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MEDIA COLUMNA
Desbloqueo
del corredor
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
La
decisión de Martín Vizcarra de ordenar a la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas despejar el bloqueo de la carretera por donde sale la producción de Las
Bambas al puerto de Matarani se produjo luego de un mes de bloqueo y en el
último momento, cuando la minera de la que depende parte importante de los
ingresos fiscales del Perú anunció que se hallaba a punto de detener sus
operaciones por falta de insumos y de declarar “fuerza mayor” para el
incumplimiento de sus contratos.
La
decisión política plagada de riesgos es emblemática en la saga del conflicto
entre quienes tienen la concesión de los recursos naturales y quienes tienen el
control de la superficie en todo el Perú.
La
afirmación de la autoridad del Estado en el territorio es algo que se espera
desde hace mucho y que ha sido reclamado por largo tiempo desde los sectores
empresariales. El bloqueo ha sido una bandera roja para la inversión en el país
y no solo en la minería.
Y hay
que decir, igualmente, que el desbloqueo se ha realizado sin enfrentamientos de
consideración y al menor costo en materia de uso de la fuerza, con la Policía
abriendo campo y el Ejército consolidando las áreas despejadas.
Lo que
está por definirse ahora si en lo inmediato la medida es viable en el tiempo.
No se puede mantener una carretera vigilada por el Ejército por plazo
indefinido. En otras palabras, no basta el desbloqueo. No es sino el primer
paso de lo que debe ser una olítica pública para resolver el conflicto en un
nuevo marco.
Ese marco
solo puede ser el libre contrato entre las partes partes teniendo como
referencia precios que no pueden ser determinados por ninguna de las partes ni
por el Estado. Solo el mercado puede proporcionar las coordenadas que permiten
orientar las decisiones de inversión.
El
Estado debe rodear ese libre contrato de cuatro garantías. Primero, que la
inversión incluirá la puesta en valor de la tierra de la superficie y su
periferia mediante la siembra de agua y de bosque. Segundo, que exista
propiedad real tanto de la tierra como de los recursos bajo de ella. Propiedad,
no un estado perpetuo de posesión informal sin seguridad jurídica. Tercero,
participación justa y equitativa de los peruanos en general y de la población local en la renta que produce la explotación
del recurso natural del subsuelo. Y, finalmente, la garantía de una consulta
previa en los términos del Convenio 169 de la OIT.
El
proceso social irá llevando de manera natural -a su propio paso, sin vehemencia
prematura, sin premura y sin violencia- del régimen comunal de la tierra –una
institución andina consgrada en la Constitución, más compleja y sofisticada de
lo que el Estado y la empresa imaginan- a la consolidación de la propiedad privada
e individual de la tierra. Porque solo la propiedad hace posible la seguridad
jurídica que protege el libre contrato entre partes iguales.
Lo que
no sabemos aún es si la decisión de Martín Vizcarra de desbloquear ese corredor
minero es un acto aislado sobre el que pronto se cerrará la ventana de la
oportunidad, o si su gobierno es capaz de la decisión política de asumir ese
proceso y llevarlo adelante. Pero lo sabremos pronto no por sus dichos, sino
por sus actos.
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