ESTA NOCHE jueves 27 abril 2017

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MEDIA COLUMNA

Lo de Trump no es proteccionismo

Jorge Morelli

@jorgemorelli1
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El dólar baja en todo el mundo, pero esta vez no en beneficio del oro, sino de la bolsa china.

Mientras el dólar se devalúa el yuan chino se revalúa. El acuerdo de Trump con Xi está funcionando. 

El yuan fuerte encarece las exportaciones chinas y el dólar barato las encarece de nuevo para los consumidores americanos. Así, espera Trump, los americanos comprarán productos americanos. Eso es lo que quiere. Por ahora el resto es silencio.   


Para los productores peruanos, el efecto es igualmente beneficioso, puesto que los empresarios de vestido y calzado, Gamarra incluida, deberían poder competir ahora un poco mejor con las importaciones chinas con yuan más caro y dólar más barato. Otro calificado servicio -el otro ha sido detener la caida del precio del oro- al Perú, fina cortesía de Trump y Xi Jinping. 

Pero, ¿es esto proteccionismo? Todo lo contrario. Es nivelar una mesa desequilibrada, para que pueda haber competencia libre. 

Visto así, es todo lo más lo opuesto al proteccionismo. Puro liberalismo, de la clase que el propio Adam Smith aplaudiría.

Probablemente Smith opinaría que la práctica de ganar competitividad devaluando la propia moneda es una variante particularmente nociva de lo que él llamaba el “sistema mercantil”, a lo que ahora llamamos mercantilismo, a saber, usar el poder político del Estado para otorgar ventaja fraudulentamente a un interés privado. 

Curiosamente, el mercantilismo -que pone al Estado al servicio del interés privado- es lo que por décadas la izquierda latinoamericana ha llamado neoliberalismo. La misma cosa no necesita dos nombres diferentes.

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA

El Comercio

“Me dieron 4.500 (dólares), pero en partes”. Así Jorge Ávila Rivera confirmó que los operadores de Ollanta Humala le pagaron para que se retracte de las acusaciones que hizo contra el nacionalista por el Caso Madre Mía. En 1992, Ávila había denunciado ante la fiscalía al ex presidente por la desaparición forzada y el asesinato de Natividad Ávila Rivera y Benigno Sulca Castro, su hermana y cuñado.

La Unidad de Investigación de El Comercio entrevistó a Ávila, quien aún vive en Aucayacu (Huánuco), apenas conocida la existencia de las interceptaciones telefónicas legales al entorno más cercano de Humala y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia.

“Uno de los intermediarios ahí fue Amílcar (…) (Me pidió) que me retracte, que no le eche la culpa a Humala”, contó. El suboficial EP en retiro, Amílcar Gómez Amasifuén, había participado en el levantamiento de Locumba bajo la jefatura de Humala pero, además, era sobrino de la esposa del testigo.

Jorge Ávila relató que el dinero lo recibió en el 2006, cuando Ollanta Humala se presentó por primera vez como candidato presidencial. Agregó que durante la campaña del 2011 también le pagaron sobornos aunque, según dice, “solo me entregaron propinas” a cambio de  mantenerse callado. Este testigo del caso Madre Mía aseguró que el dinero vino acompañado de otras promesas: “Prometió, este, estudios superiores para mis hijos, pero nunca me hizo llegar nada”. Este ofrecimiento, según Ávila, se lo hicieron Amílcar  Gómez, su cuñado Robinson Gómez Reátegui y hasta el abogado de Ollanta Humala en la primera fase del juicio por Madre Mía, Eduardo Roy Gates, con quien -según él- se entrevistó hasta en cuatro oportunidades  en Tingo María, a unos 40 minutos de Aucayacu.

Ávila sostiene que Roy Gates fue quien, el 2006, le ofreció más beneficios por su silencio que luego no cumplió: “Para que nos pueda dar más educación para mis hijos, más protección para que puedan estudiar mis hijos, pero no quiso. Porque de repente habrá agarrado la plata”.

En respuesta,  el ex asesor presidencial dijo a este Diario que es absolutamente falso lo que señala Ávila: “Yo no he entregado ningún beneficio económico al señor” e indicó que la afirmación que el testigo señala debe probarse. El ex abogado del mandatario solo admitió haber coincidido en más de una oportunidad con Ávila cuando se produjo la reconstrucción de los hechos en la base de Madre Mía.

El testigo sobornado recordó que durante la campaña del 2006 su cuñado Robinson Gómez y Amílcar Gómez lo acompañaron a la notaría de Mario Arias Jaramillo, en Tingo María, para firmar un documento en el que se rectificaba voluntariamente de su denuncia contra Ollanta Humala. Frente al notario solo estuvo presente Amílcar Gómez, quien pagó 100 soles por el trámite realizado.
Otro personaje que, según Ávila, acompañó a Amílcar Gómez en algunas negociaciones fue Cynthia Montes, quien luego se convirtió en la secretaria de prensa de Palacio de Gobierno y es actual integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Nacionalista: “A ella me la encontré en Tingo María una vez (…) Ella venía con la plata (…) ella no hablaba nada”, afirmó.

Por su parte, Montes negó haber pagado algún soborno a Ávila. Dijo que solo recordaba haber viajado junto a Amílcar Gómez a Madre Mía y Aucayacú  el 2006 para conversar con los supuestos testigos que acusaron a Ollanta Humala.

El Comercio

Ollanta Humala insistió en su acusación de que él y su esposa, Nadine Heredia, y otros miembros del Partido Nacionalista fueron 'chuponeados' durante la campaña del 2011 y luego que fuera elegido.

"He reconocido mi voz en los audios, pero vuelvo a señalar que los audios en los que he reconocido mi voz no he visto nada que pueda tipificar ningún delito. Son temas bastante domésticos", añadió.

El Comercio

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, remarcó hoy que las interceptaciones telefónicas en el 2011 al ex presidente Ollanta Humala no son ilegales y fueron con una orden judicial dentro de una investigación penal. Sin embargo, no explicó por qué estuvieron tanto tiempo en un despacho fiscal sin conocerse.

El Comercio

El Caso Madre Mía, relacionado a una presunta violación de derechos humanos, vuelve a acechar al ex presidente Ollanta Humala. La Unidad de Investigación de El Comercio reveló la información contenida en 111 audios obtenidos a través de interceptaciones telefónicas al ex mandatario, su esposa Nadine Heredia y su círculo más cercano de ambos.

Las grabaciones revelan principalmente la presunta compra de testigos en el Caso Madre Mía —con el objetivo de que se absuelva al ex presidente Ollanta Humala— y coordinaciones por los aportes al Partido Nacionalista en la campaña presidencial del 2011.

Minutos después de conocerse esta información, Ollanta Humala ofreció una conferencia de prensa. En esta cuestionó la "procedencia ilegal" de los audios, enfatizó en que estos no tienen validez judicial y calificó a la interceptación de la cual fue víctima como una práctica desterrada durante su gobierno.

Dichos que, sin embargo, esconden inexactitudes detalladas a continuación:

1. "Audios sobre Madre Mía no tienen validez legal"
El ex presidente Ollanta Humala basó parte de su defensa en la presunta "procedencia ilícita" de las grabaciones. "El juez dispuso realizar interceptaciones telefónicas exclusivamente vinculadas al caso [de presuntos vínculos con el terrorista] Artemio. Al terminar ese caso, se debieron eliminar los audios vinculados a otros temas", sostuvo el ex mandatario.

"Es por ello que las grabaciones [vinculadas al Caso Madre Mía] no tienen validez legal", agregó Humala.

Esto es falso.

La interceptación telefónica fue autorizada por un juez. "A pesar de que el hallazgo no haya estado vinculado al presunto delito por el cual se dio la autorización, las escuchas no se consideran pruebas obtenidas de forma ilícita", según el abogado penalista Enrique Ghersi.

Además, si es que en plena búsqueda de evidencias de un caso se encontraran pruebas sobre delitos que no se le imputaban al acusado inicialmente, la nueva evidencia no queda invalidada. Esta no podría ser incluida en el proceso en curso, pero sí podría ser utilizada para abrir otro caso por los nuevos delitos descubiertos.

"La evidencia obtenida lícitamente, aunque sea de casualidad, puede utilizarse. Si uno entra a la casa de un asesino para buscar un arma utilizada en el crimen y en el camino encuentra a un rehén, ¿no podría acusar al delincuente por secuestro? Eso es absurdo", enfatiza el jurista César Azabache.

2. "El Caso Madre Mía es cosa juzgada"
En otro momento de la conferencia, Humala aludió al concepto de "cosa juzgada", el cual consiste en que los procesos judiciales resueltos no pueden reabrise. "Los hechos ya fueron investigados, el proceso judicial fue archivado y hoy tiene categoría de cosa juzgada", enfatizó el ex mandatario.

Esto es una media verdad.

Las normas peruanas, efectivamente, no permiten reabrir un caso que haya tenido una resolución favorable para el acusado. Es decir, la legislación solo permite la nulidad de la cosa juzgada si es que la persona fue condenada de forma injusta.

Sin embargo, al ser un caso vinculado a presuntos delitos de lesa humanidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sí podría anular el proceso. "Si en base a estas nuevas pruebas se interpone un recurso ante la Corte IDH, esta podría anular la absolución del ex presidente Humala", sostiene el abogado penalista Carlos Caro.

La única forma de que llegue a la Corte IDH es que el Estado presente el caso ante esta. No obstante, cualquier ciudadano podría presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Los familiares de las víctimas o cualquier Organización No Gubernamental (ONG) puede acudir a la Corte, a través de la Comisión. De acreditarse la conducta fraudulenta, la CIDH podría ordenar que se realice un nuevo proceso", según el también penalista Luis Vargas Valdivia.

3. "Mi gobierno no tuvo estas prácticas"
Ollanta Humala no solo cuestionó las interceptaciones de las cuales fue víctima. También culpó al ex presidente Alan García por haber permitido este tipo de prácticas y enfatizó en que su gobierno "jamás" las tuvo. "En mi gobierno jamás tuvimos este tipo de prácticas contra políticos. No lo hubiese permitido", dijo el ex presidente.

Esto es falso.

A inicios del 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, se acusó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de armar expedientes sobre inmuebles, autos y empresas vinculadas a ministros, congresistas, militares, policías, políticos, empresarios y periodistas.

Ante la Comisión de Inteligencia del Congreso, el agente Rosendo Francisco Chávez Rojas reconoció que los rastreos de la DINI se hicieron frecuentes en el gobierno de Ollanta Humala. Chávez Rojas realizó 100,544 búsquedas en la base de datos de Registros Públicos entre enero del 2011 y febrero del 2015.

Los rastreos alcanzaron incluso a funcionarios del gobierno nacionalista, como la entonces vicepresidenta Marisol Espinoza y la primera ministra Ana Jara, y empresarios como Luis Garrido.

Este último interpuso un recurso de habeas corpus ante el 35 Juzgado Penal de Lima, por el cual el ex premier Pedro Cateriano tuvo que declarar a finales del año pasado.

4. "Audios no contienen información sobre aportes de campaña"
Finalmente, Ollanta Humala evitó pronunciarse sobre el contenido de las grabaciones. Solo se remitió a señalar estas "no contienen información sobre supuestos aportes de campaña".

Esto es falso.

Según información a la que tuvo acceso El Comercio, las transcripciones de los audios sí incluyen conversaciones relacionadas al financiamiento de la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2011.

La potencial procedencia ilícita de algunos aportes precisamente motivó la investigación que la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos le sigue hoy tanto al ex presidente Ollanta Humala como a su esposa Nadine Heredia.

El Comercio, editorial

Como un fantasma que vuelve para saldar cuentas del pasado, el Caso Madre Mía ha resurgido de pronto en medio de los audios sobre las comprometedoras comunicaciones telefónicas del ex presidente Ollanta Humala y su esposa que están en poder de la fiscalía, y de las que informamos extensamente en la edición impresa de El Comercio.

Como se sabe, los hechos a los que se refiere el caso se remontan a 1992, cuando el entonces capitán Humala estaba a cargo de la base militar de Madre Mía, en la localidad de Nuevo Progreso (Tocache, San Martín), desde la que se conducían las operaciones antisubversivas en el valle del Huallaga.

En el 2006, Jorge Ávila Rivera denunció que fue arrestado en esa época, junto a su hermana Natividad Ávila y su cuñado Benigno Sullca, por una patrulla militar comandada por Humala, y que luego, los tres, fueron acusados de terroristas y torturados por órdenes de este. Siempre de acuerdo con el relato original de Ávila Rivera, su hermana y su cuñado fueron asesinados, pero él logró escapar. Por lo menos otros dos testimonios de desapariciones ocurridas en el mismo lugar, además, salieron a la luz por esos días y Humala fue denunciado por los delitos de desapariciones forzadas, torturas, tentativa de asesinato y asesinato.

Cabe anotar que la desaparición de Natividad Ávila y Benigno Sullca está documentada en el informe de la CVR y que, de acuerdo con el presidente de la misma, Salomón Lerner Febres, existen testimonios de violaciones a los derechos humanos registradas en la referida base, entre 1990 y 1993, y a instancias de un oficial que respondía al apelativo de ‘Capitán Carlos’.

En junio del 2006, sin embargo, se conoció que Ávila Rivera había cambiado su versión de los hechos: debido a las circunstancias de la tortura –decía ahora– no había podido distinguir si el ‘Capitán Carlos’ era efectivamente Humala. Por esa época se supo también de la pérdida de algunas hojas del expediente militar de quien entonces era ya, por primera vez, candidato a la presidencia. Tres años después, el proceso contra Humala se archivó.

En el 2011, no obstante, Robinson Gómez Reátegui, otro cuñado de Ávila, aseguró que la retractación de este había sido consecuencia de un pago del que se había encargado Amílcar Gómez Amasifuén, un personaje muy allegado a Humala. Pero en agosto del 2011, con el líder nacionalista ya convertido en presidente de la República, la Segunda Sala Penal Liquidadora archivó también la investigación que esta nueva declaración había motivado.

Pues bien, fue en el contexto electoral inmediatamente anterior que se produjeron las comunicaciones que ahora salen a la luz. En una de ellas, del 2 de mayo del 2011, Humala llama a su asistente Julio Torres, quien le pasa el teléfono a Amílcar Gómez, y la conversación gira esencialmente en torno a la preocupación del candidato por la posibilidad de que sus contendores políticos pudiesen contactarse con testigos del lugar donde se produjeron los hechos que se le habían imputado en el pasado. Y en otra, del 11 de mayo de ese mismo año, se escucha a Amílcar Gómez hablar directamente con Ávila, y decirle, entre otras cosas: “Hoy día te van a hacer el depósito sí o sí”. Una aparente alusión a un segundo pago que sería consistente con lo aseverado la primera vez por Robinson Gómez Reátegui.

De hecho, ha sido el propio Ávila, en una declaración a la Unidad de Investigación de El Comercio, quien ha ratificado que recibió pagos en el 2006 para retractarse de su declaración inicial que inculpaba a Humala, y nuevamente en el 2011 a cambio de guardar silencio. Todo lo cual da pie a que se reabran todas las interrogantes sobre la intervención del ex presidente Humala en el Caso Madre Mía.

Lo más importante, sin embargo, es que siembra dudas sobre la validez de las conclusiones fiscales y judiciales que libraron al líder del nacionalismo de toda responsabilidad en presuntos crímenes que podrían ser considerados de lesa humanidad.

LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION

Peru21

Cuatro de cada diez adultos mayores a 65 años no cuentan con ninguna pensión, encontrándose en una situación de desamparo, la cual podría prolongarse haciendo al sistema crecientemente insostenible si se mantiene esta situación, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne, durante el Seminario Internacional Reflexiones en torno a la Protección Social.

Advirtió, además, que, de no efectuarse reforma alguna al sistema actual, serán siete de cada diez adultos los que no recibirán pensión en los siguientes diez años.

Asimismo, agregó que en el caso de los afiliados al sistema de pensiones, solo seis de cada diez en edad de trabajar se encuentran afiliados, mientras que unos ocho millones de peruanos carecen de protección previsional.

La Comisión de Protección Social —según el titular del MEF — estaría avanzando en una propuesta consensuada para lograr una reforma económica que financie la cobertura universal del aseguramiento de salud y protección previsional. Aseguró que la propuesta no afectará la sostenibilidad fiscal.

El Estado tiene como aspiración lograr que la protección contra el riesgo de pobreza en la vejez y el aseguramiento de salud sea universal. En enero último se creó la Comisión de Protección Social, grupo de trabajo autónomo adscrito al MEF y conformado por seis comisionados.

La propuesta de financiamiento de la cobertura universal de salud y de la protección previsional será entregada al Gobierno en julio próximo.

POLITICA EXTERIOR, BRASIL, CHILE, BOLIVIA, VENEZUELA, EEUU

La República, editorial

El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de que 19 países miembros de los 34 aprobaran la convocatoria a una reunión de cancilleres para tratar la crisis venezolana.

La decisión del gobierno venezolano es un duro golpe que se inflige a sí mismo Maduro, que ha profundizado el aislamiento de su país en la comunidad internacional. La decisión contraria a citar a los cancilleres solo había reunido a 10 países (Venezuela, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, Haití, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam), con la abstención de Belice, El Salvador, República Dominicana y Trinidad y Tobago, y la ausencia de Granada. En tanto, los tres países limítrofes de Venezuela han votado por convocar a los cancilleres.

Es la primera vez que un país se retira voluntariamente de la OEA, una decisión que se produce luego de constatarse la formación de una mayoría regional que desaprueba el proceder autoritario de Maduro y que dio a inicios de este mes un paso decisivo cuando 17 países de 21 presentes aprobaran una declaración que afirma que en Venezuela existe una grave alteración inconstitucional del orden democrático exigiendo al gobierno de Maduro que restaure la plena autoridad del Parlamento.

Venezuela ha perdido la batalla por abandono, incapaz de persuadir a los gobiernos de que su proceder es legal, y en cambio persistiendo en la represión y en el abuso. El anuncio de la salida de la OEA ocurre cuando en las calles de Venezuela sigue derramándose sangre. Los muertos ascienden a 29, los heridos superan los 500 y hay más de 1,500 detenidos como respuesta al reclamo democrático.

El régimen de Maduro ha querido presentar esta decisión como un acto de dignidad, el de un pueblo que rechaza la injerencia extranjera. Es un vano intento que interna y externamente carece de credibilidad, considerando las veces que la OEA se ha acercado al caso venezolano y los intentos de diálogo con mediadores internacionales. La supuesta dignidad de Maduro suena a uno de sus malos chistes.

La salida de la OEA se ha iniciado y durará dos años. Antes de concretarse, lo que depende de la permanencia de Maduro en el poder y por lo tanto de la posibilidad de que no se cumpla el calendario constitucional, la OEA podrá seguir abocándose al caso venezolano y de hecho sus resoluciones seguirán teniendo la fuerza de la legalidad internacional.

La decisión de Caracas coloca la crisis venezolana en un punto de no retorno debido a que expresa un desprecio a la convivencia democrática de la región, la misma que no podrá ser compensada con un activismo de UNASUR o de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La comunidad internacional ha empezado a cercar a Maduro como lo ha hecho con las dictaduras de otros continentes y frente a la expresión de ese estándar internacional sobre derechos y libertades solo le espera la sospechosa adhesión de regímenes cuestionados por su déficit democrático. Lo que ha iniciado Maduro es su camino de paria internacional.