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MEDIA COLUMNA
Cancha nivelada
Jorge Morelli
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El presidente Donald Trump anuncia la salida de EEUU del Acuerdo de París. Esto parecerá un desastre a muchos. No lo es.
Permitirá reducir drásticamente los costos de la energía y de la explotación de los recursos naturales.
Por lo tanto, permitirá a EEUU reducir los costos de producción de su economía. El dolar entonces podrá bajar en el mercado global. Y EEUU podrá reducir sus importaciones y aumentar sus exportaciones.
Con costos de producción menores, la FED no necesitará tasas de interés más altas para controlar la inflación. Las tasas de interés podrán, entonces, no subir. Los menores costos de producción permitirán por sí mismos controlar todo peligro inflacionario sin tener que encarecer el dinero ni frenar el crecimiento.
Trump anuncia, en la otra mano, que está dispuesto a negociar un nuevo “deal” que proteja el medio ambiente global ya sea negociando un regreso al Acuerdo de París bajo otras condiciones o alcanzando un nuevo y mejor acuerdo también para el medio ambiente.
El cambio climático no está en discusión como objetivo global común.
Si la decisión de Trump sacrifica el futuro en nombre del presente, como creen muchos, la responsabilidad de negociar un nuevo acuerdo está ahora del lado de China y de la Unión Europea, que ya anuncian la decisión de llevar adelante el Acuerdo de París por su cuenta.
Si la decisión de Trump sacrifica el futuro en nombre del presente, como creen muchos, la responsabilidad de negociar un nuevo acuerdo está ahora del lado de China y de la Unión Europea, que ya anuncian la decisión de llevar adelante el Acuerdo de París por su cuenta.
Porque no se puede decir que la decisión de Trump sea inequitativa si lo que reclama es una cancha nivelada para la libre competencia en la economía global.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Los seis meses de plazo de reserva han concluido y desde hoy las autoridades brasileñas compartirán las confesiones de los ex ejecutivos de Odebrecht con los países que investigan el caso, entre ellos el Perú.
La fiscalía recibió ayer un oficio del procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, en el que explica las fórmulas y procedimientos para la entrega de las delaciones.
El Ministerio Público informó anoche que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, deberá nombrar a un representante para las coordinaciones con Janot.
Fuentes de este Diario indicaron que la entrega de información será paulatina y según el grado de prelación. Es decir, serán enviadas de acuerdo a cómo los fiscales la han pedido.
La información está en poder del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil. Janot deberá solicitar a esa corte la documentación que interesa a los países que investigan el caso.
El procurador brasileño ha confirmado que entregará delaciones, previa solicitud tramitada a través de la cooperación internacional.
Las delaciones no serán públicas. A pedido de Janot al TSF, continuarán en reserva para no perjudicar las investigaciones.
El Comercio
La Procuraduría General de Brasil ha exhortado al Ministerio Público del Perú y a otras autoridades judiciales de países que investigan la corrupción de la empresa Odebrecht a mantener en reserva la información que se les vaya enviando.
Según el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial y de Extradiciones, el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, con las filtraciones “se darían perjuicios en la investigación”.
Según el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial y de Extradiciones, el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, con las filtraciones “se darían perjuicios en la investigación”.
Indicó que el documento recibido de Brasil exhorta a no hacer de conocimiento público las informaciones. Insistió en que la información no sea de conocimiento público.
En esa línea, sostuvo: “No es que a partir de hoy 1 de junio del 2017 nos va a llegar en bloque toda la información que se solicitó, sino que la Procuraduría General Brasileña ha señalado lo siguiente: que quien van a realizar estos procedimientos es la Secretaría de Cooperación Técnica Internacional (de la procuraduría brasileña), que se encuentra dirigida por el procurador Vladimir Aras”. Las coordinaciones incluirán además reuniones en Brasilia con José Bonifácio Borges de Andrada, subprocurador general brasileño.
En esa línea, sostuvo: “No es que a partir de hoy 1 de junio del 2017 nos va a llegar en bloque toda la información que se solicitó, sino que la Procuraduría General Brasileña ha señalado lo siguiente: que quien van a realizar estos procedimientos es la Secretaría de Cooperación Técnica Internacional (de la procuraduría brasileña), que se encuentra dirigida por el procurador Vladimir Aras”. Las coordinaciones incluirán además reuniones en Brasilia con José Bonifácio Borges de Andrada, subprocurador general brasileño.
La República
Susana Castañeda, coordinadora del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Poder Judicial, explicó que las delaciones premiadas de Marcelo Odebrecht se mantendrán en reserva en tanto los países no garanticen no procesar a los delatores.
A su regreso de Curitiba, Brasil, donde se reunió con los jueces a cargo del caso, dijo que “las comunicaciones daban cuenta que hoy, 1 de junio, se conocería el tema de las delaciones premiadas vinculadas a la empresa Odebrecht”.
No obstante, el Procurador General de la República (Fiscal de la Nación de Brasil), Rodrigo Janot, solicitó que las delaciones se mantengan en reserva hasta que los países vinculados se comprometan a garantizar que sus delatores no sean procesados, manifestó.
La República
El exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y otros cuatro ejecutivos de la empresa se han acogido a la colaboración eficaz en nuestro país ante el fiscal supraprovincial Hamilton Castro Eso ha permitido iniciar al menos unas 10 investigaciones y varios exfuncionarios públicos están detenidos. En los próximos días se esperan nuevos operativos.
La mayoría de estas investigaciones ya se han hecho públicas, pero habría al menos cuatro casos que permanecen bajo reserva, pues la información está en etapa de verificación.
Así, en su colaboración eficaz, los ejecutivos han incluido a la constructora peruana Graña y Montero, otras empresas consorciadas, y la entrega de fondos en la campaña municipal de Lima del 2014.
Quedará en manos de los fiscales de cada país decidir en qué momento, de acuerdo con la estrategia de investigación, hacen pública la información que proporcione Brasil, a partir de hoy.
En medio de esta expectativa, la sede central de Odebrecht en Brasil informó que uno de sus servidores fue atacado por hackers el fin de semana y que accedieron a emails, señas y datos bancarios de la empresa. Es posible que por allí llegue la información.
Peru21
Según una fuente de Perú21 en la Fiscalía, algunos de los 78 delatores brasileños que tengan información sobre Perú podrían convertirse en colaboradores eficaces para las investigaciones sobre sobornos a funcionarios peruanos de parte de Odebrecht.
Explicó que la Fiscalía de ese país evaluará qué testigos claves podrían ser delatores formales para las investigaciones del Perú. Indicó que el grupo fiscal del caso Lava Jato conoce qué tipo de información maneja la mayoría de colaboradores eficaces de Brasil. Añadió que a dichos empresarios se les tiene identificados solo por códigos.
ESTA NOCHE (tomado de Peru21)
A Alejandro Toledo, la Fiscalía lo acusa de recibir US$20 millones de Odebrecht a cambio de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica. Es investigado por los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión. Tiene dos órdenes de captura a nivel internacional, una por el caso Odebrecht y la otra por el caso Ecoteva.
Ollanta Humala es indagado por el delito de lavado de activos por los presuntos aportes irregulares para las campañas electorales de 2006 y 2011.
Desde marzo pasado, al ex presidente Alan García se le investiga por los delitos contra la administración pública. Para la Fiscalía, la constructora Odebrecht habría desembolsado más de US$8 millones para ganar la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, en 2009.
El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para el ex gobernador regional del Cusco Jorge Acurio, acusado de haber recibido más de US$1 millón de soborno de Odebrecht, a cambio de la Vía de Evitamiento de Cusco.
El 8 de abril, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión para Félix Moreno, ex gobernador regional del Callao, por ofrecer a Odebrecht la buena pro de la Costa Verde, tramo Callao, a cambio de US$4 millones.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION
Expreso
La oposición no descarta efectuar otra interpelación, esta vez al nuevo ministro de Transportes, Bruno Giuffra, para que explique la razón por la cual el Ejecutivo no quiere anular el contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco (AICC), suspendiendo en cambio por tres meses la ejecución de la adenda de dicho contrato, pese a que el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, anunció su resolución el domingo 21 de mayo último.
Luego de que el Ejecutivo decidiera ampliar por tres meses la suspensión de la adenda al contrato de concesión para la construcción del aeropuerto de Chinchero, el congresista Héctor Becerril consideró que “esto rebasa todos los límites” y que Martín Vizcarra en funciones como ministro de Transportes dijo: ‘tenemos que tomar una decisión y ya lo hemos hecho. Dejar sin efecto el contrato’.
“Si un ministro en funciones de este Gobierno dice que están dejando sin efecto el contrato y luego viene otro ministro que lo reemplaza y sostiene que no es tal sino que simplemente se ha dado un plazo de tres meses o que se ha suspendido, entonces el Gobierno está en gravísimos problemas”, insistió.
Becerril, de Fuerza Popular, explicó que quien tendría que responder por esta situación es el premier Fernando Zavala. “Él representa al Gobierno como jefe de todos los ministros”, dijo.
“¿No sirvió de nada la palabra de Vizcarra? ¿Acaso Vizcarra es un pelele y su palabra no vale? Es el vicepresidente de la República. ¿Su voz no es escuchada? Este Gobierno se pone la soga al cuello”, agregó.
El Comercio
Poco antes de presentar su carta de renuncia como ministro de Transportes, Martín Vizcarra anunció que dejaría sin efecto el contrato y la adenda 1 para la construcción del aeropuerto de Chinchero, firmados en el gobierno anterior y en su gestión, respectivamente.
Días después el primer ministro Fernando Zavala indicó que había tres posibles desenlaces para el contrato: que el Estado lo resuelva unilateralmente, que lo mismo ocurra por mutuo acuerdo o que se renegocie.
Días después el primer ministro Fernando Zavala indicó que había tres posibles desenlaces para el contrato: que el Estado lo resuelva unilateralmente, que lo mismo ocurra por mutuo acuerdo o que se renegocie.
Anteayer, el sucesor de Vizcarra en el MTC, Bruno Giuffra, dijo que se acordó con el concesionario Kuntur Wasi ampliar por tres meses el plazo de suspensión de la adenda.
De haber una resolución unilateral, la indemnización que tendría que pagarse, sugieren los expertos, sería mayor a los US$40,6 millones de supuesto perjuicio económico que, según el informe de la contraloría, asumiría el Estado si se ejecuta la adenda.
Pero además, si Kuntur Wasi decidiese cuestionar esa decisión y acudir a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), “[el caso] lo tendríamos 100% perdido”, asegura el especialista en arbitraje Raúl Barrios, socio de Barrios & Fuentes Abogados. “El Estado tendría que indemnizar el daño emergente [los costos en los que el concesionario ya ha incurrido] y también el lucro cesante [la expectativa de ganancia que tenía el concesionario]”, explica el abogado.
De haber una resolución unilateral, la indemnización que tendría que pagarse, sugieren los expertos, sería mayor a los US$40,6 millones de supuesto perjuicio económico que, según el informe de la contraloría, asumiría el Estado si se ejecuta la adenda.
Pero además, si Kuntur Wasi decidiese cuestionar esa decisión y acudir a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), “[el caso] lo tendríamos 100% perdido”, asegura el especialista en arbitraje Raúl Barrios, socio de Barrios & Fuentes Abogados. “El Estado tendría que indemnizar el daño emergente [los costos en los que el concesionario ya ha incurrido] y también el lucro cesante [la expectativa de ganancia que tenía el concesionario]”, explica el abogado.
“Por lo que se sabe, no hay hasta ahora una sola referencia a un supuesto incumplimiento de Kuntur Wasi que justificara [la resolución del contrato]”, comenta Fernando Cantuarias, especialista en arbitraje y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. “De ser así, quien patea el tablero tiene que indemnizar”, agrega.
Según información de “Semana Económica”, hasta hace unos meses la inversión que Kuntur Wasi ya hizo en el proyecto supera los US$32 millones. El monto de la indemnización por el daño emergente, por ende, sería superior a esa cantidad. Solo dicha cifra, sumada a los US$8,6 millones de la garantía de fiel cumplimiento, alcanzaría un monto cercano a los US$40,6 millones. La segunda parte de la indemnización, el lucro cesante, sería más compleja de determinar. Durante su interpelación en el Congreso, Vizcarra dijo que el monto del lucro cesante podría ser similar al costo del proyecto (US$264,8 millones, según el contrato). Sin embargo, Kuntur Wasi podría reclamar una cifra mayor, y el monto final de la indemnización tendría que determinarse en el arbitraje.
Según información de “Semana Económica”, hasta hace unos meses la inversión que Kuntur Wasi ya hizo en el proyecto supera los US$32 millones. El monto de la indemnización por el daño emergente, por ende, sería superior a esa cantidad. Solo dicha cifra, sumada a los US$8,6 millones de la garantía de fiel cumplimiento, alcanzaría un monto cercano a los US$40,6 millones. La segunda parte de la indemnización, el lucro cesante, sería más compleja de determinar. Durante su interpelación en el Congreso, Vizcarra dijo que el monto del lucro cesante podría ser similar al costo del proyecto (US$264,8 millones, según el contrato). Sin embargo, Kuntur Wasi podría reclamar una cifra mayor, y el monto final de la indemnización tendría que determinarse en el arbitraje.
La República
El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres Morales, se mostró optimista con respecto a modificar el Decreto de Urgencia 003-2017, que garantiza el pago de las reparaciones civiles de las empresas que han reconocido estar inmersas en actos de corrupción, como Odebrecht.
En sesión de trabajo, en la que se evaluó el proyecto de ley de su colega de bancada Karina Beteta, el titular de Constitución elogió esta iniciativa que propone ampliar las restricciones de la norma a fin de que alcancen a los socios de las empresas procesadas.
Uno de los cambios que plantea Beteta es la retención de las utilidades de las firmas socias que sería direccionado al pago de reparación civil.
Además de la retención de utilidad, el congresista de Fuerza Popular sostuvo que se incluirá la nulidad de transferencia de activos de la empresa cuestionada. Rechazó que la iniciativa perjudique a los trabajadores.
Los gremios empresariales se han mostrado en contra de esta iniciativa porque señalan que infringe la presunción de inocencia de las empresas.
Peru21
Odebrecht a habría vendido maquinaria y equipos por US$1.5 millones a la empresa Trans Pacífico SAC como un medio de pago por el transporte fluvial de ductos para el Gasoducto del Sur, sin pedir permiso o informar al Ministerio de Justicia (Minjus) como indica el Decreto Supremo 003-2017.
El premier Fernando Zavala anunció que el Ejecutivo investigará este caso. “Eso está prohibido. Hemos pedido al Minjus que hagas las investigaciones correspondientes”, manifestó Zavala en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.
Como se sabe, el gobierno emitió el referido decreto para impedir que empresas condenadas o que confesaron corrupción puedan vender sus activos de manera autónoma con el fin de asegurar el monto de la reparación civil.
La República
No demoler la construcción
Mirko Lauer
La mayoría opositora del Congreso y el gobierno van camino de una coincidencia lamentable. El objetivo es atarles las manos a empresas de la construcción investigadas que no han sido condenadas. Tan anticonstitucional norma está a una votación de distancia, y sería una clara injerencia del poder político contra la libertad de empresa y los derechos de los trabajadores.
Sorprende que coincidan en promover la norma dos agrupaciones tan pro-empresa como un Ejecutivo con fama de tecnócrata y un fujimorismo tradicionalmente inclinado a favorecer los negocios. Lo que ha sacado a ambos de su curso es una percepción excedida de los fueros de la moralización, ahora utilizada sin mayores pruebas como arma arrojadiza de una política que oscila al filo del populismo.
La cosa hoy consiste, sobre todo en Fuerza Popular, en arrojar permanentemente la sombra de la sospecha sobre todo aquello que suene a creación de riqueza, a libre empresa o a economía liberal, trasladando a los ciudadanos el argumento falaz de que acabar con la corrupción exige paralizar algo más la economía del país. Actitud que se mueve con arbitrarias excepciones.
La extraña idea es que la forma más eficaz y práctica de luchar contra la corrupción es acabar con las empresas. Por eso, de salir adelante la controvertida Ley 1410/2016, a la mayor parte de las empresas del sector de la construcción se les prohibirá que contraten con el Estado, sin tener en cuenta derechos indispensables como la presunción de inocencia o el debido proceso.
Por esa vía se puede ir destruyendo un sector que representa más de un 6% de la economía. Cifra que crece si se le añade proveedores, clientes, industrias auxiliares y sectores próximos. Traducido a la economía de la calle, significaría cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, en una clara afrenta al derecho constitucional al trabajo, y a la posibilidad de obtenerlo.
La destrucción de estos miles de empleos afectaría la capacidad de consumo de los peruanos, la industria reduciría su producción y la economía su crecimiento. Además, la entrada en vigor del proyecto promovido por la bancada fujimorista incrementaría la inseguridad jurídica en el Perú y haría desistir a muchos de invertir sus capitales en nuestro país.
Salvo las constructoras de fuera que vendrían a reemplazar con ventaja a las peruanas, claro.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA
Peru21
¡Goleó 7 a 0!
Aldo Mariátegui
CSM jamás pierde en el CNM! ¡Es Superman! Veamos:
1) 16 de junio/2008: El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) archiva la investigación al vocal supremo César San Martín (CSM) por los llamados “doctorados bamba”, títulos que la U. San Agustín de Arequipa le otorgó a este magistrado y a otras personas sin cumplirse la ley universitaria 23733 y los estándares internacionales de certificación. Su anterior nombramiento como vocal supremo se hubiera visto complicado.
2) 18 de julio/2012: El CNM archiva la investigación a CSM por fallar dos veces (Causa N° 2598-2002/21-12-2004 y Causa N° 686-2005-A /14-6-2005) a favor del BCP figurando aún como apoderado de ese banco.
3) 4 de noviembre/2013: El CNM abre investigación preliminar a CSM por la irregular condena a mi persona, pero luego archiva el caso.
4) 15 de agosto/2013: El CNM abre investigación a CSM por presiones, junto a los ministros humalistas Cateriano y Jiménez Mayor, a la jueza Rojassi en el caso Chavín de Huántar, pero luego archiva el caso.
5) 30 de setiembre/2015: El CNM abre investigación a CSM por aparecer su apellido en una agenda de Nadine Heredia dentro de unas coordinaciones ilegales para absolver a Ollanta del caso “Madre Mía”, pero luego archiva el caso.
6) 20 de abril/2016: CNM archiva denuncia contra CSM por el intercambio de emails entre este y tres abogados españoles (Doval, Carrasco y Juanatey) para elaborar una sentencia contra Alberto Fujimori ANTES de que CSM inicie formalmente el proceso.
7) 30 de mayo/2018: CNM descarta investigar a CSM por el caso “Madre Mía”.
Además, el 21 de febrero/2014: CSM se jacta en el programa radial de la ONG IDL: “(…) pensaron que uno era manco, o que uno estaba aislado.
Además, el 21 de febrero/2014: CSM se jacta en el programa radial de la ONG IDL: “(…) pensaron que uno era manco, o que uno estaba aislado.
Lamentablemente para ellos, tengo de parte una gran red de personas, de miembros del Poder Judicial y sociedad civil, y estoy continuamente apoyado e informado”.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El Comercio
La censura en un edificio mal diseñado
Fernando Tuesta
Después del ministro del Interior viene la ministra de Salud, anuncia una congresista en el desfile de interpelaciones que se espera en los próximos meses. El argumento es el control político que debe ejercer el Parlamento sobre el Gobierno. Nadie niega que estos mecanismos son constitucionales, el tema es su pertinencia en un sistema presidencialista.
El Perú es el único país en la región en donde, siendo presidencialista, se han ido incorporando, más bien incrustando, mecanismos propios de sistemas parlamentarios, de herencia europea, creando un híbrido que tiene efectos negativos en la política peruana. Así tenemos figuras como el primer ministro, Gabinete Ministerial, interpelación y censura parlamentaria, voto de confianza y de censura o disolución del Parlamento.
En los sistemas parlamentarios, el Gobierno es elegido en el Parlamento, por una mayoría de un partido o coalición de partidos. Si bien se ejerce la función de control político, el Gobierno puede gobernar y el Parlamento fiscaliza su labor. Ciertamente en situaciones de crisis, este último puede censurar al primer ministro y este puede disolver el Parlamento, cosa que sucede en escasas situaciones. No puede haber un gobernante con una oposición parlamentaria mayoritaria.
Lo que tenemos en nuestro país es un híbrido con serios problemas, en donde el presidente y el Parlamento son elegidos por el voto popular, pero el presidente, manteniendo su función de jefe de Gobierno, designa un primer ministro, que es una suerte de coordinador de ministros y vocero del Gobierno. Debe ir al Parlamento a solicitar un voto de confianza, como hacen en los parlamentarismos, sin ser el jefe de Gobierno. Por eso cada vez que se cambia primer ministro, debe hacer lo mismo. Es decir, presentar el plan de gobierno que debiera ser distinto, pero de un mismo gobierno.
Peor aun, el problema adquiere ribetes de peligro cuando el Gobierno carece de mayoría, como ahora con el gobierno de PPK. La oposición de Fuerza Popular, al tener mayoría absoluta en el Parlamento, puede censurar ministros cuantas veces así lo crea conveniente. Esto es imposible en los sistemas parlamentarios. Allí si el Gobierno pierde la mayoría, se censura directamente al primer ministro y, en la mayoría de los casos, se adelantan elecciones. Aquí un gobierno minoritario como el actual puede ser debilitado y sometido por la oposición.
¿Cuál es el mecanismo constitucional de balance para que el Gobierno no sea avasallado? Se suele señalar la disolución del Parlamento, pero esta debe ser previa a censurar o negar el voto de confianza a dos gabinetes. Pero la oposición puede evitar esta situación, censurando ministros de manera individual, como ocurrió en el primer gobierno de Fernando Belaunde (1963-1968), donde fueron censurados, por la mayoría opositora en el Parlamento compuesta por la coalición Apra-UNO, diez ministros. Varios otros renunciaron antes de pasar por la humillación de la censura. Nuevamente, en los parlamentarismos, esto es impensado. La ingobernabilidad dio paso al golpe de Estado.
