ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
La opinión en MEDIA
COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar
libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com
MEDIA
COLUMNA
Cortar por lo sano
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, reaccionó
hoy al fin y anunció estar a favor de que en adelante no se cobre a los
usuarios en los recibos de luz el subsidio al Gasoducto del Sur. Adelantó que el
gobierno sustituiría ese pago con una garantía. Con esa decisión desactiva una
bomba de tiempo.
Además, ha revelado por fin entre líneas cuál
es su verdadera deseo respecto del mega proyecto del Gasoducto del Sur. Explicó
primero que, como Odebrecht es investigada en media docena de países, “es muy
difícil que levante el financiamiento necesario para continuar la obra”. Son 4,100
millones de dólares
Precisó, en segundo lugar, que “entonces, ellos
(Odebrecht) se están saliendo del proyecto, ya no van a estar en el proyecto, y
hay tres socios: Graña y Montero, que no estuvo al principio; Enagás que es una
empresa de gran reputación en España en transportación de gas, que sí estuvo al
principio como minoritario; y hay uno o dos fondos de Canadá y Estados Unidos
que complementarían el grupo”.
Paralelamente, en
declaraciones el ministro de Economía ha expresado, en tercer lugar, que el
gobierno sigue esperando hasta el 24 de enero que el consorcio –yaq sea con o
sin Odebrecht, se entiende- consiga el financiamiento. Y, en
desplante torero, cierra diciendo que “nosotros (el gobierno) no estamos casados con el Gasoducto”.
Y que “si no se llega a un acuerdo con las partes, el contrato se tendrá que
relicitar y se acabó”.
Se ve que eso es no es lo
que el gobierno quiere. Quiere lo que dice PPK: que los tres monosabios -Graña,
Enagás y los fondos- saquen el cadáver del ruedo y presenten el próximo toro al
respetable. Esto, para no suspender la corrida. Para no licitar el mega
proyecto de nuevo.
Pero esta salida es medio
trucha criolla y no corta por lo sano con el contagio de Odebrecht. Por un
lado, subsiste la sospecha de que el fondo canadiense –el mismo que le habría
comprado Rutas de Lima, la del peaje de Puente Piedra, a Odebrecht- no sería
canadiense en realidad, sino brasileño. ¿El gobierno va a asumir la responsabilidad
si esa sospecha se comprueba?
Por otro, flota en el aire
esta pregunta: si las investigaciones determinaran mañana que la corrupción
contaminó la licitación desde el origen y el contrato de concesión es nulo, ¿el
gobierno no licitará de nuevo? Entonces, ¿por qué no cortar por lo sano ahora?
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
Expreso
En octubre de 2014, la
administración Villarán suscribió el acta por la cual se le reconoce a Línea
Amarilla (conformada por OAS), un total de US$ 160 millones, y se indica que la
forma de resarcir ese dinero será con el incremento del peaje que fue hecho en
dos tramos, el primero de ellos por un monto unitario de S/ 0.50.
Además, se le imputa a la Municipalidad
no haber entregado las áreas liberadas para continuar el proyecto, situación
que ocasionó un perjuicio, por lo que el concesionario pide una serie de
beneficios que, en lugar de generar un arbitraje, lo que termina produciendo es
otro incremento en el costo de los peajes.
Expreso
El integrante de la
comisión Lava Jato del Congreso, Víctor Andrés García Belaunde, adelantó que la
empresa Brookfield Asset Management está a punto de comprar el Gasoducto Sur
Peruano, proyecto que aún está a cargo de la constructora Odebrecht.
“Brookfield está a punto
de comprar el Gasoducto Sur Peruano, un solo comprador para operaciones que
nada tienen que ver entre sí, es una compañía de fondos brasileños aunque está
domiciliada en Canadá, es decir puede ser un testaferro financiero”, sostuvo el
acciopopulista.
García Belaunde también
indicó que Brookfield ha comprado Rutas de Lima por aproximadamente US$ 3 mil
millones, así como las acciones de Odebrecht correspondientes al proyecto
Olmos.
“Rutas de Lima se ha
vendido a Brookfield, que es un fondo de inversiones de un grupo canadiense de
origen brasileño. Da la casualidad de que hay empresas constructoras brasileñas
implicadas en Lava Jato y Petrobras que son parte del fondo, y que está
comprando todas las acciones de Odebrecht”, comentó.
El Comercio
El
presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) afirmó
que lo mínimo que debería depositar la constructora brasileña son S/90
millones, cantidad con la que sobornaron a funcionarios de los últimos tres
gobiernos.
“Los
29 millones de dólares que Odebrecht pagó en coimas al Perú, según reveló al
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que los devuelva al gobierno,
ya han devuelto 30 millones de soles, pero por lo menos que sean 90 millones de
soles, que son las coimas”, refirió.
Kuczynski
también consideró que las penalidades y multas que deberá pagar la empresa
brasileña, una vez que concluya el proceso en su contra, “podría ser de
centenares de millones”.
El
jefe de Estado afirmó que los S/30 millones que pagará Odebrecht como adelanto
irán a las cuentas del Ministerio Público, especialmente, para financiar la
pesquisa contra la firma transnacional. “Esta plata que va a entrar [a las
cuentas del Estado] va a ir a la fiscalía para que la fiscalía se ocupe de
mejorar todo el proceso acusatorio”, subrayó.
PPK,
además, reiteró que el gobierno no firmará más contratos con Odebrecht ni con
sus empresas vinculadas.
Sobre
el gasoducto sur, el presidente explicó que como la constructora está en la
mira de las autoridades judiciales de Estados Unidos, Brasil y el Perú, “es muy
difícil que levante el financiamiento necesario para continuar la obra que se
empezó. Se han invertido 1.100 millones de dólares”, dijo.
“Entonces,
ellos se están saliendo del proyecto, ya no van a estar en el proyecto y hay
tres socios: Graña y Montero, que no estuvo al principio; Enagas que es una
empresa de gran reputación en España respecto a la transportación de gas, que
sí estuvo al principio como minoritario, y hay uno o dos fondos de Canadá y
Estados Unidos que complementarían el grupo”, señaló.
PPK detalló
que el consorcio del gasoducto tiene hasta el 17 de enero para demostrarle al
gobierno que tiene asegurado el financiamiento del proyecto.
Finalmente, PPK se mostró a favor de que no
se cobre más en los recibos de luz el fondo para cubrir un posible déficit de
operación cuando el gasoducto comience a funcionar. Agregó que el gobierno
puede sustituir ese pago con una garantía, que significaría el 1% del PBI.
El Comercio
El
ministro de Economía, Alfredo Thorne, dijo que se está esperando que el
consorcio del Gasoducto Sur Peruano cierre
el acuerdo financiero antes de la fecha establecida en el contrato de
concesión. Thorne señaló que “nosotros no estamos casados con el gasoducto”.
Odebrecht
está en proceso de vender su participación en el consorcio, cuyo cierre
financiero se debe alcanzar hasta el 24 de enero.
“Si no se llega a un acuerdo con las partes,
el contrato se tendrá que relicitar y se acabó”, dijo.
Expreso
Al usuario del servicio
eléctrico le cargan sobrecostos en el recibo. Uno de ellos es el pago de la
garantía del Estado para la construcción del Gasoducto del Sur bajo el concepto
de “Afianzamiento de Seguridad Energética”, a pesar de que el proyecto se
encuentra paralizado.
Odebrecht afronta graves
cargos por corrupción y no ha logrado conseguir el financiamiento para el
proyecto, lo que podría llevar a que el contrato se cancele y dé lugar a una
nueva licitación.
El expresidente Alan
García ha insistido en que se debería dar una ley para eliminar el sobrecosto
en los recibos por el gasoducto, así como el congresista Víctor Andrés García
Belaúnde. ¿Qué debería pasar entonces con los usuarios eléctricos?
En opinión de Aurelio
Ochoa, expresidente de Perupetro, esta es quizá la “oportunidad de oro” para
que se revise el mencionado contrato y las condiciones que establece, tomando
en cuenta que podría haber una nueva licitación si es que Odebrecht no logra
transferir su parte a otro consorcio hasta este 23 de enero, en que vence el
plazo para el cierre financiero.
“Si se firma otro
contrato, entonces se estaría revisando el tema de las tarifas eléctricas que
se están cargando por la construcción del gasoducto”, sostuvo el experto. Agregó
que inclusive lo que se ha cobrado hasta la fecha en estos dos últimos años por
este concepto sería devuelto, dado que se trata de un fideicomiso, “a través de
la propia tarifa eléctrica”, explicó.
Ochoa señala que el pago
por “Afianzamiento de Seguridad Energética” no corresponde únicamente al
proyecto del gasoducto sino que ha servido para la financiación también del
Nodo Energético del Sur, proyecto consistente en la construcción de plantas
termoeléctricas en el sur del país (Arequipa y Mollendo).
El Comercio
Uno
de los pilares en los que se sostienen los planes económicos de la gestión de
Pedro Pablo Kuczynski es la inversión en infraestructura. Sólo Odebrecht (ODB)
Latinvest, unidad de negocio de la gigante brasilera cuya sede principal se
encuentra en el Perú, incluye en su portafolio más de cinco proyectos ganados
mediante una licitación estatal.
En
nuestro país, la gran parte del sector infraestructura se encuentra concentrada
en las obras públicas. En este escenario, ¿cómo afectará el escándalo actual a
este mercado?
Para
Enzo Defilippi, ex viceministro de Economía, la situación actual de la compañía
brasilera es también una oportunidad para que el gobierno trabaje en una
regulación más estricta para sus proveedores. “Hasta que el gobierno no dicte
alguna medida que impida a empresas investigadas o ligadas a corrupción [a
contratar con el Estado], no habrá ningún cambio formal. El gobierno debería
aprovechar las circunstancias para analizar qué debe exigirle a las empresas
con las que contrata”.
En
esa línea, el especialista asegura que esto podría terminar reflejándose en
reglas de ‘compliance’ (función que tienen las empresas para establecer los
procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo) más
estrictas para el sector corporativo. “Se necesita un doble control, el
‘compliance’ debería venir por parte de la empresa pero también del Estado”,
agrega el abogado penalista Carlos Caro.
Asimismo,
también se debería trabajar en la Ley de Responsabilidad Penal
Empresarial. “No sé si lo van a incluir, pero hay algunos puntos ciegos que
podrían mejorarse”, sostiene Defilippi.
Estas
mejoras son necestias porque el sistema penal peruano no está preparado para el
tipo de forma delictiva de este caso, que mezcla corrupción gubernamental,
criminalidad organizada y corrupción empresarial.
“Necesitamos
un sistema de responsabilidad penal de la empresa, como existe en EE.UU o
Brasil, para que la misma corporación pueda responder directamente
por hechos de corrupción doméstica”.
Frente
a esto, Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la
Infraestructura Nacional (AFIN), resalta la reforma de ProInversión orientada,
precisamente, a mejorar la selección y priorización de proyectos, la calidad y
profundidad de los estudios, y la estandarización de cláusulas de los contratos
para las Asociaciones Público-privadas (APP).
“Es
necesario separar claramente las investigaciones, acciones y decisiones que se
tomen respecto a casos de proyectos adjudicados donde se halle indicios de
corrupción, de la continuidad de otros proyectos destrabados y del concurso y
adjudicación de nuevos proyectos de APP e iniciativas privadas a cargo de
ProInversión”, destaca Prialé.
Gran
parte de los ingresos de Odebrecht en
el Perú, asegura Defilippi, provienen de obras público-privadas. De hecho,
según nuestros cálculos, son más de US$10 mil millones los que Odebrecht tiene
comprometidos en nuestro país. ¿Qué pasaría si la empresa deja de operar en el
Perú? Para él, esto no provocaría una desestabilización del sector, sino más
bien un re-balance del mercado.
“En
la medida que el demandante –el Estado– quiera obras, se van a hacer. El
volumen de la demanda no va a disminuir. No es que ODB sea el único postor para
las obras. Las empresas que ya no puedan contratar con el Estado tienen una
participación [de mercado] que alguien más va a cubrir”, explica. Prialé agrega
que es vital que la inversión en infraestructura no se paralice, pues es el
camino para lograr el cierre de brechas y así atender las necesidades urgentes
de la ciudadanía que recaen en agua y saneamiento, educación, entre otros.
Ayer,
el Congreso pidió el congelamiento de los fondos de ODB a fin de garantizar un
eventual pago de reparación civil a favor del Estado peruano. Esto se podría
materializar mediante dos vías, según Caro. La primera sería la Unidad de
Inteligencia Financia siempre y cuando se detecte que ODB este
comprometida en un caso de lavado de activos. “Hasta el momento no se habla de
lavado sino de corrupción”, explica .
Acudir
a un juez, asegura, sería la segunda vía. No obstante, es necesario que la
investigación se encuentre en una fase preparatoria en la que ya se hayan
identificado las acciones delectivias concretas y las identidades de los
posibles culpables. “El acuerdo entre la empresa y EE.UU da cuenta de hechos de
corrupción ocurridos en el Perú en un período determinado, pero no hay detalle
sobre las circunstancias, cantidades de dinero, nombres, entre otros. Es
posible que esto se de en un futuro por el acuerdo que se acaba de firmar con
la Fiscalía”, explica el abogado.
Por
otro lado, en cuanto al futuro de ODB, Defilippi estima que no logrará obtener
más contratos. “Aunque la gente que trabaja allí es excelente, al igual que los
equipos con los que cuentan, nadie se les va a querer acercar. Probablemente,
las obras que ya estén firmadas se concluyan, pero porque cambiar de proveedor
es un proceso caro [...] La gran incógnita es como quedarán las empresas socias
de Odebrecht en
el Perú”.
Sobre
ello, Caro explica que los activos de dichos socios no podrían ser embargados
si, por ejemplo, son parte de un consorcio con la brasilera. En ese caso, sólo
se podría embargar las acciones de ODB en esas compañías.
“Si
[los socios] no conocían de las actividades [de ODB], son inocentes, pero si en
algún momento se demuestra que alguna de estas empresas ha participado de
manera directa o indirecta de actos delictivos, sus activos sí podrían ser
embargados. De igual manera, se necesita que el caso esté más avanzado”,
concluye el abogado.
Expreso
El acta de acuerdo entre
la Municipalidad de Lima y OAS que estuvo perdida y por ello no fue considerada
por la Contraloría en su fiscalización, demuestra las irregularidades en que
cayó la gestión de Susana Villarán para favorecer a la constructora brasileña
en el Proyecto Línea Amarilla, en el afán de incluir el proyecto “Río Verde”,
para lo cual se modificaron partes del contrato que dejó a Lima sin un
Metropolitano.
El 31 de marzo de 2009, la
empresa brasileña OAS Ltda presentó ante la Municipalidad Metropolitana de Lima
la propuesta de iniciativa privada denominada “Vía expresa Línea Amarilla” con
un costo de inversión estimada en US$ 658.5 millones, costo que como resultado
de las evaluaciones y recomendaciones de la entidad llegó a US$ 676.3 millones.
Si bien este proyecto se
inició en la administración edil de Luis Castañeda Lossio, fue en la gestión de
Villarán en la que se efectuó la mayor parte de las negociaciones que dejaron
como prueba varias actas, que luego se convirtieron en adendas que modificaron
el contrato inicial.
EXPRESO tuvo acceso al Acta de
Acuerdo de fecha 20 de mayo de 2011, efectuada entre la Municipalidad de Lima,
cuyos representantes fueron en ese momento Miguel Enrique Prialé Ugaz, gerente
municipal, y Diego Ferré Murguía, gerente de promoción de la Inversión Privada,
André Giavina Vianchi por Línea Amarilla SAC y Valfredo de Assis Ribeiro Filho.
Esta acta es especialmente
importante, no sólo porque la Adenda Nº 1 del contrato de concesión del
proyecto Línea Amarilla es una copia fiel de lo acordado en dicha reunión, pese
a no haber tenido la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas,
sino también porque gracias a ella se permitió elevar los peajes a favor de la
concesionaria, así como se le benefició con otras licencias. Todo para adjuntar
el proyecto estrella de Villarán: “Río Verde”.
Hay que precisar que por
ley, los contratos de concesión no pueden ser modificados durante los tres
primeros años de iniciados; sin embargo, éste fue firmado en el 2009, pero dos
años después, cuando ingresa como alcaldesa Villarán, lo modifica a los tres
meses de asumir el cargo.
En esta reunión se acordó
el compromiso de suscribir una adenda de contrato de concesión que considera la
ampliación del plazo de la concesión de 30 para 40 años y la eliminación de la
obligación de la construcción del COSAC (es decir de un Metropolitano), la
contratación de una empresa para la elaboración del expediente técnico del
proyecto Río Verde, la contribución de OAS al Fondo Municipal de Promoción de la
Inversión Privada (FOMPRI), y el cambio en el plan de reubicación (programa de
viviendas LAMSAC).
El punto 5 del acta,
indica que la Línea Amarilla le concede a OAS hacerse cargo de la ingeniería y
los estudios desarrollados en los años 2011 y 2012, hasta un monto máximo de
US$ 2 millones.
El punto 6 de esta acta se
señala: “Compromiso de suscribir un Adenda al Contrato de Concesión que
considera la ampliación del plazo de la concesión de 30 a 40 años [es decir
diez años más a favor de la empresa] y la eliminación de la obligación de la
construcción del COSAC en la Sección 1 del Área de la Concesión, en
contrapartida de la liberación [reducción], a favor del CONCEDENTE, del 7 % del
flujo del peaje neto recaudado en las Unidades del Peaje existentes, sección 1
del área de la concesión y en la asignación de los recursos originalmente
destinados al COSAC para un fondo cuyo propósito específico será la
construcción del Proyecto Río Verde”.
En ese mismo acápite se
indica que el aporte de los recursos originalmente destinados a la construcción
del Metropolitano, ascendente a US$ 47’507,172.49, sería para un fideicomiso
constituido por la municipalidad con el propósito específico de construir el
Proyecto Río Verde.
La empresa OAS Perú señala
que los recursos que obran en el fideicomiso son insuficientes para el proyecto
Río Verde, puesto que se tenían que construir puentes peatonales, el parque
Cantagallo, las viviendas de los shipibos, teatro, alameda La Cultura, que en
total costaban, por propias declaraciones de Villarán, más de US$ 300 millones.
