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PERU21
San Martín debe dejar el PJ
Aldo Mariátegui
El Congreso debe constituir una comisión
investigadora para examinar, y eventualmente destituir, al cuestionado vocal
supremo César San Martín por:
1)Haber –siendo juez– fallado dos veces
(causas 2598/2002 y 686/2005/A) a favor del BCP continuando aún
inscrito como apoderado del BCP en registros públicos. ¡Para una
tarjeta roja inmediata!
2)Haber, con discutible ética profesional,
aceptado un “doctorado express” de aquellos que otorgó extrañamente la
arequipeña Universidad Nacional de San Agustín con un reglamento irregular, sin
cuatro semestres académicos, tener máster previo y dominar dos idiomas
extranjeros, como se exige para un doctorado “normal”.
3)Haber condenado a Fujimori habiendo
coordinado –por e-mail y ANTES del inicio del juicio– aspectos
esenciales de la sentencia con tres académicos españoles (Doval, Carmen y
Carrasco) de la U. de Alicante.
4)Haber participado en una irregular reunión,
junto a los ministros humalistas Cateriano y Jiménez Mayor, para “orientar” a
la jueza Carmen Rojassi respecto a cómo debería fallar en el caso Chavín de
Huántar (existen audios).
5)Haberse jactado de tener “una red”, tal
como declaró en un programa radial de la ONG IDL el 21-02-14:
“Si uno hace un análisis politológico, ve que esta es una campaña, una ola.
Requiere no solo una defensa personal, y esta vez se equivocaron, pensaron que
uno era manco, o que uno estaba aislado. Lamentablemente para ellos, tengo de
parte una gran red de personas, de miembros del Poder Judicial y sociedad
civil, y estoy continuamente apoyado e informado”.
Y finalmente, lo más grave: dilucidar por qué
su apellido figura, junto al nombre del juez Hugo Molina Ordóñez, en la agenda
de Nadine como protagonista de esos contubernios judiciales para absolver a
Ollanta Humala en el caso Madre Mía.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
La República
Por segunda vez en
10 días, el Movadef se movilizó
por las calles de la capital exigiendo la liberación de Abimael Guzmán y de la cúpula de Sendero Luminoso.
El grupo se movilizó
desde la plaza Dos de Mayo, donde la CGTP realizaba una concentración. Hasta
ese punto, llegaron con carteles sobre Guzmán, 'Artemio' y sentenciados por
terrorismo.
Milko
Ruiz, procurador público
especializado en Delitos de Terrorismo, ya denunció al dirigente Manuel Fajardo por apología al terrorismo luego de la marcha realizada
hace unos días también en el centro de Lima.
El ministro del
Interior, Carlos Basombrío, pidió que el Ministerio Público acoja la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción
contra Manuel Fajardo, dirigente del Movadef después de que este se movilizara por
Lima en abril último pidiendo la liberación de Abimael Guzmán.
La República
El ex jefe de la
Dirandro, general (r) Luis Pantoja, señaló a este diario que luego de la
promulgación de la Ley de Interdicción Aérea, que permite a las autoridades
interceptar y derribar aeronaves utilizadas para el tráfico ilícito de drogas,
los cárteles del narcotráfico en el Vraem cambiaron sus métodos: pasaron de la
vía aérea a la terrestre.
Antes entraban siete
o diez avionetas diarias a la zona del Vraem y salían con un promedio de 350
kilos de cocaína, cada una. Pero las mafias saben ahora que en cualquier
momento las pueden derribar. Ahora sacan la droga en camiones que llegan con
mercadería legal del altiplano y retornan cargados con droga en 'caletas' o
compartimentos secretos acondicionados en las cabinas de los vehículos, explicó
el oficial retirado.
La policía antinarcóticos
ha comprobado que un cártel brasileño está operando en esa
región a través de nuevas rutas que conectan con Bolivia, punto de enlace para llevar
droga del Perú a Brasil por tierra.
La droga “proviene del
Vraem y de un reducido margen de la selva puneña. El 90 por ciento de los
traficantes que han sido capturados son de Ayacucho”, detalla a La
República el
general Róger Tello Ramírez, jefe de la macrorregión policial Puno-Madre de
Dios.
Explica que los trabajos
de inteligencia han permitido descubrir narcotraficantes tratando de pasar la
frontera por una vía carrozable de Larequeri que conecta con Acora, Ilave,
Zepita y Desagüadero, para enrumbar a Bolivia.
Las investigaciones
apuntan a San
Gabán y Sandia como otros puntos
importantes de salida de la droga que es elaborada en el Vraem.
“Estas son otras dos 'vías
de tránsito' para el envío de droga al exterior”, dijo otro oficial de la
Dirandro.
Reveló que las rutas
descubiertas son Sandia-Juliaca-San Gabán-Mazuco-Puerto Maldonado y Brasil.
Las mafias también emplean
las vías de Sandia-Juliaca-Puno-Ilave-Yunguyo- Desagüadero-Bolivia; y la ruta
de Sandia-Juliaca-Huancané-Moho y Bolivia.
Otras rutas que han sido
descubiertas salen de San Gabán hacia Mazuco y Puerto Maldonado. También de
Mazuco, San Gabán, Ilave, Yunguyo, Desagüadero y Bolivia; y la vía San
Gabán-Juliaca-Huancané-Moho y Bolivia.
Tanto los agentes de la
Dirandro como
de la FELCN (policía boliviana) consideran que la ciudad boliviana
de El Alto es un punto de enlace estratégico para transportar y acopiar la
droga peruana que ingresa desde Desagüadero, previa escala en Laja, para luego
ser llevada a diferentes puntos de Santa Cruz y hacia Brasil.
En dos intervenciones redientes
se comprobó que los cargamentos tenían logotipos y el sello de un 'delfín' y un
'dragón' que serían distintivos de cárteles brasileños.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El
Comercio
"¿Quién
regló a la señora Ferruzo durante un mes y medio para encontrarla en esa
situación? No es la primera vez que sucede en el Ministerio de Defensa", dijo
ayer el ministro de Defensa, Jorge Nieto.
El
congresista Octavio Salazar recordó que, en efecto, no es la primera vez que un
titular del Mindef denuncia que lo están siguiendo. Anteriormente, lo hizo
Mariano González, quien fue grabado con su ex asesora, con la que sostenía una
relación sentimental.
El Comercio
“Lo
expuesto por el ministro Nieto será discutido en el próximo Consejo de
Ministros. Es un tema serio y, como tal, debe investigarse. Luego tomaremos las
acciones necesarias”, señaló a El Comercio el titular de la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM), Fernando Zavala.
Nieto
no solo afirmó que él y sus funcionarios han sido víctimas de reglajes, sino
también que estos seguimientos se dan “en todos los ministerios del Perú”.
Zavala
indicó que estas no son prácticas de este gobierno. El ministro del Interior,
Carlos Basombrío, descartó que miembros de la Policía ejecuten seguimientos a
funcionarios del Mindef.
Las
frases de Nieto han generado malestar dentro del Consejo de Ministros. Pero los
cuestionamientos del oficialismo a las afirmaciones de Nieto no solo provienen
del Ejecutivo.
El
vocero alterno de la bancada de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, criticó
ayer esta denuncia. Instó al ministro de Defensa a que dé explicaciones sobre
lo declarado hace dos días y afirmó que la bancada “está a la espera de sus
precisiones”. No obstante, consideró innecesario que Nieto sea citado para
detallar su denuncia ante comisiones del Congreso de la República.
Ante
la Comisión de Inteligencia del Parlamento, el congresista fujimorista Octavio
Salazar solicitará que Nieto acuda al grupo de trabajo para que explique la
denuncia de reglajes.
Fuerza
Popular aún no muestra una postura de bancada sobre el tema. Parlamentarios
como Cecilia Chacón, Héctor Becerril y Rosa Bartra se manifestaron a favor de
que Nieto acuda a las comisiones de Defensa y de Inteligencia. “En función de
eso, tomaremos una decisión como bancada respecto al potencial uso de una
herramienta como la interpelación”, dijo la congresista Bartra.
El Comercio
Para
el congresista Mauricio Mulder,
el caso tendría que ver con una “pugna interna sórdida” al interior del Poder
Ejecutivo.
“Esto
representa una pugna al interior de la Presidencia del Consejo de Ministros,
hay que decirlo claramente. El Ministro ha dejado que circule el rumor de que
él pretende ser presidente del Consejo de Ministros y esto ha llevado a que
haya una guerra sórdida, oculta”, dijo.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
La República
El congresista de PPK e integrante de la
comisión especial encargada de la reforma electoral, Gilbert Violeta, informó que el
oficialismo buscará consensos para las iniciativas planteadas por el Poder
Ejecutivo sobre la materia.
Dijo que lo ideal sería
debatir las propuesta del gobierno sobre reforma electoral el mismo día que se
ponga a votación el predictamen
final elaborado
por dicho grupo especial.
Hizo hincapié en que uno
de los temas más controversiales que se deben debatir es la propuesta del Ejecutivo
de reducir a 1% el porcentaje mínimo de firmas para que un nuevo partido
pueda inscribirse. Actualmente, se requiere del 4%, que son aproximadamente 750
mil firmas. Consideró que se debería llegar a un término medio sobre el
mencionando porcentaje, y propuso un 2%.
El congresista Yonhy
Lescano, integrante de la comisión, sostuvo que a lo mucho se podría reducir a
3%.
Gloria
Montenegro,
de Alianza Para el Progreso, sostuvo que el actual 4% debería mantenerse.
AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES,
REGIONALIZACION
El Comercio
El 16
de marzo, la congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) presentó el
proyecto de ley 1095, que plantea dos modificaciones en las normas que
tipifican el delito de minería
ilegal y establecen parámetros para enfrentarlo como crimen
organizado.
El Comercio
analizó esta iniciativa, que ha sido trasladada a la Comisión de Justicia.
1. Exclusión de la minería ilegal de la Ley contra
el Crimen Organizado.
En
octubre del 2016, bajo el marco de las facultades delegadas, el Ejecutivo
promulgó el Decreto Legislativo 1244, en el cual incluyó el delito de minería
ilegal dentro del ámbito de aplicación de la Ley 30077 o Ley contra el Crimen
Organizado. Su inclusión se dio en el inciso 15 del artículo 3 de la norma, que
corresponde a los delitos ambientales (que incluye el delito de tala ilegal). Con
la nueva tipificación, el Estado puede enfrentar la explotación ilícita de
minerales con las técnicas de investigación autorizadas por la ley
(interceptación postal, intervención de las comunicaciones, agentes encubiertos,
seguimientos, etc.).
La
congresista Aramayo propone suprimir el delito de minería ilegal y sus
modalidades, por lo que quienes los cometieran no podrían ser perseguidos como
si pertenecieran a una red criminal.
2. Modificación del artículo 307-A (sobre minería
ilegal) del Código Penal.
En el
2012, el gobierno de Ollanta Humala emitió el Decreto Legislativo 1102, que
incorporó al Código Penal el delito de minería ilegal y sus modalidades, a
través de los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E.
El
artículo 307-A establece, en su primer párrafo, los supuestos para la comisión
de ese delito: “Explotación de recursos minerales sin contar con la
autorización de la autoridad administrativa competente”, que cause daño o
alteración al medio ambiente o a la salud. Según la norma, las penas de cárcel
serían de entre cuatro y ocho años.
En su
segundo párrafo, se especifica que esas penas también serán aplicables a
quienes “se encuentren fuera del proceso de formalización” (es decir, no se
aplican para quienes estén dentro del mismo) y exploten ilícitamente los
recursos minerales.
Aramayo
plantea en su proyecto de ley que se modifique el artículo 307-A suprimiendo
este segundo párrafo.
Para
Pedro Solano, director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), con
esa supresión en la norma no se haría distinción alguna entre el minero ilegal (quien extrae el
recurso en zonas prohibidas) y el minero informal (quien extrae el recurso en
zonas no prohibidas, pero que ya inició su formalización).
El Comercio
La mano blanda de Fuerza Popular
Enrique Pasquel
El infierno, desgraciadamente, queda en el
Perú. En Puno, concretamente, a 5.400 metros sobre el nivel del mar, en el
centro poblado más alto del mundo, conocido como La Rinconada. Setenta mil
personas viven en esta localidad, cuya entrada es un enorme botadero de basura
y donde la principal actividad es la minería ilegal. La altura hace difícil
respirar, graniza casi todo el año y la temperatura llega a los 25 grados
centígrados bajo cero. El agua potable y el alcantarillado no existen y la
principal fuente de agua es una laguna contaminada por el mercurio utilizado
para la extracción de oro. Las autoridades estiman que en este lugar 4.500
mujeres trabajan en situación de explotación sexual en los 400 prostíbulos los
que acuden los mineros. De ellas, unas 1.500 serían menores de edad, la
mayoría de las cuales fueron secuestradas en otra ciudad o llevadas con engaños
a la zona. Los homicidios brutales, asimismo, tampoco son cosa extraña en La Rinconada.
Por poner un solo ejemplo, hace siete meses el cuerpo sin vida de Susy Delgado
Quispe, una muchacha de 21 años proveniente de Trujillo, apareció atado de pies
y manos en una calle. Susy, quien se dedicaba a la prostitución, fue apuñalada
doce veces en el pecho.
El espanto que se vive en La Rinconada, sin
embargo, no es ajeno a otros lugares. La Pampa, en Madre de Dios, por poner
otro caso, es prácticamente una zona liberada, donde las mafias de la minería
ilegal controlan todo lo que sucede en los 15 campamentos mineros de la zona,
en los cuales menores de edad son forzadas a prostituirse en los numerosos
burdeles. El año pasado, un reportaje de “Cuarto poder” reveló cómo las jóvenes
que tratan de escapar son asesinadas a modo de ejemplo para las demás. Las que
se enferman a menudo corren la misma suerte cuando sus captores no sienten que
sale a cuenta tratarlas. Se estima, además que el 30% de ellas tiene VIH.
La infernal situación de La Rinconada y La
Pampa es natural donde la minería ilegal reina. Y es que esta actividad, que
depreda el medio ambiente y que hoy día mueve más dinero en el Perú que el
narcotráfico, trae de la mano numerosos otros delitos: sicariato, extorsión,
trata de personas, corrupción de funcionarios, entre otros.
A pesar de que esta realidad es conocida, la
congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo (autora del proyecto
de control de la prensa y quien fuese denunciada por dos funcionarios públicos
de haberlos extorsionado) acaba de plantear un proyecto de ley que, de ser
aprobado, excluiría el delito de minería ilegal de la lista de delitos
sancionables bajo la ley de crimen organizado. En consecuencia, las autoridades
tendrían menos recursos legales para perseguir a sus autores, quienes además
recibirían penas menores.
¿Por qué el partido que siempre ha prometido
mano dura contra el crimen decide ahora ponerse blando contra las mafias de la
minería ilegal? ¿A eso se habrá referido Keiko cuando en campaña viajó a La
Rinconada y les prometió por escrito a los mineros, a cambio de su apoyo,
“erradicar el abuso de instituciones del Estado”? Quién creería que las cosas
se pueden poner peor incluso en el infierno.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
El Comercio
La
ampliación de la trayectoria fiscal solicitada la semana pasada por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
responde no solo a la necesidad de financiar la reconstrucción del país, sino
también a la caída de 5,5% en la proyección de ingresos fiscales del Informe de
Proyecciones Macroeconómicas (IPM) publicado por el MEF comparado con el Marco
Macroeconómico Multianual Revisado (MMMR)
2017-2019 de agosto del año pasado.
En
el MMMR, el MEF preveía que los ingresos corrientes del gobierno general
ascenderían este año a S/136,446 millones. Sin embargo, la nueva proyección es
de S/ 129,651 millones. La primera estimación equivalía a 19,3% del PBI,
mientras que la segunda a 18,4%.
El
principal golpe a los estimados del año pasado se da en los ingresos
tributarios: en el MMMR eran de S/103.955, pero en el IPM bajan 7,7%, a S/
95,934.
La
semana pasada, el MEF presentó un proyecto de ley al Congreso para ampliar la
trayectoria del déficit fiscal desde este año hasta el 2021. El cambio
planteado para el 2017 es un aumento de 0,5 puntos porcentuales sobre el
déficit de 2,5% del PBI establecido en el MMMR.
El Comercio
Entrevista a Alfonso Grados, ministro de Trabajo
(…)
El objetivo de este gobierno es duplicar la formalidad laboral en estos cinco años. En el 2016 cerramos en 28%. La meta es llegar a entre 50% y 55%. Es un tremendo reto, porque las estadísticas nos demuestran que en promedio se avanza 1 punto por año; y nosotros queremos cinco puntos por año. Para eso se necesitan las reformas laboral y de protección social, pero también el crecimiento económico. Cuando el país crece por encima del 4% se genera empleo.
El objetivo de este gobierno es duplicar la formalidad laboral en estos cinco años. En el 2016 cerramos en 28%. La meta es llegar a entre 50% y 55%. Es un tremendo reto, porque las estadísticas nos demuestran que en promedio se avanza 1 punto por año; y nosotros queremos cinco puntos por año. Para eso se necesitan las reformas laboral y de protección social, pero también el crecimiento económico. Cuando el país crece por encima del 4% se genera empleo.
(…)
—De
las 19 medidas en materia de ceses colectivos, inspección laboral y arbitraje
potestativo que ya tiene listas el MTPE, ¿cuántas deberán pasar por el
Congreso?
No quiero adelantar un número, pero calculo que entre cinco y seis. Evidentemente, estas son las que modifican la ley y tienen una connotación de mayor envergadura, porque son temas más sustantivos. Las otras están relacionadas a reglamentos o procesos.
No quiero adelantar un número, pero calculo que entre cinco y seis. Evidentemente, estas son las que modifican la ley y tienen una connotación de mayor envergadura, porque son temas más sustantivos. Las otras están relacionadas a reglamentos o procesos.
(…)
—¿En
qué consiste la reforma laboral que prepara ahora el MTPE?
Tiene que ver con el ciclo laboral [la contratación, el desarrollo y la finalización], regímenes y costos laborales. Espero llevar al CNT en la primera semana de mayo las bases de esta reforma. Se discutirá ahí por lo menos dos meses y medio. Luego se integrará con la propuesta de protección social [pensiones, acceso a servicios de salud y seguro de desempleo]. Esperamos que el presidente en su mensaje del 28 de julio puede presentar la gran reforma sociolaboral. A partir de ahí empezará el debate en el Congreso.
Tiene que ver con el ciclo laboral [la contratación, el desarrollo y la finalización], regímenes y costos laborales. Espero llevar al CNT en la primera semana de mayo las bases de esta reforma. Se discutirá ahí por lo menos dos meses y medio. Luego se integrará con la propuesta de protección social [pensiones, acceso a servicios de salud y seguro de desempleo]. Esperamos que el presidente en su mensaje del 28 de julio puede presentar la gran reforma sociolaboral. A partir de ahí empezará el debate en el Congreso.
(…)
—La
reforma laboral también comprende cambios en la desvinculación laboral. Pero la
rigidez que existe en esta se debe a interpretaciones judiciales y no a normas.
¿Cómo afrontarán esto?
Yo no me puedo arrogar la posibilidad de cambiar el criterio del Tribunal Constitucional. Lo que sí puedo hacer es generar entornos de legislación y mercado laboral que eventualmente permitan al TC evaluar sus criterios al respecto.
Yo no me puedo arrogar la posibilidad de cambiar el criterio del Tribunal Constitucional. Lo que sí puedo hacer es generar entornos de legislación y mercado laboral que eventualmente permitan al TC evaluar sus criterios al respecto.
POLITICA EXTERIOR, BRASIL, CHILE, BOLIVIA,
VENEZUELA, EEUU
La República
El presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, hizo el lunes un llamado
al "poder constituyente originario" para que "la clase
obrera" convoque a una Asamblea
Nacional Constituyente,
porque así será vencido "el golpe de Estado".
Señaló que quiere que los
llamados programas sociales se integren a la Carta
Magna.
"Asumo todas las
consecuencias, las responsabilidades y llamo al pueblo a prepararse”, dijo.
"Va a ser una
Constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir
a unos 500 constituyentistas, aproximadamente unos 200, 250 electos por la base de la
clase obrera, de las comunas, de las misiones, de los indígenas", dijo.
El opositor al gobierno, Henrique Capriles, convocó a salir a la
calle y desobedecer el llamado a una Asamblea
Constituyente.
La
República
Maduro
y sus amigos
Ricardo
Uceda
Washington. La noche del 25 de abril,
el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le dijo a alguien de su
equipo:
—
Falta un voto.
Se
necesitaban 18 países apoyando la propuesta de convocar a una reunión de
cancilleres para volver a tratar la cuestión venezolana. Había 17. En la tarde
del 26, fueron 19
embajadores los que votaron para que
la reunión se produjera. Ya se sabía que si esto ocurría, Venezuela se iba de la
OEA.
De
modo que solo hubo dos votos más de los necesarios. De un total de 34, dos más
de la mitad. La lista incluye a la mayoría
de países de América del Sur: Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y
Colombia. De la América Central y del Norte apoyaron Panamá, Honduras, Costa
Rica, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Finalmente, cinco países caribeños:
Bahamas, Barbados, Dominica, Guyana y Jamaica.
Votaron
en contra los gobiernos ideológicamente más cercanos al chavismo: Ecuador,
Nicaragua y Bolivia. La mayoría de los opositores, sin embargo, fueron seis
minipaíses sin peso político, que Hugo Chávez y Nicolás
Maduro atrajeron a punta de petrodólares: Haití, Antigua y
Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y
Surinam. En total, diez votos, contando el de Venezuela. Hasta hace poco
hubiera tenido a su lado a Argentina y Brasil, y encontrado complicidad en
Uruguay. En el Caribe habría obtenido mayor apoyo.
En
2005 Hugo
Chávez creó Petrocaribe para abastecer con
petróleo barato a naciones de la subregión de las que necesitaba apoyo
político. Los seis países caribeños que votaron en contra de la resolución del
26 de abril pertenecen tanto a Petrocaribe como al ALBA, el “Tratado de
Comercio de los Pueblos” fundado en 2004 por Hugo Chávez y Fidel Castro.
A
tasas del 2% y con pagos de hasta 25 años, en parte canjeables por servicios o
productos, las exportaciones a través de Petrocaribe no fueron concebidas para beneficiar al Estado venezolano.
Haití, que sufrió un devastador terremoto en 2010, recibió cooperación especial
de Petrocaribe. Recipiendarios como Granada —cuyo embajador no asistió a las
dos últimas votaciones de la OEA— tienen igual producto per cápita que
Venezuela, y otros como San Cristóbal y Nieves y Antigua y Barbuda, un ingreso
incluso superior.
Pero
desde que bajaron los precios del
petróleo y los problemas internos
del chavismo se agravaron, el esquema dio signos de crisis.
Los
envíos de Venezuela a los países de Petrocaribe han disminuido drásticamente,
según los reportes disponibles, y los países signatarios igual pueden conseguir
crudo barato en otras partes. Varios están buscando fuentes alternativas de
energía, y su lealtad a Caracas no es la misma. Sorprendió, por ejemplo, que el
28 de marzo pasado algunos aliados estuvieran entre los convocantes de la
primera reunión de cancilleres de la OEA para la aplicación de la Carta
Democrática a Venezuela. Entre los votantes del ALBA: Santa Lucía lo hizo a
favor, Antigua y Barbuda se abstuvo, Granada no fue a votar. Jamaica, otro ex
aliado, votó a favor.
Hubo
mayores sorpresas la semana pasada, cuando se volvieron a medir las fuerzas.
Venezuela recuperó el voto de Santa Lucía, logrando que se opusiera a la
convocatoria de una segunda reunión de cancilleres. También se opuso Antigua
y Barbados,
que en marzo se había abstenido. A su vez, Belice pasó de estar a favor de la
abstención. En cambio Maduro perdió a Dominica, que habiendo estado en contra
cambió para apoyar la reunión. Pero sobre todo perdió a El Salvador y República
Dominicana, ahora abstinentes. Un mes antes votaron en contra.
En
el ambiente de la Asamblea General flota la impresión de que Maduro
ya es un cadáver político.
Este sería un factor de su pérdida de apoyo, siendo otro el rol de los Estados
Unidos. El senador por Florida, Marco Rubio, dijo a El Nuevo Herald que la cooperación norteamericana
que recibían El Salvador, Haití y República Dominicana iba a ser influida por
sus posturas respecto de Venezuela. Otro tanto hizo, comentando la posición de
El Salvador, la embajadora de los Estados Unidos en ese país, Jean Manes.
En
la misma tarde del 26 de abril se celebró otra reunión
internacional en la OEA,
en el edificio que da a la calle F. Diversos expertos compartían información y
puntos de vista sobre la situación de los derechos informativos en Cuba,
convocados por el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison
Lanza. Uno de los presentes, hablando bajo reserva, dijo que uno de los
problemas era que el progresismo latinoamericano no asumía cabalmente que Cuba
era una dictadura. La razón, añadía, era que a buena parte de la izquierda no
le importaba si sus socios violaban los derechos humanos o cometían actos de
corrupción.
—
Allí tienen ustedes —añadió— al Partido de los
Trabajadores, que llevó a Lula y a Dilma al poder: ha publicado un
comunicado defendiendo a Nicolás Maduro y respaldando el cierre del Congreso
venezolano.
Pronunciamientos
similares se están produciendo en varios países latinoamericanos. El mensaje es
que las exigencias democráticas hacia Venezuela son una “embestida criminal” de
Estados Unidos y sus aliados, para decirlo en las palabras que empleó Rodrigo
Londoño, “Timochenko”, en el comunicado de apoyo a Nicolás
Maduro emitido
por las FARC la semana pasada. Las FARC, dicho sea de paso, le deben mucho a
Maduro. Uno de los expertos de la reunión de Washington lo dijo:
— Venezuela aloja a grupos armados de las FARC en cuatro departamentos. ¿Qué va a pasar con esta gente
cuando caiga Maduro?
En El
Salvador,
donde hoy habría, por pugnas e inasistencias, una disminuida reunión de la
CELAC —foro regional sin Canadá ni los Estados Unidos— auspiciada por los
países del ALBA, el FMLN hizo público su
apoyo incondicional a Maduro, en un estilo parecido al de las FARC. En Uruguay, una parte
del Frente Amplio, la más vinculada al ex presidente José Mujica, sostiene
también la tesis de la embestida norteamericana. En Argentina, usa el mismo
libreto el peronismo cercano a la ex presidenta Cristina Kirchner.
Los
argumentos avergüenzan a militantes con criterio; algunos lo dicen y otros no.
El 25 de abril Maduro se tomó una foto en Caracas con independentistas de
izquierda radical de Cataluña. Posaron felices con su bandera. “¡Qué grave
error!”, dijo Marta Pascal, una de las líderes del movimiento. “Si alguien cree
que suma… no entendió nada”.
En
el Perú algunos creen que suma. Ninguno de los sectores del Frente
Amplio ha
condenado claramente al régimen venezolano. La CGTP lo ha respaldado
públicamente mediante un comunicado. En un sector tan dado a discutir todo, no
se llama a un debate, a una mesa redonda.
