ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
MENU DEL DIA
ü A 34 días de las elecciones, encuesta GFK da 34.6% a Keiko Fujimori y
16.6% a Julio Guzmán
ü Julio Guzmán y César Acuña presentaron hoy sendas apelaciones de las
resoluciones del Jurado Especial. Este llamó a audiencia mañana martes a las
2:00 pm
ü Omar Chehade: “El 19 de junio de 2015, el
presidente (Humala) me llamó. Caminamos por Palacio de Gobierno y…cuando estaba
por despedirme, con un rictus de preocupación me preguntó: “¿Has escuchado las
noticias de hoy? Han detenido a Marcelo Odebrecht en Brasil”, y yo le pregunté
cuál era el problema, y me sorprendió porque él no comenta temas internacionales,
entonces se molestó y me dijo: “No entiendes, han detenido a la cabeza de
Odebrecht por el tema de los sobornos”, y le contesté que no entendía su
preocupación. Se sonrió, me dio la mano y me fui”
ü Los precios del cobre tocaron su nivel máximo en
cuatro meses el viernes
ü En octubre de 2015, el senador Ted Cruz, hoy precandidato republicano a
la Presidencia de EEUU, criticó en un debate a la FED diciendo que cree que sus
decisiones de política monetaria tendrían que ser auditadas y que el país
debería moverse hacia un sistema respaldado en el oro
La opinión en MEDIA
COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar
libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com
MEDIA COLUMNA
Auditar a la FED
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Esta es una historia fascinante. En
octubre de 2015, el senador Ted Cruz, hoy precandidato republicano a la
Presidencia de EEUU, dijo que las decisiones de política monetaria del banco
central de EEUU (FED) deberían ser auditadas. Más aún, agregó que EEUU debería
moverse hacia un sistema monetario con respaldo en el oro.
La idea de “auditar” a la FED
provenía de una iniciativa de 2008 del ex senador Ron Paul, padre del
representante Rand Paul, quien viene de retirar hace poco su postulación a la
Presidencia de EEUU. Defendiendo la iniciativa, su hijo desempolvó el proyecto
de ley de 2008 y volvió a presentarlo en la Cámara. Este se votó en enero de
2016.
En noviembre de 2015, Ron Paul
escribió un artículo censurando la política monetaria de la FED de los últimos ocho
años: masiva creación de dinero y estímulos monetarios para producir
crecimiento económico. Dijo que estos eran signos de que el día del juicio
final del sistema monetario del crédito se acercaba y que el único camino era
la restauración de una política monetaria de mercado libre. Celebró, en esa
línea, el relanzamiento en el Congreso del proyecto de “Auditar a la FED”,
diciendo que solo así el pueblo americano se enteraría de la verdad completa en
las operaciones de la FED que solo han resultado en un gobierno creciente,
mayor desigualdad y cada vez mayores crisis económicas y en un dólar cada vez
más débil. “Es tiempo de auditar a la FED y de ponerle fin”, escribió
desafiante.
Donald Trump acusó en noviembre a
la FED de dejarse influenciar por el interés político del gobierno en mantener
las tasas de interés bajas. Es decir, respaldó la independencia de la FED del
poder político.
Ben Bernanke, el último
presidente de la FED antes de Janet Yellen, les respondió el 11 de enero de
2016, dos días antes de la votación del proyecto en el Congreso. Defendió a la
FED denunciando que el proyecto de auditarla era en realidad el verdadero vehículo
de la peligrosa interferencia del poder político en las decisiones de política
monetaria de la FED. Defendió, igualmente, la independencia de la FED del poder
político.
Luego del alza de las tasas de
interés en diciembre, la FED fue señalada de haber cedido a la presión de los banqueros, cuyo interés estaría detrás
de un dinero más caro.
El 12 de enero pasado, el proyecto perdió. Necesitaba
60 votos, obtuvo 53. Votaron a favor del mismo, además de Rand Paul, Bernie
Sanders, el actual rival de Hillary Clinton por la candidatura demócrata; y Marco
Rubio, el aún contendor por la candidatura republicana. Ted Cruz, el mayor
rival de Donald Trump, no llegó a votar.
Hoy, hasta el gurú Nouriel
Roubini dice que el alza de las tasas de interés por la FED en diciembre pasado
fue una equivocación. Saque usted su
cuenta respecto de quién pesa más, entonces, en las decisiones de la FED: el poder
político o los banqueros.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política
y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
LIBERTAD ECONOMICA,
GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION
El Comercio
Los
precios del cobre tocaron su nivel máximo en cuatro
meses el viernes, luego de que datos mostraron que el empleo en Estados Unidos
creció con fuerza en febrero aunque con una caída en los salarios, lo que
atenuó la amenaza de un alza en las tasas de interés.
La
menor preocupación sobre un alza en las tasas de interés por parte de la Fed presionó
al dólar a un mínimo de dos semanas.
Esto
alentó a algunos fondos a comprar cobre y
generó órdenes de compra luego de que el metal rojo superó niveles clave, dijo
un operador. El metal registró un avance semanal de casi 7%, el mayor nivel
desde diciembre del 2011.
ESTA NOCHE
(tomado de Reuters, nov 3, 2015)
En octubre de 2015, el senador
Ted Cruz, hoy precandidato republicano a la Presidencia de EEUU, criticó en un
debate al banco central (FED), diciendo que cree que sus decisiones de política
monetaria tendrían que ser auditadas y que el país debería moverse hacia un
sistema respaldado en el oro.
ESTA NOCHE
(tomado de El Comercio, AFP)
A primera vista, Donald Trump es todo lo que le gusta a Wall Street. Pero su éxito en la lucha por la nominación republicana para la
presidencia de Estados Unidos causa temor a los banqueros.
Trump podría (entre otras cosas)… interferir con la Reserva Federal sobre la
política monetaria… Ha denunciado los altos salarios de los ejecutivos (y) la
codicia de los banqueros…
El
excandidato presidencial Mitt Romney, quien dirigió la prominente firma de
inversiones Bain Capital antes de entrar en política, dio voz el jueves a las
preocupaciones de la comunidad financiera advirtiendo que bajo Trump "el
país se hundiría en una prolongada recesión".
Entre
los banqueros, como el jefe de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, el sentimiento
es principalmente anti-Trump. Otros banqueros contactados por AFP no hablan de
sus temores.
Wall
Street no tiene una clara alternativa, con las encuestas mostrando a los
rivales republicanos de Trump, los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, demasiado
débiles para ganar las primarias.
Ron Paul Institute, november 2015
(…)
Donald Trump made headlines last week by accusing Janet Yellen of
keeping interest rates low because she doesn’t want to risk another economic
downturn in President Obama’s last year in office. I have many disagreements
with Mr. Trump, but I do agree with him that the Federal Reserve’s policies may
be influenced by partisan politics.
Janet Yellen would hardly be the first Fed chair to allow politics to
influence decision-making.
Almost all Fed chairs have felt pressure to “adjust” monetary policy to
suit the incumbent administration, and almost all have bowed to the pressure.
Economists refer to the Fed’s propensity to tailor monetary policy to
suit the needs of incumbent presidents as the “political” business cycle.
Presidents of both parties, and all ideologies, have interfered with the
Federal Reserve’s conduct of monetary policy. President Dwight D. Eisenhower
actually threatened to force the Fed chair to resign if he didn’t give in to
Ike’s demands for easy money… while then-Federal Reserve Chair Arthur Burns was
taped joking about Fed independence with President Richard Nixon.
The failure of the Fed’s policies of massive money creation, corporate
bailouts, and quantitative easing to produce economic growth is a sign the fiat
money system’s day of reckoning is near.
The only way to prevent the monetary system’s inevitable crash from
causing a major economic crisis is the restoration of a free-market monetary
policy.
One positive step Congress may take this year is passing the “Audit the
Fed” bill. Fortunately, Senator Rand Paul is using Senate rules to force the
Senate to hold a roll-call vote on Audit the Fed. The vote is expected to take
place in the next two to three weeks.
If Audit the Fed passes, the American people can finally learn the full
truth about the Fed’s operations. If it fails, the American people will at
least know which senators side with them and which ones side with the Federal
Reserve.
Allowing a secretive central bank to control monetary policy has
resulted in an ever-expanding government, growing income inequality, a series
of ever-worsening economic crises, and a steady erosion of the dollar’s
purchasing power.
Unless this system is changed, America, and the world, will soon
experience a major economic crisis. It’s time to audit, then end, the Fed.
Brookings
Institution, January 11, 2016
“Audit the FED” is
not about auditing the FED
Ben Bernanke
On Tuesday
the Senate will vote on whether to invoke cloture (that is, allow to proceed to
the floor) on S. 2232, the “Federal Reserve Transparency Act of 2015,” otherwise known as “Audit the Fed.” Unfortunately,
this approach raises serious concerns about Fed independence and the integrity
of the process for making monetary policy.
You might
think that legislation widely known as “Audit the Fed” would have something to
do with auditing the Fed, in the conventional sense of reviewing the
institution’s financial assets and liabilities, records, and operations.
You’d be wrong. The Fed is already thoroughly audited in the usual sense,
by an independent inspector general and by an outside accounting firm
(currently, Deloitte and Touche), and the resulting financial reports are made public online. Every security owned by the
Fed, up to the detail of the identifying CUSIP number, is also available online. Moreover, the Government Accountability
Office (GAO), which does in-depth reviews and analyses (“audits” of a different
type) of government activities at the request of Congress, has wide latitude to
review Fed operations, including supervision and regulation as well as other
functions. For example, as required by the Dodd-Frank Act of 2010, the
GAO conducted reviews of the Fed’s emergency lending programs during the crisis
and of the Fed’s governance structure. Since the financial crisis, the
GAO has done some 70 reviews of aspects of Fed operations.
So what
does Audit the Fed actually do? The principal effect of the bill would be
to make meeting-by-meeting monetary policy decisions subject to Congressional
review and, potentially, Congressional pressure. The bill would do this
by repealing existing restrictions, imposed by Congress nearly forty years ago,
on what the GAO can examine when reviewing the Fed. The most important such
restriction blocks the GAO from reviewing “deliberations, decisions, or actions
on monetary policy matters,” as well as “discussion or communication among or
between members of the Board and officers and employees” related to such
deliberations. The repeal of the existing restrictions would accordingly
allow the GAO to view all materials and transcripts related to a meeting of the
Fed’s Federal Open Market Committee (FOMC) at essentially any time and require
the GAO, at Congressional request, to provide recommendations on monetary
policy, including potentially on individual FOMC interest-rate decisions.
Effective
Congressional oversight of the Fed is essential, of course, but it involves
some complex tradeoffs. On the one hand, Congress has the ultimate
responsibility of assuring itself and the public that monetary policy is being
conducted reasonably and in the national interest. On the other hand,
institutionally, Congress is not well-suited to make monetary policy decisions
itself, because of the technical and time-sensitive nature of those
decisions. Moreover, both historical experience and formal studies (for
example, here, here, and here) have
shown that monetary policy achieves better results when central bankers are
allowed to focus on the longer-term interests of the economy, free of
short-term political considerations.
Following
international best practice, Congress has for many years effectively managed
these tradeoffs by setting goals for monetary policy—specifically, that policy
be set to foster “maximum employment” and “stable prices”—and holding the Fed
accountable for reaching them. Consistent with the principle of
accountability, the Fed is allowed to determine the settings of policy without
political interference (this is what is meant by “central bank
independence”). In turn, the Fed must regularly report and explain its
decisions to Congress and the public, and in particular it must demonstrate
that it is meeting its Congressional mandate. In practice, the Fed’s
public communications about policy take many forms. For example, in
speeches and other public appearances, Fed policymakers lay out in detail the
considerations affecting current and future policy moves, including arguments
on both sides of the issue. The Fed chair faces reporters in four press
conferences each year and testifies before a variety of Congressional
committees, including two rounds explicitly focused on monetary policy.
Public Congressional testimonies are supplemented by dozens of meetings and
calls each year between the chair and members of Congress, as well as frequent
contacts between Fed and Congressional staff members. Detailed minutes of
each FOMC meeting are released three weeks after the meeting is held, and
verbatim transcripts after five years. (See here for the minutes from the December, 2015 meeting and here for the most recent released transcripts.) Fed
policymakers also release each quarter their individual economic forecasts, including their forecasts of the future interest
rate path needed to meet legislated objectives.
The Fed
should continue to strive to improve its transparency and accountability, and
in particular to ensure that Congress has all the information it needs to
fulfill its oversight responsibilities. However, this goal is not best
achieved by overturning longstanding practice and effectively inserting
Congress and the GAO into monetary policy decisions, calling into question the
Fed’s independence. The risk is that GAO reviews and recommendations
concerning individual monetary policy decisions would provide a vehicle for
members of Congress to apply political pressure on the Fed. There are
certainly precedents for such pressure: The classic example occurred in
the early 1980s, when then-Fed chair Paul Volcker’s ultimately successful
efforts to conquer inflation faced Congressional uproar. An additional
potential cost is that the candor of FOMC discussions and of the supporting
materials prepared by the staff could be compromised, given that even
short-term confidentiality could never be assured.
Of course,
the Fed makes mistakes, sometimes big ones, as I am sure commenters will point
out. Monetary policy is complex and must be conducted under tremendous
uncertainty about both the economic outlook and how the economy works.
Nevertheless, I know from first-hand experience that the FOMC sets monetary
policy with the best technical information available and without any
consideration of politics or partisanship. I am also confident that
political interventions in monetary policy decisions would not lead to better
results. But increasing the likelihood of such interventions is precisely
the risk presented by “Audit the Fed.”
The Hill, january 12, 2016
The Senate on Tuesday rejected Sen. Rand Paul’s (R-Ky.) controversial proposal to audit the Federal
Reserve, turning aside a bill that has drawn the ire of the business community
and the White House.
The Senate voted 53-44 on taking up the presidential
hopeful’s measure. Sixty votes were needed to move forward.
Paul won some bipartisan
support for the legislation, with Sen. Bernie Sanders (I-Vt.), another presidential candidate, voting in
favor.
Sen. Marco Rubio (R-Fla.), who is also running for president, supported
moving forward with Paul’s legislation, while White House rival Sen. Ted Cruz (R-Texas) missed the vote.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
El Comercio
A
pesar de ser dos casos totalmente distintos, los caminos procesales que deben
afrontar en los próximos días Todos por el Perú (TPP) y Alianza para el
Progreso (APP) son similares. Ambos partidos presentarán hoy sus apelaciones
ante la justicia electoral.
Estos
recursos deben remitirse al Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, que en el
más breve plazo debe derivarlos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para
que, en segunda instancia, finalmente se pronuncie sobre si proceden las
candidaturas de Julio Guzmán y César Acuña.
De
acuerdo a la normativa electoral, el JNE debe convocar a una audiencia pública
para que los partidos afectados expongan sus alegatos. Concluida esta, el pleno
del JNE dejará al voto la decisión y emitirá una resolución.
En
caso de que los partidos de Julio
Guzmán y de César Acuña consideren que
la justicia electoral ha vulnerado su derecho al debido proceso, pueden
interponer un recurso extraordinario de revisión ante el propio pleno del JNE
dentro de los tres días de notificada la resolución del ente electoral.
Según
Roque Bravo, ex secretario general del JNE, la entidad electoral podría
resolver las apelaciones esta misma semana. “Si el mismo lunes se presenta la
apelación, este organismo podría convocar a la audiencia en pocas horas y
resolver antes del fin de semana”, argumentó. Dijo que ha habido casos en que
se presentó una apelación en la mañana y se resolvió al día siguiente.
No
obstante, si el JNE utiliza los plazos máximos para emitir su decisión final,
la espera podría prolongarse hasta el próximo lunes.
Además,
si alguno de los grupos presenta el recurso extraordinario antes mencionado, el
proceso tomaría una semana adicional. La fecha exacta en la que se conocerá,
finalmente, quiénes son los candidatos aún es incierta.
El Comercio
El
vocero legal del partido Todos Por el Perú, Rodolfo Pérez, presentó hoy la
apelación al fallo del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 que
declaró improcedente la candidatura de la plancha encabezada por Julio Guzmán.
En
declaraciones a la prensa, Pérez señaló que hoy también se apeló otro
fallo del JEE Lima Centro 1, el que declaró improcedente la lista de candidatos
al Congreso de Todos Por el Perú por Lima Metropolitana.
Señaló
que, como argumento de su apelación, Todos Por el Perú insistirá en que no
se vulneró la democracia interna en la elección de Julio
Guzmán como
candidato presidencial.
De
acuerdo a la normativa
electoral, el JNE debe convocar a una audiencia pública para que
el partido afectado exponga sus alegatos. Concluida esta, el pleno
del JNE dejará al voto la decisión y emitirá una resolución. En caso de
que el partido de Julio
Guzmán lo considere pertinente, podrá interponer un
recurso extraordinario de revisión ante el propio pleno del JNE dentro de los
tres días de notificada la resolución.
El Comercio
El
personero de Alianza Para el Progreso, Juan Carlos Gonzales, presentó
hoy la apelación contra el fallo del Jurado Electoral Especial (JEE)
Lima Centro 1 que excluyó a César Acuña del
proceso electoral. Según declaró Gonzales a
los medios, "la norma que se pretende aplicar no se encontraba dentro del
marco normativo al inicio de las elecciones" y que "aún en el
hipotético caso de que esta norma se pretenda aplicar como tal, se estaría
juzgando dos veces a una misma persona en dos estamentos que pertenecen al
mismo sistema".
La República
Una
vez más, la encuesta de GfK trae novedades en la intención de voto a 34 días de
los comicios generales. Si bien la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se
ubica en el primer puesto con 34.6%, Julio Guzmán, de Todos por el Perú,
aumentó considerablemente y se aleja de PPK y otros candidatos con los que en
enero estaba en un triple empate técnico.
En
esta nueva encuesta GfK, Guzmán se consolida en el segundo
lugar con 16.6 %, un incremento significativo de 6.2 puntos porcentuales,
respecto a la encuesta publicada en enero. El logro es aún mayor teniendo en
cuenta la cifra de diciembre 2015, en donde solo tenía 1.9 %.
Después
de Guzmán, quien más ha subido respecto a la encuesta anterior de GfK es Alfredo Barnechea. El candidato de Acción
Popular pasó de tener 0.5 % a 5.1 %, un importante incremento de 4.6 puntos
porcentuales que lo ubica en el cuarto lugar, a menos de dos puntos del
tercero, PPK, quien sigue con tendencia a la baja. En la
encuesta publicada el 31 de enero, Kuczynski tenía 9.5 % y ahora solo tiene 6.9
%, lo que significa un descenso de 2.6 puntos porcentuales.
Sin
embargo, el candidato que más ha bajado en solo un mes es César Acuña. El líder
de Alianza para el Progreso pasó de tener 10 %, en un triple empate técnico en
el segundo lugar, al sétimo lugar con solo 3.6 %, una disminución importante de
6.4 puntos porcentuales.
Otro
candidato que ha bajado, aunque no en la misma proporción que Acuña, es Alan García, de Alianza Popular. El
exmandatario tenía en enero 6.5 % y ha bajado a 4.3 %, ubicándose ahora en el
quinto lugar, detrás de Barnechea.
La
situación es peor para el candidato Alejandro Toledo. En enero tenía 2.7 % y ha
bajado en esta nueva encuesta a 1.6 %, en la octava posición.
Quien
sí ha subido es Verónika Mendoza, aunque en menos de dos puntos porcentuales.
La candidata del Frente Amplio tiene ahora 3.7 %, superando el 1.9 % de enero
pasado y alcanzando la sexta casilla.
¿Quiénes
se beneficiarían más sin Guzmán ni Acuña? El último sondeo de GfK construye el escenario en el
que toma en cuenta una segunda opción de aquellos electores que votarían por
alguno de los dos candidatos.
La
repartición de votos sería la siguiente: la primera beneficiada sería Keiko
Fujimori, quien recibiría 3,1 % adicional a su intención de voto, obteniendo un
total de 37,7%.
En
segundo lugar estaría Pedro Pablo Kuczynski, quien recibiría 3,2% más,
obteniendo el segundo lugar con 10,1 %.
Alfredo
Barnechea recibiría 1,6% adicional y tendría un 6,7 % ubicándose en el tercer
lugar.
Verónika
Mendoza recibiría 1,9 % alcanzando un 5,6 % en la intención de voto. Alan
García, Alejandro Toledo y Gregorio Santos recibirían muy poco porcentaje de
votos de Guzmán y Acuña.
El
voto blanco o viciado llegaría al 13,1 % mientras el "no sabe/no
opina" estaría en un 17,2% de darse este escenario. En el caso del
voto blanco, éste se incrementaría en el Sur.
Ficha técnica
Encuestadora:
GfK Conecta S.A.C.
Persona jurídica que contrató la encuesta: Latina Televisión y Diario La
República.
Ámbito urbano y rural, de acuerdo con el Padrón Electoral de las Elecciones
Regionales y Municipales del 2014.
Tamaño de la muestra: 1552.
Margen de error de muestreo: Los resultados tienen un error marginal de +- 2.5
%.
Nivel de confianza de la muestra: 95 %.
Fecha del trabajo de campo: Del 27 de febrero al 01 de marzo del 2016.
El Comercio
La
última encuesta de GFK reveló que la lista al Congreso de
Fuerza Popular encabeza las preferencias al contar con un valor de 22,7%
en la intención de voto.
Después,
la que amasa mayor preferencia es la de Todos por el Perú, agrupación que
postula a la presidencia a Julio Guzmán, con 6,3%.
En
tercer lugar se encuentra la lista de Peruanos por el Kambio, partido liderado
por Pedro Pablo Kuczynsky, con 5,5%.
La
lista congresal de Alan García, candidato de Alianza Popular, se
halla en la cuarta ubicación con 5,0%.
La
lista al Parlamento de Alianza para el Progreso logra un 4,6%, ubicándose en el
quinto lugar, mientras la de Acción Popular alcanza sexto puesto con 3,6%.
En
séptimo lugar se encuentra la lista parlamentaria del Frente Amplio con 2,2%,
mientras que la lista al Congreso de Perú Posible se ubica en el octavo lugar
con 1,6%.
La República
Vista gorda
Mirko Lauer
A estas alturas está claro que buena
parte del nuevo conjunto de exigencias a los partidos y candidatos se basa en
una ley fallida. Los abogados críticos de las últimas decisiones de los jurados
están despedazando ese ordenamiento. Con lo cual el argumento de que la ley es
la ley está perdiendo peso.
Pero no solo es la nueva ley. Ya la
anterior estaba llena de exigencias que obligaban a hacer la vista gorda para
que pudiera avanzar la vida electoral. Cosas como número de verdaderos locales,
vida institucional, trayectoria de los dirigentes o veracidad de las hojas de
vida rara vez hubieran resistido una auditoría en serio.
La idea, nunca expresada, era que la
democracia necesita partidos y participantes, por lo cual la exigencia rigurosa
podía terminar siendo contraproducente. Mejor era concentrarse en cuidar la
pureza de la jornada electoral misma y en el conteo de los votos. De allí salió
la cultura de las iniciativas electorales laxas que hoy están en problemas.
Así las autoridades electorales no solo
entraron al 2016 con una nueva ley electoral, sino también con un nuevo tipo de
severidad que nadie se esperaba. Pero ellas mismas no parecen en condiciones de
aplicarla a todo el proceso, ni de actuar de la misma manera, es decir con
equidad, en todos los casos que detecta o que le llegan.
En el caso del dinero que fluye hacia las
campañas, la fiscalización que se percibe es una mala broma, las incongruencias
detectadas no tienen mayores consecuencias, las sumas y restas de los partidos
no parecen coincidir con la realidad. Pareciera haber en todo este aspecto una
suerte de candorosa apelación a la buena voluntad.
Estamos hablando de las campañas
presidenciales, es decir nacionales, y quizás de las parlamentarias de Lima. En
las regiones menos institucionalizadas y más remotas de la capital la cosa del
control del dinero casi seguramente es desmesurada, como que nadie habla de
ella. Por eso los JEE han privilegiado unos tipos de infracción e ignorado
olímpicamente otras.
La misma gente que defiende a los jurados
sosteniendo que la ley es la ley sostiene también que los partidos afectados
debieron ser más cuidadosos con las reglas. Seguramente sí. Pero si ellas son
aplicadas a pie juntillas, serán pocos lo que se salven de algún tipo de
sanción, desde la venial hasta la draconiana. Esa revisión ya podría comenzar.
Los jurados son responsables de todo
aquello que no pudieron, supieron o quisieron sancionar. Pero a la vez las
faltas probablemente son demasiadas para los recursos de estas autoridades
electorales, en el fondo colocadas entre la vista gorda para todos o la vista
gorda para nadie. En cualquiera de los dos casos, un nuevo tipo de
investigación (jurídica, académica, política) ha comenzado.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
Expreso
Entrevista
a Omar Chehade
–¿Es cierto que el presidente Ollanta Humala se
preocupó cuando capturaron a Marcelo Odebrecht?
El 19
de junio de 2015, el presidente (Humala) me llamó. Caminamos por Palacio de
Gobierno, porque él no confía en algunos salones pues piensa que pueden estar
chuponeados y no le gusta sentarse cuando conversa sobre temas importantes por
la misma razón. Entonces, caminamos y cuando estaba por despedirme, con un
rictus de preocupación me preguntó: “¿Has escuchado las noticias de hoy? Han
detenido a Marcelo Odebrecht en Brasil”, y yo le pregunté cuál era el problema,
y me sorprendió porque él no comenta temas internacionales, entonces él se
molestó y me dijo: “No entiendes, han detenido a la cabeza de Odebrecht por el
tema de los sobornos”, y le contesté que no entendía su preocupación. Se
sonrió, me dio la mano y me fui.
–¿Cuál es su evaluación respecto a la actitud del
jefe de Estado y todo el tema?
En las
agendas de Nadine Heredia figura una anotación de puño y letra de ella en la
que pone “OHT”, que es Ollanta Humala Tasso, y al costado “US$ 3´000,000” y
“barbudos”, que sería la gente de Odebrecht. No creo que el Presidente sea un
coimero, no puedo decir lo mismo de su esposa, a ella le gustan los temas
económicos, Nadine es sinónimo de frivolidad.
–¿Por qué dice eso?
Ella
es muy desconfiada y maneja la parte económica, y lo ha hecho desde antes de la
campaña con su hermano Ilan, con Rocío Calderón que sería la testaferro de
Heredia, a quien le gusta hacer gastos suntuosos de cuadros costosísimos,
impagables para ella que no tendría ni oficio ni beneficio. Ha gastado a través
de tarjetas de crédito grandes cantidades de dinero en cosas nimias como
encajes venecianos, ropa suntuosa, cuando lo que pretende es demostrar lo
contrario.
–Se habla de una red de testaferraje en el caso de
las agendas…
Rocío
Calderón no ha demostrado cómo ha comprado una casa en La Molina que costó US$
800 mil y que habría sido cancelada en efectivo, lo que nos llevaría a la
conclusión de que esto fue un enjuague de dinero producto de dinero mal habido
en la red en la que estaría Nadine Heredia, su hermano Ilan, Rocío Calderón y
una serie de personajes alrededor de la primera dama. No se movía un lapicero
sin la anuencia de ella en los temas económicos. Cuando tú le preguntabas a
Ollanta Humala si se podía regalar una pelota o un polo para la campaña, te
decía que todo se lo hagas saber a Nadine, porque ella era la encargada de los
temas financieros del partido y seguramente de él.
–¿Cree que las amigas de la primera dama son piezas
clave en las investigaciones?
A
Calderón la colocó en la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado). Habría que investigar si existieron licitaciones ganadas y que han
sido del interés de Heredia, habría que investigar si los directivos de la OSCE
desfilaban por Palacio siendo la parte interesada, esto es gravísimo. Pero
también es cierto que los correos electrónicos de Francia fueron direccionados
a cifras económicas con Ivoska Humala y también está metida Cristina Velita.
Hay una triangulación entre Suiza y Francia, entonces hay indicios razonables
como para sospechar de que no solo a Heredia le gusta la plata como caramelo,
sino que hay operaciones delictivas y una red que ella habría liderado.
–La Fiscalía estaría terminando la investigación en
seis meses y existe posible peligro de fuga…
El
tema de la posible fuga de Heredia se puede resolver con el pedido que tome un
juez o un fiscal que ordene una medida cautelar de impedimento de salida del
país para ella; no se pide detención domiciliaria, pero sí una medida de
arraigo para que no se fugue porque se puede ir a cualquier sitio del mundo,
recursos económicos le sobran, contactos dentro y fuera del país también.
–A cualquier ciudadano se le habría impuesto una
prisión preventiva en este caso, ¿por qué a ella no?
Le
corresponde entre una prisión domiciliaria o el impedimento de salida del país,
porque ella no tiene corona. Todavía considero como un amigo a Ollanta Humala,
pero Nadine Heredia utilizó la política como negocio, a ella no le interesa el
país, es el típico aprovechamiento para hacer negocio y enriquecerse.
–Es difícil pensar que el Presidente no conozca esa
situación.
No
creo que el presidente (Humala) sea un delincuente; sin embargo, la esposa
(Heredia) tiene un afán desmedido de poder y de lucro y ambición. El Presidente
tiene una responsabilidad política muy grave por dejar que su esposa usurpe
funciones y el poder, y haga cosas ilícitas. Además, me dicen, pero hay que
averiguar, que sus bienes muebles e inmuebles estarían a nombre de Nadine
Heredia, y de repente el Presidente está asustado de quedarse en la calle si se
separa de ella.
–¿Por qué presentó un proyecto de ley para
establecer el juicio de residencia?
Lo
único que estoy haciendo es cumplir con una de las principales promesas de
campaña hechas por el Presidente, con quien incluso conversamos pero nunca
presentó un proyecto de ley, entonces me parece una falta de respeto que no
cumpla. Espero que Freddy Otárola, más allá de la exagerada incondicionalidad
que tiene con Nadine Heredia, seguramente por haber sido su ministro en varias
carteras, esté consciente que su obligación es con el país y espero que lo
ponga en agenda.
–¿Dice usted que Nadine Heredia coloca ministros?
Nadine
Heredia coloca y saca ministros, embajadores, es la que maneja la economía del
país con sus técnicos del MEF, designa a una serie de funcionarios públicos
incluso de menor jerarquía, maneja la Cancillería, es por eso que colocó a su
amiga Ana María Sánchez. Me consta que ella es la que se encarga de elaborar
los cuadros de comisiones de la bancada y es la que pone y saca a sus
presidentes. Ella es la presidenta de facto del país, utiliza al Presidente
como interpósita persona para ella gobernar porque no puede firmar documentos
ni leyes.
–¿Qué opinión tiene sobre el Partido Nacionalista,
que hoy preside Nadine Heredia?
El
partido está destinado a desaparecer o a perder su inscripción, Heredia ha
destruido el partido, el proyecto era conyugal no institucional, y después se
volvió personal de Nadine. Se ha burlado de las bases y de los dirigentes que
llevaron al presidente Ollanta Humala a gobernar.
