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lunes, 20 de febrero de 2017

ESTA NOCHE lunes 20 febrero 2017



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EXPRESO editorial del domingo 19 febrero 2017
De un viejo diario a otro

Martha Meier Miró Quesada y Luis García Miró han escrito en EXPRESO esta semana sobre El Comercio.

La primera, periodista de años y accionista importante de El Comercio, ha dicho que “cuando los medios de comunicación hacen de la mentira su estandarte se adentran en un camino de muy difícil retorno”. “El Comercio –agrega- fue alguna vez el corazón de los hogares, el pulso de la ciudad, la voz de muchos y la esperanza de grandes sectores de la población. Era como el pan o la mantequilla pues no faltaba en la mesa del desayuno; y “comercios” fue peruanismo para periódico. Por eso lastima verlo convertido en un simple papelón mendaz, cuya línea editorial es  acaso más sinuosa que la huella de una sierpe sobre el barro”. “Hace algún tiempo una parte de la familia Miró Quesada le hizo creer a la otra que no debía ni podía dirigir su propio diario, cuya larga tradición de directores familiares fue la base de lo que algunos pueden considerar grandeza”. “El Comercio ya no es siquiera un negocio rentable, solo miente y protege a la corrupción, con la coartada de defender el sistema del libre mercado”.

Son palabras duras, doblemente viniendo de quien vienen.

El día anterior, otro destacado miembro de la misma familia, Luis García Miró, escribió también en Expreso lo siguiente. “El consorcio de la concentración mediática –El Comercio y sus satélites- desvaría con una torva doble cara. Convertido en vocero disfuncional de la corrupción constructora –vinculado indirectamente a una de las asociadas de Odebrecht- pega de bandazos a diario como elefante en cristalería. Arrinconado entre el temor y la pedantería –dice-, ha perdido todo sentido como medio de comunicación, por más 178 años de existencia que exhiba. Ahora ni orienta ni informa coherentemente. La opinión pública lo afirma mediante su continuada merma de confianza; vale decir, baja lectoría y principalmente menoscabo de su credibilidad”.

García Miró recuerda, además, cómo Alejandro Toledo fue “extorsionado por El Comercio. ¿Cómo? Exigiéndole que intervenga ante César Almeyda -su romana del diablo y a la sazón mandamás de Indecopi, donde Canal 4 navegaba en quiebra tras la borrasca de la familia Crousillat- para que “arregle las cosas” de manera que el diario se hiciera de los activos de ese medio televisivo tan sólo asumiendo los pasivos y poniendo como garantía las acciones de Canal N, por entonces al borde del colapso por falta de publicidad. Almeyda cocinó la operación a la medida de El Comercio”, dice.

Y añade que hoy “El Comercio pretende manipular a Pedro Pablo Kuczynski como hiciera con Toledo. Cuidado Presidente –le advierte-, sobre todo con el follón de las corruptas constructoras brasileñas y peruanas, que buscan salvar cara y cuerpo a costa de desinstitucionalizar al Perú. El Comercio como diario ahora influye poco. Pero su fortaleza estriba en su control del Canal 4, medio masivo que le permite una plataforma de influjo sumamente eficaz. El país debe estar alerta al juego turbio de esta concentración mediática”, concluye.

Son palabras aun más duras, viniendo de quien fuera, por años, un accionista y un directivo importante de El Comercio.

Todo indica que tanto Martha Meier como García Miró están refiriéndose a la empresa Graña y Montero, socia de la corrupta Odebrecht, de la que es accionista importante otro miembro de esa familia, José Graña Miro Quesada, accionista también de El Comercio, a quien el diario estaría tratando de rescatar de la ruina económica. 

El Comercio tiene 178 años de existencia, EXPRESO tiene 55. Con la autoridad que le da el hecho de haber convivido por décadas en el aprecio de los lectores, EXPRESO hace un llamado a los directores de El Comercio a dejar de lado los intereses empresariales y volver al periodismo. 



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



La República
La extradición del ex presidente Alejandro Toledo, quien tiene una orden de captura internacional no podrá solicitarse hasta que este sea ubicado formalmente, según el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.
Rodríguez recordó que el Gobierno de Estados Unidos puede utilizar una medida legal en caso el ex jefe de Estado peruano sea un problema para dicho país. Señaló que no está descartada la expulsión del ex jefe de Estado. “Pueden viabilizar la expulsión a una persona que tiene problemas con la Fiscalía sin requerir el trámite de extradición”, declaró.
Sobre Toledo pesa un pedido de prisión preventiva del Poder Judicial peruano.



Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
Me comentan unos amigos tecnócratas: “Aldo, estamos indignados por la manera en que los académicos de izquierda como Dargent, Tanaka y Manrique tratan de culparnos a los ‘tecnócratas neoliberales’ de la corrupción brasileña, sin cuestionar para nada que también los ‘académicos progres’ de varias universidades realizaron trabajos con (PUCP) y para (Universidad del Pacífico) Odebrecht.
No solo la Pacífico hizo para Odebrecht ese estudio de la Interoceánica Sur del cual ya has escrito. Hay varios más de Interoceánicas. Por favor, pregúntale a la actual rectora Elsa del Castillo si en agosto de 2009 la entonces directora del centro de investigación Cynthia Sanborn no firmó un contrato con Raymundo Serra de Odebrecht por US$169 mil para ‘mostrar el potencial económico’ (sic) de la Interoceánica Centro, lo que hace pensar que este no era un estudio de sesgo neutral, sino uno que buscaba justificar esta obra ante la sociedad y los políticos. También pregúntale a la rectora si en diciembre de 2006 Odebrecht no firmó otro contrato con la Pacífico para que, a cambio de US$54 mil, les hiciesen un estudio para ‘estimar los beneficios económicos’ (sic) de la Interoceánica Norte. La Pacífico firmó como otros cinco contratos de este tipo, que ya te los iremos contando.
Ambos cuestionables documentos (y también ese de IRSA Sur) los elaboraron los profesores de la Pacífico José Luis Bonifaz y Roberto Urrunaga, los dos hoy trabajando nada menos que en ProInversión.
Preguntas: ¿La rectora, los jesuitas y Humberto Nadal, el actual titular del Patronato, tomarán necesarias medidas internas antes que el Congreso y la Fiscalía de todas maneras les cite? ¿Y Tanaka, Dargent y Manrique van a atreverse a criticar a estas universidades por estos sospechosos contratos?”.



El Comercio
Artículo de José Luis Bonifaz y Roberto Urrunaga
(…)
La Universidad del Pacífico garantiza la libertad de cátedra y la pluralidad --de opiniones de sus profesores, por lo que no se solidariza necesariamente con el contenido de los trabajos que presenta, tal como aparece indicado en sus publicaciones.
(...)
En este contexto, hace aproximadamente 10 años, los autores de este artículo realizamos los estudios técnicos que explicamos a continuación, con la información disponible entonces.
A inicios del 2006, cuando los tramos 2, 3 y 4 de la carretera Interoceánica ya habían sido otorgados en concesión, uno de los concesionarios, la empresa Odebrecht, nos solicitó un estudio para estimar los beneficios económicos de la carretera mencionada. Dicho estudio culminó en el documento “Estimación de los beneficios económicos de la carretera Interoceánica” (Documento de Trabajo N° 81 del CIUP). Si bien la publicación es de enero del 2008, el estudio se realizó en el 2006 y consideró la información de tráfico del 2005 y los montos de inversión contractuales. Luego, como el tráfico efectivo superó las proyecciones iniciales en varios tramos de la carretera durante el 2007, la empresa nos solicitó una actualización que culminó en el libro “Beneficios económicos de la carretera Interoceánica”, de junio del 2008.
Ambos trabajos no evaluaron ni se pronunciaron sobre las magnitudes de inversión: ni las contractuales ni las ampliaciones materializadas mediante las adendas. Tampoco compararon la Interoceánica con otros proyectos de mayor o menor prioridad a nivel nacional. Queda claro, entonces, que estos estudios no fueron responsables del resultado de la licitación de estas concesiones ni de las posteriores adendas, tanto por las fechas de su realización como por sus objetivos y contenidos.
El objetivo de ambos estudios fue estimar los beneficios que generaría la Interoceánica para la macrorregión sur. Esta estimación consideró tanto los beneficios directos como los indirectos.
Los beneficios directos son aquellos que obtienen los usuarios de la carretera por la reducción de los costos operativos vehiculares y el ahorro en los tiempos de viaje de los pasajeros, y los calculamos siguiendo los conceptos y parámetros del SNIP.
Los beneficios indirectos son aquellos que se producen por el mejoramiento de la carretera, distintos a los percibidos directamente por sus usuarios. Estos beneficios son particularmente relevantes en proyectos de transporte alejados de las grandes urbes y se requieren para generar oportunidades a poblaciones marginadas de la economía de mercado. Así, por ejemplo, la mejora en la carretera generaría los incentivos para el incremento de la producción. Por ello, estimamos el efecto incremental de la carretera sobre el PBI potencial anual.
Los beneficios estimados fueron US$1.857 millones para los 25 años de la concesión, que, descontados del valor actual de los aportes del Estado, definidos originalmente en los contratos de los tramos 2, 3 y 4, involucraban un beneficio neto de US$1.246 millones. Los beneficios indirectos representaron el 84% del total, lo que era predecible, pues en este tipo de carreteras el tráfico no es lo más relevante, sino más bien el desarrollo de los beneficios sociales.
(…)



La República
145 empresas sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado por haber violado la Ley de Contrataciones del Estado pueden seguir haciendo negocios en el sector público gracias a las medidas cautelares obtenidas en el Poder Judicial que dejan sin efecto las inhabilitaciones.
Un caso ilustrativo es el de la empresa Correos del Perú S.A. En los últimos diez años, esta ha contratado con el Estado, por servicios de Courier y mensajería, 67 millones y medio de soles pese a que fue sancionada por primera vez en el 2010 por haber ganado una licitación con base en documentos falsos.
Una medida cautelar presentada en el sexto Juzgado Civil de Junín le permitió seguir presentándose y ganando más licitaciones con más documentos falsos.
Correos del Perú ha acumulado hasta el momento cuatro sanciones del tribunal y en cada una de ellas se amparó en medidas cautelares para seguir presentándose. Desde su primera sanción en el 2010 hasta hoy, ha ganado 151 contratos con el Estado.
Otro caso es el de Surgical Medical SRL (SURGIMED), al que OSCE sancionó en el 2003 y que presentó una medida cautelar que está vigente hasta hoy.
Surgimed, dedicada a la venta de productos médicos, ganó en estos catorce años 968 contratos con instituciones médicas del Estado por más de 20 millones de soles.
“Ante nuestros procedimientos sancionadores, los proveedores en forma simultánea, o a veces hasta antes que sancionemos, ya están solicitando una medida cautelar y los juzgados aceptan el pedido... Esto significa suspender la sanción y siguen contratando con el Estado”, explica el presidente del Tribunal de Contrataciones con el Estado, Héctor Inga Huamán.
Cada año, el Estado contrata un promedio de 60 mil proveedores para que le brinden servicios o abastezcan de bienes. El 2016, el OSCE sancionó a 1,485 proveedores por incumplir la Ley de Contrataciones. De estos, 912 (62 %) fueron sancionados por haber presentado documentos falsos o entregado información inexacta en el procedimiento.

La segunda infracción más recurrente cometida por los proveedores es el incumplimiento del contrato. El 2016, a 210 empresas proveedoras se les tuvo que resolver el contrato por no cumplir con lo requerido. 187 fueron sancionadas por no mantener su oferta hasta el consentimiento de la buena pro y por decidir injustificadamente no firmar el contrato que ganó.