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jueves, 16 de noviembre de 2017

ESTA NOCHE jueves 16 noviembre 2017


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Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


La acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se basa en la suposición de que la Fiscalía no habría investigado a las empresas consorciadas de Odebrecht, especialmente a Graña y Montero.

Según el fiscal Hamilton Castro a cargo del caso, sin embargo, la investigación existe y está en marcha desde febrero pasado.

Veamos. Según fuentes de la Fiscalía, la investigación fiscal tiene tres fases. La primera es la de indagación y corroboración, la misma que supuestamente no se notifica a las partes porque su contenido proviene de información sensible, originada en colaboradores eficaces. Solo se notifican la segunda y tercera fases –la investigación preliminar y la preparatoria-.

Según Hamilton Castro, la investigación a las empresas socias de Odebrecht se encuentra en el primer nivel, el de indagación y corroboración, desde hace nueve meses. Esto explicaría por qué Graña y Montero afirma correctamente que no ha sido notificada. 

En su libro “El Nuevo Proceso Penal”, no obstante, el propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, afirma que existen cinco etapas procesales en el nuevo Código Procesal Penal: investigación preliminar, investigación preparatoria, una etapa intermedia, el juicio oral y la ejecución penal. Si existe una etapa o fase indagatoria, sin embargo, debería estar plasmada en el Código Procesal Penal. De lo contrario, se estaría violando el principio de legalidad: la ley tiene que ser previa, tiene que ser cierta, tiene que ser escrita y tiene que ser estricta.

Este debate puede parecer una sutileza digna de un seminario de derecho procesal, pero se ha convertido en un asunto político fundamental.

De una parte, la suerte del fiscal de la Nación depende absolutamente de que la señalada etapa indagatoria sea legal y se haya iniciado oportunamente en el caso de las socias de Odebrecht.

De otra, la denuncia presentada por Fuerza Popular en su contra ha apostado a que esa investigación no existe, y ahora está en tela de juicio la legitimidad de la intención del primer partido de la oposición y primera fuerza parlamentaria del Congreso al acusar constitucionalmente al Fiscal de la Nación.
  

REPORTE DE NOTICIAS en Internet
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Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.




GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, respondió a través de un mensaje a la Nación a las declaraciones de Marcelo Odebrecht desde Curitiba, Brasil. PPK manifestó no haber "recibido aporte alguno de Odebrecht ni en el 2011 ni en el 2016. Añadió que también es "falsa" la afirmación de que fue consultor financiero de Odebrecht.
Señaló al inicio de su mensaje que "en esa declaración, (Marcelo Odebrecht) se queja de que, a pesar de su colaboración con la justicia peruana, ésta solo se ocupa de su empresa y no de otras. Esta supuesta afirmación es falsa. Como jefe de Estado, respaldo incondicionalmente la lucha contra la corrupción en todos sus niveles, desde el poder Judicial, la Fiscalía, el Legislativo y, desde luego, el poder Ejecutivo ", dijo.



La República mar 14 nov
Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA) y JJ Camet Contratistas Generales todavía no son notificadas, pero se encuentran en el centro de una investigación del Equipo Especial del caso Lava Jato sobre el pago de sobornos realizados por la Constructora Odebrecht en el Perú.
La investigación, según conoció La República, se inició en febrero, luego de recibir la declaración del ex funcionario de Odebrecht Jorge Barata, como parte de los actos de corroboración.
A fin de verificar lo dicho por el colaborador Barata y el contenido de los mencionados acuerdos de reparto de utilidades, el equipo del fiscal Hamilton Castro dispuso realizar una  peritajes y recabar información en forma reservada, de acuerdo a la Ley de Colaboración Eficaz.
Ante la denuncia de Fuerza Popular contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la inactividad del Ministerio Público en este caso, Sánchez y el fiscal Hamilton Castro han confirmado que existe una investigación para establecer la participación de las empresas consorciadas en el pago de sobornos.
Al respecto, el gerente general corporativo del Grupo Graña y Montero, Luis Díaz Olivero, remitió ayer una carta a la Superintendencia del Mercado de Valores en la que indica que "a la fecha, no hemos recibido notificación alguna en la cual se nos informe formal y oficialmente de la inclusión de la compañía o alguno de sus directivos, ejecutivos y/o colaboradores en las mencionadas investigaciones". Este documento fue utilizado por algunos congresistas para decir que el fiscal de la Nación y Castro habían mentido y que no hay una investigación.
En la fiscalía responden que existe un sinnúmero de actas, disposiciones y peritajes realizados que demuestran la existencia de esta indagación reservada desde hace varios meses.
Anotaron que al tratarse de la corroboración de la declaración de un colaborador eficaz, las constructoras no han sido notificadas del procedimiento especial al no ser parte. Los consorcios serán notificados si se corrobora lo dicho por el colaborador y se formaliza una investigación. Antes no se les puede notificar, dicen, de un procedimiento del que no son parte, explican en la fiscalía.



ESTA NOCHE
Según fuentes de la Fiscalía de la Nación, la investigación fiscal tiene tres fases:
1.    Indagación / corroboración (no se notifica porque proviene de información sensible de colaboradores eficaces).
2.    Investigación preliminar (se notifica).
3.    Investigación preparatoria (se notifica).
El fiscal Hamilton Castro aclaró que las empresas consorciadas de Odebrecht se hallan en el primer nivel de investigación.



ESTA NOCHE
En el libro “El Nuevo Proceso Penal”, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, afirma que existen cinco etapas en el proceso: investigación preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral y ejecución penal.
Si existe una etapa o fase de indagaciones debería estar plasmada en el Código Procesal Penal. De lo contrario, se estaría violando el principio de legalidad: la ley tiene que ser previa, tiene que ser cierta, tiene que ser escrita y tiene que ser estricta.



El Comercio
La mayoría fujimorista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Héctor Becerril dijo que la razón es que “hasta ahora no se ha hecho nada por investigar a las empresas consorciadas con la brasileña Odebrecht”.
La subcomisión tiene 15 integrantes, de los cuales la presidenta Takayama y otros 8 parlamentarios son de la bancada fujimorista. Fuerza Popular respaldó, con nueve votos, la propuesta de Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma. Cinco congresistas votaron en contra y hubo una abstención del aprista Javier Velásquez, quien presentó una cuestión previa –que fue rechazada– que planteaba que el informe se reformulara.
Juan Sheput señaló, en nombre de la bancada oficialista, que con esta decisión de Fuerza Popular se había producido “un golpe a la constitucionalidad”. “Lo del fujimorismo nos parece un acto de prepotencia jurídica. Todas las otras fuerzas políticas se han opuesto a ese propósito por una sencilla razón: no hay argumento constitucional que oa avale”, dijo.
El oficialismo no fue la única bancada que se pronunció en contra. También lo hicieron Alianza para el Progreso y Nuevo Perú.
Víctor Andrés García Belaunde llamó la atención sobre la celeridad con que se dio trámite a las denuncias. “Se han saltado como 20 denuncias presentadas con anterioridad para dar prioridad a esta”, comentó.



El Comercio
Yeni Vilcatoma presentó su denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por supuestas iirregularidades en su accionar y el de Hamilton Castro para arribar a un acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata.
Vilcatoma acusa a Sanchez de haber designado a Hamilton Castro en el Caso Odebrecht, quien supuestamente “a la fecha, no ha iniciado la investigación preliminar” de Graña y Montero y otras empresas.
Afirma que existió una presunta negativa del fiscal Hamilton Castro a incorporar en la investigación preparatoria a las empresas Graña y Montero, JJ Camet y otros, socias de Odebrecht.
Hamilton Castro ha considerado que es una "mentira inadmisible" decir que no existe una investigación a las empresas socias de la firma brasileña. Sostuvo que la indagación se inició con lo que declaró Jorge Barata.



El Comercio
A través de un mensaje en Twitter, la congresista oficialista y primera ministra Mercedes Aráoz se expresó en contra de la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que con votos del fujimorismo declaró ayer procedentes las dos denuncias constitucionales presentadas contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Aráoz se sumó a la posición de la bancada de Peruanos por el Kambio.
Gino Costa atribuyó las imputaciones al fiscal Pablo Sánchez a la reapertura de la investigación por lavado de activos contra Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular.
Marisol Espinoza (APP) consideró que las denuncias contra Sánchez son una represalia contra el Ministerio Público.



El Comercio
El Ministerio Público tiene en curso, desde marzo de este año, una pesquisa en fase de corroboración de información relacionada con el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), mencionado recientemente en la declaración que dio Marcelo Odebrecht a fiscales peruanos.
La investigación se encuentra en el despacho del fiscal Hamilton Castro, en la fase de corroboración de información.
Esta pesquisa se refiere a la emisión de la Ley que permitió que Odebrecht, Queiroz Galvao y Graña y Montero –que mantenían procesos judiciales con el Estado– pudieran participar en licitaciones.



Rosa María Palacios en Tweeter
“En el supuesto negado de que PPK cometiera colusión en julio de 2006, ¿cuál es la pena máxima? 15 años.
¿Prescripción? 15 + 7.5 = 22 años 6 meses.
¿Mayores de 75 años? Prescripción se reduce a la mitad = 11 años y 3 meses = octubre de 2017.
Prescribió”.



El Comercio
La jueza Elizabeth Arias se pronunciará en breve sobre el pedido de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo, Mark Vito Villanella, para que se declare finalizado el plazo de investigación preliminar por el caso de los cocteles de Fuerza Popular.
Ambos son investigados por el presunto delito de lavado de activos por el dinero obtenido en tres actividades sociales y por la donación de S/ 220,608 que recibieron de la ONG Liberty Institute, durante la campaña electoral de 2016.
A través de sus abogados, Edward García y Eduardo Alcócer, argumetaron que el caso ya lleva 19 meses en curso y, por tanto, la adecuación a la Ley Contra el Crimen Organizado se hizo fuera de plazo. Alcócer dijo que que la Ley Contra el Crimen Organizado se está aplicando en forma retroactiva porque su patrocinado compró dos predios en 2012.
El fiscal José Domingo Pérez informó que falta recabar la declaración de 450 testigos.



La República
Columna de Alvarez Rodrich
(…)
A la acusación para destituir al fiscal de la Nación se suman las acusaciones para destituir a cuatro integrantes del TC; y al ministro del Interior por ser ‘ideólogo’ del MRTA; sancionar a dos congresistas por un hashtag; obligar ilegalmente al presidente de la República a asistir a una comisión de emboscadas como la de Lava Jato; perseguir empresas como a G&M; y hostilizar a la prensa.
(…)



El Comercio
La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, señaló nuevamente que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe responder en persona ante la citación que le envió su grupo de trabajo, especialmente luego de que se conociera que Marcelo Odebrecht lo mencionó en el interrogatorio en Curitiba.
"En caso de mentira y a nivel general se puede aplicar injuria, falsas declaraciones en procesos administrativos y una serie de procesos que podríamos aplicar”, dijo.



Expreso
Nancy Miller entrevista a Víctor García Toma
(…)
-¿El Presidente de la República podría ser acusado si se comprueba que no le dijo toda la verdad a la Comisión Lava Jato?
Respecto a si faltó o no a la verdad, tengo que decir que el problema es que eso no está tipificado como infracción constitucional en el Reglamento del Congreso, y eso es responsabilidad del propio Parlamento.
-¿Por qué dice eso?
Mediante la sentencia Nº 0006 del año 2003, que se refiere al caso de [Manuel] Lajo, se le advirtió al Parlamento que para los temas de infracción constitucional no existía un procedimiento. En consecuencia, el TC [Tribunal Constitucional] exhortaba al Congreso a elaborar un procedimiento que debería ser incorporado en su Reglamento.
(…)
Lo que ha sucedido es que el Congreso no ha hecho ni el procedimiento ni la tipificación, en consecuencia, cualquier acto que se lleve a cabo para sancionar a una persona por infracción constitucional estaría incurriendo en arbitrariedad, porque no ha cumplido con las exhortaciones de 2003 y de 2012.
-Entonces, ¿el fiscal de la Nación [Pablo Sánchez] tampoco podría ser acusado constitucionalmente?
No procede la acusación… el Congreso no ha cumplido con establecer cuáles son las faltas que considera como infracción constitucional. La incompetencia no es un delito.
(…)






IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CONOCIMIENTO, AYUDA SOCIAL



El Comercio, editorial
(…)
Estas Eliminatorias (…) habría que recordarlas, sobre todo, por lo que consiguió el país fuera del césped: unir a más de 30 millones de peruanos en el sentimiento de orgullo por lo que es propio, sentir confianza en los connacionales y sus decisiones aun cuando no las compartamos del todo, aprender a ser solidarios y llegar a acuerdos en la búsqueda de un objetivo común.