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MEDIA COLUMNA
Posterguen la
elección
del Tribunal
Constitucional
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
No hay 87 votos para
vacar la Presidencia de la República otra vez. Y tampoco hay 87 votos para
elegir al Tribunal Constitucional. Al no haberlos, la elección este lunes puede
ser un fiasco.
Un Congreso que no consigue elegir porque no le alcanzan los votos, que canjea figuritas luego para poder decidir de cualquier manera resultaría en el espectáculo grotesco que la prensa llama "repartija". Ha ocurrido ya.
Postergar la elección, entonces, es una salida. Da tiempo para que en otra fecha se pueda elegir al Tribunal. Y permite, en lo inmediato, enfriar la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Hay, además, otro factor que hace aconsejable postergar. Uno que no puede dejar de considerarse. En pocos días nuevas informaciones de Brasil revelarían la identidad de decenas de personas que habrían recibido fondos de campaña de la corrupción brasileña. La información de los medios no descarta que entre ellos pueda haber congresistas actuales. Claro que ese acto no era entonces ningún tipo penal y, por lo tanto, no era delito. No obstante, hay personas privadas de su libertad hasta hoy con ese motivo -o con ese pretexto, cabe decir- que deben hacer un largo vía crucis para que su causa termine ante el Tribunal Constitucional.
¿Y cómo, entonces, el voto de esos congresistas hoy no va comprometer la legitimidad de un Tribunal Constitucional que podría tener que pronunciarse mañana sobre los actos de quienes los eligieron?
Un Congreso que no consigue elegir porque no le alcanzan los votos, que canjea figuritas luego para poder decidir de cualquier manera resultaría en el espectáculo grotesco que la prensa llama "repartija". Ha ocurrido ya.
Postergar la elección, entonces, es una salida. Da tiempo para que en otra fecha se pueda elegir al Tribunal. Y permite, en lo inmediato, enfriar la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Hay, además, otro factor que hace aconsejable postergar. Uno que no puede dejar de considerarse. En pocos días nuevas informaciones de Brasil revelarían la identidad de decenas de personas que habrían recibido fondos de campaña de la corrupción brasileña. La información de los medios no descarta que entre ellos pueda haber congresistas actuales. Claro que ese acto no era entonces ningún tipo penal y, por lo tanto, no era delito. No obstante, hay personas privadas de su libertad hasta hoy con ese motivo -o con ese pretexto, cabe decir- que deben hacer un largo vía crucis para que su causa termine ante el Tribunal Constitucional.
¿Y cómo, entonces, el voto de esos congresistas hoy no va comprometer la legitimidad de un Tribunal Constitucional que podría tener que pronunciarse mañana sobre los actos de quienes los eligieron?
Lo curioso es que, según la aritmética, el resultado de la
elección del Tribunal Constitucional al parecer dependerá de los votos de la
bancada de Cambio 21, que se ha convertido en el fiel de la balanza. No deja de
haber una gran ironía en esto. Los miembros de esa
bancada votarán en este caso, sin embargo, con absoluta libertad de conciencia,
como lo hicieron en el pasado. Esa fue precisamente su partida de nacimiento.
El gobierno se
propone hacer cuestión de confianza de que a los miembros del Tribunal los
nombre el Congreso, pero solo luego de un proceso publico previo de
decantamiento de candidatos. El Congreso podría rechazar la cuestión de
confianza. Pero debería pensarlo dos veces. No solo podría dar paso a su propia
disolución, sino como reacción a la vacancia presidencial también. Un duelo en
el que ninguno pestañea y los dos contendores se matan simultáneamente.
Pero el
conflicto está a punto de estallar en torno al problema equivocado. Con el
Tribunal Constitucional el menor de los problemas es el del mecanismo para elegir
a sus miembros. El verdadero problema es su poder absoluto.
Con los años,
el Tribunal ha añadido al ejercicio del control concentrado de la
constitucionalidad de las leyes y al de ser árbitro de los conflictos de
competencia, la condición de legislador positivo y la capacidad de ordenarle al
Congreso que derogue o modifique leyes y ha modificado sentencias de la Corte
Suprema. Es, además, el “supremo intérprete” de la Constitución no porque lo diga
la Constitución sino solo la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
En una democracia
de baja gobernabilidad y sin equilbrio de poderes, como la nuestra, era inevitable
que el Tribunal deviniera en supremo árbitro de todas los conflictos y el
dirimente de todas las disputas. Pero en el camino fue capturando cada vez más funciones
de los poderes del Estado hasta tomar al abordaje el navío del Estado peruano. Se
convirtió entones en un poder sin contrapeso. Y con ello dio paso a una extraña
reinvención del absolutismo, justamente aquello contra lo que nació la
democracia.
Este debate,
que es el verdadero, sigue sepultado. Por donde se lo mire, entonces, la
prudencia aconseja postergar. Y pensarlo todo de nuevo.
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