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ü El periodista Gustavo Gorriti informó que
Ricardo Pessoa, empresario brasileño preso en su país por el escándalo de
corrupción de Petrobras, le confirmó directamente que se reunió con Rocío
Calderón, amiga de la primera dama, Nadine Heredia
ü La fiscalía solicitó el embargo de los bienes
de Alejandro Toledo, de Eliane Karp y otros miembros de su
entorno implicados en el caso Ecoteva de presunto lavado de activos. Asimismo,
la fiscalía pidió medidas para evitar su posible fuga del país
ü Según
la representante del Ministerio Público, Odebrecht hizo donaciones a la ONG Centro Global
para el Desarrollo y la Democracia, de la que Toledo es presidente y Karp directora
ü
Contralor señala que el órgano superior de control está
auditando ocho adendas por un monto de S/. 1.179 millones de la Interoceánica Sur–tramo
2, que involucra a la empresa Obredecht. La obra terminó costando
dos veces y medio lo previsto
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MEDIA COLUMNA
Toledo, el país guarda silencio
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
El silencio es inverosímil, como el que sigue a una
explosión nuclear.
La fiscal del caso Toledo, Rosana Villar, ha concluido que
entre 2009 y 2011, Odebrecht hizo donaciones por miles de dólares a la
ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, de la que
Alejandro Toledo es presidente y Eliane Karp directora. Mientras tanto, la
Contraloría investiga la carretera Interoceánica auditando ocho
adendas por un total de 1,179 millones de soles en esa obra que
terminó costando dos veces y media lo previsto.
Segundo,
de la investigación de la fiscalía brasileña a Camargo Correa,
la fiscalía peruana recoge la denuncia de las supuestas coimas por
la Interoceánica Sur a nombre de Toledo, “quien aparecería con su apellido”, señala la fiscal. “Un total de 106 mil
944 dólares estaban destinados a “Toledo”, “Max Vanderlei” y “JR”, precisa. La fiscal repara también en que
esa misma empresa “realizó un aporte
dinerario a la campaña electoral del denunciado Alejandro Toledo, en las elecciones
de 2011, que asciende a 168 mil soles”, indica.
Tercero, la fiscal reseña el caso Ecoteva, de todos
conocido, que implica transferencias de dinero “a Confiado Internacional Corp
por 9 millones 52 mil 650 dólares, con una cuenta en el LGT Bank (Switzerland)
LTD con sede en Zúrich. Luego, a las empresas Milan Ecotech Consulting S.A. (8
millones 96 mil 207 dólares en certificados de depósitos y 45 mil 516 dólares),
Ecostate Consulting (7 millones 766 mil 920 dólares y 32 mil 92 dólares) y Ecoteva
Consulting Group S.A. (1 millón 850 mil dólares)”, precisa. Estas operaciones,
concluye la fiscal Villar, “tienen como beneficiario
final al expresidente Alejandro Toledo y a su esposa Eliane Karp que serían,
obviamente, los únicos propietarios de la casa de Las Casuarinas,
la Oficina del Edificio Omega con tres cocheras y un depósito, así como de la
casa de Camacho y Punta Sal”, apunta Villar.
Cuarto, la fiscalía ha vuelto a estudiar el caso Almeyda,
investigado por lavado de dinero producto de las ventas de las acciones de la
empresa Backus a la compañía colombiana Bavaria. A una cuenta en el LGT Bank de
Vaduz, Principado de Liechtenstein –dice- habrían ido a parar aproximadamente 5
millones de dólares que la empresa beneficiada con la venta le depositó al
expresidente, según testimonio de Almeyda. Todo esto ha sido publicado
hoy por el diario Correo.
La
fiscal ha pedido el embargo de todos los inmuebles de Alejandro Toledo y Eliane
Karp y su impedimento de salida del país, además de una caución de 70 mil soles
a cada uno para garantizar su presencia en el proceso judicial.
El país espera la decisión del juez. El resto es
silencio.
REPORTE
DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido
seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
Canal 4, Exitosa
El
periodista Gustavo Gorriti informó que Ricardo Pessoa, empresario preso en su
país por el escándalo de corrupción de Petrobras, dijo que se reunió con Rocío
Calderón, amiga de la primera dama, Nadine Heredia.
El
congresista fujimorista Segundo Tapia señaló que la comisión Belaunde Lossio
tiene sus razones para citar a Nadine Heredia e indicó que ya se está
levantando el secreto bancario, tributario y de comunicaciones de varias
personas, entre ellas la primera dama.
Correo
La
más relevante de las ocho hipótesis que se formula la fiscal Villar vincula a Alejandro Toledo con el reciente
escándalo desatado en Brasil y las millonarias coimas pagadas por las empresas
Odebrecht y Camargo y Correa.
En
el documento de la denuncia fiscal obtenida por Correo, en su página 23, la
fiscal da cuenta que “la empresa Odebrecht S.A., en el gobierno del
expresidente y hoy denunciado Alejandro Toledo, contrató con el Estado peruano
por aproximadamente 250 millones de soles”. Según la representante del
Ministerio Público, esta situación es sospechosa, pues Odebrecht ha realizado donaciones a la ONG Centro
Global para el Desarrollo y la Democracia, de la que Alejandro Toledo es
el presidente del Consejo Directivo y titular del Consejo Consultivo
Internacional. Su esposa Eliane Karp
Fernenbug de Toledo aparece como directora de los Programas de
Políticas Públicas de Inclusión Social.
En
los más de 77 tomos de soporte documentario de la acusación fiscal figuran los
reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en los que se destaca
que esta ONG
recibió dinero de Odebrecht entre los años 2009 y 2011 por casi $71 mil.
Tales sobornos se habrían materializado en el proceso
de adjudicación de la millonaria obra corredor vial Interoceánico Sur
Perú-Brasil (Tramo 2 y 3), donde el principal imputado (Toledo)“viene
siendo favorecido no solo con el otorgamiento de dinero para la ONG Centro
Global para el Desarrollo y la Democracia que dirige, sino en muestra de su
sospechosa relación con el presunto abono denunciado en el ‘caso pago por las
empresas brasileñas’”, explica la fiscal Villar.
Un
segundo punto que relaciona la probable fuente del dinero que habría obtenido
Toledo de Brasil es el caso “Castillo de Arena”.
Así,
explica que el 19 de
enero de 2005, cuando el denunciado ejercía aún la Presidencia de la República,
se convocó a concesión el corredor vial Interoceánico Sur Perú-Brasil,
adjudicándose en el mes de junio del mismo año la buena pro de los tramos 2, 3
y 4 al conjunto de empresas brasileñas.
En
tramo 2 y 3 al consorcio Conirsa (Norberto Odebrecht S.A. y las nacionales
Graña y Montero, y JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas), y el tramo 4
(las empresas brasileñas Andrade Gutiérrez, Constructores e Camargo Correa S.A
y Constructores Queiroz Galvao S.A.).
Sin
embargo, la Policía Federal de Sao Paulo en el 2009 realizó
un operativo denominado “Castillo de Arena”, con motivo de una investigación por
supuestos actos de lavado de activos relacionado con la empresa Camargo y
Correa, realizándose en dicho acto la incautación de documentos, correos, y USB
de la oficina y domicilio de los directivos de la referida empresa.
“De
los cuales, según el informe, se revelaría información referente a supuestos pagos
(coimas) realizados con motivo del proyecto Interoceánica Sur,
estos, a nombre presuntamente del imputado Alejandro Toledo Manrique, quien
aparecería con su apellido ‘Toledo’”, señala la fiscal.
Villar
destaca que las coimas habrían sido desembolsadas en momentos clave del inicio de la
construcción de la Interoceánica durante
los últimos meses de gobierno de Alejandro Toledo.
Así,
según el reporte de la Policía Federal, un total de $106 mil 944 estaban
destinados a “Toledo”, “Max Vanderlei” y “JR” y que serían pagados al contado y
otra, a través de la operación “Cabo”, a través de cambistas dedicados a lavar
dinero.
“De
las empresas brasileñas que participaron en la concesión del corredor vial
Interoceánico Sur Perú-Brasil se ha logrado identificar a Camargo y Correa como
persona jurídica, que no obstante estar vinculado al Estado peruano, solo en
términos contractuales que la obligarían al cumplimiento de la obra, realizó un aporte dinerario a la campaña electoral del
denunciado Alejandro Toledo, quien fuera candidato presidencial (campaña para
las elecciones del 2011) por el partido político Perú Posible, que asciende a
S/.168 mil”, sostiene Villar.
La
fiscal formula más adelante un detallado esquema sobre cada uno de los
denunciados.
En
el caso Alejandro Toledo, sostiene que “con la
intervención de sus codenunciados y su aportes al delito, habría realizado la
apertura de empresas off-shore en Panamá y Costa Rica”, cometiendo
de esta forma lavado de activos en las modalidades de conversión,
transferencia, ocultamiento y tenencia.
Esta
situación se daría a través de las transferencias de dinero “de procedencia
desconocida”, primero a la empresa Confiado Internacional Corp por un monto de
$9 millones 52 mil 650 y que se constituyó en la gestión presidencial de
Toledo, con una cuenta en el LGT Bank (Switzerland) LTD con sede en Zúrich.
Luego, a las empresas Milan Ecotech Consulting S.A. ($8 millones 96 mil 207.51
en certificados de depósitos y $45 mil 516.15), para luego pasar a Ecostate
Consulting ($7 millones 766 mil 920,20 y $32 mil 92.78) y finalmente Ecoteva
Consulting Group S.A. ($1 millón 850 mil).
“Es
importante destacar que estamos ante una enmarañada operación financiera que solo tuvo por finalidad
ingresar capitales de origen ilícito al
sistema económico nacional, cuyas operaciones tienen como beneficiario final al expresidente
Alejandro Toledo y a su esposa Eliane Karp y serían, obviamente, los únicos propietarios de la casa de Las Casuarinas, la
Oficina del Edificio Omega con tres cocheras y un depósito, así como de la casa
de Camacho y Punta Sal”,
sostiene Rosana Villar.
La
fiscal ha
solicitado el levantamiento de las comunicaciones y ha citado a declarar a
César Almeyda, exabogado de Toledo, pues está ligado a otra de
las hipótesis fiscales. Según dicha hipótesis Almeyda, quien está siendo
investigado por lavado de dinero producto de las ventas de las acciones de la
empresa Backus a la compañía colombiana Bavaria, abrió dos cuentas en Suiza.
Una
en el LGT Bank de Vaduz, Principado de Liechtenstein, aunque de esta no existe
conexión con sus cuentas.
Según
informes internacionales, dicha cuenta está a nombre de la empresa Blue Bird a
través de su concesionaria Basa Management LTD, ubicada en Panamá.
A
esta cuenta habrían ido a parar aproximadamente 5 millones de dólares que la
empresa beneficiada con la venta le depositó al expresidente, según testimonio
de Almeyda.
Mientras
que una
segunda cuenta en el Citibank de Berkeley Square, en Londres, le pertenece nada
menos que a Josef Maiman Rapaport,
beneficiario de Alejandro Toledo.
La fiscal Rosana Villar ha solicitado el embargo
de todos los bienes inmuebles de los denunciados, pide que no salgan del país
sin autorización judicial y
que se les imponga a cada uno de ellos una caución de S/.70 mil para garantizar
su presencia en el proceso judicial.
El Comercio
La
fiscalía solicitó el embargo de los bienes del ex presidente Alejandro Toledo, de su esposa Eliane Karp y de otros
miembros de su entorno, implicados en el caso Ecoteva, de presunto lavado de activos.
Asimismo,
la fiscalía pidió medidas de arraigo en contra de Alejandro Toledo y demás implicados para evitar una posible
fuga del país.
El
pedido figura en la denuncia que entregó el lunes la fiscal Manuela
Villar, encargada del Caso Ecoteva.
La orden
de embargo también es requerida para la suegra del ex presidente, Eva
Fernenbug; Josef Maiman, empresario y amigo de Alejandro Toledo; Avraham Dan On, ex asesor de seguridad del ex
mandatario; su hijo Shai Dan On; Sabih Shaylan, cercano a Maiman; y David
Eskenazi, ex apoderado de Fernenbug.
También,
la denuncia fiscal pide el levantamiento del secreto bancario de una
cuenta en Suiza de la empresa panameña Confiado International, ya que
desde ahí se enviaron sumas de dinero a cuentas de compañías en Costa Rica
–como Ecoteva– para la compra de predios en Lima, durante el 2012.
Como
se supo, el dinero proveniente de Ecoteva fue usado por Fernenbug para la
compra de una mansión en Las Casuarinas y de una oficina cerca al Jockey Plaza.
Además, Alejandro Toledo pagó
las hipotecas de sus casas de Camacho [US$ 217.000] y de Punta Sal [US$
277.000] con fondos de esa empresa.
El Comercio, EFE
El
juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones del caso Petrobras,
justificó un nuevo pedido de prisión contra Marcelo
Odebrecht y otros
cuatro directivos de la empresa por "nuevos hechos" incriminadores. "Surgieron
elementos que reforzaron la relación entre Odebrecht y
el pago de sobornos en el exterior", aclaró el juez.
Esta
semana, el Ministerio Público de Suiza
incluyó a Odebrecht en
las investigaciones que
la Fiscalía lleva a cabo para esclarecer la corrupción en Petrobras, mayor empresa de Brasil
y responsable por una parte significativa del PIB del país.
La
Fiscalía suiza confirmó la existencia de indicios de pagos de sobornos por
parte de Odebrecht a
directivos de la compañía y solicitó a Brasil la cooperación en la
investigación.
Marcelo Odebrecht se encuentra preso desde el pasado
19 de junio junto con otros cuatro dirigentes de la firma y de Otávio Azevedo,
presidente de Andrade Gutiérrez, otra de las importantes constructoras del
país.
El
juez Moro declaró que Odebrecht "tiene
condiciones de interferir" en la investigación a través de la eliminación
de pruebas, la presión de testigos o la interferencia política, al tiempo que
destacó la posibilidad de fuga al exterior de los investigados.
Las
autoridades también investigan a medio centenar de políticos, que en su mayoría
pertenecen a la coalición que respalda al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
En Suiza, la investigación contra
Petrobras empezó en 2014. "Según las primeras constataciones, hay
sospechas de que sociedades propiedad del grupo Odebrecht pagaron sobornos a
antiguos dirigentes de Petrobras a través de cuentas suizas", explicó una
portavoz.
En marzo de este año, el fiscal general suizo explicó que las investigaciones en Suiza han permitido descubrir "más de 300 relaciones de negocios con 30 bancos suizos a través de los cuales circularon aparentemente los pagos por corrupción investigados en Brasil".
Hay 400 millones de dólares bloqueados en el país en el marco de la investigación.
En marzo de este año, el fiscal general suizo explicó que las investigaciones en Suiza han permitido descubrir "más de 300 relaciones de negocios con 30 bancos suizos a través de los cuales circularon aparentemente los pagos por corrupción investigados en Brasil".
Hay 400 millones de dólares bloqueados en el país en el marco de la investigación.
El Comercio,
EFE
El
ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es investigado por supuestamente haber
influido en el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES),
después de haber concluido su mandato, para que le concediera créditos a Odebrecht destinados a la financiación de obras
en otros países latinoamericanos en los que opera.
Lula afirmó que su misión era defender los intereses de las
empresas del país en el extranjero, en respuesta a un artículo del diario
"O Estado" de Sao Paulo que indicó que su gestión favoreció a la
firma Odebrecht.
Capital radio,
El Comercio
Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, indicó
que en 2014 su empresa inmobiliaria registró 834 mil soles de ingresos y pagó
más de 200 mil soles de impuestos a la renta. Además, percibió medio millón de
soles en utilidades. Precisó que, como gerente general de la empresa MVV Bienes
Raíces, gana 14 mil soles.
Manifestó
que sí tiene registrados movimientos bancarios. “Tengo mi licencia, fui a mis
clases de estudio. Mi empresa se llama MVV Bienes Raíces SAC”, precisó.
Por
otro lado, destacó que desde que tuvo 16 años todos sus ingresos han estado
bancarizados.
Indicó
que no tiene ningún problema con que las autoridades competentes revisen sus
cuentas. Por último, dijo que su matrimonio con Keiko Fujimori se
encuentra bajo el marco de separación de bienes y que es él quien paga los
gastos de su familia. “Pago el colegio de mis hijas, el alquiler de mi casa, y
retiro el dinero del cajero como cualquier otro peruano”, zanjó.
El Comercio
La
procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, dijo que su despacho evalúa y
recopila la información sobre las recientes acusaciones contra Mark Vito Villanella, esposo de Keiko
Fujimori, para ver si formula o no una denuncia en su contra.
“Lo
que estamos haciendo es evaluar la información que ha aparecido en los medios
de comunicación”, dijo Príncipe.
Por
otro lado, Julia Príncipe señaló que no renunciará a su cargo, luego del
entredicho que tuvo con el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, quien hace
semanas le llamó la atención por declarar sobre determinados casos. “No voy a
renunciar, de ninguna manera”, dijo la procuradora. “Lo que me motiva a
continuar trabajando es el respaldo y la confianza que me ha brindado la
población […], y porque a lo largo de mi carrera no he sido cuestionada en mi
desempeño”, sostuvo.
Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
(…)
…confieso que tengo mucha más curiosidad de cómo hizo
Mohme para comprar el 30% del Canal 4 sin poner un dólar que cómo vive el
esposo yanqui de Keiko. A ver si Charlie Castro o Ángel “el ruso Oxfam” Páez
nos cuentan algo de esa proeza financiera de su patrón, que también es un tema
de interés público. O tal vez mi amigo Ricardo Uceda podría publicar una
investigación al respecto en LR. También me gustaría saber cómo Diario 1
subsiste sin publicidad y vendiendo solo 8 mil ejemplares diarios. Es como para
darles el Premio Nobel de Economía a Mohme y Arturo Belaunde (aunque el ex
congresista Álvaro Gutiérrez afirma que Diario 1 es de Nadine).
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El Comercio
Tras
varias horas de búsqueda, la policía capturó al primer sospechoso de haber
perpretado el ataque con
un explosivo dentro
del circo de
la Paisana Jacinta la
noche del martes 21 de julio. Se trata de Arnulfo León Huayta, miembro de la
banda Los
malditos de Bayóvar.
Arnulfo León Huayta, de 20 años, tiene el alias de
"Montaño" y es sindicado por la policía como el responsable directo
de haber lanzado el explosivo desde la tribuna de la carpa del circo.
El Comercio
El
paro de 48 horas acatado en Puno por
organizaciones aimaras, en respaldo del ex dirigente Walter Aduviri Calizaya, fue suspendido.
Ayer
decenas de vehículos quedaron varados en la carretera Puno-Desaguadero, debido
al bloqueo de la vía.
La
audiencia del proceso a Aduviri fue reprogramada para el 5 de agosto porque el
juez a cargo del proceso consideró que no existían las garantías suficientes
para continuar desarrollando la audiencia.
La República
Keiko la rompe
Juan de la Puente
La reciente encuesta de IPSOS trae por lo menos tres novedades,
interesantes aún para una campaña electoral adelantada, considerando que faltan
más de 8 meses para la primera vuelta. Son datos sugerentes que agrietan el
molde clásico en el que se cocina la competencia entre los candidatos llamados
tradicionales.
Primero. Nuevos ejes de la campaña. La seguridad y la corrupción se
convierten en los principales problemas que interesan a los ciudadanos, más que
duplicando como expectativa al desempleo, a la pobreza y al costo de vida. Este
es un coctel amargo para todos, un cambio de fondo respecto a las campañas del
2001, 2006 y 2011, dos temas que hacen uno, y que más que un desafío son una
interpelación a la política, un reclamo que los candidatos deberán empeñarse en
responder.
No es seguro que sean los ejes definitivos de la campaña. En tanto, los
candidatos no están cubriendo estas expectativas o, mejor dicho, los
movimientos que ensayan parecen ir en una dirección distinta a la que se mueve
la opinión pública. La predominancia de la inseguridad/corrupción no les pide
ponderación a los aspirantes presidenciales, de modo que quizás nos encontremos
muy cerca de ofertas radicales en este campo, so pena de la irrupción de un
candidato sorpresivo que prometa un menú más convincente, duro y popular.
El coctel inseguridad/corrupción que bebemos todos es, a golpe de
fracasos, también una puerta abierta para todo, inclusive para el populismo. En
el rubro seguridad, los candidatos no se atreven todavía a jugar fuerte con la
militarización de la lucha contra el delito y con la ampliación de la pena de
muerte; y sobre la corrupción, parece que nos dirigimos a un pacto entre la
política y el ciudadano cínico –el que abjura de la corrupción pero le saca
provecho– que votará por medidas radicales a sabiendas de su inviabilidad.
Segundo. Keiko Fujimori rompe el techo del tercio electoral. La
candidata de Fuerza Popular tenía una intención de voto de alrededor del 30%.
En el sondeo de IPSOS salta al 36% en la pregunta con tarjeta, duplicando a PPK
(17%), triplicando a Alan García (12%) y más que cuadruplicando a Alejandro
Toledo ((8%). Keiko también derrotaría a PPK y a García en una segunda vuelta,
y aparece muy favorecida a diferencia del 2011 en las alternativas “definitivamente
votaría por ella” y “podría votar por ella” (49%), y más capacitada para
encarar la corrupción, la delincuencia y el desempleo.
Sin magnificar la tendencia, es interesante reparar en que 3 de cada 10
peruanos creen que el fujimorismo puede liderar la lucha contra la corrupción y
la delincuencia, una imagen que lleva a preguntas que incomodan algunos
sentidos comunes: ¿Son más fuertes otros “antis” que el antifujimorismo? ¿Es
eficaz la actual política antifujimorista basada en la memoria, y que no aborda
el actual comportamiento de Fuerza Popular? ¿Mide ahora la opinión pública a
Keiko con una vara distinta a la del 2011? ¿Creen los ciudadanos, a diferencia
de la elite política, que Keiko expresa el neofujimorismo?
Tercero. El electorado ha iniciado (o empezó hace rato) un giro
conservador. No repetiré en este punto lo que afirma otro sondeo reciente que
amarra a los peruanos con modelos sin vasos comunicantes. En cambio el sondeo
de IPSOS expone el escaso arraigo de la izquierda, el copamiento del escenario
por una derecha que entra y sale del centro con gracia y salero, el escaso
número de los que piden que el próximo presidente sea democrático y el bajo
índice de votos blancos y viciados.
Aquí, más preguntas incómodas: ¿El Perú ya está preparado para elegir
por primera vez desde 1956 un gobierno conservador a cara descubierta? ¿Será la
izquierda la gran derrotada del quinquenio humalista, la que pague los platos
rotos del fracaso de la Gran Transformación? ¿La derecha ha empezado a
repartirse los efectos personales de una izquierda ausente? ¿Ante el riesgo de
la derrota aplastante, es preferible una candidatura izquierda/izquierda o
izquierda/centro?
Peru21
Columna de Luis Davelouis
Para muchas personas, Fujimori le puso un
rostro a un Estado absolutamente nominal. O peor, que el Estado apareciera era
una mala señal porque algo venía a quitarles: sus tierras, sus costumbres, sus
cariños, sus medios de subsistencia, su salud o, como ha pasado no pocas veces,
sus vidas.
Me extraña que aún haya quien se sorprende
del voto duro con el que cuenta el fujimorismo (envidia de los otros partidos).
Para algunos, Fujimori convirtió el Estado en un ente benefactor y puso energía
eléctrica, posta y colegio donde no había nada y sin burocracia. No importaba
mucho que después las paredes se rajaran o cayeran, estaba hecho. Pero, para la
mayoría de sus seguidores, que no salen en las fotos ni toman café con Martha
Chávez, Fujimori fue quien les devolvió cierta sensación de libertad: no más
apagones, ni coches bomba, ni atentados.
Las personas no dudan mucho a la hora de
sacrificar su libertad (sobre todo la ajena) a cambio de su propia seguridad.
La seguridad es, en cierta medida, predictibilidad, sensación de estabilidad.
La ley que vulneraba prácticamente todos los derechos constitucionales
individuales en EE.UU. se llamó Patriot Act y fue aprobada por amplísima
mayoría tras el atentado del 11 de setiembre de 2001. No somos diferentes.
Orden y arroz gratis, eso es Fujimori para
muchas personas y, frente a caos y hambre, la preferencia es razonable.
¿Instituciones? ¿Democracia? Cuando la posta que puso el chino malo salvó a tu
hijo, esos intangibles siguen siendo intangibles. El frío está matando decenas
de personas y dejando sin sustento a decenas de miles en el sur del Perú. Esto
sucede con regularidad, lo que convierte la inepcia en indecencia. La
indiferencia engendra monstruos. ¿No hemos aprendido nada?
El Comercio
El
Sexto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima
aceptó admitir en trámite la demanda de nulidad contra la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María.
El
recurso fue admitido a trámite el pasado 22 de junio, pero recién ayer fue
divulgado en la ciudad de Arequipa.
Miguel
Callata, abogado de los demandantes, dijo que al ser admitido el pedido de
nulidad, el EIA de Tía María queda
en suspenso hasta que el juzgado determine si el pedido es procedente.
El Comercio
El precio del
oro cayó
ayer a US$1.088 la onza, y se acerca peligrosamente al piso de US$1.000. ¿Qué
implicancias tendría para la minería
peruana un
mayor descenso, habida cuenta de que hace sólo cuatro años la cotización del
metal dorado rozaba los US$2.000 la onza?
Según
Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), una caída prolongada en
el precio del oro haría
“menos atractiva, temporalmente, la minería aurífera ilegal” y generaría el
cierre de algunas minas.
Galvez
explicó que la caída del precio
del oro está
íntimamente ligada a la recuperación de la economía de
EE.UU.
“El oro fue un refugio [para los
inversionistas] cuando se venía una catástrofe en la economía mundial. Ahora
que hay un rebote en la economía de EE.UU., hay una salida de las inversiones
en oro”, refirió.
Añadió
que este contexto origina que la percepción del oro como refugio de valor en el
corto plazo se extinga temporalmente, porque hay otras opciones.
El Comercio
El
líder del partido Peruanos Por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que el Perú debe prepararse para aprovechar el repunte del precio del
cobre en el mercado internacional que,
estimó, crecerá entre 2017 y 2018.
"Creo que tenemos un gran futuro en este metal; las grandes empresas mineras del mundo, todas, piensan que de aquí a dos años aproximadamente los precios se van a voltear porque hay pocos nuevos yacimientos interesantes y rentables y el Perú tiene una buena parte de esos yacimientos", sostuvo.
Además destacó la ventaja competitiva que tenemos con Chile, el principal productor de cobre del mundo, en costos de producción. Detalló que al Perú le cuesta 1.30 dólares producir una libra de cobre y a chile 1.88 dólares.
"Creo que tenemos un gran futuro en este metal; las grandes empresas mineras del mundo, todas, piensan que de aquí a dos años aproximadamente los precios se van a voltear porque hay pocos nuevos yacimientos interesantes y rentables y el Perú tiene una buena parte de esos yacimientos", sostuvo.
Además destacó la ventaja competitiva que tenemos con Chile, el principal productor de cobre del mundo, en costos de producción. Detalló que al Perú le cuesta 1.30 dólares producir una libra de cobre y a chile 1.88 dólares.
Kuczynski
dijo que para aprovechar el buen momento que se prevé para el cobre, el Estado
peruano debe apuntar a fortalecer los programas sociales en las áreas de
influencia e impulsar la industrialización del mineral. "Lo primero es preparar programas sociales en las zonas donde
sabemos que van a haber minas”, detalló.
"Segundo, yo creo que debemos tomar en serio la industrialización del cobre, convenciendo sobre todo a los importadores en china que es mucho mejor que traigan cobre ya procesado en vez de concentrado, que es en gran parte tierra", agregó.
"Segundo, yo creo que debemos tomar en serio la industrialización del cobre, convenciendo sobre todo a los importadores en china que es mucho mejor que traigan cobre ya procesado en vez de concentrado, que es en gran parte tierra", agregó.
Expreso
Entrevista a Pablo Bustamante
¿Cuál es la
evaluación que tiene usted de la actividad minera en los últimos años en el
Perú?
Desde la Nueva Ley de
Minería, desde los años 90 se ha desarrollado paulatinamente lo que se llama la
minería moderna. Esta respeta el ambiente, ha tratado de desarrollar buenas
relaciones en general con las comunidades, aunque no siempre con éxito. Además
ha generado un incremento sustancial de nuestro PBI, el crecimiento de la
economía y algo que es sumamente importante: el encadenamiento con otros
sectores económicos. Y ha sido el motor principal del proceso de crecimiento
sólido que hemos tenido hasta hace poco.
–¿Y qué trabas ha tenido este desarrollo en la minería, que, a partir
del 2006 hasta el 2012, ha protagonizado un boom? ¿Cuáles han sido las trabas,
al margen del factor externo?
En mi opinión el factor
externo no ha afectado mayormente. Los problemas han sido internos. Más o menos
desde el año 2000 se han ido promulgando una serie de regulaciones; hemos
pasado de tener dos instrumentos legales que un inversionista minero debía
cumplir antes de invertir –la Ley de Minería y la Ley de Inversión Extranjera–,
a tener hoy en día 180 dispositivos que regulan la actividad. Antes eran dos
leyes, en dos instancias, y ahora 180 dispositivos en 13 instancias distintas.
–¿Qué ha generado esto?
Eso ha generado un conjunto
de problemas y ha trabado las inversiones. A pesar de eso se siguió
invirtiendo, pero desde el 2011, con la entrada del gobierno actual, se produce
un ambiente antiminero liderado por el propio gobierno entrante. Tanto por las
declaraciones previas en la toma de mando (por el presidente Ollanta Humala)
cuanto por la actitud de su primer ministro, ‘Siomi’ Lerner, que hablaba de la
‘nueva minería’, haciendo pensar a los peruanos que sobrellevábamos una
actividad, digamos, inadecuada para el país.
Es así que poco a poco
fuimos perdiendo inversiones, primero con el proyecto Conga, que se manejó muy
mal, y acaba de terminar con Tía María. Y en el camino se han dejado miles de
millones de dólares sin invertir y por supuesto se le ha quitado al Perú
ingentes ingresos, no solo del sector minero sino del encadenamiento que ha
producido y produce la minería en todos los sectores económicos.
–¿En qué medida los grupos violentistas son responsables de esta nueva
realidad, no solo en Conga con el señor Arana y Gregorio Santos, o en Tía
María, sino en Majaz, Río Blanco en Piura, y antes Santa Ana en Puno?
Si el Gobierno generó un
ambiente antiminero, evidentemente eso produjo un espacio para la actividad de
los antimineros ideo logizados y violentistas. Hemos visto que se ha llegado a
extremos –como en Tía María– de violencia absolutamente desquiciada. Pero
además todas las agrupaciones de izquierda en el país, todas, le entregaron al
presidente Humala, en agosto de 2012, un documento que se llama ‘Nueva
minería’, que es una propuesta de una estrategia que llaman post extractivismo.
–¿Qué se pretende con ese documento?
Lo que pretenden estos
agentes políticos es que el Perú dosifique su producción en minería, petróleo,
gas, madera, en pesca, en agricultura de exportación y hasta en industria de
exportación. Esto para no depender del exterior, afirman. Entonces, esta gente
ha demostrado no solo una violencia exacerbada sino también una filosofía
equívoca que llevaría al país algo así como a la Edad Media.
–En este contexto, más allá de los grupos izquierdistas, ¿no se observa
la actividad de la minería ilegal donde prácticamente hay bolsones de
territorio donde no entra la autoridad sea judicial o contralora?
Exactamente, esa sería la
otra cara: el crecimiento de la minería ilegal, que no es criticado por las ONG
ni por el cura Arana, a quien en Gestión le preguntaron hace poco por qué no
protestaba por Madre de Dios Tuvo la desfachatez de contestar que él vivía en
Cajamarca, y que solo si él viviera en Madre de Dios, lo haría. Pero el
periodista no atinó a repreguntar ¿qué hacían entonces ese señor y su gente metidos
en Tía María? ¿Qué hicieron con su gente en Piura? Entonces acá hay un doble
estándar.
–¿Cómo afrontar el problema?
El Estado no debe tomar
acciones que se vean como aisladas o sin propósito alguno. Lo primero es
comunicar para dar contexto a la acción del Gobierno. Una vez que se ha
comunicado y explicado, el Gobierno tiene que tomar posición del territorio
nacional. Como en Piura, en Cajamarca también se han creado zonas liberadas en
Bambamarca por donde salen las drogas. Eso ya está pasando en todo lado.
Entonces tenemos que ocupar el territorio nacional por parte del Estado y hacer
que las empresas formales puedan operar. Por supuesto que se necesita convocar,
mediante la presión popular, al Poder Judicial, a la Fiscalía, para que hagan
una alianza con el Gobierno, cualquiera que tengamos el año 2016, para que en
conjunto desarrollen las acciones que permitan que nuestro país tenga
gobernanza.
–¿Cuál es la principal amenaza del Perú?
Este retroceso del país,
esta ruptura con nuestros recursos naturales, este ambiente antiinversión que
se ha generado, está sucediendo en uno de los momentos más delicados de la
historia, porque estamos entrando a una tercera revolución industrial de
altísima tecnología, de crecimiento exponencial, que va a llevar al mundo,
desde los países más desarrollados, a estándares mucho más altos de los que hoy
existen hoy en día. Si esto es así, los peruanos no podemos quedarnos atrás.
Tenemos entonces que hacer una fuerza muy grande, para que en el más corto
plazo posible podamos generar recursos que le permitan al Estado y al sector
privado, etc., ponernos al mismo nivel de los países desarrollados, cerrar las
brechas que tenemos en educación, salud, infraestructura, tecnología,
educación, superar la pobreza, reformar nuestras instituciones.
El Comercio
El gobierno no está muerto
Jaime de Althaus
El país no puede parar, efectivamente. Estamos en lucha
contra las mafias que quisieran terminar de capturarlo y en carrera angustiosa
por engancharnos con posibilidades a la división del trabajo global. No podemos
darnos el lujo de parar el carro y esperar al próximo gobierno.
Y el gobierno no está muerto. Para comenzar,
debe terminar la tarea de desmantelar las sobrerregulaciones de todo orden que
dio al comienzo, que, para ser justos, se iniciaron, algunas de ellas, desde el gobierno anterior.
Regresemos al sano “aporte voluntario” en la minería,
ahora que los precios siguen cayendo, y demos condiciones más atractivas para
una inversión petrolera que se va corriendo. Regresemos a las reglas laborales
que teníamos antes de este gobierno,
que ya eran muy rígidas, pero algo menos que las actuales.
Claro, el tema de fondo, la extrema rigidez para la
contratación y el despido, es algo que este gobierno no
podrá resolver pero sí podría inducir foros reservados de discusión entre
trabajadores y empresarios para ir gestando un nuevo pacto laboral.
El próximo gobierno lo
va a necesitar porque es imposible subsistir con un 72% de la PEA informal y
con millones de microempresas reprimidas. Tampoco podemos pedir una reforma
tributaria este último año, aunque sí una Sunat más facilitadora con los micro
y pequeños empresarios.
Pero la única manera de hacer un esfuerzo orgánico de
simplificación administrativa profunda que facilite la producción y la
formalización es aplicando con determinación un instrumento que ya tiene: la
ley de servicio civil. Porque para definir los puestos y perfiles que requiere
cada entidad, esta debe primero revisar sus objetivos y sus procesos, para
simplificarlos o eliminarlos. Es un trabajo arduo que requiere presión
política. Quisiéramos ver al Ministerio de Economía ya dentro del nuevo régimen
de servicio civil, para dar el ejemplo. ¿Por qué se demora tanto?
Si el gobierno avanza
en esto habrá impulsado la reforma (del Estado) más importante de los últimos
20 años. Sería su legado. Lo mismo que en educación, donde se ha puesto en
marcha por fin, luego de dos años y medio de paréntesis, una dinámica
meritocrática que está llevando a los maestros a autocapacitarse por voluntad
propia.
Estamos esperando todavía la primera evaluación de
desempeño, y el ministro podría ampliar la convocatoria para un gran pacto
educativo, como el propuesto por Lampadia. Más difícil quizá sea profundizar la
reforma iniciada en Salud, por la resistencia reaccionaria de los médicos. Pero
para Essalud cuando menos podría contratar un estudio serio que proponga su
reforma.
La gran tarea del próximo gobierno será
recuperar la gestión unitaria del Estado e implantar el imperio de la ley, para
impedir que el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción se apoderen
del Estado y del país. Pero el gobierno que
termina podría comenzar fortaleciendo la investigación policial, homologando
comisarías con distritos en Lima y estableciendo pilotos de atención primaria
de la justicia penal juntando en distritos a un fiscal, un juez y un pequeño
centro de detención para castigar de inmediato a penas cortas y cortar de raíz
la masiva impunidad. Sería un gran avance.
El Comercio
Reforma de la inversión pública
Pedro Pablo Kuczynski
En un reciente editorial proveniente de una
filuda pluma en este diario, se me criticó por pedir que se elimine el SNIP
(Sistema Nacional de Inversión Pública), creado en el año 2000 para eliminar
los abusos e ineficiencias en inversiones públicas en las décadas de 1980 y
1990. Todos apoyamos una buena planificación y controles del gasto público,
pero el SNIP, a pesar de un buen inicio, ha ido perdiendo vigencia. Es
fundamental reformar el sistema de inversión pública, tanto nacional como
regional.
La presente coyuntura de desaceleración
económica se debe fundamentalmente a la muy fuerte caída de las exportaciones
en casi 25% desde el 2013 hasta la fecha. El precio del cobre, nuestra
principal exportación, cayó por la frenada de la construcción en China. También
cayó el precio del oro y se redujo su producción en el Perú. Hasta ahí estamos
todos de acuerdo. Pero hay un factor adicional que se debe tomar en
cuenta: la falta de dinamismo de la inversión pública en los últimos dos años.
Por cierto, hubo elecciones regionales y acusaciones de corrupción en varias
alcaldías y regiones importantes. Tampoco ayudó la creciente tramitología a la
cual se enfrenta la inversión tanto pública como privada. La inversión pública
hubiera podido compensar una parte del efecto de la reducción de nuestras
exportaciones, pero eso no ha ocurrido. Por eso urge una reforma del llamado
Sistema Nacional de Inversión Pública.
Cada región debe tener un programa de
inversiones básicas en infraestructura y servicios públicos. Este programa debe
ser revisado y supervisado anualmente por funcionarios competentes, que hoy
escasean. Deben formar parte de un servicio civil nacional, con
competencias no solo en el gobierno nacional sino también en las regiones y las
grandes municipalidades, como lo manda la Ley Servir, hasta hoy implementada
solo parcialmente.
El inicio promisorio del SNIP y luego de Pro
Inversión no se ha mantenido. Hay miles de obras aprobadas por el SNIP
que no se han iniciado ni programado. La calidad de la inversión pública y de
la inversión en infraestructura es cuestionable, como lo demuestra el reciente
colapso de un puente en la Panamericana al sur de Cañete.
Tenemos que pensar que sistemas que se crearon hace 15 años no son eternos. Si queremos crecer tenemos que enfrentar cambios y reformas constantes. Si no le damos un énfasis mucho mayor a la infraestructura, no creceremos. Por eso le dije “chau” al SNIP.
Tenemos que pensar que sistemas que se crearon hace 15 años no son eternos. Si queremos crecer tenemos que enfrentar cambios y reformas constantes. Si no le damos un énfasis mucho mayor a la infraestructura, no creceremos. Por eso le dije “chau” al SNIP.
Una palabra más sobre la remuneración mínima
vital, en la cual se me acusa de populismo. En el Perú hay una inmensa masa
laboral informal, que está fuera del sistema tributario, y que presiona los
sueldos y remuneraciones a la baja. La mejor forma de generar remuneraciones
mejores es facilitando que las pequeñas empresas en el Perú se formalicen, con
tasas y sistemas impositivos más flexibles y fáciles. Pero la remuneración
mínima vital, hoy de S/.750 mensual, es todavía baja para aproximadamente el
millón de trabajadores que la reciben. Apoyo ha propuesto una RMV especial para
empresas pequeñas que se formalicen. Estudios en otros países sugieren
que no es necesariamente cierto que aumentos graduales de la RMV generen
desempleo. Por eso tenemos que tener una mente abierta frente al tema. El
fundamentalismo del editorial contra mis declaraciones sobre el SNIP y la RMV
no tiene asidero en el mundo de hoy.
