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MEDIA COLUMNA
La grieta en la
alianza
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
El
retroceso del gobierno al suspender la licencia de construcción de Tía María lo
ha despojado de autoridad. Pero su decisión -si cabe llamarla así- no debería
sorprender a nadie.
El
cimiento político del gobierno de Martín Vizcarra es una alianza con los
gobiernos regionales contra el Congreso. La licencia de Tía María reveló de
pronto una grieta en esa alianza. De la nada apareció el díscolo gobernador regional
de Arequipa exigiendo su anulación. Y el gobierno tuvo que suspenderla. Retrocedió
para que la alianza política sobreviera.
¿Quiénes
conforman este mosaico regional? No tiene un rostro, sino dos. La faz radical
es la del gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y el ex gobernador de Cajamarca
Goyo Santos. Tienen un partido inscrito para las eleciones. A ese carro podrían
subirse los gobernadores radicales del Sur -el de Arequipa y el de Puno,
Cáceres Llica y Aduviri-, ambos sin inscripción electoral. La cuestión de quién
sería el candidato es harina de otro costal.
El
rostro moderado en el mosaico regional es el de la cusqueña Verónika y el
norteño Yehude Simon, en eterna pugna con su archienemigo, Marco Arana. Ambos
tienen representación en el Congreso y también partido inscrito. Aquí no hay
unidad posible.
¿Con
cuál de las dos facciones de la izquierda es la alianza del gobierno? Con la de
los gobernadores radicales en ejercicio. No con la otra, atrapada en el
Congreso bajo asedio.
Pero
la coyuntura del conflicto en el Sur reclama una solución y, sin embargo, ninguna
de las partes en el diálogo -ni el gobierno, ni la empresa, ni las regiones en
el mosaico- tiene una propuesta para el diálogo. Son los actos los que hablan,
la arbitrariedad y la violencia.
El
gobernador de Arequipa anula un contrato de servidumbre sobre 49 hectáreas “de
propiedad del gobierno regional”, porque la empresa “no tiene permiso para usar
la superficie” que se halla sobre el recursoso natural. No pueden negociar un nuevo
contrato, justo y equitativo, porque nadie sabe cuál es el valor de esa superficie.
Este es el núcleo del problema. No es político, sino económico.
El
conflicto necesita ser desactivado en su origen económico, que es el de la
propiedad, y no en el ámbito de sus consecuencias políticas en la
descentralización y la autonomía de las regiones. Sin ofender, al rábano hay
que tomarlo por la raíz, no por las hojas.
Pactar
una alianza política y electoral con el radicalismo antisistema, en cambio, es
un imposible material para este y cualquier otro gobierno. Su propia gravedad
empuja al radicalismo hacia el antisistema. Ningún gobierno puede manejar eso. La
alianza política electoral del gobierno con las regiones tiene pues una grieta
que no se puede reparar y tampoco se puede ya disimular. El penoso retroceso en
la licencia de Tía María no ha hecho sino ponerla en evidencia.
Lo
mejor que el gobierno puede hacer ahora por el país y en su propio beneficio es
despolitizar el diálogo sobre Tía María, salir de él y dejar lugar a un tercero
capaz de ofrecer una propuesta y encaminarlo hacia una política pública que la
Ley de Minería pueda recoger.
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