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MEDIA COLUMNA
Póker con un saurio
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
El gobierno se
mantiene en sus trece sobre la peligrosa idea de reducir el impuesto general a
las ventas (IGV) de 18 a 17 por ciento. Ya le hemos hecho antes cuando, en
abril de 2011, el entonces ministro de Economía Ismael Benavides lo redujo también
en un punto, de 19 a 18 por ciento.
Pero el ministro
actual, Alfredo Thorne, está totalmente desinformado respecto de las
consecuencias. Declaró en gestión el 1 de agosto que la recaudación cayó
entonces.
Estas son las cifras
exactas. En 2011, luego de la rebaja del IGV, la recaudación subió a 40,423
millones de soles (casi 14 por ciento desde 2010).
Pero eso ocurrió
porque la economía crecía en 2011 al vertiginoso ritmo de 8 por ciento al año.
Hoy, en cambio, se halla estancada creciendo 2 por ciento.
Entonces había,
además, un superávit fiscal de 2.6 por ciento del PBI y ahora hay un ominoso déficit
fiscal de 3 por ciento, que aúlla en las noches.
Significa que lo que
entonces era una buena idea hoy es una apuesta temeraria que puede tener
consecuencias desastrosas en la recaudación fiscal, que además viene cayendo ya
desde hace tiempo.
La lección de fondo,
en todo caso, es que nadie se formalizó en 2011 con la rebaja del IGV. Menos
aún su formalizará alguien en las circunstancias actuales.
Dada la contundencia
del argumento, una explicación posible de que el gobierno pepekausista no dé su
brazo a torcer e insista tercamente en el empeño de bajar el IGV es que se
trate de una carta de negociación que está dispuesto a dejar caer en el
Congreso cuando tenga que negociar los proyectos que realmente le importan.
Blufear en el póker
con el Congreso, sin embargo, no es una buena estrategia de negociación. Cuando
se dé cuenta, no le va a gustar. Y es el saurio más grande.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
LIBERTAD ECONOMICA,
GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION
El
Comercio, Peru21
El
premier, Fernando Zavala, reiteró
que el gobierno pedirá facultades legislativas al Congreso luego de que este le
otorgue el voto de confianza al Gabinete Ministerial.
Asimismo,
el primer ministro añadió que, cuando las facultades se soliciten, irán por
que se les otorgue "el paquete completo". "Si no, también
tenemos un plan que ejecutar. Convenceremos", subrayó.
Zavala dijo que espera que el Congreso establezca como fecha para el
pedido de confianza el próximo 18 de agosto.
Una semana después del voto de investidura, el Gabinete expondrá el
pedido de facultades en el Legislativo.
Peru21
La
oposición en el Congreso estaría dispuesta a evaluar el pedido de facultades del
Poder Ejecutivo siempre que este no plantee un paquete, sino medida por medida
a la representación nacional.
Así
lo expresaron los congresistas Karla Schaefer (Fuerza Popular)
y Marco Arana (Frente Amplio) tras comentar las declaraciones del primer
ministro, Fernando Zavala, ayer en Perú21,
donde manifestó que el gobierno pedirá las facultades como un “paquete
completo”.
El Comercio
El
presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), afirmó que el mayor reto del Perú es
evitar los conflictos, sobre todo los sociales “alrededor de grandes proyectos
como mineros y otros", expresó.
Explicó
que solucionarlos es importante porque de ahí vendrá el dinero que
permitirá "la revolución social" que plantea.
El Comercio
El
ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, defendió el proyecto del Ejecutivo
para modificar la vigente Ley General del Sistema Concursal, que permite extender
el plazo para la liquidación del complejo metalúrgico de La Oroya.
“Es
injusto decir que es una norma con nombre propio. Es una norma de carácter
general a la que las empresas pueden acogerse”, manifestó. Precisó que su
sector tiene información de que otras empresas también se acogerían a esta
norma.
El
titular de Energía y Minas admitió que la decisión de enviar la referida
iniciativa legal con carácter de urgencia es “de naturaleza política”. No
obstante, consideró que Ollanta Humala les “tiró el problema”.
El
nuevo plazo vence el 27 de agosto y hasta la fecha no hay compradores. Si vence
el plazo, los activos de la empresa no podrán ser liquidados en marcha y se
estima que perderían valor al tener que ser vendidos por separado.
El Comercio
Los
voceros fujimoristas Luis Galarreta y Lourdes Alcorta indicaron que su partido
apoya el proyecto para ampliar el plazo de liquidación de Doe Run, pero busca que
el Ejecutivo presente un plan para resolver el problema de fondo.
“Hemos
señalado en varias ocasiones que la ampliación de plazo es la parte más
sencilla. Lo que ocurre es que la problemática de La Oroya va más allá del plazo, por lo que esperamos que el
Ejecutivo plantee una solución”, dijo Galarreta a El Comercio.
“Quizás
pediremos un período de compromiso al Ejecutivo para llevar a cabo su propuesta
de solución y no estar de ampliación en ampliación”, señaló Galarreta tras
incidir en que estarán vigilantes de que en la norma no se de ventajas a
ciertas personas. “Ya se señaló que hay que tener cuidado con los conflictos de
intereses de personas cercanas al Presidente”, apuntó.
El
legislador fujimorista de Junín Israel Lazo explicó que la reactivación del
complejo generará “un valor agregado de 500 millones de dólares anuales por
concepto de exportación de metales refinados”.
Galarreta
indicó que el proyecto del Ejecutivo sobre La Oroya deberá seguir el trámite normal en la Comisión de
Economía y luego ser visto en el pleno. “Hay tiempo suficiente para verlo
correctamente. Las comisiones deben estar instalándose desde el lunes 15 de
agosto”, dijo.
El
proyecto del Ejecutivo llegaría al pleno el jueves 25, dos días antes de que
caduque la ampliación de plazo dada el año pasado.
El Comercio, editorial dom 7 ago
Los muertos vivientes
(…)
…el primer proyecto de ley hecho público
desde el Ejecutivo definitivamente trata sobre zombis. A través de un tipo de
brujería (ley), se está buscando revivir a un muerto (Doe Run) para dominar su
voluntad (reanudar las operaciones del Complejo Metalúrgico La Oroya-CMLO).
El nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski
está cometiendo, en efecto, el mismo error que sus predecesores de aferrarse a
una empresa y un negocio que dejaron de existir hace varios años. Recordemos
pues que se trata de la misma empresa que entró en situación de insolvencia en
el 2009 y que ha paralizado sus operaciones en múltiples ocasiones desde
entonces. A la que pese a otorgársele un plazo original de 9 años, y dos
prórrogas de 5 años más, no ha logrado cumplir aún con el Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) al que se comprometió en 1997. Que condicionó
la continuación de su funcionamiento a que el Estado relajara sus estándares y
le condonara todos sus pasivos ambientales (pasados y futuros) que colocaron a
La Oroya como una de las 10 ciudades más contaminadas del planeta. Que en más
de una ocasión azuzó a la población y trabajadores de La Oroya para hacer
presión a su favor. Cuyas deudas reconocidas superan los US$500 millones, monto
que no sonrojó a su accionista principal al momento de demandar
–inexplicablemente– por US$800 millones al Estado Peruano. Y a la que se ha
querido vender como negocio completo (la llamada “liquidación en marcha”) desde
hace 4 años y, comprensiblemente, hasta ahora no encuentra un postor
interesado.
Cuando se le ha recordado el deshonroso
bagaje de la empresa que tanto se busca salvar, el presidente ha retrucado: “Ya
no es un tema de Doe Run, es un tema de los 1.600 trabajadores industriales
altamente tecnificados que hoy trabajan en La Oroya”, para luego añadir: “[Si]
no se prorroga la liquidación en marcha, ellos tendrían que irse a la calle”.
Puede ser loable que el Ejecutivo se preocupe
por el destino de dichos trabajadores, pero no a costa de la salud y la vida de
otras personas, como el 99% de los niños de La Oroya que tienen niveles de
plomo en la sangre que superan más de tres veces los permisibles por la
Organización Mundial de la Salud. Ello sin dejar de advertir el tratamiento
discriminatorio que buscaría favorecer a una sola empresa y al 0,002% de la
población desempleada en el Perú (según las últimas cifras oficiales del INEI).
Bajo la misma lógica de salvar los puestos de trabajo, además, el Estado
tendría que intervenir cada vez que una empresa quiebra o decide cerrar sus
operaciones, convirtiéndose en una suerte de dios del mercado, que decide qué
empresas deben subsistir y cuáles perecer.
El daño a la institucionalidad tampoco ha
sido considerado en el escueto proyecto de ley presentado por el Ejecutivo.
Pues además de la bochornosa sucesión de prórrogas y salvavidas de los que ya
ha gozado la cuestionada empresa, de prosperar esta nueva iniciativa, se
tiraría también por la borda toda la lógica del proceso concursal en el que
está envuelta Doe Run, cuyo objetivo debiera ser proteger a los acreedores.
La pretendida liquidación en marcha de Doe
Run tuvo que concluir en seis meses con la venta de todo el negocio, pero fue
prorrogada por seis meses y luego por un año más, y por otro año más, con el
beneplácito de un Congreso que cambió la ley para mantener a la empresa en un
respirador artificial. Ahora, el gobierno propone regalarle dos años más,
confiando en que aparecerá un milagroso comprador que resucite el CMLO.
Mientras tanto, los activos de la empresa no pueden ser liquidados por
separado, es decir, no entrará dinero que permita el pago a los acreedores. Un
abuso contra los acreedores que comete el Estado en su posición de acreedor
mayoritario de Doe Run (a través del Ministerio de Energía y Minas y la Sunat),
mientras sigue condenando al “perro muerto” a los demás acreedores de la
empresa y a la falsa esperanza a sus trabajadores.
Si la historia se repite una vez más, una
nueva ley con nombre propio creará un zombi, que volverá a morder al gobierno
más adelante, y que tal vez motive a otros muertos vivientes a pedir ellos
también su cuota de sangre.
El Comercio
El
presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), llegó a Puno, donde entregó ayuda para las
personas afectadas por las bajas temperaturas.
En
breve discurso, dijo querer que la región sea próspera y que no
le preocupa "que haya un poquito de contrabando". "Queremos
apoyar a Puno, queremos que Puno sea próspero. A mí, francamente, no me
preocupa que haya un poquito de contrabando, a quién le importa eso",
expresó, generando risas entre los asistentes.
"El
ministro de Economía [Alfredo Thorne] va a estar molesto con lo que acabo de
decir", bromeó luego el mandatario.
Tras
ese comentario, sin embargo, PPK instó
a ampliar la formalización para que, así "las pequeñas empresas
tengan acceso al crédito, no a la usura".
Dijo
que el gobierno promoverá una iniciativa para construir diez plantas de
tratamiento de agua alrededor del lago Titicaca. "En nuestros primeros 100
días, [...} vamos a declarar la viabilidad de este proyecto, ya está
financiado", dijo.
"Vamos
a ponerle electricidad y agua a todos los puneños, vamos a eliminar la basura
en el lago [Titicaca], vamos a limpiarlo, vamos a tener salud pública en
Puno", exclamó.
El
jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala,
afirmó hoy que el gobierno “no es de piloto automático, sino de acción”.
El Comercio
Durante
la última campaña electoral, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no pudo ir a Madre de Dios. Hoy en la
tarde, en su primera gira como mandatario en funciones, llegará a esa zona del
país, donde el gobernador regional Luis Otsuka le planteará desde el saque
derogar los decretos legislativos 1100 y 1105.
Estas
normas, dictadas por el gobierno de Ollanta Humala Tasso, prohíben el uso de
dragas en la pequeña minería y establecen diferencias entre la actividad
informal e ilegal.
Otsuka
afirmó que estos decretos no buscan la formalización de los mineros, sino que
“desaparezcan”.
“Todo
el paquete normativo debe ser revisado”, manifestó a El Comercio.
El
vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, indicó que no
tienen contemplado derogar los decretos 1100 y 1105. La “nueva legislación no
está lista, no sé si vaya a modificar los decretos, pero al principio no los
derogaríamos si no hay una alternativa”, refirió.
PPK tiene
como meta dejar al 50% de los mineros informales dentro de la legalidad y que
estos formen parte de un programa de exportación de oro certificado.
El Comercio
El universo paralelo del MEF
Miguel Angel Torres
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha
anunciado un conjunto de medidas tributarias que buscarían la formalización de
las actividades empresariales y la reactivación económica. La situación lo
amerita. Una informalidad de 70%, un déficit fiscal que supera el 4% y un gasto
ineficiente de la gestión de Ollanta Humala, son indicadores suficientes para
ello.
Las intenciones parecen buenas, pero soy
escéptico respecto a si estas medidas ayudarán a conseguir los objetivos.
Las siguientes líneas buscan evidenciar
quiénes se beneficiarían y quiénes no. Esto no es ser demagogo, sino buscar
transparencia y evitar que luego aparezca un verdadero demagogo que capitalice
la sensación de desengaño de la población.
A primera vista, la medida que busca reducir
un 1% del IGV es vendedora. Pero sería importante que se explique que la
mayoría de peruanos no serán beneficiados con ella. Esto pues los principales
productos de la canasta básica se encuentran exonerados del IGV. Asimismo, es
difícil imaginar que las empresas vayan a trasladar la reducción al precio
final y es aun más ilusorio que la reducción del 1% genere que las mypes
informales decidan formalizarse.
Otorgar una mayor deducción de gastos (de 7
UIT a 14 UIT) a las personas naturales perceptoras de rentas de cuarta y quinta
categoría, es una novedosa propuesta que agrada a todos los trabajadores. Pero,
¿a quién beneficia verdaderamente esta medida? Ni los millones de trabajadores
que no superan un ingreso de 7 UIT anuales (aproximadamente S/2.000 mensuales),
ni las personas naturales con negocios generadores de rentas de tercera
categoría (como los taxistas o bodegueros) obtendrán beneficio alguno.
Hoy los primeros (trabajadores) ya están
exentos del pago y los empresarios de las mypes formales pagan impuestos desde
el primer sol de sus rentas. Quizá la idea no sea mala, pero deberíamos
considerar que hay casos en los cuales los ingresos por el trabajo de una
persona –sin o con reducidas cargas familiares– son de tal magnitud que no
requieren de este beneficio o, en todo caso, deberíamos corregir la
discriminación que generaría respecto de los emprendedores. No olvidemos nunca
que los impuestos buscan la redistribución de la riqueza.
Aprobar una amnistía para repatriar capitales
del extranjero suena atractivo, más aun junto a una frase que vendería la
propuesta como la oportunidad para que aquellos que retiraron sus capitales en
la época de Velasco lo traigan de vuelta. Llama la atención, sin embargo, que
se desconozca que esta repatriación actualmente no se encuentra prohibida por
nuestra legislación, ni gravada por impuestos. ¿Qué es lo que se quiere hacer
en realidad? ¿Por qué el Estado debería decirle a quienes evadieron impuestos y
tienen sus fondos en el extranjero que no se les iniciará un proceso penal y
que podrán regularizar su situación con una tasa preferente?
Se anuncia también una amnistía para
descargar una gran cantidad de procesos en los que se discuten supuestas deudas
con la Sunat. Si bien finalmente el Estado no tendría derecho al 100% de este
monto, y los procesos pueden ser interminables, es evidente que una amnistía
podría generar la sensación de que no pagar impuestos es un buen negocio en el
Perú.
Creo que la alternativa a estas propuestas es
un afinamiento respecto a quiénes estarán dirigidas. Si volvemos a vender a la
población la idea de que estamos legislando para todos, cuando en realidad son
unos cuantos los beneficiados, no solo se afectará al gobierno de turno, sino
al Estado. Legislar para pocos solo incrementa las diferencias sociales y es
una puerta abierta para los conflictos sociales.
Peru21
Dos
altos dirigentes de Peruanos por el Kambio (PpK) fueron nombrados el lunes
asesores técnicos del despacho presidencial.
El
ex viceministro Jorge Villacorta Carranza será consultor en Asuntos de
Prevención y Control de Conflictos Sociales.
Luego
de que PPK ganó las elecciones, Villacorta reclamó
mayor participación de su partido y mostró públicamente su malestar por el
nombramiento de técnicos de otros gobiernos en las comisiones de transferencia.
En
el gobierno de Alejandro Toledo, Villacorta fue viceministro de Construcción y
Saneamiento y presidente de Sedapal. Fue secretario de organización de perú
Posible entre el 2009 y el 2011.
El
gobierno también designó a José Alberto Labán Ghiorzo, miembro del Comité
Ejecutivo Nacional de Peruanos Por el Kambio, asesor técnico del despacho
presidencial en Asuntos Regionales y Municipales.
El Comercio
El
presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK),
criticó al gobierno del ex mandatario Ollanta
Humala al
decir que no este no le dejó "las cosas funcionando". "El
gobierno que se fue no nos ha dejado las cosas funcionando, tenemos que
funcionar, tenemos que tener un Estado fuerte, que haga las cosas para que
el pueblo viva tranquilo", expresó.
Desde
Puno, a donde llegó, dijo: “a mí no me interesa inaugurar nada, a mí me
interesa que las cosas funcionen", dijo.
La
República
Marcelo Odebrecht está abriendo, con
cuentagotas, pero de manera efectiva, el baúl de los secretos tras el escándalo
Petrobras, que la justicia brasileña ha denominado “Operación Lava Jato”.
El
último sábado, en una declaración en la que negocia un acuerdo de delación
premiada para reducir su condena, el ex presidente de la constructora Odebrecht
aseveró que se reunió con Temer en 2014 para concretar una “donación” a la
campaña presidencial de diez millones de reales (unos 3,1 millones de dólares),
de acuerdo con el semanario Veja. Esta campaña lo llevó a la reelección en 2014
junto a Rousseff.
Temer
asumió el poder el 12 de mayo en sustitución de Rousseff, quien fue suspendida
del cargo para enfrentar un juicio político por supuestas maniobras fiscales
para maquillar los informes de cuentas
públicas de 2014 y 2015.
Ejecutivos
ligados al empresario han decidido, así, usar la misma fórmula de Marcelo
Odebrecht para beneficiarse de la colaboración con la justicia, situación que
parece ser efectiva y arrastraría una cola de funcionarios y hasta presidentes
de distintos países del continente.
En
este escenario, acusados del caso de corrupción descubierto en la petrolera estatal brasileña Petrobras afirmaron que el actual
canciller, José Serra, recibió de la red de corruptelas 23 millones de reales
(unos 7,25 millones de dólares) para su campaña a presidente en 2010, según
publicó este domingo la prensa.
De
acuerdo con informaciones del diario Folha de São Paulo, varios ex ejecutivos
de la constructora Odebrecht, una de las empresas investigadas, indicaron que
el dinero a Serra proveniente de las corruptelas fue entregado a través de la
“caja 2” (contabilidad paralela) de su campaña.
Las
declaraciones se dieron en el marco de las negociaciones que los ex ejecutivos
tienen con la justicia para llegar a una delación premiada y reducir sus penas
por su colaboración en las investigaciones del caso.
De
acuerdo con el diario O Globo,
dentro de las personas a las que delatará Marcelo Odebrecht, a cambio de un
trato con los fiscales para reducir su pena, se encuentra el ex
presidente de Panamá Ricardo Martinelli.
Según
O Globo, un miembro de la familia del ex presidente de Perú, Ollanta Humala, ya fue citado por las
autoridades por un caso de pago de un presunto soborno. (N.E.En su momento, el hoy ex
presidente Humala rechazó toda posibilidad de pago de Odebrecht para su campaña
del 2011).
Marcelo
Odebrecht presentó por lo menos 90 temas a la Oficina
del Procurador General, y deberá detallar el
contenido de cada uno.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
Expreso
Antonio Ramírez entrevista a Mariano
González, ministro de Defensa
-Señor
ministro, a usted se le atribuye nexos con el Partido Nacionalista, sobre todo
con el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. ¿Es esto cierto?
Señor
Ramírez, yo tengo que decir algo categóricamente. Ni a la señora Nadine Heredia
ni al señor Ollanta Humala los conozco personalmente.
-¿No
los conoce?
Nunca
he conversado con ellos, nunca, y no tengo ningún vínculo con el Partido
Nacionalista.
-Usted
ha trabajado en la Comisión de Inteligencia del Congreso. ¿Cuánto tiempo estuvo
ahí?
Trabajé
entre la quincena de septiembre y el 30 de noviembre del año 2012.
-¿Qué
función desempeñó ahí?
La de
asesor. Mi trabajo fue darle una visión estratégica, en materia de mi
especialidad, a la comisión. Yo soy un abogado experto en el tema de seguridad,
en defensa e inteligencia.
-¿Usted
también ha trabajado en el Ministerio del Interior?
También
trabajé un tiempo en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa.
-¿Cuéntenos
su paso por el aparato público?
Se
inicia en abril de 2010. Fui designado por el Consejo Directivo de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que en ese momento la presidía el
premier de aquel entonces, el señor Javier Velásquez Quesquén; fui designado
presidente de la Comisión de Infracciones y Sanciones de la APCI, que es un
tribunal administrativo que se encarga de sancionar a las ONG y entidades que
reciben cooperación exterior, y esa era mi función concreta. Luego, entre
septiembre de 2011 y 2012, principios de 2013, realizo funciones diversas. He
sido director de Migraciones, he sido jefe de gabinete en el Ministerio de
Defensa, en el Interior, y también un corto paso por la Comisión de
Inteligencia como asesor.
-El
programa “Panorama” hizo una denuncia sobre supuestos actos de corrupción de
algunos militares en el Vraem. A consecuencia de esto el Mindef entabló una
denuncia penal, acusando a periodistas de este programa de traición a la
Patria. ¿Cómo seguirá usted este proceso?
Lo he
dicho con total claridad y lo repito: voy a desechar por completo esa denuncia.
Para ello, el procurador que se haga cargo del Ministerio de Defensa tiene las
instrucciones, dentro de la autonomía que corresponde a sus funciones y dentro
también de los lineamientos y políticas del sector, proceder a tomar las
acciones necesarias para que esto quede sin efecto. Creo que es indispensable
que todos los órganos de este sector aprendamos a respetar la fiscalización que
hacen los órganos de control, pero también la labor que hace la prensa.
-¿Pero
cómo se va a hacer? Uno, es la denuncia a los periodistas, y dos la actitud de
los militares en el Vraem.
El
tema con la prensa ya está claro. Esa denuncia va a quedar sin efecto. Tomará
algún tiempo, espero sea en el menor plazo de lo posible, gestionar todo lo que
se deba ante los órganos jurisdiccionales; y en materia de investigación y en
hallar a los responsables, también hay órganos al interior del sector que
estarán examinando y viendo cómo hacer.
-¿Ya
se está investigando esto?
Claro
que sí. Además, yo he sido lo suficientemente claro al asumir el cargo al
indicar que vamos a ir personalmente en los próximos días al Vraem para evaluar
cómo están procediendo con el manejo de los recursos, cómo se está procediendo
con el rancho de la tropa, cómo se está procediendo en el manejo de los órganos
operativos de inteligencia.
(…)
-¿Desde
hace cuánto viene usted trabajando con Pedro Pablo Kuczynski?
Yo
empecé mi trabajo en el 2014, cuando aún no se iniciaba formalmente la campaña,
y desde enero o febrero de 2015 ya como militante de Peruanos por el Kambio.
Soy militante. Es más, he participado en un proceso interno, en elecciones
internas, fui designado primero candidato al Parlamento Andino con el número 1,
y en las elecciones generales resulté electo con más de 190 mil votos a nivel
nacional.
-En
los últimos tres años del gobierno de Ollanta Humala se ha adquirido armamento
bélico por un monto cercano a los 7 mil millones de soles. ¿Estas compras se
van a investigar?
Una de
las primeras acciones que hemos tomado al llegar a este despacho ha sido el de
enviar un oficio a la Contraloría, solicitando realice los exámenes necesarios
a todos los procesos de los últimos años. Como bien dice usted, es una suma
bastante considerable de dinero, se ha comprado como no se compra creo que hace
15 o 20 años; entonces, lo responsable de parte nuestra es pedir que se hagan
los exámenes.
(…)
-¿Cuál
va a ser la política para luchar contra los remanentes de Sendero Luminoso en
el Vraem?
Justamente,
a la par de ver cómo podemos mejorar los procesos y propiciar un uso adecuado
de los recursos, en materia de inteligencia operativa, que se gaste
responsablemente, porque tan responsable con el manejo de la información,
tenemos que ser mucho más responsables con el manejo de los recursos.
Entonces,
nosotros vamos primero a revisar algunos de los procedimientos que se han ido
utilizando, vamos a tratar de manera muy ágil de que se encuentren mecanismos
mucho más rigorosos en su control, y vamos a darle total respaldo a nuestras
Fuerzas Armadas en el trabajo que ellos hacen frente a los remanentes
senderistas en el Vraem.
-Pero
hay que tener en cuenta que estos remanentes están unidos con el narcotráfico…
Así
es. El nexo que hay entre el narcotráfico y el terrorismo es muy cercano, pero
yo creo que el problema hoy no solo es el Vraem, sí es importante
enfrentarlo, pero tenemos otros problemas como en la zona del Putumayo, donde
algunos grupos vinculados a las FARC están ingresando. Entonces, nosotros
también estamos preparando con el Comando Conjunto unas acciones que, como
usted comprenderá, por razones de inteligencia y de seguridad nacional no
pueden expresarse abiertamente… El efecto globo hace que cuando se desactiva
un
grupo como este en un lado, busquen otro lugar donde reubicarse; y, por la
información que tenemos, sabemos que ya han ido haciendo de manera creciente su
ingreso por el Putumayo.
(…)
-Hablando
de institucionalidad, ¿cómo va a devolver la institucionalidad a las Fuerzas
Armadas?
En
primer lugar, respetando sus propios procesos internos de ascenso, impulsando
que ascienda quien deba ascender. Nosotros no nos vamos a meter, no vamos a
manosear a las Fuerzas Armadas, vamos a respetarlos, y que los procesos de
ascenso sucedan como tienen que suceder. Hay una ley, hay un reglamento,
nosotros vamos a hacer lo que nos corresponda, que es hacer que estos se
respeten.
-En
estos últimos cinco años se ha usado, por el gobierno anterior, el mecanismo de
invitación de pases al retiro indiscriminadamente, han salido buenos oficiales
que han debido quedarse…
Totalmente
de acuerdo, pero hay un compromiso del Presidente Kuczynski y de Peruanos por
el Kambio, en el Plan de Gobierno, y nosotros vamos a cumplir con ello. Vamos a
instaurar en los próximos días una comisión que en primer lugar escuche a todos
aquellos que fueron afectados y, de ser el caso, ver cómo podemos encontrar una
solución o algún tipo de reconocimiento, porque hay alguna gente por la que
definitivamente ya no podemos hacer nada, por el tiempo, pero yo creo que el
Estado tiene una deuda moral, en este caso el sector Defensa tiene un
compromiso con aquellos soldados y oficiales que sirvieron a nuestra Patria y
que lamentablemente no fueron debidamente tratados.
(…)
-¿Qué
nuevo enfoque usted le va dar al Ministerio de Defensa? Se habla de un Consejo
Consultivo del Mindef. ¿En qué consiste?
El
Consejo Consultivo va a ser un grupo de consejeros con mucha experiencia en el
sector, algunos exministros del sector, con los que ya he conversado, algunas
personalidades que conozcan del tema, y que nos puedan ayudar a que la toma de
decisiones, después de una larga discusión, sean escuchadas, sobre todo de
aquellas personas que tienen mucha experiencia en el sector.
(…)
El Comercio
El
presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, descartó que la Dirección Nacional de
Inteligencia (DINI) realice actividades de inteligencia
operativa en este gobierno. “No vamos a permitir que la DINI haga inteligencia operativa
y que se dedique a investigar, perseguir a ciudadanos. Se requieren cambios
ahí", expresó.
En
2015, estalló un escándalo sobre la DINI luego de que informes periodísticos revelasen que
el órgano se dedicó a rastrear y recopilar información de gran número de
ciudadanos. A efecto de ello, el Congreso censuró a la otrora primera ministra
Ana Jara y se conformó una comisión para reorganizar el órgano de inteligencia.
Zavala dijo que el ex ministro del Interior Fernando
Rospigliosi "está considerado" para convertirse en nuevo jefe de la DINI durante este gobierno.
"Aún no se decide", añadió.
El Comercio
El
congresista Gilbert Violeta preside desde ayer el partido
oficialista Peruanos por el Kambio y lo hará hasta mediados del 2019. Así lo
confirmó el secretario general de ese partido, Salvador Heresi.
En
reunión realizada al mediodía en un hotel de San Isidro, PPK comunicó a la
dirigencia y a las bases de su organización que cedía el cargo para abocarse a
sus responsabilidades como presidente de la República.
Heresi
indicó que Violeta dirigirá la agrupación
por tres años.
