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MEDIA
COLUMNA
Giro espeluznante
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Es pavorosa la magnitud de la corrupción que
se expande cada día más, organizada por lo que ahora pasa a llamarse el “club
de los 16”.
El “club” es una argolla de empresas
brasileñas que postulaba sistemáticamente a licitaciones amañadas, de las que
luego se retiraban las empresas más pequeñas para dejar ganar a una sola, Odebrecht,
como postor único. Se habla de una cifra total de dos billones de dólares.
Pero hoy esta truculenta historia ha entrado
de lleno en el género del horror.
El juez supremo brasileño que entrevistó a unos
900 “delatores premiados” y debía tomar en febrero la decisión sobre si esos
testimonios que incluían a cientos de nombres debían hacerse públicos, ha muerto
en un accidente de aviación frente a las costas de Rio de Janeiro.
En
el Perú solamente, 358 personas naturales y jurídicas habrían participado en
operaciones vinculadas a las empresas brasileñas, según ha revelado al Congreso
un funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El
funcionario añadió que se ha congelado cuentas bancarias de la empresa Camargo
Correa, pero que, a pedido del Ministerio Público, no se aplicó este mecanismo a
Odebrecht.
Desgraciadamente, el presidente Kuczynski todavía no parece
tomar conciencia de la magnitud del hueco negro que se abre a sus pies. Continúa
en la negación. Piensa que aun puede manejar la venta de las acciones de
Odebrecht al fondo Brookfield, al que, sin embargo, parece alcanzar el
contagio. Para él, es cuestión de poner en un fideicomiso el importe de la
venta y seguir adelante con la construcción del proyecto según él de una manera
limpia.
No hay forma de seguir adelante con el proyecto en su estado
actual de manera limpia, sin embargo, porque está lleno de sobrecostos -que pueden
ser del cien por ciento, de modo de llegar a los más de 7 mil millones de dólares
que terminó costando cuando originalmente valía mil 300-. El mega proyecto
tiene que ser rediseñado y recalculado y solo así se sabrá si puede ser rentable
aun si se le vendiera electricidad a Chile.
El presidente, en cambio, sigue preocupado del “debido
proceso” y los “posibles reclamos internacionales
en el CIADI”, según dice. Y tratando penosamente de salvar su responsabilidad
personal diciendo que “no se construyó ni un centímetro de la Interoceánica
bajo el gobierno de Toledo -del que fue premier- (porque) la construcción se
dio después”.
El gobierno y la justicia no pueden ser tan pusilánimes. Menos aun ante la sospechosa muerte de este juez brasileño. Las personas naturales y jurídicas tendrán que responder por sus actos. El único control de daños que importa es el del Perú.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
MENU DEL DIA
ü El juez supremo brasileño Teori Zavascki, quien debía
decidir si se daba a conocer los nombres de cientos de implicados en la mega corrupción,
falleció hoy en un accidente aéreo
ü
Las
constructoras brasileñas constituyeron un "club"
de 16 empresas
que se dividían los contratos
ü Manuel Romero Caro: “según Mauricio Mulder, el
Secretario general de ProInversión ha declarado a la comisión Lava Jato que
quedaron sorprendidos de cómo los brasileños coordinaban entre sí, a tal punto
que se presentaban para cualquier obra varias empresas, y las menores se
retiraban para dejar sola a Odebrecht”
ü
La
UIF tiene identificadas a 251 personas y 107 empresas en el Perú que formaban
parte del esquema
de Odebrecht,
Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvão y Camargo Correa.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Gestión, Reuters
El juez del Supremo
Tribunal Federal de Brasil Teori Zavascki, quien supervisaba una gran
investigación a políticos por corrupción política, Lava Jato, falleció hoy
cuando la avioneta en que viajaba se estrelló frente a las costas del estado de
Río de Janeiro, anunció su hijo.
Los socorristas hallaron
tres cadáveres entre los restos del siniestro, según un portavoz de los
bomberos. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) dijo que el bimotor Hawker Beechcraft C90GT
tenía una capacidad máxima para siete pasajeros.
Zavascki estaba revisando
el largamente esperado testimonio de decenas de ejecutivos del grupo de
ingeniería Odebrecht,
que se espera implique a cientos de políticos en el mayor caso de corrupción de
la historia de Brasil. En la investigación, que implica al menos a 6.400
millones de reales (2.000 millones de dólares) en sobornos por contratos con
empresas estatales, hay 200 personas acusadas y más de 80 ejecutivos y
políticos condenados.
La República
Directivos de Andrade
Gutiérrez, OAS, Galvao Engenharia, Engevix y UTC ya están negociando con los
fiscales. Ofrecen revelar cómo
se desviaba el dinero de los contratos, las
cuentas secretas utilizadas para pagar los sobornos, los nombres de los
funcionarios beneficiados y para qué se pagaron las coimas.
Odebrecht, por ejemplo,
admitió que entregó coimas por US$ 349 millones en 11 países de Latinoamérica y
África, entre ellos el Perú.
El dinero que salía de la
petrolera estatal brasileña Petrobras era manejado por "doleiros" (personas dedicadas al cambio no oficial del dólar) a través
de casas de cambio, lavanderías de autos, empresas offshore y cuentas bancarias
secretas.
Hoy, las autoridades de
Brasil están descubriendo que las constructoras también tenían su propio
esquema de "blanqueo".
Las constructoras habían
constituido un
"clube" de 16 equipos (empresas) que a manera de
un campeonato de fútbol se dividían los contratos en "campeonatos"
locales o internacionales.
La compañía dirigida por Marcelo Odebrecht tenía una oficina secreta
denominada División de Operaciones Estructuradas, para sacar el dinero de su
contabilidad y entregarlo al funcionario corrupto o el político amigo.
Utilizaban subcontratos
sobrevalorados, firmas offshore e intermediarios para canalizar los fondos a
cuentas ocultas y contabilidad
secreta en
Estados Unidos y Suiza.
El ex director de
Petrobras relató que se desviaba alrededor
del 3% del
valor de los contratos en sobornos. Estas coimas comprendían pagos mensuales a
políticos para financiar a sus partidos o campañas electorales.
Los fiscales estiman que
Petrobras y el "clube" pagaron sobornos por
6,4 billones de reales, aproximadamente 2 billones
de dólares (lavajato.mpf.mp.br).
Luego se ha incluido a Odebrecht,
tras firmar un acuerdo de colaboración con Estados Unidos, Suiza y Brasil en el
que reconoce pagos ilícitos en el Perú por 29 millones de dólares, entre los
años 2005 y 2014, en la Interoceánica Sur y Norte y el Tren Eléctrico, entre
otras obras.
El ministro del Supremo
Tribunal Federal de Brasil, Teori Zavascki (fallecido hoy en u accidente de
aviación), interrumpió las vacaciones judiciales para avanzar la revisión de
las 77 delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht. Zavaschi
no ha dado una fecha para homologar las declaraciones, pero la prensa brasileña
señala que se iniciarán las audiencias con los delatores y las homologaciones la
primera y segunda
semana de febrero.
La fiscalía pidió que tan
luego se produzca la homologación se hagan públicas las 900 delaciones que
revelan pagos a ex presidente, ministros y políticos brasileños. La
homologación también agilizará la llegada a Lima de la
información sobre los sobornos pagados en Perú.
Gestión
El Club 16 de las
constructoras de Lava Jato
Manuel Romero Caro
(…)
Según la manifestación al juez de Paulo Roberto Costa (PRC), ex Director de Abastecimientos de Petrobras (1), los grandes contratistas se reunían y decidían quien se iba a quedar con cada una de las obras , con cada contrato, y cuál sería el porcentaje que se otorgaría por sobornos. Solo después de esos acuerdos previos presentaban propuestas cercanas al precio máximo aceptable por la Comisión de Licitación. Para no mencionar los adicionales que inflaban los costos , casi siempre necesarios por fallas en los proyectos básicos.
Según Mauricio Mulder, el Secretario general de ProInversión ha declarado a la comisión Lava Jato que quedaron sorprendidos de cómo los brasileños coordinaban entre sí, a tal punto que se presentaban para cualquier obra varias empresas, y las menores se retiraban para dejar sola a Odebrecht (Odb). Es decir simulaban una competencia. (2)
PRC explicó que sobre cualquier presupuesto, el empresario que prestara ese servicio para PB, estimaba un margen de utilidad que variaba entre 10% y 20%. Sobre ese valor le adicionaba de 1% al 3% al precio final; y después transfería este último porcentaje al grupo político al que en ese momento le “perteneciera” la Directoría responsable de PB; en este caso de Abastecimientos. La regla era clara. Si una determinada empresa no aprobaba el sobreprecio o la “propina” para el grupo político, no sería llamada para las próximas licitaciones y el Director a cargo de la operación en PB le crearía problemas en el contrato correspondiente: no lo aprobaba, había atrasos, no se aprobaban las adendas para los adicionales. En otras palabras asfixiaban a la empresa. Como en este esquema todos ganaban, la corrupción se institucionalizó, y se practicó en todos los contratos y obras de PB.
Del 3% destinado a los políticos, 1/3 se quedaba con el partido al que “pertenecía” la Directoría, y 2/3 se iban para el Partido de loos Trabajadores. Alberto Youseff era el operador financiero, siendo su responsabilidad recibir el dinero de los contratistas en las cuentas de sus empresas de fachada, enviar una parte de los fondos al exterior y entregar otra parte en efectivo, en Brasil. Y él se quedaba con el 30%.
Lo que hacían las constructoras era cerrar contratos con empresas “de fachada” que simulaban la prestación de servicios de consultoría. Ellas emitían “notas frías” y recibían depósitos millonarios. Y ese era uno de los principales caminos para el pago de sobornos. En los contratos encontrados por la Policía Federal en las oficinas allanadas, las consultorías se definían por nombres genéricos para ocultar el verdadero objetivo de las transacciones. Y el valor de los servicios se establecía sin criterios tangibles, rendición de cuentas o contra la demostración de resultados (1).
Al financiar ilegalmente las constructoras las campañas electorales de numerosos políticos, al llegar estos al poder tenían “cancha libre” para diseñar los proyectos de acuerdo a su conveniencia y sin tener responsabilidad porque todavía no se había otorgado la buena pro.
Según la manifestación al juez de Paulo Roberto Costa (PRC), ex Director de Abastecimientos de Petrobras (1), los grandes contratistas se reunían y decidían quien se iba a quedar con cada una de las obras , con cada contrato, y cuál sería el porcentaje que se otorgaría por sobornos. Solo después de esos acuerdos previos presentaban propuestas cercanas al precio máximo aceptable por la Comisión de Licitación. Para no mencionar los adicionales que inflaban los costos , casi siempre necesarios por fallas en los proyectos básicos.
Según Mauricio Mulder, el Secretario general de ProInversión ha declarado a la comisión Lava Jato que quedaron sorprendidos de cómo los brasileños coordinaban entre sí, a tal punto que se presentaban para cualquier obra varias empresas, y las menores se retiraban para dejar sola a Odebrecht (Odb). Es decir simulaban una competencia. (2)
PRC explicó que sobre cualquier presupuesto, el empresario que prestara ese servicio para PB, estimaba un margen de utilidad que variaba entre 10% y 20%. Sobre ese valor le adicionaba de 1% al 3% al precio final; y después transfería este último porcentaje al grupo político al que en ese momento le “perteneciera” la Directoría responsable de PB; en este caso de Abastecimientos. La regla era clara. Si una determinada empresa no aprobaba el sobreprecio o la “propina” para el grupo político, no sería llamada para las próximas licitaciones y el Director a cargo de la operación en PB le crearía problemas en el contrato correspondiente: no lo aprobaba, había atrasos, no se aprobaban las adendas para los adicionales. En otras palabras asfixiaban a la empresa. Como en este esquema todos ganaban, la corrupción se institucionalizó, y se practicó en todos los contratos y obras de PB.
Del 3% destinado a los políticos, 1/3 se quedaba con el partido al que “pertenecía” la Directoría, y 2/3 se iban para el Partido de loos Trabajadores. Alberto Youseff era el operador financiero, siendo su responsabilidad recibir el dinero de los contratistas en las cuentas de sus empresas de fachada, enviar una parte de los fondos al exterior y entregar otra parte en efectivo, en Brasil. Y él se quedaba con el 30%.
Lo que hacían las constructoras era cerrar contratos con empresas “de fachada” que simulaban la prestación de servicios de consultoría. Ellas emitían “notas frías” y recibían depósitos millonarios. Y ese era uno de los principales caminos para el pago de sobornos. En los contratos encontrados por la Policía Federal en las oficinas allanadas, las consultorías se definían por nombres genéricos para ocultar el verdadero objetivo de las transacciones. Y el valor de los servicios se establecía sin criterios tangibles, rendición de cuentas o contra la demostración de resultados (1).
Al financiar ilegalmente las constructoras las campañas electorales de numerosos políticos, al llegar estos al poder tenían “cancha libre” para diseñar los proyectos de acuerdo a su conveniencia y sin tener responsabilidad porque todavía no se había otorgado la buena pro.
Proceso muy similar a la “metodología” empleada aquí al
solicitar exoneraciones de los estudios de pre inversión o SNIP, lo que daba
pie a las Adendas que terminaban inflando significativamente el presupuesto
original .
Asimismo, les permitía transferir estas
responsabilidades a los funcionarios públicos. Por ejemplo, el 20.07.15 escribí
un artículo “Los pecados de Odebrecht”; dos días después, Gestión publica una
carta de Odebrecht en la que argumentan que mi frase “los principales proyectos
de Odebrecht han sido exonerados del SNIP” es falsa. Porque “es el Estado, a
través del MEF, el que determina la pertinencia de pasar un proyecto por el
SNIP. Luego se convoca a concurso público y, finalmente, se otorga la buena
pro. No al revés, como pretende hacer parecer”.
En palabras del Contralor “es una corrupción que no la podemos detectar porque es previa al proceso de contratación. Si yo quiero ganar una obra, hay un arreglo antes, donde se decide a quién le vamos a dar el futuro contrato”. Expreso 11.01.17.
Las “reglas” del Club fueron elaboradas por Ricardo Pessoa , dueño de la constructora UTC . Y para evitarse problemas se utilizaba una redacción “futbolera”. Es así que se establecía que en el campeonato nacional participarían 16 equipos (contratistas), aunque se dejaba constancia de la preocupación por dejar participar a las “categorías inferiores”. Dejándose muy claro que el objetivo final era preparar a los equipos para las competencias internacionales.
El club tuvo una composición variable en el tiempo. En una primera etapa, que debe haber durado hasta mediados de la década del 2000, solo la integraban 9 contratistas, aunque posteriormente se amplió a las 16 principales constructoras.
Según las manifestaciones de PRC, nunca una empresa dejó de pagar los sobornos, ya que eran las mismas empresas que participaban en otras obras públicas en Brasil . Por lo que, si se creaba problemas en un lado, se estaba creando problemas en otro. En otras palabras, si no pagas, no tendrás obras. Es imprescindible liquidar de raíz este esquema mafioso para que no pueda volver a repetir en nuestro país.
(1) Las informaciones de Brasil vienen de diversa publicaciones de Brasil y del libro Lava Jato de Vladimir Netto. (2) Mauricio Mulder en Perú 21 del 17.01.17
En palabras del Contralor “es una corrupción que no la podemos detectar porque es previa al proceso de contratación. Si yo quiero ganar una obra, hay un arreglo antes, donde se decide a quién le vamos a dar el futuro contrato”. Expreso 11.01.17.
Las “reglas” del Club fueron elaboradas por Ricardo Pessoa , dueño de la constructora UTC . Y para evitarse problemas se utilizaba una redacción “futbolera”. Es así que se establecía que en el campeonato nacional participarían 16 equipos (contratistas), aunque se dejaba constancia de la preocupación por dejar participar a las “categorías inferiores”. Dejándose muy claro que el objetivo final era preparar a los equipos para las competencias internacionales.
El club tuvo una composición variable en el tiempo. En una primera etapa, que debe haber durado hasta mediados de la década del 2000, solo la integraban 9 contratistas, aunque posteriormente se amplió a las 16 principales constructoras.
Según las manifestaciones de PRC, nunca una empresa dejó de pagar los sobornos, ya que eran las mismas empresas que participaban en otras obras públicas en Brasil . Por lo que, si se creaba problemas en un lado, se estaba creando problemas en otro. En otras palabras, si no pagas, no tendrás obras. Es imprescindible liquidar de raíz este esquema mafioso para que no pueda volver a repetir en nuestro país.
(1) Las informaciones de Brasil vienen de diversa publicaciones de Brasil y del libro Lava Jato de Vladimir Netto. (2) Mauricio Mulder en Perú 21 del 17.01.17
La República
Un total de 358 personas
naturales y jurídicas participaron en operaciones sospechosas vinculadas a
empresas brasileñas,
reveló Sergio Espinosa Chiroque, superintendente adjunto de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF).
Espinosa detalló que
tienen identificadas a 251 personas y 107 empresas, las cuales formaban parte
del esquema
de la ruta del dinero proveniente de
las constructoras Odebrecht,
Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvão y Camargo Correa.
El superintendente adjunto
de la UIF acudió ayer a la comisión que investiga el caso Lava Jato en el
Congreso. Durante su exposición se refirió a grupos que se encargaron de lavar
dinero. Citó
como ejemplo el grupo de empresas y personas que dirigió Gonzalo Monteverde
Bussalleu.
Mencionó que producto de
este trabajo se logró congelar cuentas bancarias de la empresa Camargo Correa.
No obstante, refirió que a pedido del Ministerio Público no se aplicó este
mismo mecanismo en el caso Odebrecht.
Gestión
El jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, dijo
que el cierre financiero del GSP se dará de todas maneras
el próximo 24 de enero, pese a que Odebrecht solicitó una ampliación del plazo
para la venta de sus acciones en diciembre del año pasado.
“Vamos a dividir la cosas
en dos, tenemos el ducto del gas, que tiene fecha hasta el lunes para demostrar
que pueden levantar la plata. Los acciones de este ducto ya no incluyen a
Odebrecht. Le estarían comprando su parte a la constructora y lo que se está
viendo es, cómo parte de esa venta (de las acciones de Odebrecht), si se
realiza, se segrega en un fideicomiso para financiar los daños y perjuicios que
se tendrán que demostrar en un tribunal”, afirmó el jefe de Estado.
Apuntó que el Gobierno
está muy interesado que se haga el ducto en el sur, “pero obviamente de una
manera limpia”.
Manifestó que el proyecto
de Olmos de la constructora acusada de corrupción, también está en venta con
otro operador. “Ahí también del producto de esa venta habrá que segregar una
parte. Ocurrirá lo mismo con la venta de la Central Hidroeléctrica Chaglla.
Todos estos (proyectos) están en venta. Aquí hay que trabajar cuidadosamente
para que se generen las reservas en los fideicomisos”, apuntó.
Consultado sobre la
lentitud de la Fiscalía, respecto a acciones judiciales en contra de la
constructora acusada del pago de sobornos, en comparación a otros países dijo
que “hay un debido proceso y, si uno no sigue el debido proceso, se expone a
reclamos internacionales en el Ciadi”, afirmó.
Reiteró que durante el
gobierno de Alejandro Toledo, en el que se desempeñó como primer ministro, no se
construyó ni un centímetro de la carretera Interoceánica. “No se construyó ni
un centímetro de la Interoceánica bajo el gobierno de Toledo. Fue una
negociación a raíz de una ley del Congreso, la construcción se dio después”,
subrayó.
Expreso
La Comisión Especial
Multipartidaria encargada de investigar el denominado caso Lava Jato, acordó
por unanimidad solicitarle al Poder Ejecutivo resolver el contrato del
Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Este acuerdo se concretó
luego que el aprista Mauricio Mulder solicitara al titular de dicho grupo, el
fujimorista Víctor Albrecht, que se remita con carácter de urgencia al
presidente Pedro Pablo Kuczynski que se resuelva el contrato del Estado peruano
con una empresa que “claramente ha transgredido la cláusula de anticorrupción”.
“El presidente Kuczynski
debe cortar de plano el contrato del gasoducto. Seguimos pagando en nuestros
recibos de luz un dinero que no va al Estado peruano, va a los bolsillos de
Odebrecht”, cuestionó.
En ese mismo sentido,
Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, pidió que se solicite al
gobierno regional de Lambayeque que no apruebe transferencia de acciones de
Odebrecht, tal como ocurre con el Proyecto Olmos y la multinacional Brookfield.
“Es evidente que Odebrecht
quiere, a través de la venta de sus acciones a Brookfield, hacernos creer que
es otra empresa cuando claramente son lo mismo. Hay una lista de 100
funcionarios públicos que están al otro lado del mostrador en el caso
Odebrecht”, advirtió.
En Colombia, esa misma
iniciativa es replicada por el presidente Juan Manuel Santos, quien aseguró
ayer en el Foro Económico de Davos que denunciará (anulará) el contrato de la
Ruta del Sol 2, que Odebrecht se adjudicó mediante sobornos a un funcionario de
la anterior gestión presidencial. Durante una rueda de prensa, confirmó que lo
que corresponde ahora es buscar la forma para que ese contrato se declare nulo
y ver la manera de que se pueda continuar y terminar la vía por otro camino.
“El Gobierno de Colombia va a demandar ese contrato, que ya se comprobó que era
ilícito en origen”, pues para conseguirlo “pagaron sobornos a un funcionario
del Gobierno anterior”. El pasado 12 de enero, las autoridades colombianas
detuvieron a Gabriel García Morales, viceministro de Transporte durante el
Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), por su supuesta implicación
en el caso.
Al inicio de la sesión de
la Comisión Lava Jato, el titular de este grupo, Víctor Albrecht, informó que
el Ministerio Público no brindará detalles sobre el acuerdo a que llegó con la
empresa brasileña Odebrecht. Albrecht leyó un oficio enviado por el fiscal
Hamilton Castro, a cargo de la investigación, donde manifiesta que “el
Ministerio Público tiene la obligación de cautelar la reserva de la
investigación, motivo por el cual no podemos brindar información del contenido
de las misma”.
En esa misma línea, el
fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, reiteró ante el grupo de trabajo que en
aras de proteger la reserva de la investigación, la Fiscalía no puede compartir
el contenido del acuerdo a que llegó con la empresa brasileña Odebrecht.
El también miembro de la
comisión, Víctor Andrés García Belaunde refirió que no encontraba en el fiscal
de la Nación interés en este proceso de investigación. Pablo Sánchez aseguró
que no existen “santos” en esta investigación y que los responsables serán
sancionados.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El
abogado Enrique Bernales, quien dirigió la comisión que evaluó los ascensos en
las Fuerzas Armadas en el último gobierno, afirmó que el ex comandante general
del Ejército Paul da Silva fue presionado por el ex consejero presidencial
Adrián Villafuerte para saber cómo votaron los oficiales en la segunda vuelta
del 2011.
Ante
la Comisión de Defensa del Congreso, Bernales indicó que Villafuerte, por
encargo del ex presidente Ollanta Humala,
intentó conocer quiénes en el Ejército votaron a favor de la lideresa de Fuerza
Popular, Keiko Fujimori.
“Sucedieron
cosas increíbles, el general Paul da Silva era el comandante general del
Ejército, pero a los nueve días de estar en el cargo durante el gobierno del ex
presidente Humala fue destituido. La información que nos ha llegado es que se
trató de presionar al general Da Silva para que diese información sobre cómo
había sido el voto de los oficiales del Ejército en el proceso electoral del
2011 y quiénes habían votado por Ollanta Humala o Keiko Fujimori”, dijo.
Bernales
señaló que “la presión fue ejercida directamente por el coronel Villafuerte”. “Fue
él quien en determinados momentos, en el transcursos de esos nueve días, trató
de obtener la información que le había encargado el [entonces] presidente
Humala”, añadió.
“Debo
señalar que la responsabilidad principal de este caso fue la abierta
intervención política de quien ejercía la Presidencia de la República, el señor Ollanta Humala”, manifestó.
Acusó
que el objetivo del nacionalista con esta intervención política en el Ejército
fue la de gobernar 15 años consecutivos. “Cinco años Humala, cinco años su
esposa [Nadine Heredia] y luego cinco años Humala. Para ese propósito es
evidente que el ex presidente necesitaba tener un control del Ejército y ese
control lo ejerció a través del asesor Villafuerte”, acotó.
Expreso
Toda una maquinaria se
habría creado en el Gobierno de Ollanta Humala con la intención de mantener a
este y su esposa, Nadine Heredia, en el poder durante 15 años, es decir, tres
periodos presidenciales, según el presidente del grupo encargado de evaluar los
ascensos y pases a retiro en las Fuerzas Armadas en el período 2012-2015,
Enrique Bernales.
El constitucionalista
contó ayer en el Congreso que por ello hubo una “intromisión política” en las
Fuerzas Armadas, manejándose los ascensos y pases al retiro al antojo del
dignatario de turno para escudarse de alguna manera.
Tras la sustentación del
informe Bernales, que encuentra utilización política del Ejército por el
gobierno de Ollanta Humala, la titular de la Comisión de Defensa, Luciana León,
afirmó que citará al comandante general del Ejército, Humberto Ramos Hume, al
tiempo de pedir la anulación del proceso de ascensos en el que este fue ratificado.
El Comercio
Igual
que su esposa Nadine Heredia, el ex presidente Ollanta Humala deberá solicitar autorización
judicial para salir del Perú.
El
juez Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria,
decidió modificar las normas de conducta de Ollanta Humala debido a un pedido de la fiscalía.
Antes
de la decisión del juez Concepción, el ex presidente tenía que
asistir cada 30 días al juzgado para justificar sus actividades y pasar por un
control biométrico.
Concepción
considera que la exigencia de la autorización judicial para salir del país
contra Humala es para “evitar el peligro de fuga", según nota del poder
Judicial.
Se
ha intensificado el peligro de fuga con la evidencia de los poderes notariales
que permiten que Humala y Rosa Heredia, prima de Nadine Heredia, puedan
viajar al exterior con los hijos del matrimonio Humala Heredia.
Concepción
remitió un oficio a Migraciones para que registre en su base de datos que
el ex mandatario solo puede dejar el país si presenta la correspondiente
autorización judicial.
