elección de la nueva Mesa
Directiva, que se realizará el 26 de julio. El ex ministro de Justicia ve en la vicepresidenta,
Marisol Espinoza, la principal carta del oficialismo para la elección.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
“¡Que rajen!
Nosotros trabajamos por la gente, ¿o acaso estamos calentando una curul y
peleando por las puras?”, dijo la presidenta del partido de gobierno, Nadine Heredia.
Sostuvo
que existe una campaña de demolición en su contra que proviene de la
oposición. “Existe la lógica de: ‘no pues hijita, tú no te puedes vestir como
uno. Tú y el presidente deben estar en otro lado’”, refirió a 370 participantes
del programa de empleo temporal “Trabaja Perú”, en el distrito puneño de
Acora.
De
esta manera respondió los
cuestionamientos en su contra, luego de que se revelara que hizo compras
por US$38 mil en el
Perú y el extranjero de artículos de lujo con la tarjeta de crédito de su
amiga, la funcionaria de la Presidencia Rocío Calderón.
Peru21
El Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) remitió
ayer información oficial a la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre los procesos de adjudicación de contratos
estatales en los
que participaron empresas brasileñas –varias de las cuales son investigadas en
su país–, según fuentes de Perú21.
En
su reporte, el OSCE consignó que unas 24 firmas brasileñas aparecen
en la base de datos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(Seace), entre el 2001 y el 2010. Y detalló cada uno de los procesos en los que
figuran esas empresas como participantes.
La
semana pasada se reveló información de la Policía de Brasil con respecto a que
la constructora brasileña Camargo Correa habría pagado sobornos a funcionarios
peruanos por la carretera Interoceánica y la planta de tratamiento de agua en
Huachipa.
El
legislador opinó que la demora en la entrega de la información que pidió al OSCE, hace más
de dos meses, podría
deberse a la presencia de Rocío Calderón –pareja de un ex representante de
Camargo Correa en el Perú– en el consejo directivo de la entidad estatal.
La República
La
fiscalía anticorrupción supraprovincial empezó a recabar toda la información
posible que permita investigar los presuntos sobornos que habrían pagado las
empresas constructoras brasileñas para la construcción de la carretera
Interoceánica Sur, durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.
En principio, por disposición del fiscal superior coordinador, César Zanabria, se dispuso que vía la Unidad de Cooperación Judicial Internacional se solicite información a las autoridades brasileñas sobre el estado actual y resultados de la operación "Castillo de Arena".
De acuerdo con el portal web Convoca.pe, en el desarrollo de dicho operativo la Policía Federal de São Paulo incautó a directivos del Grupo Camargo Correa diversos documentos, correos electrónicos y USB donde se detallarían el pago de coimas por 6.313.075 dólares, a finales del gobierno de Toledo.
Adicionalmente se ha pedido al Ministerio de Economía y Finanzas y al de Transportes y Comunicaciones que informen en detalle sobre los contratos, adendas y montos pagados a los consorcios que intervinieron en la construcción de la Interoceánica Sur.
Igualmente, se ha pedido conocer la identidad y cargos de los funcionarios responsables de las negociaciones y contratos con las empresas brasileñas. También se han requerido nombres de los representantes de las empresas Norberto Odebrecht S.A, Andrade Gutierrez, Construcoes e Camargo Corrêa S.A. y Constructora Queiroz Galvão S.A.
De la misma manera se dispone que la Contraloría General de la República informe sobre los exámenes de control y las observaciones que se pudieran haber realizado a los contratos y la ejecución de la obra, que permitan iniciar una investigación.
En principio, por disposición del fiscal superior coordinador, César Zanabria, se dispuso que vía la Unidad de Cooperación Judicial Internacional se solicite información a las autoridades brasileñas sobre el estado actual y resultados de la operación "Castillo de Arena".
De acuerdo con el portal web Convoca.pe, en el desarrollo de dicho operativo la Policía Federal de São Paulo incautó a directivos del Grupo Camargo Correa diversos documentos, correos electrónicos y USB donde se detallarían el pago de coimas por 6.313.075 dólares, a finales del gobierno de Toledo.
Adicionalmente se ha pedido al Ministerio de Economía y Finanzas y al de Transportes y Comunicaciones que informen en detalle sobre los contratos, adendas y montos pagados a los consorcios que intervinieron en la construcción de la Interoceánica Sur.
Igualmente, se ha pedido conocer la identidad y cargos de los funcionarios responsables de las negociaciones y contratos con las empresas brasileñas. También se han requerido nombres de los representantes de las empresas Norberto Odebrecht S.A, Andrade Gutierrez, Construcoes e Camargo Corrêa S.A. y Constructora Queiroz Galvão S.A.
De la misma manera se dispone que la Contraloría General de la República informe sobre los exámenes de control y las observaciones que se pudieran haber realizado a los contratos y la ejecución de la obra, que permitan iniciar una investigación.
La República
Camargo
Correa rechazó haber realizado pagos irregulares para la adjudicación del tramo
4 de la construcción del Corredor Interoceánico Perú-Brasil–IIRSA Sur, y/o
haber incrementado irregularmente los presupuestos de ese proyecto.
Camargo Correa participó de la licitación pública formando parte del consorcio Intersur, junto con otras constructoras brasileñas.
Camargo Correa participó de la licitación pública formando parte del consorcio Intersur, junto con otras constructoras brasileñas.
AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES,
REGIONALIZACION
El
Comercio
A
través de una Resolución Suprema N° 127-2015, el gobierno prorrogó la
intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) en Arequipa, Puno y Madre de Dios.
La
norma publicada establece que la intervención se prolongará hasta el 15 de
julio de 2015.
El Comercio, editorial
Según reveló este sábado el congresista Jorge Rimarachín, de la bancada de Dignidad
y Democracia, a mediados de la semana pasada el ex sacerdote Marco Arana visitó al detenido ex gobernador
regional de Cajamarca Gregorio Santos en el Penal Piedras Gordas II de
Ancón, donde cumple 14 meses de prisión preventiva por acusaciones de
asociación ilícita para delinquir, cohecho y colusión agravada y simple.
Contra lo que podría pensarse, el propósito de la
visita no fue brindar confortamiento espiritual al líder del Movimiento de
Afirmación Social (MAS) en su encierro, sino –siempre según Rimarachín–
coordinar la posible creación de una alianza electoral de izquierda para el
2016. De hecho, aparte de los ya mencionados, estuvieron presentes en la
reunión otros dirigentes de ese mismo sector político, como Pedro Francke (de
Tierra y Libertad, que lidera el propio Arana) y Tito Prado (del Frente
Patriótico).
Como se sabe, existen en estos momentos dos esfuerzos
simultáneos en el llamado ‘progresismo’ peruano por consolidar frentes que
cumplan con el viejo sueño de tener a toda la izquierda unida. Por un lado, el
que integran las organizaciones de Yehude Simon, Susana Villarán, Salomón
Lerner Ghitis y algunas más. Y, por otro, el que lidera Tierra y Libertad, pero
que hasta el momento no ha conseguido demasiadas adhesiones.
Es quizá en ese apremio que el señor Arana ha decidido
tantear la posibilidad de formar un frente con el MAS y Gregorio Santos,
soslayando los serios cuestionamientos que pesan sobre este.
Recordemos, para empezar, que la fiscalía lo señala
como la cabeza de una ‘organización criminal’, que es acusado de presuntos
actos de corrupción en 11 procesos de contratación de obras y servicios
valorizados en más de S/.129 millones; y que, según un informe de la
contraloría, existirían documentos que demuestran que habría recibido más de
S/.800 mil en sobornos de parte de empresarios beneficiados con las obras
licitadas por su gestión.
De hecho, por solo citar dos ejemplos de las pruebas
que existen contra el señor Santos, Wilson Vallejos, empresario que ganó
licitaciones por S/.130 millones durante la administración de Santos, divulgó
audios de conversaciones suyas (cuya autenticidad está confirmada) en las que
sostenía que él “prácticamente manejaba” Pro Región –entidad a la que Santos
transfirió grandes sumas para infraestructura regional– y que lavaba –y sacaba
por Tumbes rumbo a cuentas panameñas– el dinero del señor Santos: “Yo ahorita
tengo que darle su billete a ese ‘on, y estoy que le lavó todo su billete a ese
‘on”. En tanto, un colaborador eficaz señaló que la mano derecha de Santos,
José Panta Quiroga, recibió coimas por S/.403.681 y la contraloría corroboró
que estos habían sido ingresados a sus cuentas del Banco de Crédito e
Interbank.
A esto, por último, se le suma ahora la acusación
planteada por el fiscal anticorrupción Elmer Chirre el pasado jueves, en el
sentido de que Santos habría recibido S/.100 mil como pago por licitar obras
financiadas por el Gobierno Regional de Cajamarca.
Lo cierto es que el paso por agua tibia de todos estos
claroscuros morales supone para Arana un costo político enorme. No solo porque
parece estar anteponiendo las necesidades electorales al evidente efecto
negativo de una asociación tan inquietante, sino porque con ello evoca
inmediatamente los problemas del mismo corte que han surgido dentro de su
propia organización, Tierra y Libertad y de los que, dicho sea de paso, él solo
deslindó cuando la suciedad estaba ya a la vista y paciencia de todo el mundo
de manera pristina.
Nos referimos específicamente a lo ocurrido con el ya
famoso Pepe Julio Gutiérrez, hasta hace poco dirigente de ese partido y,
además, gestor de las protestas contra Tía María. Como se sabe, él se encuentra
cumpliendo nueve meses de prisión preventiva mientras se lo investiga por los
presuntos delitos de extorsión y asociación ilícita para delinquir. Esto tras
la difusión de audios en los que se lo escucha exigiendo 1,5 millones de
“lentejas” a un supuesto representante de la empresa minera Southern Perú.
Con esos datos en mente, ante el anuncio de una
eventual alianza entre el MAS y Tierra y Libertad, es lógico que la ciudadanía
piense en otras coincidencias antes que en las ideológicas o programáticas. Y
se puede anticipar, al mismo tiempo, que está vez tampoco la eventual unión de
las izquierdas –la de estas, por lo menos– hará la fuerza, porque no hay forma
de que dos malas reputaciones, juntas, hagan una buena.
El Comercio
El Perú, república del permiso
Roberto Abusada
En los años recientes y con involuntaria ironía, los
peruanos hemos corregido al diccionario de la Real Academia Española (DRAE).
Ahí se define la palabra ‘tramitología’ como ‘arte o ciencia de
resolver, perfeccionar o facilitar los trámites’, cambiándola por su antónimo:
arte de enredar, multiplicar y obstaculizar los trámites.
Mientras creíamos haber liberalizado la economía,
facilitado la inversión privada nacional y extranjera, y retirado al Estado del
aparato productivo, lo que en realidad hemos hecho es dificultar la inversión,
crear barreras a la iniciativa. Desde el 2001, las más de una decena de acciones
gubernamentales para simplificar trámites con rimbombantes nombres –como la Ley
del Proceso Administrativo General, la Mesa Nacional de Simplificación de
Trámites Municipales para Empresas (Intermesa), el Plan Nacional de
Simplificación de Trámites Municipales para Empresas (Tramifácil), el Plan
Nacional de Simplificación Administrativa 2013-2016– han servido de poco o
nada. La impermeable burocracia no ha cejado en su intento de convertir al Perú
en una república del permiso, muy similar al reino de las reglas y licencias
(‘permit raj’ o ‘licence raj’) que llevó a la India al increíble atraso del que
hoy trata de sacudirse.
Sin embargo, en su intento de ahogar nuestra proverbial
iniciativa y laboriosidad, los creadores de la maraña de permisos y trámites subestimaron
el ingenio peruano que ha optado por ignorar a ellos y sus reglas y volcarse
resueltamente a la informalidad. El país tiene al 72% de los trabajadores
laborando en empresas pequeñísimas, en su inmensa mayoría informales. Las
medianas empresas (de 10 a 50 trabajadores) forman una categoría en extinción y
solo emplean al 7% de los trabajadores, pues no se pueden dar el lujo de
dedicar una quinta parte de su fuerza laboral a cumplir con los trámites. El
restante 21% de trabajadores es empleado por la gran empresa, la cual está más
dotada para sortear las barreras que el Estado le pone para “estar en regla”.
Por supuesto que el costo económico y social de esta situación es enorme, basta
indicar que la productividad de las grandes empresas es 7,5 veces mayor que la
de las empresas pequeñas (de uno a diez trabajadores).
Entremos a mayores detalles de los daños que el Estado
inflige a la economía con su incompetencia y gruesa ignorancia de la realidad.
Aquí algunos ejemplos.
Del total de la inversión nacional, aproximadamente el
75% es realizada por el sector privado. Aquí están, por un lado, la minería, la
industria, la electricidad, el gas, etc., y, por el otro, la construcción de
viviendas, en su mayor parte en la modalidad de autoconstrucción. El otro 25%
lo comprende la obra pública propiamente dicha y aquella que realiza con el
sector privado (APP). A excepción de la autoconstrucción hecha de manera
peligrosamente empírica, el resto de proyectos tiene que pasar por un sinfín de
aprobaciones administradas separadamente por muchas entidades y en distintos
niveles de gobierno. Empieza aquí el vía crucis de la consulta previa, los EIA
del Ministerio del Ambiente con sus políticas arbitrarias, los estudios de
tráfico, las opacas reglas de defensa civil, los plazos indeterminados y
contaminados por la corrupción, los certificados de inexistencia de restos
arqueológicos y, por supuesto, los imprescindibles permisos estructurales
sanitarios, eléctricos (estos sí de mayor predictibilidad gracias a la participación
de los colegios profesionales). En caso de estar cerca del mar o de un río
deben también sortearse los trámites impuestos por la Marina o la Autoridad
Nacional del Agua (ANA). Las edificaciones masivas de vivienda social deben
confrontar los problemas de escasez de terrenos debido al desinterés estatal
por programas de habilitación urbana, lo que deja el libre accionar a los
traficantes de terrenos.
Caso aparte es el de las APP, en que el Ministerio de Economía y Finanzas presenta una traba casi insalvable al
mezclar sus asuntos presupuestales con otras consideraciones de factibilidad
que no le competen. Súmense a todo esto la lentitud de los procesos de
expropiaciones y las famosas adendas, en que cada funcionario participante
tiene sobre sí la espada de Damocles de la contraloría. Por último, están las
licitaciones públicas que carecen de estudios de ingeniería y que se otorgan
con reglamentos sin precalificación técnica y en que la subjetividad es la
regla general, recurriendo en muchos casos a organismos internacionales en los
que campea la arbitrariedad.
Bien decía el profesor Rudiger
Dornbusch en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts que aquello que diferencia a los países
que progresan de aquellos que permanecen en el atraso es que en los primeros
existen pocas reglas simples de cumplimiento estricto, mientras que los segundos
se rigen por una multitud de complicadas reglas de cumplimiento flexible.
