ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
La opinión en MEDIA COLUMNA representa
exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y
gratuitamente cualquier
MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com
MEDIA COLUMNA
Cambio de juego
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
El
constitucionalista Diethell Columbus ha precisado una pregunta que flotaba en
el aire, y ofrecido la respuesta.
El reglamento
del Congreso establece que hacen falta 87 votos –es decir, dos tercios del
Congreso- para destituir a un funcionario. Además, los miembros de la Comisión
Permanente no votan, porque son instancia en el proceso. Restando a los 71 votos de Fuerza Popular sus 15 miembros
en la Comisión Permanente, resulta que solo dispone de 56 votos para destituir al presidente
de la República, al fiscal de la Nación o a un magistrado del Tribunal
Constitucional.
Según Víctor García Toma, además, el
Congreso no ha establecido hasta hoy un procedimiento ni tipificado las conductas
que serían infracciones constitucionales, como se lo recomendó el propio TC. Por
tanto, nuevamente, ni el presidente de la República, ni el fiscal de la Nación, ni los
miembros del TC podrían ser acusados constitucionalmente dentro de un debido proceso.
Desde luego, es
imposible que la primera bancada de la oposición desconozca estos hechos. De
manera que cabe preguntar ¿por qué empuja estas iniciativas en ausencia de votos y de debido proceso?
Que se ha roto el diálogo del gobierno con
la oposición es algo que no necesita demostración.
La Comisión Lava Jato insiste en citar al presidente
Kuczynski, a pesar de que ya ningún otro grupo parlamentario la acompaña. El oficialismo concluye que existe un escenario golpista. Jorge del Castillo piensa que es una exageración.
Si el gobierno quiere detener esta ofensiva, la solución está al alcance de la mano. Lo que tiene que
hacer es construir el puente entre los sectores moderados de las dos orillas dándole la libertad a Alberto Fujimori. Eso es lo que los yanquis llaman
un “game changer”, una jugada que cambia el juego.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
Correo
El
fiscal José Domingo Pérez decidió reprogramar la diligencia para recoger la
declaración en calidad de testigo del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
sobre la adenda del contrato de Chinchero (Cusco) y la licitación al
concesionario Kuntur Wasi.
Fuentes
de Correo en la Fiscalía indicaron que el despacho de Pérez citó el último
viernes 10 de noviembre al Mandatario, sin embargo, PPK solicitó que se
reprograme la diligencia. Las fuentes aseguran que esta semana se conocería la
fecha.
El
pasado 10 de octubre el fiscal Pérez decidió investigar el caso Chincheros bajo
la Ley de crimen organizado. Según la hipótesis del fiscal, Kuntur Wasi habría obtenido
la buena pro al ofertar 264 millones 758 mil 697 dólares y más tarde adujo que
no contaba con suficiente financiamiento, y de esta forma logró que se
suscribiera una adenda a través de la cual el Estado se obligaba a darle un
adelanto de 40 millones de dólares.
En
esta investigación rindió su declaración en calidad de testigo el pasado 15 de
noviembre el primer vicepresidente, Martín
Vizcarra. Estuvo
en el despacho del fiscal Pérez por espacio de 5 horas, absolviendo 80
preguntas del equipo de fiscales que encabeza Pérez.
Vizcarra
tiene investigación abierta desde marzo pasado a cargo de la fiscal Beatriz
Cabello quien hasta el momento no emite ningún pronunciamiento respecto al
caso, siendo una oficina adscrita al despacho del fiscal de la Nación.
Peru21
Hoy vence el plazo
de 72 horas que tenía la jueza Elizabeth
Arias Quispe para emitir su veredicto respecto al control de plazo que
solicitaron Keiko Fujimori
y su esposo por la investigación preliminar que se les sigue en el caso
cocteles. El pedido es para que el Ministerio Público decida si
formalizará o no una investigación preparatoria en su contra, ya que, alega, se
ha vencido el plazo inicial de indagación.
En la audiencia
realizada el pasado miércoles, la defensa de la lideresa fujimorista precisó
que desde el 8 de marzo de 2016 se viene investigando sin resultados la
procedencia de los fondos recaudados en tres cocteles y del aporte realizado
por la ONG Liberty a su campaña presidencial.
El fiscal José Pérez
argumentó que, habiendo adecuado a la Ley de Crimen Organizado el caso, “el
plazo de investigación es de 36 meses”.
Pérez argumentó que aún faltan diligencias, como traducir la información que llegó del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el pasado 13 de noviembre sobre la ONG Liberty, la cual no había sido autorizada para hacer aportes. También precisó que falta culminar los interrogatorios a los aportantes.
Pérez argumentó que aún faltan diligencias, como traducir la información que llegó del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el pasado 13 de noviembre sobre la ONG Liberty, la cual no había sido autorizada para hacer aportes. También precisó que falta culminar los interrogatorios a los aportantes.
Fuentes de Perú21 en el Poder Judicial
señalaron que la resolución de la jueza se mantendrá en reserva y solo será
conocida por la Fiscalía y la defensa de Keiko Fujimori.
Correo
El
secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, deberá
acudir la próxima semana al despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez,
debido a la investigación preliminar que se le sigue a Keiko Fujimori Higuchi y
al partido que lidera, por el presunto delito de lavado de activos.
Fuentes de Correo en el Ministerio
Público aseguraron que Chlimper deberá acudir en dos
fechas: el jueves 23 de noviembre a las 9 de la mañana y el martes 28 del mismo
mes a las dos de la tarde.
Este
diario supo que el fujimorista responderá ante el fiscal por la anotación “Aumentar
Keiko para 500 e eu fazer visita”, hallada en el celular de Marcelo
Odebrecht, ex
CEO de la constructora brasileña que lleva su apellido.Además, se le
interrogará sobre los cócteles realizados por Fuerza Popular en la campaña de
2016.
El
propio Chlimper confirmó a Correo el requerimiento del Ministerio
Público.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio, editorial
Después de una comprensible ausencia de las pantallas
durante casi un año, el secretario general de Fuerza Popular (FP), José Chlimper,
apareció el domingo pasado en una entrevista televisiva en la que abordó
diversas materias de actualidad política. Una de ellas, la recurrente
especulación que existe en algunos sectores de la opinión pública sobre un presunto
interés de su partido por provocar la vacancia del presidente Kuczynski.
En las últimas semanas la especulación ha vuelto a
cobrar fuerza, en el contexto de las amenazas de acusación constitucional
contra el fiscal de la Nación,
cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el ministro del Interior y
hasta contra el propio jefe de Estado, en las que la bancada naranja ha tenido
un protagonismo diverso. Y preguntado en la entrevista sobre si él se opondría
a cualquier tipo de intento de vacancia, Chlimperrespondió de una forma un tanto enigmática.
“Yo me opondría a cualquier tipo de intento político de
vacancia, porque no está dado en nuestra legislación”, dijo. Y luego insistió:
“político”, concediéndole a ese matiz un valor particular.
Como se sabe, empero, la distinción entre intentos
‘políticos’ y ‘no políticos’ de vacancia no es precisamente académica, y el
secretario general de FP tampoco explicó cómo debíamos entenderla dentro de su
código personal. Sin embargo, con cargo a establecer qué entiende él
exactamente por esa expresión (recordemos que, en octubre del año pasado, al
ser designado integrante del directorio del BCR, escribió en su cuenta de
Twitter: “No haré declaraciones políticas por este medio” y pensemos luego en
el tipo de mensajes que, a pesar de ello, ha colgado desde entonces en las
redes), se pueden derivar de sus palabras algunas conclusiones.
Por lo pronto, si los intentos ‘políticos’ de vacancia
no están comprendidos en nuestra legislación, debemos suponer que los ‘no
políticos’ (y a los que no se opondría) serían aquellos que sí lo están. Lo que
nos lleva a revisar el artículo 113 de la Constitución, en el que se establecen
taxativamente los casos en los que la vacancia presidencial procede. Estos son:
1) Muerte del presidente; 2) Su permanente incapacidad moral o física,
declarada por el Congreso; 3) Aceptación de su renuncia; 4) Salir del
territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del
plazo fijado; y 5) Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las
infracciones mencionadas en el artículo 117 del mismo texto constitucional.
Estas últimas son: traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales,
regionales o municipales; disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en
el artículo 134 de la Constitución; e impedir la reunión o funcionamiento del
Congreso mismo o el del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del
sistema electoral.
Ahora bien, en la medida en que los escenarios
contemplados en los numerales 1, 3, 4 y 5 no requieren interpretación ni apoyo
–el presidente muere o está vivo, presenta su renuncia o no, viaja con permiso
o no, etc.–, es razonable asumir que el único intento ‘no político’ de vacar a
un presidente respecto del cual el respaldo o la oposición resultaría relevante
sería el que permite el numeral 2: la declaración por el Congreso de la
permanente incapacidad moral o física del presidente (de ingrata recordación,
dicho sea de paso, para el fujimorismo). ¿Es a esa posibilidad a la que se
estaba refiriendo de modo tan hermético el señor Chlimper y a la que no se opondría?
A decir verdad, valdría la pena que lo aclarase, pues,
a la luz de las últimas revelaciones sobre la declaración de Marcelo Odebrecht
ante los fiscales peruanos en
las que el actual presidente ha sido comprendido, y de las que hablamos el
miércoles en estas páginas, sus palabras adquieren una resonancia inquietante.
Sobre
todo si recordamos que, hacia el final de la entrevista, Chlimper remarcó que “es muy
importante por la salud del Perú” que se conozca que “una muy pequeña minoría
de preguntas [durante el interrogatorio a Odebrecht] fueron vinculadas a Keiko”
y “una larga mayoría se refería a personas de la vida pública y privada del
pasado y del presente en el Perú”.
El Comercio
La presidenta del
Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, se
mostró en contra de las acusaciones constitucionales a las que está siendo
sometido el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, con el respaldo de la bancada
mayoritaria de la oposición, Fuerza Popular.
"Hay que
defender las instituciones democráticas del país”, comentó. Dijo que le pediría
a Keiko Fujimori que el objetivo sea unir personalidades y esfuerzos a favor de
país. "¿Qué le diría a Keiko Fujimori? Pues, imitemos lo que hace Gareca.
Él ha unido un equipo formidable”, manifestó.
El Comercio
El congresista de
Peruanos por el Kambio Gino
Costa refirió este domingo que los constantes
enfrentamientos de la mayoría parlamentaria de Fuerza
Popular contra el Ejecutivo e instituciones democráticas
han creado “un panorama preocupante”. “Creo que hay una dictadura parlamentaria
en camino y hay que detenerla”, destacó.
“No solo el
Ejecutivo está en la mira de la mayoría fujimorista en el Congreso, sino
también instituciones autónomas e independientes que pueden ser un peligro para
ellos: la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional”, consideró.
Acusó
que no se están respetando las prerrogativas del mandatario Pedro Pablo
Kuczynski al insistirle en que reciba a la comisión del Congreso que investiga
las coimas pagadas por empresas brasileñas.
El Comercio
Entrevista
a Jorge del Castillo
(…)
— ¿Mauricio Mulder y usted,
quienes forman parte de la Comisión Permanente, votarán en contra de proceder
con la acusación (a Pablo Sánchez)??
Sí. El fiscal de la Nación no puede ser responsable por decisiones de fiscales inferiores.
Sí. El fiscal de la Nación no puede ser responsable por decisiones de fiscales inferiores.
— Aun así, Fuerza Popular tiene
los votos para continuar hacia una acusación.
Si lo hacen, se verá como un cargamontón antidemocrático contra las instituciones.
Si lo hacen, se verá como un cargamontón antidemocrático contra las instituciones.
— Si la acusación procediera,
¿considera, como ciertos parlamentarios, que se constituirá el camino hacia un
escenario golpista?
Esa es una exageración, pero sí sería un contexto delicado. Los fujimoristas deben tener cuidado para no poner en duda su vocación democrática. Y las actitudes recientes de Fuerza Popular recuerdan a los años 90.
Esa es una exageración, pero sí sería un contexto delicado. Los fujimoristas deben tener cuidado para no poner en duda su vocación democrática. Y las actitudes recientes de Fuerza Popular recuerdan a los años 90.
— Algunos acusan al Apra de
favorecer ese “contexto delicado” por apoyar la denuncia constitucional de un
grupo de marinos contra cuatro magistrados del TC por el Caso El Frontón.
Son dos cosas totalmente distintas. Una sentencia es cosa juzgada y ni siquiera ellos pueden cambiar el sentido. Ahí sí hay una infracción. Pero, como bien dicen los magistrados del TC, el tema no está terminado. Si hay un recurso [de apelación] pendiente, que lo resuelvan de acuerdo a su conciencia.
Son dos cosas totalmente distintas. Una sentencia es cosa juzgada y ni siquiera ellos pueden cambiar el sentido. Ahí sí hay una infracción. Pero, como bien dicen los magistrados del TC, el tema no está terminado. Si hay un recurso [de apelación] pendiente, que lo resuelvan de acuerdo a su conciencia.
(…)
Peru21
El cuco naranja
Diethell Columbus
Al parecer las denuncias por presuntas infracciones constitucionales
presentadas contra el fiscal de la Nación y cuatro magistrados del TC han
generado un gran alboroto político, al punto que los defensores oficiales y
oficiosos de los denunciados han deslizado la idea de que el fujimorismo
pretende petardear nuestra democracia destituyendo a los funcionarios en
cuestión.
Sin perjuicio de que las denuncias presentadas se encuentran dentro de
los parámetros del artículo 99° de nuestra Constitución, lo que algunos alegan
es que Fuerza Popular abusará de su mayoría parlamentaria para destituir tanto
a Sánchez Velarde como a Miranda Canales, Ledesma Narváez, Ramos Núñez y
Espinosa-Saldaña Barrera.
Al respecto, sería bueno que revisemos el artículo 89° del reglamento
del Congreso, pues esta norma señala que si se aprobase la acusación
constitucional en la Comisión Permanente, luego se debe someter a votación ante
el Pleno del Congreso y en esta instancia se requiere como mínimo 87 votos para
lograr la destitución e inhabilitación de los funcionarios que son procesados.
Cabe señalar que dicho artículo precisa que los miembros de la Comisión
Permanente no pueden participar en la votación del Pleno del Congreso que
resuelva la sanción o exoneración de quienes se está juzgando.
Bajo el esquema normativo descrito, debemos acotar que el fujimorismo
tiene 15 representantes en la Comisión Permanente, por lo que de sus 71
parlamentarios, solo 56 podrían apoyar la destitución e inhabilitación del
fiscal de la Nación y de los cuatro magistrados del TC.
(…)
La República
A la defensiva
Mirko Lauer
Keiko Fujimori se está viendo
obligada a ejercer un poder desgastante, algo que tendrá consecuencias. La
bancada de Fuerza Popular se ha convertido de pronto en una máquina de bloquear
instituciones que le resultan peligrosas. Con lo cual han aparecido en la
escena política nuevos enemigos de FP, ninguno de ellos realmente pequeño.
La jefa de FP está entre varios
escenarios. Uno es hacer de la derrota del 2016 una victoria de facto. Otro es
alinear los astros para una victoria en el 2021. Luego está mantener junta una
mayoría parlamentaria sin real cohesión ideológica. A esto se suman problemas
como el caso Joaquín Ramírez, los soplos de Marcelo Odebrecht, o el activismo
de Kenji Fujimori.
En verdad está navegando estas
movidas aguas con cierta eficacia, en parte practicando un espléndido
aislamiento, y en parte con respuestas furibundas. Las insólitas acusaciones al
Fiscal de la Nación y a los cuatro miembros del Tribunal Constitucional están
realmente a su servicio. FP es una corporación que se mueve coordinadamente.
Parte de la eficacia se percibe
en que no hayan surgido voces discordantes en su partido. Esto a pesar de que
quienes guardan silencio hoy pueden pagar las
consecuencias de ello mañana.
Esto vale sobre todo para quienes han sido figuras importantes en la campaña, y
se verían afectados si las declaraciones de Marcelo Odebrecht se llegan a
confirmar.
¿Podrá salvarse la jefa de FP?
Habría que definir primero qué significa salvarse en estos días. Ciertamente quiere
decir evitar el tipo de carcelería que hoy padece el matrimonio Humala-Heredia.
No se sabe si salvarse también quiere decir librar la imagen pública del
contagio de las acusaciones brasileñas. Lo primero es probable. Lo segundo
difícil.
A estas alturas es más o menos
obvio que su suerte está amarrada con la de los demás políticos prominentes
cuyas campañas han sido sindicadas como recipientes de fondos de Odebrecht. El
sentido común sugiere que se acerca el -momento de llegar a algún tipo de
acuerdo con esos otros políticos. Salvo que se juegue a mantener su
negacionismo hasta el final.
Quienes plantean que FP y su jefa
están con miedo, que por eso reaccionan como lo vienen haciendo, tienen razón.
Pero eso no significa que les falten márgenes de acción. Las bravatas de FP no
llevan a ninguna parte, y el peso de su mayoría es limitado, pero el partido
tiene tres años y medio por delante para trazar y recorrer una estrategia.
El Comercio
La mala defensa de PPK y Keiko Fujimori
Juan Paredes Castro
H asta donde sabemos por las filtraciones de
colaboración eficaz en Brasil, no hay nada que confirme y, menos, pruebe por
ahora la responsabilidad de Keiko
Fujimori, Pedro
Pablo Kuczynskio Alan García en la entrega de dinero de Odebrecht a
sus campañas electorales.
Tampoco hay la seguridad de que sobre estos casos
conozcamos la versión completa de Marcelo Odebrecht ante fiscales peruanos ni que Jorge Barata,
su ex lugarteniente en Lima, vaya a entrar en los esperados detalles de tales
declaraciones.
La colaboración eficaz de Odebrecht en Brasil tiene cláusulas doradas. La colaboración
eficaz de Barata en Lima está en un oscuro entredicho fiscal-judicial que, en
cierta forma, la anula.
Barata podría terminar siendo fuente de toda la verdad
o de ninguna, en tanto no existan más que sus palabras contra las deOdebrecht, y las de Fujimori, Kuczynski y García.
Lo que salta a la vista en este punto muerto de
acusaciones y negaciones sin desenlaces relevantes es que dos de los
principales blancos del coletazo corruptor de Odebrecht, el presidente Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ostentadores del mayor
poder ejecutivo y del mayor poder indirecto legislativo, respectivamente,
muestren una clamorosa debilidad en sus mecanismos de defensa legal y política.
Mario Ghibellini alude precisamente en su columna de
Somos (18/11/17) al problema de Kuczynski de
no hacer caso a sus consejeros y al de Keiko, prestarles oídos a los suyos. Claro, en el sentido de que
ambos acaban, frecuentemente y por actos propios, contra las cuerdas.
En términos de la estabilidad del país, el problema
mayor de Kuczynski y Keiko es que toda mala defensa
legal y política de ambos afectará gravemente, de un lado, la institución
presidencial (ya hace tiempo que el mandatario debió haber deslindado de Odebrecht punto por punto) y, de
otro lado, la representación legislativa (donde el fujimorismo tiene una
indiscutible mayoría que no sabe marcar distancias políticas apropiadas).
Reconocemos el derecho a la presunción de inocencia
de Kuczynski y Keiko, pero en su defensa legal y
política ninguno tiene derecho a arrastrar a las instituciones en las que
ejercen poder al riesgo de que estas pierdan credibilidad y prestigio por
ellos.
Junto con la amenaza de destitución de cuatro miembros
del Tribunal Constitucional, la acusación constitucional contra el fiscal de la
Nación, Pablo Sánchez, podría llevarnos al comienzo de una nueva peligrosa
espiral autoritaria fujimorista de imprevisibles consecuencias.
Es hora de que Keiko
Fujimori se escuche más a sí misma a la luz de sus sinceras
promesas democráticas antes de ceder a la ansiedad y vehemencia de quienes
creen, en su entorno, que la mejor defensa no es su integridad personal y
política, sino el momentáneo poder legislativo que los votos le dieron en las
elecciones del 2016.
En lugar de romper lanzas contra adversarios políticos
y medios críticos, Keiko
Fujimori debería hacerlo contra la ansiedad y vehemencia de sus
mejores consejeros, que la están privando de su futuro político.
El Comercio
Destructores del Estado de Derecho
Federico Salazar
Al fiscal
de la Nación se lo puede acusar constitucionalmente solo por
infracción de la Constitución o por delito cometido en ejercicio de la función.
La Subcomisión
de Acusaciones Constitucionales del Congreso quiere denunciar
al fiscal de la Nación,
doctor Pablo Sánchez Velarde. La
principal acusación contra el doctor Sánchez es la omisión de funciones, “lo
que habría generado la impunidad de los principales personajes involucrados en
el Caso Lava Jato [Odebrecht]” (Informe de calificación, Dens.146 y 148).
Según los denunciantes, el Ministerio Público no
investigó a las empresas consorciadas con Odebrecht.
Jorge Barata, ex directivo de esa empresa en el Perú, declaró que la
consorciadas habrían conocido y aprobado las coimas pagadas.
El Ministerio Público es como el Poder Judicial. Los
magistrados son autónomos. Si un juez declara la inocencia de un acusado, eso
no es responsabilidad “funcional” del presidente del Poder Judicial. Igual
sucede en la fiscalía.
Si un fiscal hubiera
excluido de la investigación a Graña y Montero, por ejemplo, eso no sería
responsabilidad “funcional” del fiscal de
la Nación. El fiscal de la Nación tendría que haber
ordenado (contra sus funciones) no investigar a esa u otra empresa consorciada
con Odebrecht.
Según la subcomisión mencionada,
el Ministerio Público no abrió investigación preliminar contra los directivos
ni aseguró el acervo probatorio de las empresas involucradas. Por
“involucradas” se refiere al dicho del señor Barata, que toma por verdadero.
Si el dicho del señor Barata es un hecho, entonces se
puede hablar de empresas involucradas. La subcomisión toma por hecho lo que es un dicho; un dicho de un
delincuente.
Antes hay que indagar, y eso es lo que hace el fiscal del caso.
La subcomisión confunde
al fiscal de la Nación con
el fiscal anticorrupción;
confunde los dichos con los hechos y, además, desconoce la realidad de la
investigación.
Hamilton Castro, fiscal que lidera la investigación, ha dicho que está en la
etapa de la corroboración de la información y de las declaraciones. A
diferencia de los inhábiles congresistas, el fiscaltoma la declaración e indaga en estados financieros y busca
otros testimonios.
Como se trata de una investigación en curso, solo
este fiscalpuede responder
sobre el avance de la investigación. No puede haber “omisión de funciones” si
ni siquiera hay un dictamen.
¿Cómo puedo saber si alguien omitió sus funciones si
todavía no tiene una conclusión? ¿Cómo puedo pretender acusar al fiscal de la Nación de eso que no
ha terminado de hacer el fiscal ad
hoc?
Lo de la subcomisión congresal
equivale a una acusación de omisión de funciones contra el presidente del Poder
Judicial por un caso en el que un juez no hubiera todavía sentenciado.
Esta acusación constitucional es, a todas luces, una
barbaridad. Está basada en la ignorancia sobre las funciones del fiscal de la Nación y sobre la
naturaleza jurisdiccional del Ministerio Público.
Para la subcomisión,
el fiscal de la Nación “tiene
el deber constitucional de tomar medidas idóneas para asegurar una efectiva
investigación”. Para ello remite al artículo 64 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público, que dice que la autoridad del fiscal de la Nación “se extiende a todos los funcionarios que
lo integran” (al MP).
Esa autoridad no es ni puede ser jurisdiccional, ya que
los fiscales son
autónomos, como los jueces.
Solo puede haber delito del fiscal de la Nación “en
funciones” si este impidió al fiscal del
caso realizar peritajes, si lo presionó para proteger a un investigado o si lo
destituyó arbitrariamente para impedir una investigación.
Nada de eso sucedió. Hablar de omisión de funciones en
este caso es un despropósito. Creer que ese despropósito puede sustentar una
acusación constitucional es arbitrario y absurdo.
El Estado de derecho se basa en la supremacía de la
ley. La ley está por encima de los poderes del Estado y, sobre todo, de los que
por estar en el poder creen que la fuerza de número sustituye a la fuerza de la
ley.
Los destructores del Estado de derecho no deben pasar.
El Comercio
Tras el destape de
la Unidad de Investigación de El
Comercio sobre el interrogatorio a Odebrecht, distintas interpretaciones en torno al impacto legal de
sus dichos empezaron a tejerse. Las interpretaciones que esconden ciertas
inexactitudes detalladas a continuación.
1. ¿Odebrecht compromete la situación legal
de PPK, Fujimori o García?
En la última semana, miembros de la oposición hablaron de una “situación comprometedora” del jefe del Estado ante lo dicho por Odebrecht.
En la última semana, miembros de la oposición hablaron de una “situación comprometedora” del jefe del Estado ante lo dicho por Odebrecht.
Las afirmaciones del
empresario brasileño, sin embargo, no bastan para modificar la situación legal
de Kuczynski. Tampoco la de la lideresa de Fuerza Popular o la del ex
presidente García.
“La simple versión
de Odebrecht no tiene
impacto legal alguno. Recién lo tendrían las pruebas que corroboren los
dichos”, advierte el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.
A diferencia del
caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, aún no se cuenta con evidencia
independiente que ratifique lo señalado por Odebrecht sobre PPK, por ejemplo.
2. ¿La ratificación de Jorge Barata sí
sería suficiente?
Si bien una eventual confirmación de los dichos del ex representante de Odebrecht en el Perú permitiría a la fiscalía empezar a armar los casos, tampoco resultaría suficiente.
Si bien una eventual confirmación de los dichos del ex representante de Odebrecht en el Perú permitiría a la fiscalía empezar a armar los casos, tampoco resultaría suficiente.
“No lo sería en el
caso de Kuczynski, Fujimori o García. Un delator nunca puede ser tan importante
como para que la fiscalía dependa exclusivamente de sus dichos. Estos deben
estar corroborados con detalles, fechas, transferencias”, remarca el abogado
penalista César Azabache.
Por ejemplo, en el
caso de los procesados Humala y Heredia, el Ministerio Público recopiló
información relacionada a cuentas bancarias en Suiza que estarían vinculadas a
ellos, lo que se sumó al contenido hallado en las agendas de la ex primera
dama, el celular de Odebrecht y
otros elementos probatorios.
3. ¿El recibir dinero de Odebrecht
constituye inevitablemente lavado de activos?
Odebrecht ratificó que su constructora financió campañas presidenciales en el Perú. Aunque con diferentes grados de certeza, habló de las de Kuczynski, Fujimori y del Apra.
Odebrecht ratificó que su constructora financió campañas presidenciales en el Perú. Aunque con diferentes grados de certeza, habló de las de Kuczynski, Fujimori y del Apra.
A pesar de ello, no
toda recepción de dinero procedente de la constructora brasileña configura un
delito de lavado de activos.
“Este no se produce
solo por la procedencia del dinero, así provenga de la caja 2. Aquí entra a
tallar la cantidad recibida y el instrumento utilizado para ello. No es lo
mismo recibir altas sumas en efectivo y en privado que hacerlo a través del
sistema financiero y declararlos”, enfatiza Azabache.
Las fuentes
consultadas, además, coinciden en que, en cuanto a los aportes de campaña, la
línea es incluso más difusa, ya que en el Perú no existe la figura del financiamiento
ilegal de campañas.
4. ¿Si PPK mintió a la Comisión Lava Jato,
incurrió en un delito?
Las declaraciones del empresario brasileño sobre una supuesta asesoría del actual presidente a su constructora también sembraron dudas respecto a las versiones previas de Kuczynski, particularmente en torno a si mintió o no ante la Comisión Lava Jato al señalar que no sostuvo relación laboral alguna con Odebrecht.
Las declaraciones del empresario brasileño sobre una supuesta asesoría del actual presidente a su constructora también sembraron dudas respecto a las versiones previas de Kuczynski, particularmente en torno a si mintió o no ante la Comisión Lava Jato al señalar que no sostuvo relación laboral alguna con Odebrecht.
“Pero incluso de
comprobarse que la tuvo, no puede configurar un delito, ya que la investigación
de una comisión congresal no califica como procedimiento administrativo o como
equivalente a un juicio”, señala el ex procurador anticorrupción Joel Segura.
En ese sentido, los
artículos 411 y 409 del Código Penal solo establecen penas para la falsa declaración
en un proceso administrativo o judicial.
“Sería un hecho
recriminable, pero no un delito. Para ello habría que ampliar el alcance del
perjurio a falsas declaraciones ante una comisión congresal”, concluye Vargas
Valdivia.
El Comercio
El congresista de
Fuerza Popular, César Segura, entregará este miércoles a la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales su informe respecto a la investigación a los
cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC),
denunciados constitucionalmente ante el Congreso por el
Caso El
Frontón.
Cabe señalar que
este subgrupo de trabajo, presidido por Milagros Takayama (Fuerza Popular),
delegó a Segura la determinación de los hechos y la evaluación de la
pertinencia de las pruebas.
El informe que
presentará el fujimorista se basa en los descargos que realizaron el pasado 15
de noviembre los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Eloy Espinosa
y Carlos Ramos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por escrito.
“La subcomisión, una
vez recibido el informe, de inmediato da cuenta a todos los miembros. De ahí,
hay un plazo de cinco días para llamar a una audiencia y cita a los
denunciados”, refirió César Segura a El Comercio.
El acuerdo del
subgrupo de trabajo se eleva a la Comisión Permanente para votación.
Expreso
El
destacado jurista Enrique Ghersi afirma que quien debe reconsiderar seguir o no
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) según la
Constitución Política y como un planteamiento político internacional es el jefe
de Estado, Pedro Pablo Kuczynski.
“Es
una cuestión política que de acuerdo a la Constitución solo puede definir el
presidente Kuczynski. Es una facultad exclusiva del mandatario dirigir la
política exterior. Si el jefe de Estado decide denunciar el Pacto de San José,
se sigue un procedimiento. Supone primero una reforma constitucional y segundo
que todo ello puede demorar hasta dos años para aplicarse”, dijo el experto.
En
conversación con EXPRESO, Ghersi agregó que es una obligación jurídica del
Gobierno peruano responder -a más tardar el 5 de diciembre de 2017- el reciente
pedido de la Corte-IDH de emitir un informe en el que detalle sobre la
acusación constitucional que pesa sobre cuatro magistrados del Tribunal
Constitucional (TC) en el Parlamento Nacional por presuntamente modificar un
fallo que permitiría la imprescriptibilidad del caso El Frontón.
“Van
a tener que responder bajo mi concepto el Congreso más el Ejecutivo, que
tendrán que dar su punto de vista porque la acusación constitucional es del Parlamento.
Entonces van a tener que concurrir los representantes del Congreso ante la cita
de la Corte. Es una citación obligatoria como cualquier citación judicial, de
modo que es una cosa seria”, apuntó.
“Tenemos
que suponer que este es el anticipo [informe] de lo que viene, que en mi
concepto sería una medida cautelar; y es muy probable que le den la razón a los
miembros del TC en San José de Costa Rica”, afirmó.
“Incluso
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede pedir medidas cautelares
ante la Corte Interamericana. El asunto es más grave que eso. Pueden
simplemente, si así lo cree, suspender el procedimiento de la acusación
constitucional en el Congreso. Esto forma parte del sistema supranacional que
el Perú acata”, finalizó Ghersi.
Los
representantes del Estado, de las partes y de la CIDH están citados a la
audiencia que se efectuará durante el 121 Periodo Ordinario de Sesiones que la
Corte celebrará en su sede de San José, Costa Rica, entre el 29 de enero al 9
de febrero de 2018.
Es
de recordar que el presidente del TC, Manuel Miranda Canales, y sus integrantes
Mariella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa Saldaña, son
investigados en el Congreso por el presunto delito de prevaricato porque
modificaron el fallo del magistrado Luis Vergara Gotelli que declaraba
prescrito el caso de El Frontón y que este no era un caso de lesa humanidad.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
Correo
Cocaína
en cielo peruano
Iván
Slocovich
El Estado Peruano, a través de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), está
terminando de afinar los procedimientos y de reunir la logística necesaria para
comenzar a aplicar la Ley 30339 y su reglamento, que permiten intervenir en el
aire las avionetas del narcotráfico, que salen del país llevando cocaína hacia
Bolivia y derribarlas a tiros en el caso muy extremo de que se nieguen a
someterse a las autoridades de nuestro país.
En Puerto Maldonado ya ha sido instalado un radar, se han enviado
aviones de caza desde Piura para las intervenciones aéreas y el personal ha
sido debidamente capacitado, hasta en materia legal, para frenarle el paso a
las llamadas “narcoavionetas” que desde el año 2001 operan libremente sobre
nuestro cielo, pues ese año la interdicción fue suspendida debido a un
lamentable error que costó la vida a dos estadounidenses.
En la semana que pasó, tal como hemos informado ayer en Correo, se hizo
un ejercicio con la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) para que la cacería de las
avionetas con droga sea conjunta, con lo cual en breve se estará trabajando al
100 por ciento en la zona de Madre de Dios, a fin de que los responsables de
las naves que sacan droga peruana, desde pistas clandestinas que ya deberían
estar siendo destruidas por la Policía, lo piensen dos veces antes de acercarse
a ese sector del país.
Es conocida la postura de los Estados Unidos, que se opone a este tipo
de operaciones debido en parte a la muerte de dos de sus ciudadanos. Sin
embargo, como país soberano que somos, nos asiste el derecho de cortarle el
paso a estas “naves hostiles” que violan nuestro espacio aéreo llevando droga
hacia países vecinos para, luego, comercializarla en mercados internacionales.
Se estima que al mes salen entre 20 y 50 “narcoavionetas” con media tonelada de
cocaína cada una.
La lucha contra el tráfico ilícito de drogas debe ser frontal, y esta
debe incluir el derribo a balazos de las “narcoavionetas”, una vez agotados
todos los procedimientos previos al uso de la fuerza, que están muy bien
especificados en la referida ley y su reglamento. El rechazo de un país
extranjero a las intervenciones aéreas no debe ser motivo para permitir que las
mafias de la droga se sigan burlando de las autoridades peruanas.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
Expreso
El
candidato presidencial de Chile, Sebastián Piñera, sostuvo el sábado que está
preparado para hacer “una gran alianza estratégica” con Perú, a fin de
conquistar en forma conjunta un mayor nivel de desarrollo de los dos países.
“Estamos
preparados para hacer una gran alianza estratégica con Perú y que ambos países
conquisten el desarrollo. Tenemos tantas cosas en común, una historia y un
futuro que nos unen. Las cosas que nos puedan diferenciar hay que dejarlas
atrás (…)”, señaló.
En
ese contexto, el mencionado candidato presidencial de Chile expresó su deseo de
visitar Perú próximamente.
“Un
saludo cariñoso a nuestros hermanos peruanos. Los felicito porque están en el
Mundial. Se lo ganaron con dificultad, pero en buena lid”, añadió Sebastián
Piñera.
