ESTA NOCHE viernes 31 octubre 2014

ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

MENU DEL DIA

ü  Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Enrique Wong, duda sobre si, tras la denuncia del dirigente minero Víctor Chanduví, se debe citar a Nadine Heredia a explicar el aporte de oro ilegal a su partido

ü  Ministro del Interior, Daniel Urresti, dice a la comisión López Meneses que el lunes 3 noviembre llevaría personalmente la información faltante que le ha sido solicitada

ü  Ministro de Justicia, Daniel Figallo, dice que es inconstitucional que Humala declare ante la Comisión López Meneses

ü  Fernando Cillóniz: la corrupción es la causa de la parálisis de la inversión pública

ü  Jorge Peschiera: a un año de la muerte de Jorge Camet

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MEDIA COLUMNA

El centinela del agua

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

jorgemorelli.blogspot.com

La denuncia pública del candidato de Fuerza Popular a la segunda vuelta en Ica, Fernando Cillóniz, es pavorosamente grave. Ha revelado en una columna que Ica está a la cola de la ejecución presupuestal y que eso se debe no a la falta de proyectos, sino simple y llanamente a una corrupción generalizada. “Ica está plagada de obras inconclusas –puentes, escuelas, hospitales, defensas ribereñas, etc.–, todas paralizadas por haberse detectado manejos corruptos donde están involucrados uno o más funcionarios públicos y uno o más contratistas o proveedores corruptos”, escribe.

Eso sucede en Ica, a 300 kilómetros de Lima. Es por eso que Ica, que sufrió el terremoto hace siete años, no logra recuperarse. Pero significa que es una excepción la región o la provincia del país donde el presidente regional o el alcalde local no son cabeza de una red de corrupción que controla para su beneficio tanto la demanda de bienes y servicios públicos como la oferta a través de proveedores en la red. Ya es un lugar común decir que todo eso consecuencia de la irresponsabilidad y demagogia con que los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García forzaron una regionalización en la que se transfirió aceleradamente poder político y recursos ilimitados.

Lo difícil es imaginar el regreso. Comienza por la decisión política. En el caso de Ica, la prioridad que Cillóniz otorga al agua da en el clavo. No es solo la clamorosa demanda de una población que no tiene agua potable, sino que la continuidad del desarrollo de la región depende absolutamente de llevar allá lo que Cillóniz llama el “agua grande”.

Parte de esto es volver a sembrar agua, retenerla en la altura. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, en las punas de Huancavelica y de Ayacucho, sobre el desierto de Ica, se hicieron las obras hidráulicas necesarias para captar lluvia y sembrar el agua en el suelo. Esta sale luego naturalmente por los pisos ecológicos de abajo.

Las obras fueron abandonadas por orden de Toledo. Pero un ingeniero, un ciudadano privado, que trabajó entonces guardó los planos y ha desarrollado con su propio trabajo el detalle de la obra necesaria en las cabeceras de las cuatro cuencas en las punas sobre Ica. Este guardián sigiloso sin apoyo alguno, e incluso a pesar del Estado peruano y su corrupción, ha redibujado esos planos por quince años. Se llama Julio Alcántara. Es el centinela del agua. Así es el Perú.

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA

Peru21

Oídos sordos. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Enrique Wong, descartó que –tras la exposición del dirigente minero Víctor Chanduví– se vaya a citar a los personajes relacionados al aporte de mineros ilegales a la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2010.

Sostuvo que Chanduví “solo ha presentado fotocopias” y agregó que esta documentación tendrá que ser analizada para determinar su validez. Indicó que, recién después de diez días, según dijo, se decidirá si –como ha solicitado la oposición– se invita a la comisión al dirigente minero a Ilan Heredia, hermano de la Primera Dama y ex tesorero de Gana Perú y otros.

En esa línea, prácticamente dio por descartada una eventual citación a la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia. “Veamos primero las pruebas”, dijo.

Correo

Sondeo

Pregunta:

¿Cree usted que Nadine Heredia coordinó aporte de mineros ilegales, como dice Víctor Chanduvi?

Respuesta:

Sí                93%

No                 7%

La Primera

“Wong no tiene derecho a calificar el pedido que estoy haciendo. Si se opone, que lo someta a votación, pero él no puede decir que no va. Está bien que sea defensor del gobierno, pero que juegue con las reglas claras”, reclamó Mauricio Mulder.

Dijo que las declaraciones del vocero nacionalista Josué Gutiérrez, en el sentido que no tendría nada de irregular que Gana Perú hubiera recibido aportes de los mineros ilegales, "son producto del "miedo".

Peru21

Parlamentarios de oposición pedirán que la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, sea citada por la Comisión de Fiscalización del Congreso para que explique el aporte de los mineros ilegales al entonces candidato Ollanta Humala Tasso, durante la campaña electoral de 2010.

Así lo manifestaron luego de la presentación, ante dicho grupo de trabajo, del dirigente minero Víctor Chanduví, quien ratificó que entregó dinero en efectivo y oro para financiar la campaña del hoy partido de gobierno.

“Es importante la presencia de la presidenta del partido Gana Perú para que explique qué pasó con este dinero que no figura en los registros de la ONPE”, sostuvo en diálogo con Perú21 el parlamentario aprista Mauricio Mulder.

Agregó que antes de citar a Heredia convocarán al minero Teodulo Medina, al sacerdote Pablo Zavala, a Ilian Heredia (ex tesorero de Gana Perú) y a José Luis Quequezana (ex asesor de la Federación de Mineros y encargado de recolectar el dinero para Gana Perú).

Similar opinión tuvo el legislador de Fuerza Popular Héctor Becerril, quien manifestó que ha quedado demostrado el nexo que hay entre la minería ilegal y Gana Perú. “La presidenta del partido tiene mucho que explicar”, dijo.

El ex premier Salomon Lerner señaló que no es necesario que Heredia asista a la Comisión de Fiscalización. “Hay un secretario de Tesorería del partido”, dijo a  Ideeleradio.

Víctor Chanduví reiteró que los mineros ilegales entregaron 17 kilos de oro, además de US$49,200, para financiar la campaña del entonces candidato nacionalista Ollanta Humala en el año 2010. “Esta información la reveló a una radio local el cura Pablo Zavala, quien radica en Madre de Dios”, manifestó el dirigente, quien entregó un audio con el testimonio del sacerdote.

TV Congreso, Canal N, El Comercio

El ministro del Interior, Daniel Urresti, explicó a la comisión López Meneses que no envió la documentación solicitada por el grupo de trabajo sobre la irregular vigilancia policial a la casa de López Meneses o que esta fue enviada de manera incompleta, porque la misma no se encontraba en poder de su institución sino de diversas áreas de la Policía Nacional y “fue remitida en la medida en que llegó a mi despacho”, aseveró.

Urresti informó luego sobre las sanciones que se tomaron contra los oficiales involucrados.

El titular de la comisión parlamentaria, Juan Díaz Dios, reiteró que la documentación aun esta pendiente de ser presentada. Urresti se comprometió a llevar personalmente la información solicitada el día lunes 3 de noviembre.

También la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, se presentó ante la Comisión. Días atrás, Jara criticó a este grupo de trabajo por considerar que buscaba afectar al Presidente y al gobierno. Explicó las razones por las que el mandatario no accede a declarar ante la Comisión. Dijo que no lo hace a causa de su investidura. Ana Jara insistió en que el titular de la Comisión habría supuestamente adelantado opinión respecto al supuesto vínculo del mandatario Ollanta Humala con el caso.

Dijo que el congresista declaró a los medios que "la seguridad del Presidente y la de López Meneses convivían". "Si esto no es un adelanto de opinión, qué es", preguntó.

También concurrió el titular de Justicia, Daniel Figallo, y sostuvo que sería inconstitucional que Humala declare ante la Comisión. Aseguró que el jefe de Estado no conoce a López Meneses.

Peru21

En la acusación formal de la Procuraduría General de República Dominicana contra el senador de ese país Félix Bautista y otras seis personas, por corrupción y lavado de activos, figuran los nombres de tres compañías y un empresario dominicano que aportaron oficialmente dinero a la campaña presidencial de Alejandro Toledo en 2011, según documentación oficial a la que accedió Perú21.

Se trata de las firmas dominicanas Hormigones del Caribe, Construcciones y Diseños, e Inmobiliaria Hemisferio. El empresario es Carlos Ozoria, de acuerdo con la denuncia presentada ante la Corte Suprema de la nación caribeña la semana pasada.

La indagación detectó “complejos movimientos financieros” entre esas empresas, las cuales se habrían beneficiado con adjudicaciones de contratos públicos de República Dominicana desde que Félix Bautista fuera designado funcionario en 2004.

En los registros de la ONPE consta que las tres compañías y el empresario aportaron en conjunto S/.878,577 a Perú Posible (PP). En julio de 2013, Perú Posible reconoció de forma oficial que recibió US$452 mil de parte de firmas dominicanas a través de cheques de gerencia.

Expreso

El calvario de Camet
Jorge Peschiera Cassinelli
Se cumple un año del fallecimiento de Jorge Camet Dickman. El importante rol que cumplió Camet como ministro de Economía en el Gobierno de Alberto Fujimori ha merecido justificados reconocimientos. Poco se ha dicho, sin embargo, acerca de la persecución que sufrió a partir de 2001.

El último caso que Camet tenía pendiente, donde fue declarado inocente poco tiempo antes de su muerte, fue solamente uno de los tantos procesos que tuvo que enfrentar. Nos tocó defendernos juntos en dos de ellos, referidos a la negociación de la deuda externa. Durante una de las reuniones que sostuvimos en esos tiempos me mostró un clóset donde guardaba la documentación de los 17 (sí, diecisiete) procesos que se iniciaron en su contra.

El ensañamiento contra Camet nació de la noción de que el Gobierno de Fujimori había sido enteramente corrupto. Los vladivideos nos hicieron ver la corrupción en carne viva y dieron pie a que se construyera la “teoría del gobierno corrupto”. Para demostrar esa teoría era necesario probar que Camet había sido corrupto, debido a que Camet fue ministro de Economía y Finanzas durante 5 de los 10 años de gobierno de Fujimori. ¿Cómo podía sustentarse la Teoría del Gobierno Corrupto si el principal responsable del manejo del dinero no fue parte de la corrupción?

Como el punto de partida era que todos los que trabajamos para el Estado durante la década de los 90 éramos delincuentes, los procesos contra Camet no partieron de evidencias sino de conjeturas o supuestos. Ese fue el caso, por ejemplo, de la deuda externa donde el Poder Judicial encontró que todas las acusaciones carecían de fundamento. Tampoco se encontró delito alguno, ni mal proceder, en los más de 300 procesos de privatización o las múltiples licitaciones efectuadas en ese período, ni en ningún otro aspecto del manejo económico.

Antes que fomentar la corrupción, por el contrario, el Gobierno de Fujimori redujo las oportunidades de corrupción en el Estado. Por ejemplo, al derogarse los controles de precios, las licencias de importación y el dólar MUC se eliminaron importantes focos  de la corrupción, que nace de la discrecionalidad de funcionarios. Las privatizaciones eliminaron la posibilidad de usar las empresas públicas para mal administrar sus recursos, emplear a miembros del partido de turno o beneficiar a sus funcionarios antes que al país. En todas estas instancias se redujo el poder del Estado, lo cual es contrario de lo que se esperaría de un “gobierno dictatorial”, término que también se aplicó al de Fujimori.

Hasta ahora sigue denigrándose a cualquiera que trabajó para el Estado en esa década como si fuera un delincuente. Se sigue denominando al Gobierno de Fujimori como “el más corrupto de la historia” cuando no fue así, como la inocencia de Camet lo demuestra. Después de muchas investigaciones ha quedado claro que la corrupción se concentró en los temas que manejó Montesinos: el ámbito militar, incluyendo compras de armamentos, el tráfico de influencias en el Poder Judicial y pagos a políticos y medios de comunicación.

Mientras no se relate la historia como verdaderamente fue no podrá haber reconciliación en el país. Ojalá el sacrificio de Camet nos haga recapacitar y permita redimir a muchos otros injustamente acusados y que, a pesar de haber sido encontrados inocentes, siguen siendo mirados con sospecha.

El Comercio

La construcción de la institucionalidad

Jaime de Althaus

Para contener la desintegración política mafiosa del país no basta con prohibir la reelección inmediata de las autoridades subnacionales, una modificación constitucional que incluso podría tener más efectos negativos que positivos en la medida en que impida consolidar continuidades constructivas.

Se necesita un conjunto de medidas y reformas, concatenadas entre sí. La primera es la reforma de la revocatoria, para desalentar a los perdedores de las últimas elecciones que ya deben estar esperando enero para empezar el asalto al botín. Luego, obligar a los movimientos regionales a presentar candidatos cuando menos en tres departamentos o a vincularse con un partido nacional. Esto para que a los aventureros no les sea tan fácil postular y tengan algún control más allá de sí mismos.

De lo que se trata es de facilitar la regeneración de un sistema de pocos partidos enraizados que permita reintegrar políticamente al país, y para eso se necesita, además, vallas más altas para las alianzas, eliminación del destructivo voto preferencial a cambio del establecimiento del distrito uninominal o binominal -para reconectar a los partidos con las provincias-, y financiamiento público de las organizaciones partidarias.

Pero esto tiene que venir acompañado de una reintegración del Ejecutivo, de la recuperación de la capacidad de gobierno nacional. Esto supone una reasignación de competencias entre los tres niveles de gobierno según qué nivel ejecutaría mejor cada función o cada eslabón de la cadena de valor de cada función. Es decir, aplicar ahora sí el mecanismo de certificación de capacidades establecido en la ley, que fue saltado a la garrocha cuando se transfirió demagógicamente todo de un solo porrazo. Lo que a su vez requiere de un equipo técnico muy fuerte que haga el estudio.

Una vez fijadas bien las nuevas competencias, se necesita establecer mecanismos de control, sanción e intervención si estas no se ejecutan bien o si las políticas nacionales son desobedecidas. Y que los auditores dependan de la Contraloría y no de las autoridades locales. Y reformar de verdad la policía (investigación) y el sistema judicial, para prevenir y castigar.

Pero el mejor control se daría si los presidentes regionales y alcaldes fuesen elegidos por ciudadanos contribuyentes, y por lo tanto fiscalizadores, y no por masas clientelizables. Para eso los gobiernos locales deben recaudar el predial que les corresponde en lugar de depender de transferencias caídas del cielo.

Ciudadanos contribuyentes fiscalizarán el uso de su dinero pero también exigirán mejores servicios, y para eso necesitamos la reforma del servicio civil, una burocracia profesional y meritocrática, menos susceptible de paso a la corrupción.

Pero para que los gobiernos subnacionales tengan una base ciudadana exigente y no clientelizable, es decir, contribuyente y formal, necesitamos facilitar la formalización con reglas laborales, tributarias y sectoriales mucho menos costosas, rígidas y complicadas. Y abolir la tramitocracia con unos ‘Tupas’ únicos y simplificados y un gobierno electrónico unificado a nivel nacional, lo que a su vez también reduce las oportunidades de corrupción.

Lo que está en juego es, por fin, la construcción de la institucionalidad, del imperio de la ley. Esa es la gran tarea.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

RPP, El Comercio

El fiscal de provincial penal de Cajamarca, Jaime Vásquez, señaló que en el cuerpo de Fidel Flores, la víctima del desalojo registrado el último jueves en la ciudad de, se encontraron 60 perdigones lo que originó su muerte.

El fiscal dijo que continuarán las investigaciones para determinar quién disparó contra Flores.

En cuanto al predio que pretendió ser desalojado, los vecinos se han solidarizado por la muerte de Flores y tomaron el inmueble, por lo que hasta el momento los dueños legales no pueden tomar posesión.

Son fuertes las imágenes de la violenta intervención policial que pretendía el desalojo de la casa en Cajamarca y que terminó con la muerte de Fidel Flores Vásquez.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, Agustín Moreno Díaz, criticó el actuar de los agentes. “La policía está utilizando desproporcionadamente la fuerza”, dijo.

El director de la Policía Nacional, Jorge Flores Goigochea, informó esta mañana que se ha relevado a dos jefes policiales de Cajamarca en el marco de las investigaciones. Según Canal N, se trata del jefe del frente policial y del jefe operativo.

Peru21

¿Se acuerdan de Ilave?

Carlos Meléndez

En los recientes comicios de octubre, los ganadores de alcaldías provinciales alcanzaron en promedio un 29% de los votos válidos. El puntaje más elevado obtenido por un candidato a alcaldía provincial sucedió en Condesuyos (Arequipa), donde el candidato de Arequipa Renace arrasó gracias al apoyo del 57% de adhesiones. En el otro extremo, el ganador menos votado fue Santos Cárdenas Apaza, quien, con apenas un 11%, será alcalde de Ilave (Puno) desde el próximo 1 de enero.

Hace precisamente diez años, Ilave saltó a las portadas de la prensa nacional debido al linchamiento del entonces alcalde Ciro Robles, por presuntas acusaciones de corrupción (que resultaron erradas). Su reemplazo fue seleccionado de entre 11 candidaturas en elecciones especiales, pocos meses después del asesinato. Siempre me sorprendió que, a pesar de la violencia desatada, más de una decena de ilaveños quisiera reemplazarlo. El triunfador en aquellas elecciones excepcionales –un maestro de escuela secundaria nocturna– alcanzó el 23% de los votos. Desde entonces, ninguno de sus sucesores lograría más del 20%.

Pero este año la dispersión y fragmentación del voto (en 16 candidaturas) condujeron a una situación surreal: solo uno de cada diez ilaveños votó por el futuro alcalde. Con un exiguo respaldo, Cárdenas –doctor y magíster en Economía y Gestión, por la Universidad Nacional del Altiplano– afrontará la cultura política de una provincia dominada por el tráfico de bienes ilegales (contrabando y otros) y el pasado conflictivo. Sin organización estable (su movimiento Confía Puno fue solo electoral) ni experiencia sólida (gerente de municipalidades distritales), el futuro para el próximo alcalde de Ilave luce, por lo menos, complicado.

Peru21

Baja ejecución presupuestal en Ica

Fernando Cillóniz

Ica ostenta los últimos lugares en el ránking de ejecución presupuestal a nivel nacional. En los últimos años, inclusive en el 2007 –el año del terremoto– el Gobierno Regional y los gobiernos municipales apenas gastaron el 60% del presupuesto aprobado para obras públicas. La pregunta es ¿por qué? Hay quienes dicen que es por falta de proyectos. Falso. Las obras no ejecutadas constituyen proyectos debidamente aprobados y presupuestados. La razón es otra: la corrupción.

Ica está plagada de obras inconclusas –puentes, escuelas, hospitales, defensas ribereñas, etc.–, todas paralizadas por haberse detectado manejos corruptos, donde están involucrados uno o más funcionarios públicos y uno o más contratistas o proveedores corruptos. Y lo que es peor: muchas fianzas que respaldaron dichas obras resultaron falsas. Esa es la verdad de la baja ejecución presupuestal en Ica.

La República

Columna de Juan de la Puente

(…)

Mientras Alianza para el Progreso (APP) se presentó en 23 regiones, el fujimorismo en 18, y Acción Popular en 16, el Frente Amplio se presentó en 11, el mismo número que el Apra. En donde el Frente Amplio (FA) participó no le fue bien; en Lima, su mejor resultado fue en Ancón (1,22%) y en las regiones, en Lambayeque (2,65%).

(…)

LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION

El Comercio

La cotización del dólar se elevó al inicio de la sesión cambiaria del jueves ante una mayor demanda de la divisa estadounidense.

A las 10:00 hora local (15:00 GMT), el tipo de cambió operó en S/.2,918 en el mercado interbancario, leve aumento respecto a los S/.2,917 de la jornada previa.

El Comercio, Reuters

El Perú volvió el jueves al mercado externo después de dos años con colocaciones y reapertura de bonos soberanos por un total de S/.8.860 millones (unos US$3.040 millones), la mayor operación integral de deuda de su historia, en momentos que el país alista un nuevo impulso fiscal para reactivar su economía.

Los recursos de esta emisión de bonos servirán para financiar parte del presupuesto público del 2015, ha señalado el Ministerio.

"Esto contribuye a mejorar el perfil de deuda de la República, a través de la mayor participación de la moneda local dentro del portafolio de pasivos", dijo el ministro de Economía, Alonso Segura, según comunicado.

La vuelta a los mercados internacionales se produce en momentos en que la actividad productiva de Perú ha frenado su ritmo de crecimiento.

Peru21

El Congreso aprobó el jueves, en primera votación, el paquete de medidas para reactivar la economía enviado por el Poder Ejecutivo.

El proyecto, que será sometido a un nuevo balotaje, establece medidas tributarias a fin de lograr menores costos, principalmente en la etapa preoperativa de los proyectos de inversión y simplificar los trámites administrativos.

Se establece de manera excepcional y temporal un régimen especial de depreciación de edificios y construcciones para los contribuyentes del régimen general del impuesto a la renta.

El proyecto también considera modificaciones a las inafectaciones de la ley que crea el impuesto temporal a los activos netos (ITAN) y a la ley que elimina sobrecostos en obras de infraestructura y de servicio público.