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MEDIA
COLUMNA
¿Quién
es el responsable del caos?
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Nueva
Fuerabamba es la ciudad que la empresa minera de Las Bambas, MMG, una
corporación de capitales chinos en su mayor parte, construyó para permutarla
por los terrenos donde se asentaba la antigua Fuerabamba, porque debajo de ella
se hallaba el yacimiento de cobre de la mina más grande del Perú. Además, entregó una suma considerable a cada
familia, un colegio y un policlínico. Seguía así el ejemplo Chinalco, otra minera
china, que en Toromocho también construyó una nueva ciudad para poder trabajar debajo
de la antigua. Son las reglas de la nueva minería en todas partes. Primero hay
que establecer la confianza, antes incluso de comenzar la explotación.
¿Cuál
es, entonces, la razón de que todo se haya desviado tan mal de su cauce en Las
Bambas? Como siempre, la clave de todo
está en el tema de la propiedad.
Veamos.
En la legislación estadounidense, el dueño del suelo es dueño del subsuelo al
mismo tiempo y, por lo tanto, de todos los recursos que contiene. Si alguien
encuentra petróleo u oro en su patio trasero llama a la empresa de petróleo o
de oro y firma un contrato con ella. En el Perú, si uno encuentra oro en su
patio, el oro es del Estado. Y es el Estado entonces el que firmará el contrato
con la empresa. Esta es la raíz de todos los conflictos.
En
América Latina, siguiendo el modelo de la legislación del naciente Estado
alemán de fines del siglo XIX, el dueño del subsuelo es el Estado. El suelo
puede pertenecer a un privado, a una comunidad andina o amazónica. En algunos
casos de forma inmemorial. Algunas comunidades andinas todavía guardan sus
títulos otorgados por la Corona española durante el Virreinato. Pero la mayoría
de las seis mil comunidades andinas y las dos mil amazónicas no son propietarias
de sus tierras, porque el Estado peruano no les ha entregado títulos de
propiedad. Son poseedores de siglos atrás.
¿Por
qué el Estado peruano no ha titulado la propiedad? Las complejidades
tecnológicas no son sino pretextos. Si la Corona española pudo entregar títulos
a las comunidades, cómo va a argumentarse que en 200 años de República el
Estado no ha podido hacerlo. Hay otras razones: una es que nadie estorbe sus
tratos con las empresas extractivas. Y los litigios de tierras interminables: otra
falla monumental del Estado.
En
los conflictos entre comunidades y empresas hay siempre tres puntos de vista:
el de la comunidad, el de la empresa y el del Estado. Hay que mirar desde vada
uno.
Desde
el punto de vista de las comunidades de Las Bambas, ellos son propietarios de
unas tierras sobre las que se construyó una carretera que luego sería declarada
“vía nacional”. Y que hay una servidumbre de paso por la cual la comunidad no
cobra porque permutó las tierras. Pero las comunidades de la periferia del
entorno inmediato también quieren participar de los beneficios como parte de la
“zona de influencia”. Y, como eso no está previsto en el marco de una política de
Estado ni en la ley, encuentran legítimo echar mano de lo que esté a su alcance
para hacer valer su derecho percibido. Aparecen entonces oportunistas que
proponen el bloqueo de la carretera de salida del mineral hacia el puerto. Y que
extorsionan luego a la empresa a cambio de levantar el bloqueo mientras las
comunidades dejan hacer intimidadas o deslumbradas por el interés.
El
punto de vista de la empresa está ilustrado en las fotos adjuntas. La empresa
cumplió el compromiso de construir el nuevo pueblo, con un colegio, un
policlínico y plantas de agua, y ha entregado a cada familia una cantidad
importante. Paga puntualmente regalías e impuestos al Estado local, regional y
nacional. ¿Cómo va a aceptar la extorsión para que se levante el bloqueo?
El punto de vista del Estado es el más indefendible. El mismo Estado que se ha arrogado la propiedad del subsuelo y que no extiende títulos de propiedad a los poseedores del suelo, vive de las regalías y los impuestos de la minería que financian la mayor parte de su presupuesto. Presupuesto que gasta mal, dejando de construir las escuelas y hospitales que luego la empresa tendrá que edificar.
Claramente,
el responsable de este caos es el Estado.
Y
la conclusión necesaria es que, si hacen falta dos para bailar tango, tres son
demasiados. El Estado está demás en lo que en el futuro será el libre contrato
entre la comunidad y la empresa.
Pero
una comunidad capaz de negociar de igual a igual con la empresa requiere cuatro
condiciones necesarias: 1. plena propiedad de la tierra; 2. puesta en valor de
la tierra con agua; 3. participación en la renta de la explotación del recurso
natural bajo la tierra; y 4. consulta previa a los pueblos originarios. Este
debe ser el marco de la política de Estado a este rewspecto y no la intervención
directa en la propiedad.
Porque,
sin propiedad, no puede haber venta de la tierra, ni alquiler de la misma, ni
libre contrato de la comunidad con la empresa, ni inversión sostenible, ni paz
social. Y sin propiedad, los comuneros son y siempre serán ciudadanos de
segunda categoría.
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