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MEDIA
COLUMNA
La
consigna inútil
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
No habrá negación de confianza, ni disolución “fáctica” del Congreso, ni vacancia de la Presidencia, ni constituyente. Y tampoco habrá destitución de Castillo por acusación constitucional. Al menos no dentro de la ley. Ninguno de esos eventos puede tener lugar ya dentro de la ley.
La vacancia de la Presidencia es una barbarie carente de
legitimidad porque no tiene debido proceso. Incluso si el Congreso aprobara una
rebajita en el número de votos necesario, seguiría siendo una barbarie ilegal, porque
las leyes no son retroactivas.
La acusación constitucional sí tiene debido proceso. Consiste en
que, una vez admitida, la subcomisión respectiva tiene una semana para nombrar
a los miembros del grupo que acusa, este tiene una segunda semana para
efectuarla ante la subcomisión de Acusaciones, que tiene una tercera semana para
debatirla. Ya van 21 días útiles, un mes real. La acusación irá enonces a la
Comisión Permanente, que no tiene plazo para pronunciarse y que, de hacer suya
la acusación, la elevará al Pleno del Congreso, que tampoco tiene plazo para
agendarla. El debido proceso toma unos tres meses.
Suponiendo que el debido proceso llegue a una votación del Pleno, habrá
supuesto que el fondo de la acusación haya merecido la aprobación en tres
instancias: subcomisión de Acusaciones, Comisión Permanente y Pleno. En las
tres se habrá tenido que probar lo que la acusación alega: la traición a la
patria por las declaraciones de Castillo sobre la salida al mar para Bolivia.
Como esa salida sin cesión de soberanía ha sido ofrecida a Bolivia
varias veces desde que lo hiciera por primera vez Alberto Fujimori en 1992,
hace 30 años, sin dar lugar a acusación alguna, en esta oportunidad la acusación
constitucional necesitará probar que Castillo habló de cesión de soberanía
implícitamente, ya que explícitamente no lo hizo. Pienso que eso va a resultar imposible
de probar.
La oposición necesita cambiar de estrategia respecto del gobierno
de Castillo. Ha ganado la batalla contra la disolución “fáctica” del Congreso,
que ya es inviable dentro de la ley; ha ganado también la batalla contra la
asamblea constituyente, que ya es imposible dentro del orden constitucional; y
ha tumbado a dos gabinetes, uno comunista y otro caviar.
Hay que saber cuándo parar. Destituir al presidente sin pruebas es
una barbarie ilegal más. Y nadie sabe ya qué puede resultar esta vez del vacío
de poder de otra decapitación presidencial en la guillotina del Congreso, porque
la conspiración del eje La Habana-Caracas-La Paz contra el Perú es real y está
a un paso.
Pero eso no quiere decir que el pueblo peruano esté de acuerdo con
derrocar a un gobierno de manera ilegal, aun si ha perdido su legitimidad. Por
eso la consigna de la oposición de sacar a Castillo de cualquier manera no es
solo equivocada, es inútil.
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