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lunes, 6 de febrero de 2017

ESTA NOCHE lunes 6 febrero 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y
gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com


PERU21
Gobierno desecha oportunidad


Ricardo Lago


El gobierno tenía en sus manos la oportunidad dorada para lanzar una señal clara contra la corrupción rompiendo con el pasado de estafas disfrazadas en proyectos de infraestructura. Pudo poner fin al apestoso proyecto de aeropuerto en Chinchero. No solo no lo hizo, sino que lo facilita promulgando una adenda para que la empresa constructora –y después operadora durante 40 años– que ha sido incapaz de levantar el financiamiento para ejecutar el proyecto, lo ponga en marcha con el Estado aportando la mayoría de los fondos.

Como explica Nick Asheshov, que vive en la zona desde hace años: https://nicholasasheshov.com/2017/01/27/chinchero-lost-in-the-clouds-of-poor-engineering-bad-finance/, Cusco no necesita un nuevo aeropuerto porque se puede modernizar el Velasco Astete, con extensión de pista y nueva terminal para dar servicio al crecimiento previsible del turismo en las próximas dos décadas y porque el número de visitantes a Machu Picchu ya bordea el límite de 5,400 por día establecido como nivel sostenible por un estudio del propio gobierno. Cuestiona Asheshov, además, que la ubicación sea la más adecuada de la zona para un aeropuerto, por el riesgo de socavones asociado a su tierra caliza, la mayor probabilidad de niebla y tormentas de granizo, la distancia de 30 km a Cusco y la altitud de 3,700 metros (500 más que el Velasco Astete).

¿Cuál es entonces la razón de ser del nuevo aeropuerto? La corrupción urbanística. Urbanizar las 240 hectáreas del Velasco Astete –a precios de 1,000 a 2,000 dólares por m²– y en paralelo subir el valor de los terrenos colindantes al nuevo aeropuerto de Chinchero en los que ya han tomado posiciones especuladores con información privilegiada. Como explica Asheshov, el gobernador anterior de Cusco Jorge Acurio –destituido por corrupción– compró las 330 hectáreas del terreno cultivadas de papa en Chinchero a un par de comunidades al precio 230 mil dólares por hectárea frente a los 5,000 que cuesta la hectárea en Idaho (la región de papa por excelencia). Terreno que el gobierno regional permuta al Estado a cambio del Velasco Astete.

Por lo demás, la situación de los dos socios en el consorcio constructor/operador de Chinchero, al que el gobierno ha otorgado la generosa adenda, deja mucho que desear. Al socio peruano la agencia de rating Fitch le ha reducido la calificación de sus bonos seis peldaños bajo grado de inversión como explica Pablo Secada en su columna de Perú21; al socio extranjero que opera aeropuertos en Argentina le han llovido juicios por doquier. Fina estampa.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro pedirá hoy la orden de prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo por los sobornos de la empresa Odebrecht en la Carretera Interoceánica.
Este requerimiento se presentará tras revisar la documentación incautada en la casa de Camacho, La Molina.
Se espera que también el fiscal Castro requiera al juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, la orden de captura internacional del ex mandatario. El pedido de prisión preventiva para el ex mandatario sería por 18 meses, según fuentes fiscales.
El Poder Judicial convocaría a una audiencia para decidir la situación legal del ex jefe del Estado. Por la urgencia del caso, esta podría ser martes o miércoles.
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, aclaró que a Toledo ya no lo ampara la garantía del antejuicio porque este tuvo una vigencia de cinco años después de culminar su mandato.



ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)
Eliane Karp en su página de Facebook se dirigió al actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, para amenazarlo: “¡No me hagas hablar, because I know what you did last time (porque yo sé lo que hiciste la última vez)!".
PPK se pronunció sobre el caso de Toledo. "[Estoy] muy dolido por estas noticias de Toledo. Es una traición al pueblo peruano y una traición a sus colegas que se esforzaron tanto", dijo.



El Comercio
La carretera Interoceánica Norte, y los tramos II, III y IV de la Interoceánica Sur le vienen costando al país, desde la iniciación del proyecto, más de US$4.500 millones, convirtiéndola en la obra de infraestructura vial más costosa del país.
A pesar de las observaciones hechas por la Contraloría de la República en 2005 por haber obviado normas indispensables de contratación pública, durante la gestión de Alejandro Toledo se puso en marcha la megaobra de casi 2 mil kilómetros de carretera, presupuestada en un inicio en poco más de US$1.000 millones en total.
No obstante, según reveló el programa dominical “Cuarto poder”, la inversión realizada por esta obra crecería todavía más durante otras tres gestiones presidenciales, pues el contrato de concesión que firmaron el líder de Perú Posible y las empresas brasileñas que se adjudicaron la obra dura 25 años.
Vale anotar que el dinero que se seguirá expendiendo para el proyecto —que se le adjudicó a Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y las peruanas Graña y Montero, JJC Contratistas e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales—  seguirá saliendo del presupuesto público.
Un documento de Provías Nacional, entidad del MTC responsable de la obra, daría fe de la cuantiosa inversión realizada por el Estado peruano. En más de cien páginas, el informe elaborado durante la gestión de Raúl Torres Trujillo, quien hasta el mes pasado fue director ejecutivo de Provías Nacional, da cuenta del incremento presupuestal, que justifica los pagos en dos grandes segmentos: US$2 mil millones por inversión de la obra y, el resto, por el mantenimiento de la misma.
Según el ex funcionario, al año, sobretodo en la época de lluvias, hay emergencias que deben ser atendidas. “Por emergencias nosotros gastamos aproximadamente un 3% del valor del contrato al año”, explicó.
Juan Pari, presidente de la Comisión Lava Jato del Congreso anterior, sí tenía conocimiento de estas cifras. Incluso, usó parte de ellas en la sesión del 20 de mayo del 2016, cuando interrogó al ex presidente Alan García, pues en gobierno del líder aprista se aprobaron dispositivos legales para ensanchar el presupuesto de la carretera.
Según cifras reveladas por el programa dominical, la IIRSA Norte, de 955 kilómetros, obra ejecutada por el consorcio conformado por Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Graña y Montero, pasó de costar US$258 millones en el 2005 a más de US$1.185 millones dólares.
El tramo II de IIRSA Sur, de 300 kilómetros, tuvo un presupuesto inicial de US$263 millones, pero al 12 de enero pasado el cálculo de lo que se le va pagando a Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, ya suma más de US$1.081 dólares.
El tramo III, a cargo de los mismos contratistas del tramo II, fue presupuestado inicialmente en US$395 millones de dólares, y hasta el 12 de enero ha facturado US$1.131 millones por los 305,9 kilómetros construidos.
Y finalmente, IIRSA IV, de 306 kilómetros que construyeron las brasileñas Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao, tuvo como presupuesto inicial US$244 millones, pero hasta el 30 de diciembre del año pasado el MTC había pagado más de USS$1.102 millones.
Alejandro Toledo fue presidente de la República entre el 2001 y 2006, y en su mandato adjudicó en el 2005 las concesiones que comprendieron tres tramos de la carretera Interoceánica: los tramos 2, 3 y 4.
Al 2015, solo uno de esos tramos (el tramo 3, que va de Inambari a Iñapari) supera el 1% de la participación de tráfico vehicular del total de carreteras concesionadas en el país. Los otros dos tramos apenas llegan al 0,5% de participación, tanto respecto a vehículos ligeros como a vehículos pesados, según información de Ositran.
Sin embargo, en estas concesiones sí resalta el gran número de adendas que han tenido, aunque no todas fueron firmadas durante el gobierno de Alejandro Toledo. A continuación el detalle de esta concesión y sus tramos.
Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A.
Tramo: IIRSA Sur tramo 2 Urcos – Inambari
Año de concesión: 2005
Tipo de concesión: Cofinanciada
Plazo: 25 años
N° de km: 300
N° de vehículos ligeros (2012 al 2015): 340 (participación del total de carreteras concesionadas 0,3%)
N° de vehículos pesados (2012 al 2015): 205 (participación del total de carreteras concesionadas 0,2%)
N° de adendas total y fechas: 08 adendas en total
·         24/02/2006 (gobierno de Alejandro Toledo)
·         16/06/2006 (gobierno de Alejandro Toledo)
·         26/07/2006 (gobierno de Alejandro Toledo)
·         16/07/2007 (gobierno de Alan García)
·         18/02/2009 (gobierno de Alan García)
·         31/07/2009 (gobierno de Alan García)
·         08/07/2010 (gobierno de Alan García)
·         27/12/2010 (gobierno de Alan García)
Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 3 S.A.
Tramo: IIRSA Sur Tramo 3 Inambari – Iñapari
Año de concesión: 2005
Tipo de concesión: cofinanciada
Plazo: 25 años
N° de km: 403,2
N° de vehículos ligeros (2012 al 2015): 2.028 (participación del total de carreteras concesionadas 1,7%)
N° de vehículos pesados (2012 al 2015): 541 (participación del total de carreteras concesionadas 0,5%)
N° de adendas total y fechas: 07 adendas en total
·         24/02/2006 (gobierno de Alejandro Toledo)
·         16/06/2006 (gobierno de Alejandro Toledo)
·         26/07/2006 (gobierno de Alejandro Toledo)
·         16/07/2007 (gobierno de Alan García)
·         31/07/2009 (gobierno de Alan García)
·         15/06/2010 (gobierno de Alan García)
·         09/12/2010 (gobierno de Alan García)
Intersur Concesiones S.A.
Tramo: IIRSA Sur Tramo 4: Inambari – Azángaro
Año de concesión: 2005
Tipo de concesión: cofinanciada
Plazo: 25 años
N° de km: 305,9
N° de vehículos ligeros (2011 al 2015): 433 (participación del total de carreteras concesionadas 0,4%)
N° de vehículos pesados (2011 al 2015): 382 (participación del total de carreteras concesionadas 0,3%)
N° de adendas en total y fechas: 07 adendas en total
·         01/03/2006 (gobierno de Alejandro Toledo)
·         16/05/2006 (gobierno de Alejandro Toledo)
·         26/07/2006 (gobierno de Alejandro Toledo)
·         18/02/2009 (gobierno de Alan García)
·         19/05/2009 (gobierno de Alan García)
·         06/08/2009 (gobierno de Alan García)
·         04/03/2011 (gobierno de Alan García)






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El nombre de Brookfield Asset Management saltó a la palestra local el año pasado, cuando adquirió la participación de Odebrecht en Rutas de Lima y se divulgó su interés en la participación de la brasileña en el consorcio Gasoducto Sur Peruano. Brookfield no alcanzó a cerrar dicha adquisición, pero sí dio mucho que hablar, suscitando interrogantes. ¿Cuál es su interés en el Perú? ¿A qué se dedica? ¿Es una fachada de Odebrecht para seguir ligado al gasoducto, como acusa el congresista Víctor Andrés García Belaunde?
En entrevista exclusiva con Día1, Bruce Flatt, CEO de la gestora de fondos, explica que Brookfield siempre estuvo “buscando la forma de volver al Perú” luego de vender su negocio minero, incluida Antamina, a Xstrata en el 2006. Un episodio en ese sentido fue la creación del Fondo de Infraestructura Brookfield (2009), en asociación con AC Capitales (subsidiaria de Apoyo Consultoría), que no prosperó ante la falta de oportunidades para invertir el capital comprometido.
Entonces, Brookfield vio su ventana de oportunidad en la debacle de Odebrecht, motivada por las acusaciones de corrupción. “Nuestra especialidad es comprar activos cuando otras empresas se están alejando. Hacemos un due diligence, y si el activo es bueno y el país es adecuado, los adquirimos”, remarca Flatt.
Es el caso del consorcio Rutas de Lima y del proyecto de irrigación Olmos, activos, ambos, adquiridos o en  vías de ser adquiridos a la constructora brasileña. En cuanto al gasoducto del sur, Flatt sostiene que Brookfield está considerando tomar parte en su próxima licitación. “Si [esta] tiene sentido para nosotros, seguramente participaremos y le dedicaremos tiempo”, sentencia.
Pero, ¿qué hay de las críticas que sindican a Brookfield como una fachada de Odebrecht?
Los analistas consultados por  Día 1 son unánimes en señalar que dicha sospecha carece de fundamento porque Brookfield es un gigante internacional (maneja US$250 mil millones en activos en 30 países) con una reputación seria.
“Es cierto que Brookfield nació en Brasil hace 100 años, pero hace 50  que está afincada en Canadá. La mitad de sus accionistas son canadienses, entre ellos, el Fondo de Pensiones de Quebec y el de la policía...
Una crítica a Brookfield es su responsabilidad en el conflicto generado por el polémico cobro de peaje en Puente de Piedra, administrado por Rutas de Lima, donde ostenta el 57% y, por lo tanto, el control operativo. Al respecto, Flatt dice que “uno va lidiando con las complicaciones conforme llegan”, finaliza.



El Comercio
Carlos Rojas, CEO de Andino Asset Management, dijo que Brookfield está interesado en los proyectos de Odebrecht porque ha visto una oportunidad con un descuento significativo, pues la brasileña no está en posición de negociar.
La seriedad de Brookfield es destacada igualomente por Miguel Uccelli, CEO de Scotiabank, banco canadiense.



Expreso
La suspensión de la firma de la adenda y la postergación de la colocación de la primera piedra en días anteriores enojaron a las autoridades cusqueñas. El 1 de febrero miles manifestaron para reclamar el inicio de las obras, lo que llevó al Gobierno a firmar el comienzo de la construcción.
En el acto participaron el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su vicepresidente, Martín Vizcarra, además del gobernador regional de Cusco, Edwin Licona.
La adenda finalmente fue aprobada por resolución ministerial publicada el viernes en las Normas Legales de El Peruano. En ella se autoriza a la viceministra Fiorella Molinelli a que suscriba la adenda en representación de la cartera de Transportes.



La República
El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), Wilfredo Álvarez Huayllapuma, cuestionó al gobernador regional Edwin Licona. Indica que la autoridad debió demandar al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, que el Gobierno Regional sea parte del accionariado del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, junto a la empresa concesionaria Kuntur Wasi.
Este pedido se sustenta en la inversión de 70 millones de dólares que hizo la Región en la compra de los terrenos donde se edificará el terminal aéreo.
El aún dirigente de la FDTC indica que en un futuro no muy lejano saldrá a la luz las diversas irregularidades con la que se pretende ejecutar este proyecto y los cuestionamientos por los 40 años de concesión.



Expreso
El ganador del proyecto del aeropuerto de Chinchero, el consorcio Kuntur Wasi, de 265 millones de dólares planteaba financiarlos en 20 años (con cinco de gracia) y pagarlos luego en 60 cuotas trimestrales.
El problema se presentó cuando se supo que no se especificaba la tasa de interés de los 265 millones de dólares. Y se hizo escándalo cuando se supo que la tasa de interés era de 21, 22 y 23 % al año, haciendo un total acumulado de 590 millones que el Estado debía pagar a futuro.
Cuando surgió oposición en OSITRAN y otras instancias, el Ejecutivo salió con que el Estado pondría los 265 millones y se “ahorraría” 590 millones de dólares.
La tasa del mercado internacional, sin embargo, es de 3 % o 4 % de intereses y no de 21, 22 o 23 %.
Al final, con la adenda suscrita el viernes, que mantiene el esquema del gobierno humalista, el aeropuerto costará 520 millones de dólares, de los cuales 410 millones de dólares serán puestos por el Gobierno peruano y solo 109 por el concesionario.
El concesionario Kuntur Wasi está integrado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding.



La República
Entrevista a Martín Vizcarra
(…)
El concesionario tenía todas las armas de ganar porque podía presentar un tope muy alto que el Estado nunca iba aceptar y la presión social obligaría al Estado a que ponga el dinero.
Usted lo ha dicho, el privado, con este contrato, tenía todas las de ganar.
-¿El Estado cayó en ese juego?
No lo hemos dejado.
-Le digo que sí porque iban a poner una tasa alta y la presión social iba a obligar a que el Estado ponga el dinero.
(…)
-¿Y eso no pudo ser un argumento para ir a juicio a la CIADI y resolver el contrato porque el concesionario está poniendo una tasa muy alta?
Sí. También era una alternativa.
-¿Y por qué no se optó por esa alternativa?
Este es un juicio internacional que dura dos a tres años, mientras el contrato está suspendido, no se aplica y todo está detenido.
-¿El gobierno no podía avanzar con la remoción de tierras?
No, el movimiento de tierras está ligada a la obra total. El juicio era una postergación de la obra de dos a tres años.
-Que podía salvaguardar los intereses del Estado.
Si es que ganábamos.
-¿No debió haber sido esa la voluntad del gobierno?
(…)
Yo soy ingeniero civil y construyo, puedo decir, con mis conocimientos, que el ahorro para el Estado son 590 millones de dólares, que eran los intereses que pretendía cobrar el concesionario.
(…)
-¿Por qué el ministro de Economía dijo que esto prácticamente pasaba a ser una obra pública y no una APP?
Debería preguntarle al ministro de Economía. La APP se mantiene…
(…)
-¿Qué le responde a la ex presidenta de Ositran, Patricia Benavente, que dice que con la adenda se ha desnaturalizado la APP y vulnerado su ley?
Hay dos conceptos a cargo del Estado y dos a cargo del privado, no se ha variado absolutamente nada.
Dos y dos parece la mitad cada uno pero la proporción de montos no es igual. Antes el privado asumía un 80% y ahora 30% .
(…)



El Comercio
Tras vaivenes y críticas durante las últimas semanas –que incluyeron la renuncia de la presidenta del regulador Ositrán y la prórroga de la fecha programada para la firma de la adenda–, el viernes el gobierno colocó la primera piedra luego de firmar modificaciones al contrato con Kuntur Wasi.
Sin embargo, la controversia sobre la necesidad de la adenda y los cambios introducidos al contrato del aeropuerto de Chinchero no ha cesado. Mucho se ha dicho sobre este proyecto, tanto por el lado del gobierno como de sus detractores técnicos y políticos. ¿Qué tan ciertas son las principales declaraciones hechas al respecto?
Los US$590 millones a los que hace alusión el presidente Kuczynski se derivan de la propuesta que la concesionaria Kuntur Wasi presentó al Estado y que este rechazó formalmente en noviembre del 2016. Son producto de una interpretación del contrato, no una verdad incuestionable.
Si el MTC aceptaba la propuesta de Kuntur Wasi, el Estado efectivamente tendría que haber pagado los US$590 millones, en un período de 15 años más cinco años de gracia. Pero si el Estado mantenía su postura de rechazar la propuesta del concesionario, por considerarla excesiva y perjudicial, entonces cabía seguir negociando.
En caso de que no se llegara a un acuerdo, el Estado podría dar por concluido el contrato e iniciar un nuevo proceso de concesión. Bajo este escenario, el gobierno ha advertido en las últimas semanas que Kuntur Wasi podría haber denunciado al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Lo concreto es que los mencionados US$590 millones corresponden a una estructura financiera, de muchas posibles.
El gobierno ha señalado que el contrato estaba mal redactado, pues no especificaba un tope del interés que debía ser pagado por el cofinanciamiento que pediría el concesionario para la construcción del aeropuerto de Chinchero.
Por ello, cuando el concesionario presentó su esquema de endeudamiento, alegó que al monto de cofinanciamiento se debían sumar los intereses que se generarían desde el primer día que pidiera el financiamiento (los denominados “intereses intercalares”), algo que ni la administración de Ollanta Humala ni la de PPK –en su postura inicial– encontraban correcto.
De este modo, si bien Kuntur Wasi estimó una tasa nominal de 6,4% para la emisión internacional de bonos con la que financiaría el proyecto, al incluir los intereses intercalares y otros costos financieros y de estructuración, la tasa de interés saltaba hasta 19,56%, según un informe solicitado por el MTC a la CAF.
En una eventual discrepancia sobre los vacíos del contrato, el Estado podría haber apelado, entonces, tanto a las bases del concurso como a la práctica financiera estándar para desvirtuar la propuesta de Kuntur Wasi.
En este punto, se suma otra discrepancia. El contrato decía que a la tasa del financiamiento se debía sumar un adicional de 2,5%. El concesionario interpretó esto como un “extra” que el Estado le otorgaba, por lo que su tasa final fue de 22,06%. Pero una opinión vertida por Ositrán durante el proceso de licitación del proyecto afirmó que dicho 2,5% servía para reconocer los intereses intercalares descritos líneas arriba. Justamente en esa opinión técnica del Ositran se basó el rechazo inicial de este punto de la propuesta de Kuntur Wasi por parte del MTC a finales del 2016. Pero luego el ministerio liderado por Martín Vizcarra dio marcha atrás en esta posición.
Por último, el Estado siempre ha sido responsable de pagar el movimiento de tierras  y de pagar una parte de la construcción del aeropuerto (el cofinanciamento de US$264,7 millones), y eso no cambia con la adenda.
Pero antes los recursos para la construcción debían ser conseguidos por el concesionario, ya sea con su propio capital, con deuda obtenida de los mercados financieros, o con una combinación de ambos.
El gobierno ha asegurado que solo se ha modificado la modalidad de pago, pero que todo lo demás se mantiene a cargo del concesionario: el riesgo de diseño, la responsabilidad de mantenimiento y operación, así como cualquier sobrecosto durante la ejecución de la obra. Pero la lista de expertos que cuestionan esta interpretación es larga: solo por citar a dos especialistas ajenos al debate local,  el experto en APP del Banco Mundial José Luis Guasch y el director de esta entidad para el Perú, Alberto Rodríguez, opinan que el cambio en la modalidad de pago ha convertido la APP en una obra pública, al menos en cuanto a la construcción de la pista y el terminal.
El concesionario es Kuntur Wasi, consorcio formado por la peruana Andino Investment Holding (AIH) y la argentina Corporación América.
Quien está en una situación financiera incómoda es AIH.
Carlos Rojas, socio de la gestora de activos Capia, cuestiona la capacidad de esta empresa para asumir su parte en la construcción, dados los problemas que tiene para pagar sus deudas.
Corporación América, que tiene una posición financiera sólida, es responsable solidaria de AIH.





El Comercio
El ex ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, explicó por qué considera innecesaria la adenda y perjudicial para el Estado.
El gobierno señala que la adenda le generado al Estado un ahorro de US$500 millones. Para Segura, "esos intereses realmente nadie se los hubiese aceptado”.
Segura detalló los factores que habrían generado que el gobierno decida colocar los US$265 millones para la construcción del aeropuerto.
Primero, la empresa no toma un crédito por US$265 millones. Toma uno por más de US$550 millones -aunque Segura tampoco sabe por qué la diferencia-. De esta forma, la tasa de interés que se debe pagar por ese crédito, ya no es de 7% sino de 14%.
Segundo, Kuntur Wasi habría incluido conceptos que usualmente son de responsabilidad del concesionario y no del Estado, “en algunos casos 20 veces lo que se cobra usualmente", señala.
Tercero, el concesionario señaló que los intereses correspondientes a los primeros cinco años corresponde al Estado asumirlos.
Segura agregó: "El gobierno [del presidente Kuczynski] se tomó hasta fines de noviembre para tomar una decisión. No sé por qué se tomó tanto tiempo, porque era evidente que no se podía aceptar eso [el esquema de financiamiento propuesto por la empresa]".
Kuntur Wasi ganó la concesión del aeropuerto de Chinchero ya que pidió el menor subsidio al Estado: US$265 millones. Las otras dos empresas que también estaban interesados en el proyecto pidieron US$348 millones y US$411 millones. Al pedir el menor subsidio, Kuntur Wasi ganó la concesión.
Sin embargo, cuando presentó su esquema de financiamiento, hizo la aclaración de que esos US$265 millones no incluyen los intereses que este monto generara por esos cinco años de gracia para el Estado. El periodista Jaime de Althaus señaló que los otros postores argumentan que ellos sí consideraron los intereses en sus propuestas. “Para ganar no los incluyeron, cunado todos los demás lo habían hecho", explicó Segura.
"Yo he visto varios casos del CIADI. Que te denuncien si quieren, porque nunca te van a ganar. Muestras la oferta hecha [por ellos], y los árbitros preguntarán qué pasó", dijo el ex titular del MEF.



El Comercio
El negocio está en la adenda
Fernando Rospigliosi
De manera similar a lo que ocurrió con la Interoceánica a principios de la década pasada, manifestaciones y bloqueos de carreteras fueron el preámbulo para que el gobierno apruebe y justifique la construcción del cuestionado aeropuerto de Chinchero.
El periodista Nick Asheshov, que vive hace muchos años en Urubamba, ha resumido así las cosas: “Un proyecto corrupto es un proyecto malo. Uno de estos es la propuesta del aeropuerto en Chinchero, Cusco. Chinchero es peligroso, además de estar plagado de coimas, de ingeniería pobre e incompleta. Sus características incluyen el típico lenguaje legal, deliberadamente incomprensible, y finanzas pantanosas. No se necesita el proyecto, está en el lugar equivocado” (“Caretas”, 2/2/17).
Según Asheshov, por la altura, más de 3.700 metros sobre el nivel del mar (casi como El Alto, en La Paz), Chinchero nunca será un aeropuerto internacional “porque los aviones no pueden despegar a esas alturas con una carga máxima de combustible y pasajeros. Puedes optar por un tanque lleno y solamente algunos turistas o un montón de turistas y algunos galones de combustible, suficientes para bajar el cerro”. Es decir, para llegar a Lima.
Además, Asheshov recuerda que la principal atracción del Cusco, Machu Picchu, ya está al límite de su capacidad, no puede recibir más turistas. Es ilusorio, pues, que se pueda duplicar o triplicar la llegada de visitantes con el nuevo aeropuerto.
El otro gran tema es que siendo –supuestamente– una asociación público-privada (APP), el consorcio Kuntur Wasi, que ganó la licitación, debería conseguir la financiación para la obra. Pero no pudo. Prometió hacerlo para setiembre del 2015 e incumplió. Luego para abril-mayo del 2016. Tampoco lo logró.
El año pasado la revista especializada “Semana Económica” explicó que el motivo es que su solvencia es discutible: “Andino Investment Holding (AIH), accionista de Kuntur Wasi –concesionario del proyecto–, atraviesa por su peor momento financiero. El año pasado cerró con pérdidas por S/7,8 millones y Fitch le quitó el grado de inversión al bono que emitió en el 2013 por US$115 millones. Ahora necesita financiar Chinchero y el mercado le exigirá mayores garantías. Su opción es que el Estado lo respalde con un modelo que le permita levantar capital mientras construye el proyecto. Pero Ositrán considera que dicho esquema genera un compromiso innecesario para el Estado. Mientras tanto, corre el tiempo y el plazo de AIH vence en julio [del 2016]” (8/3/16).
En julio del 2016 no habían conseguido el financiamiento y el gobierno de Ollanta Humala le pateó el fardo al siguiente.
La exorbitante tasa de interés que querían cobrarle a Kuntur Wasi se explica por su situación financiera.
Si la empresa que ganó la licitación en el 2014 no tenía las condiciones para hacerse cargo del proyecto, ¿cómo lo hizo? María Cecilia Villegas tiene una explicación: “Tal como ha sido desarrollado el marco legal de las APP en varios países, incluido el Perú […] propicia las oportunidades para prácticas corruptas. Así los inversionistas presentan propuestas temerarias y luego de celebrado el contrato buscan su renegociación a través de adendas, generando mayores beneficios para el privado” (“Correo”, 28/1/17).
Al gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que firmó el contrato, no le interesaba el perjuicio que sufriría el país. La hermana de Humala, la enfermera Ivoska, que vive en Suiza hace décadas, pero al parecer tiene visión de lince, compró en el 2012 y el 2013 dos terrenos colindantes cerca de Chinchero, en total más de 15.000 metros cuadrados, por 345.000 dólares. Según el diario “Correo”, luego que se realizó la licitación en el 2014 y se anunció la construcción del aeropuerto, los terrenos se revalorizaron astronómicamente y están avaluados en cinco millones de dólares (3/9/15).
Ivoska es a Ollanta y Nadine lo que Eva Fernenbug a Alejandro Toledo y Eliane Karp.
Otro negocio similar es el que se producirá cuando se abandone el actual aeropuerto del Cusco, Velasco Astete, para reemplazarlo por Chinchero, como hace notar Asheshov: 240 hectáreas a pocos minutos del centro que valdrán una fortuna para los bienaventurados que se hagan de ellos, probablemente con procedimientos parecidos.
En suma, muchas ganancias que beneficiarán a unos pocos, respaldados por las masas populares ilusionadas con la llegada de una edad dorada gracias a la obra mágica. Vieja historia con nuevo nombre.



El Comercio, editorial
(…)
El presidente… ha intentado promover al consorcio que actúa como contratista de la obra con aseveraciones que ni corresponden a su rol de vigilante contraparte en el acuerdo ni se condicen con la realidad. “El grupo es financieramente muy sólido […], totalmente sólido”, ha dicho, en abierta negación de la circunstancia de que la calificación crediticia de Andino Investment Holding (socia fundamental de Kuntur Wasi) ha caído de manera significativa en los últimos años. Entre el 2015 y el 2016, de hecho, fue bajada de BB- a B+ y de B+ a B- por la agencia Fitch Ratings. ¿De qué solidez, pues, habla el jefe de Estado?
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Gestión
Hace 14 años se estableció la “Ley de Lobbies” (Ley 28024), pero esta tuvo deficiencias en la implementación pues no obligaba a las empresas a registrarse ni a que los funcionarios públicos publiquen las reuniones en los portales web.
Al respecto, Felipe Gutierrez, director gerente de Concertum, empresa dedicada a los servicios de lobbies o también llamado gestión de intereses, nos explica los últimos cambios generan todavía un vacío, pues se ha eliminado el registro que los gestores deben realizar semestralmente.
De acuerdo al último Decreto Legislativo 1353, en el marco de las facultades legislativos y con motivo de la lucha anticorrupción, se fijó dos aspectos, que resalta el ejecutivo.
“Se elimina el distingo de gestor de intereses propios de la gestión de intereses de terceros”, sostiene.
Un segundo aspecto, detalle Felipe Gutierrez, y de gran cambio, es que todas las reuniones, en las que se gestionan intereses deben registrarse en un libro de visitas, cuyo formato lo está diseñando el Ejecutivo.
Un tercer punto que resalta el ejecutivo de Concertum, es que la norma elimina el registro de los informes semestrales. “Esta última parte si me parece que podría ser modificada, porque si algo tenemos los que hacemos gestión de intereses formalmente, es nuestra obligación de transparentar más allá del que hace intereses propios cada cieeto tiempo”, precisó.
Felipe Gutierrez estima que son unos 22 los gestores de intereses y dentro de ellos, hay una sola persona jurídica debidamente registrada. Además, solo tres de estas emiten reportes a la Sunarp.



Peru21
Mariella Balbi entrevista a Luis Galarreta
-¿Para el fujimorismo hay crisis política en el país?
Creo que también la percibe la población. Es un gobierno débil, no tiene partido ni respaldo popular y además su bancada es inoperante. Nosotros consideramos que hay una falta de previsión del gobierno, no tiene norte y no maneja temas claros, concretos. Quieren reactivar la economía con obras grandes y Lava Jato plantea muchas dudas sobre su ejecución. En el caso de Chinchero a nosotros no nos corresponde decir cómo debe ser el contrato, sino al Ejecutivo. Este tiene que tomar una decisión…
-Pero Keiko Fujimori no apoyaba la adenda al contrato, el presidente de la comisión Lava Jato planteó que no se firmara y luego el fujimorismo va a Cusco y dicen firmémoslo nomás….
Las marchas y contramarchas son del gobierno, no del fujimorismo. No hay norte, la población, en cualquier nivel socioeconómico, nos dice que hay una ausencia de liderazgo. No es bueno. Un congresista de PPK plantea la vacancia presidencial, lo cual me parece inaceptable. El presidente dice que suspende Chinchero y luego que sí va; falta coherencia. El congresista Víctor Andrés García Belaunde es quien hace el planteamiento de no firmar la adenda. Pero es una decisión que le compete al Ejecutivo.
-Pero el Congreso ha dicho que la adenda del contrato de Chinchero es lesiva para el país…
Es una decisión que toma la comisión Lava Jato por unanimidad. Si se encuentra corrupción, es obvio que el Congreso tiene que investigar. Pero eso no puede detener el desarrollo. Fuimos a Cusco a aclarar porque el presidente utilizó al Congreso para no firmar…
-Le pusieron al Cusco en contra, hubo un paro de 72 horas y acusaron al Congreso…
El comentario del presidente no es real, toma como excusa a una comisión del Congreso para no actuar. Ni siquiera es un documento del Parlamento en su conjunto. Cuando empezó el gobierno, el señor Kuczynski no fue a los distritos más pobres del Perú, frecuenta más el golf de San Isidro. Luego ha tenido expresiones desafortunadas. Con respeto, hay que pedir a sus ministros que lo ayuden a no cometer deslices. Que el presidente de la República tome decisiones por el oficio de una comisión del Congreso preocupa por el bajísimo liderazgo que tiene.
-¿No fueron a Cusco para exculparse?
No, fuimos a dar la cara, a explicar. Tenemos un congresista por región, vamos permanentemente…
-¿Keiko y el fujimorismo aprueban o no la adenda para Chinchero?
No hemos revisado la adenda ni nos corresponde hacerlo. Somos oposición y tenemos que fiscalizar al Ejecutivo. Es este quien tiene que evaluar si es mejor o no firmar la adenda. ¿Quién gobierna? ¿El equipo de lujo no puede tener una definición clara frente a una adenda? Primero dicen no, luego sí quieren y ante la ausencia de decisión buscan responsabilizar al Congreso. Nosotros creemos que se debe cumplir con la promesa de un aeropuerto para Cusco. Esa decisión debe ser lo más transparente. Con Odebrecht todos estamos erizados. Verá el Ejecutivo si es obra pública, porque se ha reducido el porcentaje de la participación privada…
-Pero, ¿qué piensa el fujimorismo de esa decisión?
Decide el Ejecutivo y el Congreso esperará que se nos informe por qué se tomó esa decisión. No tenemos por qué hablar de la adenda…
-Ustedes son congresistas peruanos, con mayoría, no son de Marte…
Repetiré lo mismo. Esperemos que luego de firmar nos informen. Deciden el presidente, el ministro de Transportes, el señor Zavala…
-Para justificar la firma, Martín Vizcarra dijo que “no podían caer en el juego político de fuerzas que nos dicen que nos abstengamos y luego dicen que apoyan…”.
¿Qué fuerza política del Congreso ha dicho que se abstengan? Vizcarra confunde a una comisión con una fuerza política. Apoyamos que Cusco tenga su aeropuerto…
-Si encuentran corrupción, ¿para la obra?
Se puede corregir y sancionar, pero no podemos estudiar el expediente y decirle al Ejecutivo que lo haga y no reaccionaremos si no es transparente. En Cusco hemos conversado con mucha gente y no ha habido problemas como malinforma un diario asalariado como La República. Hemos dado la cara, quien desapareció fue la señora Verónika Mendoza, que apoyó al gobierno actual. ¿Dónde estuvo cuando el presidente dijo que no firmaba, tirándose para atrás de lo ofrecido en campaña? Hemos explicado que el Parlamento no tiene ninguna decisión, que las obras públicas le corresponden al Ejecutivo. Ojalá que tomen más decisiones.
-¿Descartan la interpelación al ministro de Transportes, Martín Vizcarra?
Cualquier acto de control político, como la interpelación, se verá en su momento. Hay congresistas que lo plantean. Nosotros evaluaremos si se presentara el caso…
-¿Impulsarán una interpelación?
No. No la hemos considerado, no hemos conversado sobre este tema.
-¿Hay conflicto de intereses en el caso Chinchero, de lobbys? La hermana del premier está en Kuntur…
No lo hemos investigado, conocemos de la presencia en Kuntur de Jimena Zavala, hermana del premier. Que renuncie o no a la empresa es un tema que le corresponde a ella…
-¿Qué piensa usted?
Desgraciadamente la participación de la hermana del premier, que trabaja seis años en la empresa, genera dudas. Personalmente, pienso que debería haber más transparencia. El premier dijo que no ha participado en esto, no tengo por qué no creerle, pero sus ministros deben informarnos qué reuniones ha habido, cuál ha sido la participación de los ministros, qué conversaciones se tuvieron, con quiénes. Así se evitará la duda. Quienes cuestionan al fujimorismo no respetan el Estado de derecho. Para nosotros la presunción de inocencia es fundamental. Imagine si esto hubiera ocurrido en un gobierno de Keiko. A mí no me parece adecuado que esté la hermana del premier, Cecilia Blume y Patricia Teullet, muy cercanas al presidente. Creo que la Comisión de Transportes debe pedir que los ministros expliquen esto y saber cuál ha sido la participación de estas personas y así transparentar. Ahora hay receso.
-¿Los contratos con Odebrecht se caerán? ¿Hay que voltear la página como dijo PPK? Keiko primero sostuvo que las empresas corruptas deben salir del país y luego que la inversión debe continuar.
Las obras deben continuar y combatir la corrupción e investigar. Eso no es voltear la página. El Ejecutivo debe ver cómo sacar las obras adelante y con qué empresas. Las corruptas no pueden seguir operando. Es innecesario que el presidente diga “voltear la página”. Nosotros interpretamos que se puede generar cierta impunidad y no nos parece. La corrupción que vamos conociendo ya desenmascaró a los que se consideran los baluartes de la moral. Me refiero a asociaciones, estudios de abogados, etc., etc. Como oposición democrática responsable, lamentamos que un congresista del gobierno pida la vacancia.
-¿Eso como se traduce? ¿Descartan una vacancia presidencial? Se dice que el fujimorismo la promueve, la desea, la busca…
Y quien le da el tortazo en la cara al presidente es un congresista de PPK. Ni siquiera hemos conversado de esto en Fuerza Popular, sí sobre la falta de liderazgo. En nuestro diccionario político la vacancia está establecida en la Constitución. No tenemos ese juego político, nos interesa que exista estabilidad política. Se lo dijo Keiko Fujimori en la reunión que tuvo con Kuczynski. Y lo declaró públicamente. Es el propio gobierno quien se mete en problemas. Somos un partido serio.
-¿Keiko Fujimori debería reunirse nuevamente con PPK?
Se pidió tanto la reunión y finalmente se produjo. A los pocos días, el señor Kuczynski pateó el tablero, no entiendo con qué lógica, indica que hay muchas indecisiones en el mandatario. La reunión entre los dos fue muy clara y suficiente para marcar la posición política del fujimorismo. Habría que ver cuál sería la agenda y el motivo de la reunión.
-¿Debe pedir Keiko Fujimori conversar con el presidente?
Ella ha manifestado su preocupación por lo que estamos viviendo. No le vería sentido a una reunión.
-¿Qué piensan sobre la actuación de la Fiscalía de la Nación? La presidenta del Congreso y los parlamentarios protestaron porque el fiscal Hamilton Castro no va a asistir a la comisión Lava Jato, tiene el respaldo de la Junta de Fiscales…
Al inicio del caso Lava Jato, Keiko Fujimori dijo que la Fiscalía actuaba lento y sin la eficiencia que se ha tenido en otros países…
-¿Keiko continúa pensando ello?
No le puedo decir. Nuestra bancada saludó que la Fiscalía comience a tomar acciones. Pero nos preocupa que busque a gente que está semanas fuera del país. ¿No cruzó información con migraciones? No está siendo muy eficiente. La forma como presentaron la entrega de S/30 millones –cuánto va a indemnizar– me pareció vergonzosa. El tema de fondo es la corrupción. La negativa del fiscal Castro a asistir no es conveniente. Se entiende la reserva de la Fiscalía, pero no asistir no los beneficia, ni a las instituciones…
-Están en su derecho como fiscales…
No pueden negarse a ir al Parlamento, no responder es su derecho…
-El fiscal de la Nación declaró que hay interesados en bloquear la investigación sobre Odebrecht…
Por el contrario, la colaboración entre las instituciones, al igual que en otros países, permite articular mejor la investigación. Más bien, deja mucha duda que la Fiscalía tenga una reserva exagerada, todo está bajo siete llaves, por qué no se conocen los convenios. Hay cosas que deben ser públicas.
-¿El fujimorismo pedirá que el fiscal Castro vaya de grado o fuerza?
No imponemos decisiones dentro de la comisión, nuestros dos congresistas nos informan y se va evaluando. Como parlamentario, no sé si corresponde, según el reglamento, citar al fiscal de grado o fuerza. Tal vez el presidente de la comisión pueda conversar con el fiscal y aclare por qué la actitud de la Fiscalía.
-¿Cree que Odebrecht tiene una estrategia clara de manejo del problema?
Sí, desde el inicio se ve que tienen un esquema. Es más, se dice qué estudio de abogados, ex presidentes han coordinado con Odebrecht. Están dos pasos más adelante que la Fiscalía. Es mi percepción.
-En el gobierno hay miembros vinculados al caso Odebrecht, ¿Qué hacer?
Son varios, desde el presidente hasta Carlos Bruce que fue ministro. La actual ministra de la Mujer recibió dinero para la ONG del presidente Toledo que ella dirigía. Por la salud del actual régimen, más allá de la falta de decisiones que observamos o la ausencia de contacto con el pueblo, quienes tuvieron participación en el régimen de Toledo deben ser parte de las indagaciones. No digo que sean culpables. La situación es muy delicada. La ex ministra Mercedes Aráoz firmó una de las resoluciones para exonerar del SNIP a la Linea 1 del Metro en el gobierno del presidente García. Hay bastante información ligada a muchos de los actores del gobierno actual. Por salud pública y del gobierno, debe investigarse. Declaraciones del presidente, que felizmente no repitió, de que no todo lo hecho por Odebrecht es malo, se prestan a especulaciones negativas.
-Hay políticos que deberían tener prisión preventiva…
Esa es una decisión judicial, sí veo que la Fiscalía no está siendo contundente con casos como el de Maiman.
-Hay parlamentarios que se opusieron a la fusión de las comisiones Lava Jato y obras en el gobierno de Humala, planteada por usted y su bancada.
Queremos eficiencia, los temas del Gasoducto Sur, Línea 2 del Metro se verán en la comisión Lava Jato.
-¿Impondrán la mayoría del número?
He conversado con voceros, buscamos siempre el consenso, el acuerdo político. Creemos que saldrá adelante…
-¿Y si no hay consenso?
Evaluaremos, lo importante es que no se distraiga en dos o tres comisiones un tema tan importante, genera distorsión. Incluso alguno de los investigados se queja, con derecho, de que los están citando dos o tres veces para lo mismo. Incluso se puede perjudicar la propia investigación. La próxima semana veremos cuánto consenso hay. Nosotros evaluamos siempre qué tan importante es esto para el país. Si lo es y no hay un gran consenso, habría que tratar de sacarlo…
-¿Vía el número mayoritario?
Uno busca consenso, luego informa a su bancada sobre lo encontrado. En el supuesto negado de que no hubiera consenso, nos reunimos en la bancada y evaluamos.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
Sorpresa ha causado en el último mes el debilitamiento de la moneda estadounidense. Tras la elección de Donald Trump, el dólar ha vivido una constante inestabilidad marcada, principalmente, por las declaraciones del ahora presidente de Estados Unidos, así como por las señales de la Reserva Federal (FED) sobre lo que hará con su tasa de interés.
¿Cómo afecta este escenario el tipo de cambio en el Perú?
La evolución del tipo de cambio en enero guardó relación con un entorno volátil, refiere Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research. En primer lugar, se encuentra el efecto Trump. “El mandatario y su entorno han comunicado que esperan contar con un dólar débil”, afirma Grippa. El economista asegura que este anuncio fue uno de los factores que empujó el dólar a la baja, pero ya ha sido interiorizado por el mercado.
La postura de Trump podría enfrentarse a una FED que decida subir sus tasas rápidamente. Ello se vuelve probable si las otras políticas del presidente –reducir impuestos y aumentar el gasto público en un escenario de pleno empleo– aceleran la inflación.
Por ello, el comunicado publicado el miércoles por la FED decepcionó a los inversionistas que esperaban ver a la autoridad monetaria en una posición más restrictiva dados los planes económicos de Trump. En cambio, la FED apuntó al gradualismo y ello exacerbó la baja del dólar.
Por otro lado, el positivo desempeño económico de China en enero impulsó al alza el precio de los metales como el oro y el cobre, lo que fortalece el sol peruano dado el mayor ingreso de dólares al Perú por la exportación de minerales.
Aunque los analistas no coinciden en el rango en el que se moverá el dólar este año, la mayoría lo proyecta por debajo de los S/3,40 en los próximos meses y por debajo de S/3,30 en febrero.
Los predictores que utilizan para esto coinciden en apuntar a Trump y la FED.
Mientras que Roberto Flores, gerente de Estrategia y Estudios Económicos de Inteligo, estima que la FED  elevará su tasa entre dos y tres veces, Grippa proyecta que solo realizará dos alzas de 25 puntos básicos cada una, en junio y en diciembre.

¿Seguirá esta tendencia? Scotiabank –que fuera la entidad más acertada en cuanto a las proyecciones del tipo de cambio para el 2016– cree que nuestra moneda cuenta con fundamentos más sólidos que el dólar para este año. Por eso, Guerrero apunta a una apreciación del sol por segundo año consecutivo. “Nuestra proyección puntual es de S/3,25 para fin de año”, asegura.