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MEDIA COLUMNA
A otro perro con ese hueso
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
El mundo da vueltas y hoy le toca a la mayoría parlamentaria del
fujimorismo en el Congreso investigar a los tres gobiernos que le sucedieron.
La persecución política contra el fujimorismo quince años atrás tuvo
como pretexto servir de escarmiento para erradicarla definitivamente. Pero fue
una farsa. El derecho fue el instrumento de una venganza. La justicia fue víctima
de la corrupción.
Contra la persona emblemática de Alberto Fujimori en primer lugar, preso
hasta hoy injustamente, condenado sin pruebas por crímenes que no cometió. Cada
día que pasa en prisión es un cargo de conciencia para los peruanos.
Hoy la corrupción ha copado todas las instituciones. Y le toca a la
oposición fujimorista investigarla. Pero esta vez no habrá venganza
política. La bancada de Fuerza Popular ha
adelantado que la presunción de inocencia se mantendrá escrupulosamente
en la investigación parlamentaria. La opinión pública podrá juzgar de su
conducta.
Tanto más
si, como parece, deben declarar como testigos incluso el presidente de la
República y el premier del gobierno actual, el cuarto luego del fujiimorismo.
Pero es necesario afirmar enfáticamente que el Congreso debe investigar. La ciudadanía no puede fiarse solo de la Fiscalía. La magnitud de la corrupción es tal que hace falta la garantía de dos investigaciones paralelas que se apoyen una a la otra y se vigilen entre sí ante los ojos de la opinión pública. Dos investigaciones sobre el mismo asunto pueden recorrer caminos distintos, pero probablemente desembocarán en los mismos hechos y, aproximadamente, en las mismas conclusiones.
No falta ahora quien se apresura a señalar, sin embargo, que el Congreso debe inhibirse de investigar para que lo haga solo la Fiscalía. Tal opinión podría tener fundamento en otras circunstancias, pero no hoy y aquí. Y, sobre todo, no si es parcializada por venir de parte políticamente interesada. A otro perro con ese hueso.
Pero es necesario afirmar enfáticamente que el Congreso debe investigar. La ciudadanía no puede fiarse solo de la Fiscalía. La magnitud de la corrupción es tal que hace falta la garantía de dos investigaciones paralelas que se apoyen una a la otra y se vigilen entre sí ante los ojos de la opinión pública. Dos investigaciones sobre el mismo asunto pueden recorrer caminos distintos, pero probablemente desembocarán en los mismos hechos y, aproximadamente, en las mismas conclusiones.
No falta ahora quien se apresura a señalar, sin embargo, que el Congreso debe inhibirse de investigar para que lo haga solo la Fiscalía. Tal opinión podría tener fundamento en otras circunstancias, pero no hoy y aquí. Y, sobre todo, no si es parcializada por venir de parte políticamente interesada. A otro perro con ese hueso.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Expreso
El fiscal de la Nación,
Pablo Sánchez Velarde, informó que el despacho del fiscal Hamilton Castro
Trigoso se encuentra investigando los hechos relacionados con el reporte
emitido por la Corte del Distrito Este de Nueva York, en el que se indica que
la empresa Odebrecht había pagado sobornos a funcionarios públicos peruanos.
La República
El Ministerio Público ya
investiga los sobornos por 29 millones de dólares pagados por Odebrecht en el Perú, durante los gobiernos de
Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, que la empresa brasileña reveló
ante la Corte del Distrito Este de Nueva York.
Desde noviembre último, el
fiscal supraprovincial Hamilton Castro Trigoso, de la 1° fiscalía corporativa
especializada en casos de corrupción de
funcionarios, está a cargo de las
indagaciones, reveló ayer el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Agregó que la
investigación, “libre de cualquier presión política”, es reservada, pero que ya
se solicitó la asistencia
judicial internacional e información a la Confederación Suiza.
Con ese objetivo, entre el
12 y 16 de diciembre, el fiscal Castro y el fiscal superior Alonso Peña
Cabrera, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y
Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, estuvieron en Suiza.
Luego de una intensa
coordinación, los fiscales suizos Stefan Lenz y Luc Leimgruber, que ven el caso Lava Jato, aceptaron compartir
información con el Perú, pero pidieron la máxima confidencialidad.
Las pesquisas del fiscal
Castro y la colaboración del Ministerio
Público de Brasil han permitido identificar
dos cuentas en bancos de Suiza, por donde pasó el dinero de los sobornos
pagados por la constructora brasileña.
La fiscalía no dio mayor
información al respecto. El despacho del fiscal Hamilton Castro viene
coordinando con los fiscales Reinaldo Abia y Germán Juárez, que tienen casos
vinculados, para realizar un trabajo coordinado y de permanente colaboración,
precisó el Ministerio Público.
Las cuentas ya no tendrían
dinero. El fiscal Hamilton Castro está pidiendo a Suiza el historial de
movimientos de las cuentas para saber de dónde llegó el dinero y a dónde fue
transferido después, lo cual permita identificar a los altos funcionarios
peruanos comprometidos con los
sobornos.
La República
Odebrecht ganó la
licitación para la construcción de la Carretera Interoceánica Sur, con dos
tramos, la cual se estimó en unos 800 millones de dólares, pero finalmente le
costó al Perú dos mil millones de dólares.
Este megaproyecto vial
también incluyó la construcción de la Interoceánica Norte, donde se han identificado sobrecostos.
Las coimas fueron pagadas a
cuentas de empresas de un allegado del miembro del Estado, cuyo nombre se
desconoce pero ya habría sido identificado por el Ministerio Público.
Expreso
Para el parlamentario
andino de Fuerza Popular Rolando Sousa, el Estado peruano debería incautar las
propiedades de la empresa que ha reconocido ser corrupta al haber incurrido en
el delito de cohecho. “Creo que hay una pérdida de dominio de estos bienes, creo
que las autoridades judiciales deberían tomar en cuenta estas circunstancias e
incautar los bienes de estas empresas”, consideró. “Hay obras en las que ellos
ganaron como empresa y con posterioridad invitaron a otras empresas a formar un
consorcio; en esas circunstancias es posible que las otras empresas no estén
enteradas, pero todo debe ser materia de investigación”, sostuvo.
Estuvo en contra de vender
los proyectos investigados a un tercero. “Se está ayudando a tapar la
corrupción porque el que está rematando sus bienes es el corrupto”, enfatizó,
en alusión a la venta de las acciones de Odebrecht al fondo de inversión
Brookfield de Canadá.
Días atrás, el titular del
Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, informó que Brookfield había aceptado mantener
sin cambios la cláusula anticorrupción del contrato de concesión del Gasoducto,
a diferencia de la postora fallida, el consorcio Sempra-Techint.
Las acciones de Odebrecht
en el Gasoducto del Sur no es el primer negocio que Brookfield cierra con
Odebrecht. En junio pasado, el mismo fondo adquirió el 57 % de la operación de Rutas
de Lima por US$ 450 millones.
Asimismo, Brookfield
compró el 100 % de las acciones de Odebrecht en las concesiones H2 Olmos y
Trasvase Olmos (CTO), operación que faltaría ultimar. Finalmente, en octubre,
Brookfield compró el 70 % de la filial internacional Odebrecht Ambiental por
US$ 878 millones.
Esas adquisiciones no deberían
ser la única preocupación de una clase política aturdida por el caso y sus
derivaciones en el Perú. En el caso del Gasoducto del Sur, el actual Gobierno
se había comprometido a revisar y sincerar los probables sobreprecios, así como
la tarifa eléctrica con que se solventaría esta obra.
Es más, los expertos dicen
que se piensa agregar un nuevo ducto para las ciudades de Cusco, Puno y
Arequipa, que no se sabe quién pagará.
Parecidas circunstancias
se ven en la Línea 2 de Metro de Lima y la Refinería de Talara, que juntos,
sumados a otros gastos faraónicos como el del Oleoducto Nor Peruano, las
compras militares y el gasto corriente, sumarían alrededor de 25,000 millones
de dólares.
Expreso
La justicia peruana debe
pedir una indemnización tal y como lo han hecho Estados Unidos y Suiza tras la
aceptación de la empresa brasileña Odebrecht de haber pagado coimas por un
monto aproximado de 29 millones de dólares a funcionarios peruanos de tres
gobiernos.
“Hay un par de países que
están recibiendo dinero como consecuencia de las multas que le están aplicando
a Odebrecht y, sin embargo, en el Perú ni siquiera se está multando a estas
empresas”, sostuvo Juan Sheput, vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK).
“Más aún, las empresas
brasileñas siguen trabajando en nuestro país como si nada hubiera pasado”,
agregó el congresista del gobierno.
La citada compañía
brasileña acordó pagar una multa por US$ 2,600 millones a Estados Unidos, a
Suiza y a Brasil, para compensar por los actos ilícitos.
El integrante de la
Comisión de Fiscalización Segundo Tapia, de Fuerza Popular, también pidió a las
autoridades hacer la misma solicitud que los países mencionados.
La empresa ha tenido prácticamente
la mayoría de los megaproyectos durante los tres gobiernos mencionados, los de
Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
“Si Estados Unidos, Suiza
y Brasil ya pidieron una indemnización de casi 3 mil millones de dólares, el
señor Kuczynski tiene que hacer lo mismo”, indicó. Consultado Tapia sobre la
reciente compra del fondo de inversión canadiense Brookfield del paquete de acciones
de Odebrecht en el Gasoducto del Sur, indicó que las comisiones de
Fiscalización y “Lava Jato” deben revisar esa transacción. “No hay un
sinceramiento de la verdadera cifra del costo de este proyecto y la obra la
vamos a pagar todos los peruanos a través de los recibos de luz”, enfatizó.
El vocero de la bancada de
Fuerza Popular, Luis Galarreta, indicó que los hechos de corrupción reconocidos
por la brasileña Odebrecht han perjudicado al Estado peruano, debido a que el
costo de las obras debió ser menor, motivo por el que debe ser resarcido. Recomendó
cruzar los nombres de las agendas de Nadine Heredia con los contenidos en el
informe de la Corte del Distrito Este de Nueva York.
La República
Durante la época en que se
habrían pagado sobornos, los titulares del Ministerio de Transportes,
responsables políticos del megaproyecto, fueron José Ortiz Rivera, del gobierno
de Alejandro Toledo, y luego Verónica Zavala Lombardi y Enrique Cornejo, ex
ministros del segundo quinquenio de Alan García.
Zavala declaró a la
comisión Pari, que investigó el caso Lava Jato, que se alejó del Ministerio por
discrepancias en los sobrecostos que reclamaba Odebrecht y al no poder oponerse.
"Me indigna que
piensen que he recibido sobornos, lo niego", afirmó anoche el ex
ministro Cornejo.
Es posible que ninguno de
los ministros haya participado en los tratos ilícitos con Odebrecht, pero es
altamente probable que conozcan a los funcionarios que tenían poder de decisión
suficiente como para recibirlos.
Lo mismo se puede decir de
los directores ejecutivos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión.
Entre los años 2006 y 2008,
el representante de Odebrecht en Perú, Jorge
Barata, registró
16 visitas a Palacio de Gobierno. El 20 de setiembre del 2006, Barata y el
empresario brasileño Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años y 4
meses de prisión por el escándalo de corrupción de la petrolera estatal
brasileña Petrobras, mantuvieron una reunión con Alan García. El encuentro fue
informado por Marcelo Odebrecht, a través de un correo eléctrónico, a
Alessandrino Alencar, alto funcionario del gobierno de Luiz Ignacio Lula Da
Silva.
Las declaraciones de
Odebrecht también evidencian el pago de 1,4 millones de dólares para la
adjudicación de la construcción del Tren Eléctrico de Lima.
Al frente de este proyecto fue colocado Oswaldo Plascencia, un ex director de
Provías en la época del presidente Alejandro Toledo. La ministra Zavala lo sacó
del MTC.
En diciembre del 2009,
Odebrecht ganó el contrato
de la línea 1, tramo 1 del tren eléctrico
de Lima, que inicialmente fue presupuestado en 410 millones de dólares, pero
cuyo costo se terminó incrementando.
El ex parlamentario Juan
Pari pidió al Congreso publicar el informe en minoría que presentó en julio de
este año y que no fue aprobado en el Pleno. En este documento se da cuenta de nombres
de funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta
Humala.
Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
(…)
…al parecer, la mayor coima (US$20 millones)
estuvo vinculada a la construcción de las carreteras interoceánicas. La verdad
es que espero que no traigan cola esa exención de SNIP a la
Interoceánica-Sur en el 2005 (googleen Decreto Supremo 022-2005) y esa dación
del Decreto de Urgencia 016-2005 (tan favorable para algunos… Googléenlo)
cuando PPK era entonces titular del MEF. Estas dos polémicas
normas motivaron la renuncia de Luis Carranza, entonces viceministro de
Hacienda.
El Comercio
El
jefe del Gabinete ministerial, Fernando Zavala, anunció hoy que el Ejecutivo
aprobará una nueva Ley de Contrataciones y Adquisiciones, en el marco de su
política para impulsar la inversión pública en todo el país y combatir a la
corrupción.
El Comercio
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el banco alemán
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) suscribieron un contrato de préstamo por
un monto en Euro equivalente a US$ 200 millones que permitirá financiar,
parcialmente, el proyecto de transporte público Línea 2 del Metro de Lima y Ramal Av. Faucett – Gambetta,
que beneficiará a la población de los distritos de Lima y Callao.
La
firma del contrato estuvo a cargo del ministro de Economía y Finanzas, Alfredo
Thorne en representación del Gobierno peruano.
La
ejecución del proyecto estará a cargo del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico
de Transporte Masivo de Lima y Callao.
Expreso
Beca para Jaime Saavedra
Víctor Díaz
El censurado súper ministro de Educación Jaime Saavedra en
una de las tantas consultorías que pagaba con la plata de los peruanos,
argumentaba que la creación del Programa Beca 18 respondía a la actual y
creciente necesidad de generar capital humano de calidad, que fundamente su
desarrollo en una educación que permita elevar los niveles de competitividad
del país, cumpliendo con estándares internacionales. En esa línea, el bajo
acceso y permanencia de la población con alto rendimiento académico a una
educación superior de calidad se presenta como el principal problema que el
Programa plantea resolver, dadas las diferencias existentes entre sectores
socioeconómicos de la población. Asimismo argumentaba que dichas diferencias se
hacen evidentes en problemas como: i) restricciones financieras para cubrir los
costos de la educación superior, ii) baja calidad de la educación básica y iii)
la desarticulación entre las necesidades de la demanda de profesionales con la
oferta educativa nacional. En ese sentido, una política social progresiva
resulta una de las acciones de mayor efectividad para ayudar a un sector de la
población a salir del circuito de la pobreza.
Bajo este diagnóstico el gobierno convocaba a nivel nacional
para que los estudiantes con alto rendimiento académico y bajos recursos
económicos, pudieran acceder a una beca, creando para este propósito Beca 18
ordinario, Beca Vraem, Beca Huallaga, Beca Repared, Beca Albergues, Beca para
Licenciados del Servicio Militar Voluntario y Beca de Educación lntercultural
Bilingüe. Así en el 2016 se ofertaron cinco mil becas a nivel nacional para
este sector de la población estudiantil.
Sin embargo haciendo una evaluación de los resultados de Beca
18 dirigida por ejemplo al Vraem podemos decir que más del 50 % que se han
beneficiado de este programa han seguido carreras administrativas, que a todas
luces no va a beneficiar a la región que se pretende sacar de la pobreza, ya
que con plata del Estado se ha pagado para que estudien carreras que no
benefician a la región como Diseño de Interiores, Diseño de Modas, etc.; el 70
% de estudiantes que han accedido a la beca han decidido estudiar en Lima y los
que optaron por ingresar a la universidad casi el 50 % lo hicieron en la
Universidad San Ignacio de Loyola. Es decir el exministro Jaime Saavedra,
utilizando un presupuesto de casi 2 mil millones de soles para el Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo, concentró fundamentalmente estos
recursos en universidades como la San Ignacio de Loyola donde le pagó 124
millones de soles, Cayetano Heredia 141 millones de soles o la desconocida
Católica Sedes Sapientiae con casi 20 millones de soles.
Lo que hubo en el Perú no fue un programa de becas para salir
de la pobreza, lo que existió fue un gran negociado donde se dio prioridad a
las carreras que ofrecían las universidades beneficiadas y en función a ello
direccionaron las aspiraciones del estudiante; sin importar que esa carrera que
le pagaba el Estado beneficiaba a la región o al estudiante; esa es la reforma
educativa que pregonaba en este aspecto el súper ministro de Educación Jaime
Saavedra, esa es la verdad de los elogios que hacia Raúl Diez Canseco a la
política educativa del gobierno anterior, para él existían 124 millones de
razones para alabar a Beca 18.
Nunca ninguna de estas universidades apostó por desarrollar
infraestructura en el lugar de origen de los estudiantes, prefirieron concertadamente
con el gobierno de Humala malgastar los recursos de los peruanos para que un
grupo de universidades hiciera el negocio de su vida. Para dar forma a ello se
unieron algunos medios de comunicación, políticos, universidades y un sector
elite de la educación, donde inventaron a un ministro que estaría al servicio
de sus intereses.
El Comercio
Acuerdo sobre lo difícil
Jaime de Althaus
La ronda de conversaciones del presidente Kuczynski con
líderes de la oposición tiene que desembocar en un proceso que produzca al
final un resultado. Y ese resultado no puede ser otro, a mi juicio, que un
acuerdo en torno a un conjunto pequeño de grandes objetivos y las reformas
requeridas para alcanzarlos, a fin de llegar al bicentenario convertidos en un
país moderno, justo y en crecimiento acelerado.
Lo primero, entonces, es ponerse de acuerdo en qué
grandes objetivos buscamos llegar al 2021: por ejemplo, reconstruir un sistema
de partidos y de representación (aunque esto vaya más allá del 2021), mejorar
las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, construir un Estado meritocrático
y transparente, reducir la delincuencia común y el crimen organizado e
implantar el imperio de la ley, prevenir los conflictos sociales, formalizar la
economía y el trabajo, agua para todos, educación y salud de calidad. Una vez
acordados los grandes objetivos, la discusión se ordena fácilmente: qué
reformas, políticas y leyes hay que aprobar para alcanzar esos objetivos.
El presidente del Consejo de Ministros ha preferido una
entrada por temas y no por objetivos, aunque cada tema tiene un objetivo
implícito. Ha planteado tres: lucha anticorrupción (se propondrán las 100
medidas sugeridas por la Comisión Presidencial de Integridad), seguridad
ciudadana y formalización. Insisto en que la entrada por objetivos permitiría
centrar mejor la discusión e identificar las reformas difíciles que requieren,
precisamente por eso, acuerdo político, sea porque exigen voluntad política y
firmeza (no solo del gobierno) para ejecutarse –porque pueden encontrar
resistencias–, sea porque demandan un esfuerzo especial para encontrar la
solución o para desarrollar la voluntad misma de buscarla, pues se trata de
temas complejos o políticamente sensibles.
En el primer caso caben decisiones claves para reducir
la delincuencia, tales como la depuración de la policía y de las instituciones
judiciales o la propia reforma judicial (que no depende solo del Poder
Judicial), por ejemplo, y la implantación de la reforma meritocrática del
servicio civil en todas las instituciones y niveles del Estado, o la reforma de
las empresas de agua. En el segundo caso, mezclado con el primero, tenemos
asuntos estratégicos como la institucionalidad necesaria para prevenir los
conflictos sociales y viabilizar la inversión minera, o las reformas para
conseguir una legislación laboral más inclusiva, que facilite la generación de
empleo formal con derechos.
Una metodología alternativa sería concordar las
reformas necesarias para ingresar a la OCDE. Quizá este camino sea el más
práctico.
El Gobierno ha decidido que el marco para esta
discusión es el Acuerdo Nacional y ha convocado una primera reunión
para este martes 27. Nótese que en el foro del Acuerdo Nacional participan no solo los partidos
políticos, sino también la llamada sociedad civil (gremios, iglesias,
profesionales y, aunque parezca increíble, hasta la ¡Coordinadora Nacional de
Frentes Regionales! Quizá un foro como este permita hablar con más claridad.
POLITICA EXTERIOR, BRASIL, CHILE, BOLIVIA,
VENEZUELA, EEUU
El Comercio, AFP
Donald
Trump divulgó este viernes una carta que le envió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el pasado 15 de
diciembre y en la que el líder ruso se manifiesta en favor de una mejora en las
relaciones bilaterales.
En la
carta, Putin expresa confianza en que, una vez que Trump asuma el poder,
Washington y Moscú puedan "restaurar el marco de cooperación
bilateral" y llevar la colaboración en el plano internacional "a un
nuevo nivel cualitativo".
De
acuerdo con la traducción no oficial de la carta divulgada por Trump, Putin
señaló en su mensaje que esa mejora de las relaciones bilaterales podría
conseguirse "actuando de forma constructiva y pragmática".
Según
Putin, "serios desafíos globales y regionales que nuestros países han
tenido que enfrentar en años recientes, muestran que las relaciones entre Rusia
y Estados Unidos continúan siendo un importante factor de estabilidad y
seguridad en el mundo moderno".
En la
escueta nota oficial que acompañó a la divulgación del mensaje, Trump comentó
que se trata de "una bella carta de Vladimir Putin; sus pensamientos son
correctos". "Espero que las dos partes sean capaces de hacer realidad
estos pensamientos, y que no tengamos que viajar en un camino alterno",
añadió.
Putin
declaró el jueves que Rusia debía fortalecer su arsenal de misiles nucleares, e
inmediatamente Trump reaccionó en la red Twitter alegando que Estados Unidos
debía "fortalecer y expandir" su propia capacidad estratégica.
El Comercio,
Reuters
El
presidente electo de Estados Unidos Donald Trump dijo a la cadena MSNBC "dejen
que haya una carrera armamentista", cuando se le pidió aclarar una
publicación previa en su cuenta de Twitter relativa a armas nucleares, reportó
el viernes la emisora.
"Estados
Unidos debe fortalecer enormemente y ampliar sus capacidades nucleares hasta el
momento en el que el mundo entre en razón sobre las armas atómicas",
escribió Trump.
La
presentadora Mika Brzezinski de MSNBC habló con Trump por teléfono y le pidió
que ampliara lo mencionado en su tuit. Brzezinski dijo que el presidente electo
le respondió: "Dejen que haya una carrera armamentista. Nosotros los
superaremos en cada instancia y vamos a pervivir".
Trump
asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero.
