ESTA NOCHE martes 28 marzo 2017
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COLUMNA
Todo
va a estar bien
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Las
diferencias tan visibles como sordas entre el Premier y el Vicepresidente están
cobrando una dimensión alarmante.
Mientras
el primero anuncia que asumirá la conducción de la reconstrucción, pero por
interpósita persona, ya que creará a ese efecto un nuevo organismo dentro de la
Presidencia del Consejo de Ministros, el Vicepresidente dice que “no se debe crear un nuevo ente para lo que
hace el ministerio… Las carreteras se tienen que reconstruir, eso lo hace el
Ministerio de Transportes". Desde luego el ministro de Transportes es él.
En otras palabras, la organización institucional
del Estado peruano para la reconstrucción se está convirtiendo en una lucha de
poder.
Y ahora la cabeza de la reconstrucción ya no
es Vizcarra, sino Zavala. O, en realidad, quien Zavala ponga al frente del
organismo para la reconstrucción que, según Vizcarra, no hace ninguna falta
crear.
En otras palabras, hasta el momento el debate
–que debería ser técnico- sobre la organización para la reconstrucción, es un
sainete, una parodia, una comedia de equivocaciones.
Pero nadie lo dice. Todos lo callan por temor
a disipar la ilusión de que, de una manera mágica, todo va a estar bien.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Expreso
El economista de la
Universidad de Pacifico Juan Mendoza consideró que lo que tendrá que invertir
el Estado en la reconstrucción sería de 4 % al 5 % del PBI, o aproximadamente unos
US$ 10 mil millones.
“Este
va ser un monto que excede en mucho de lo que se ha asignado de presupuesto hasta
ahora, es decir, los US$ 2,500 millones...Lo bueno es que existen los recursos
para financiar esta reconstrucción”, refirió.
Mendoza
dijo que se debería financiar esta reconstrucción con el 75 % del Fondo de
Estabilización Fiscal (US$ 6 mil millones) y prescindir de los Juegos
Panamericanos 2019, utilizando los US$ 1,200 millones que cuestan. De igual
manera, propuso relajar el déficit fiscal de 2.5 % a 3 % del PBI durante dos
años, lo que daría otros US$ 2 mil millones, si es posible con financiamiento
externo. Con lo que suma los US$ 10 mil millones necesarios.
Al
consultársele si se podría agregar la inversión destinada para la
reconstrucción de la refinería de Talara, estimada en más de US$ 5 mil
millones, indicó que debería evaluarse.
“Se
tiene que ver con cuidado que exista una evaluación independiente externa para
que nos diga cuánto es lo que nos falta invertir en Talara, pero, y en segundo
lugar, cuánto es lo que se ha gastado. Por ejemplo, si se han desembolsado 4
mil millones de los 5 mil millones que dicen que cuesta, entonces –a pesar de
que es un proyecto malo– ya sería muy tarde para pararlo”, opinó. No obstante, agregó que aún no se ha utilizado
la inversión para Talara –lo que es obvio, porque están tratando de gestionar
bonos soberanos por alrededor de US$ 3,000 millones- resultaría más pertinente
utilizar los recursos para la reconstrucción.
Juan
Mendoza señaló que a pesar de que el Gobierno inició la idea de nombrar a un
zar para la reconstrucción del país y luego se desdijera, esta función debe
recaer no en un ministro sino en el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El Comercio
El
vicepresidente y ministro de Transportes, Martín
Vizcarra, reiteró
el lunes que la reconstrucción de las zonas más dañadas por el fenómeno de El
Niño costero se debe realizar desde las entidades estatales ya conformadas.
"Las
carreteras, por ejemplo, se tienen que reconstruir. Eso lo hace el Ministerio
de Transportes, no se debe crear un nuevo ente para lo que hace el ministerio
en coordinación con gobiernos locales y regionales", señaló.
"Hay
que hacer el esfuerzo de hacer las cosas bien hechas, de hacer cosas que duren
con un horizonte de mediano y largo plazo. Hay que trabajar el Perú como hacían
los antiguos peruanos", añadió.
El Comercio
El
ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra,
pidió paciencia a la población que exige conocer cuánto estaría costando al
Perú recuperarse de todos los daños que está sufriendo por el fenómeno de El
Niño costero de los últimos meses.
"Lo
primero que hay que hacer es cuantificar cuál va a ser la necesidad de
inversión para recuperar toda la infraestructura perdida y eso lo debemos tener
en el transcurso del mes de abril", señaló el también vicepresidente en
una entrevista a RPP.
Vizcarra
recordó que, como parte de la administración pública, él y los otros
ministerios y autoridades locales deben seguir los procedimientos adecuados.
"Yo no puedo construir nada si no tengo el estudio y no lo puedo hacer yo
directamente, tengo que contratarlo", añadió.
En
ese sentido, comentó que solo realizar los estudios para las obras de
reconstrucción de las regiones afectadas pueden tomar entre 6 a 8 meses.
"Todo esto nos va a tomar mínimo dos a tres años y hay que hacerlo
bien", dijo.
Aunque
pidió no tomar al pie de la letra las estimaciones de parte de economistas
privados que consideran que recuperarnos de estas emergencias podría costar
entre 3 mil millones y 10 mil millones de dólares, en lo que sí estuvo de
acuerdo es en lo que indican: que casi el 50% de ese costo se va a destinar al
sector transporte.
El Comercio
¿Quién debe ejecutar la reconstrucción?
Gianfranco Castagnola
El Niño costero que ha azotado el país este verano ha generado un alto
costo en vidas y población damnificada, infraestructura pública y privada
destruida y actividad económica perdida. La respuesta del gobierno a esta situación de
emergencia merece el reconocimiento del país. El despliegue de ministros
responsables por regiones, la eficacia y entrega de las Fuerzas
Armadas, la Policía
Nacional y los bomberos,
así como la capacidad de reponer vías de comunicación en horas y de llegar con
ayuda a los damnificados, han sido sorprendentes. Ello, junto con la
solidaridad de ciudadanos y de la empresa
privada –en silenciosa
labor, que debe ser reconocida–, ha permitido aliviar el dolor de las personas
afectadas. Esperamos que en pocas semanas el Niño costero llegue a su fin. Allí empezará
la inmensa labor de reconstrucción, reto para el cual
el Estado Peruano no está preparado.
Esta carencia quedó demostrada en la fallida labor de reconstrucción del sur de Lima, Ica y Huancavelica
luego del terremoto del 2007. Diez años después, la infraestructura de la zona
no se ha repuesto plenamente. Recursos había, lo que faltaba era
institucionalidad y capacidad de gestión. Se creó Forsur, entidad inspirada en
una exitosa experiencia en la reconstrucción de la ciudad colombiana de Armenia
luego del terremoto de 1999.
En sus inicios, el directorio de Forsur tuvo 19
miembros –entre ministros, presidentes regionales, alcaldes y representantes
del sector privado–. Esta entidad coordinaba y los gobiernos regionales y
locales ejecutaban las obras, siguiendo lo establecido por las leyes de
descentralización, y bajo los procedimientos burocráticos usuales del Estado
Peruano. Bajo ese marco, era imposible que pudiera tener éxito.
Hoy el Perú cuenta con un Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, donde la entidad encargada de coordinar las labores de
prevención y reconstrucción es el Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción de Desastres (Cenepred). Este centro genera información,
elabora planes y capacita a las entidades que tienen la responsabilidad de
ejecutar las tareas de prevención y reconstrucción (es decir, principalmente
gobiernos regionales y locales).
En teoría, el Cenepred, que ahora está adscrito al
Ministerio de Defensa, debería ser el encargado de elaborar el plan de reconstrucción de los desastres del Niño costero y
coordinar con los ministerios y gobiernos regionales y locales su ejecución.
Este arreglo institucional es posible que pueda funcionar para desastres de
bajo nivel. Pero el que el Perú vive bajo el Niño costero (considerado de nivel 4 en una escala
donde 5 es el más alto) sobrepasa claramente sus capacidades de gestión. Y para
estos casos extremos no existe un diseño institucional especial.
Frente a este panorama, el gobierno tiene dos opciones.
La primera es ceñirse al diseño institucional existente, dotar de recursos a
Cenepred y esperar que esta entidad elabore un plan de reconstrucción a la altura de las circunstancias y
luego logre que los gobiernos regionales y locales lo ejecuten, bajo los
procesos y procedimientos burocráticos y de control estándares de nuestro
Estado. Esta ruta está condenada al fracaso, pues en esencia, es una repetición
de la experiencia fallida de Forsur.
La segunda opción es diseñar un arreglo institucional
para desastres de gran magnitud, hoy inexistente. Esto es, crear una entidad
empoderada, con una cabeza responsable que lidere, durante el tiempo que se
requiera, el esfuerzo de reconstrucción, que consiste en
elaborar el plan y dirigir y monitorear su ejecución.
Esa entidad debería operar bajo una normatividad de
excepción, que le permita tomar decisiones de inversión y ejecución con mucha
agilidad y flexibilidad, por supuesto, bajo eficaces normas de transparencia y
rendición de cuentas, pero libre de obstáculos meramente formalistas que
retrasan la gestión pública. Asimismo, habrá que optar por rutas creativas que
permitan usar las capacidades existentes en el Estado, pero sin seguir el molde
rígido de las leyes de descentralización que determinan que sean los gobiernos
locales y regionales necesariamente los que se encarguen de la ejecución de
obras que muchas veces los sobrepasan.
Los gobiernos regionales y locales tienen que ser
activos participantes en la reconstrucción, pero también tiene
que abrirse el espacio para que entidades del gobierno central con capacidad
técnica puedan asumir responsabilidades directas en la ejecución. Esto implica
que el Congreso apruebe una ley que lo haga posible. Y ello de ninguna manera
debería ser interpretado como una recentralización, sino como una medida de
excepción totalmente justificada por la situación.
Al fin y al cabo, todos estos son solo instrumentos
para un fin mayor: el de una reconstrucción pronta y bien hecha de infraestructura
y servicios, viviendas, escuelas y hospitales, para devolverle al ciudadano una
calidad de vida mayor a la que tenía antes de este Niño
costero.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El
fiscal Hamilton Castro rechazó por ahora el pedido de la Procuraduría ad
hoc del Caso Lava Jato para ampliar investigación preparatoria por el delito de
colusión desleal contra Jorge
Barata, ex representante de Odebrecht en
Perú, y contra José Graña Miró Quesada, ex presidente del directorio de la
empresa Graña y Montero.
A
través de un comunicado, la procuradora ad hoc Katherine Ampuero informó que el
pasado 9 de marzo solicitó ampliar investigación preparatoria para comprender
en calidad de investigados por el delito de colusión desleal a Jorge
Barata, José Graña Miró Quesada, Jorge Cuba, Mariella Huerta,
Edwin Luyo, Jesús Munive y Jorge Menacho por los hechos vinculados a la
licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.
El
pedido ha sido respondido el jueves 23 de marzo. En este, el Ministerio Público
dispuso ampliar investigación preparatoria por dicho delito contra Jorge
Cuba, Mariella Huerta y Edwin Luyo. No obstante, en la misma disposición
la fiscalía rechazó incluir a Jorge Barata y
a Graña Miró Quesada y a Munive y a Menacho.
Expreso
El
proceso de formación de una ley
Martha
Chávez
A
propósito del proyecto de ley N° 1027/2016-CR, presentado por miembros de la
bancada fujimorista y que, entre otras, propone establecer la prohibición de
que los condenados por delito de corrupción en perjuicio del Estado sean
directores periodísticos, editores, accionistas o apoderados de medios de
comunicación, y del ruido que sorpresa ha generado, pese a que se limita a un
tipo muy específico de delito, creo conveniente analizar qué es un proyecto de
ley.
Un proyecto de ley
no es más que eso, un proyecto, una propuesta, que en principio es facultad
nata de los congresistas, a título individual según el Artículo 107 de la
Constitución, que a partir del 2006 fue enmendado, indebidamente, por el
inciso 2) del Artículo 76° del Reglamento del Congreso, convirtiéndolo en
iniciativa no individual sino supuestamente del Grupo Parlamentario. Digo
supuestamente porque cualquiera sea el número de integrantes de la bancada,
siempre que sea mayor a seis, basta la firma de seis congresistas y la
certificación de ese respaldo por el directivo-portavoz para que el proyecto se
tramite.
Es decir, no
necesariamente un proyecto en trámite responde a un previo debate ni aprobación
al interior de un grupo parlamentario, aun cuando el grupo tenga filtro y
asesoría técnicos antes de ser presentado.
El proyecto debe
atravesar las etapas que señala el Artículo 73° del Reglamento, es decir ser
derivado a una comisión ordinaria que debe estudiarlo; socializarlo, es decir,
pedir opinión a los sectores concernidos o debatirlo en audiencias o coloquios
públicos. Luego será debatido en el seno de la comisión dictaminadora,
posiblemente variado su texto a un texto sustitutorio y votado.
Si fuere dictaminado
favorablemente recién será publicado su texto e incluido en la agenda del
Pleno, donde se debatirá nuevamente y reajustará su contenido y si esta última
versión recibiere el respaldo mayoritario de la máxima asamblea legislativa,
tendremos una iniciativa legislativa aprobada en primera votación que, publicada,
deberá esperar siete días, en que podrá recibir todos las críticas y aportes
del caso. Cumplido esto debe ser objeto de un segundo debate y votación, a
menos que se exonere y desperdicie este valioso mecanismo de reflexión, como ha
sido y aún es mala práctica parlamentaria que siempre he combatido.
La autógrafa pasa al Presidente de la República para que la promulgue u
observe. Si la observa vuelve a estudio por la comisión.
Como vemos mal
actúan quienes satanizan de inicio la iniciativa y hasta piden su retiro con lo
que nos privarían de un interesante y oportuno debate
Gestión
En los últimos meses, los
movimientos han sido vertiginosos en la sede de Red Bicolor de Comunicaciones (RBC), en La Victoria. Ricardo Belmont dejó la dirección del
canal el año pasado y ésta la asumió su hijo, Ricardo Belmont Vallarino, quien
junto a su hermana Lucienne son los accionistas mayoritarios. Bajo la nueva
administración, los vientos de cambios soplaron aún más fuerte. Lo que se viene
ahora es la venta de la compañía de televisión.
Diversas fuentes consultadas por
Gestión confirmaron no solo la disposición para vender el canal que fundara el
exalcalde de Lima, sino el inicio de negociaciones con diversos postores. “Los
contactos se iniciaron hace tres meses”, señala un personaje cercano al canal.
Hasta el año pasado, el contenido
de RBC estuvo a cargo de Matrix Corporation. La relación
concluyó con la llegada de los nuevos accionistas mayoritarios.
RBC es
uno de solo siete canales VHF de señal
abierta, posee sus estudios en la avenida Manco Cápac en La Victoria y tiene su
antena transmisora en el Morro Solar. Como el resto de canales de señal abierta
se prepara para el apagón digital para el 2020.
“Ya tienen un plan para ello”,
señala otra fuente vinculada a la transacción.
Su principal atractivo es su presencia en señal abierta, un espacio muy atractivo, pero con pocas oportunidades para ingresar.
Su principal atractivo es su presencia en señal abierta, un espacio muy atractivo, pero con pocas oportunidades para ingresar.
Es por ello que ya hay al menos
seis compañías que han mostrado su interés en comprar. Se trata no solo de
firmas ya apostadas en el Perú, sino incluso del extranjero.
Entre los interesados estarían:
Grupo Capuñay, que ya posee medios como una red de radio, entre ellas, radio
Exitosa y el diario del mismo nombre; Grupo Wong, con presencia en el sector
retail, pero también principal accionista de Willax TV, así como Latina, una de
las empresas del fondo de inversión Enfoca.
También está interesada
Telefónica, que en cable posee canales como Plus TV, CMD y es socia de Gol TV. Sin embargo, la compra de RBC le permitiría entrar a la señal abierta donde no
tiene participación.
Los otros dos interesados de los
que conocimos son TV Azteca de México y el Grupo Cisneros, uno de los
principales holdings de Venezuela. Posee una compañía que es Cisneros Media,
uno de los principales conglomerados de medios de su país y en la región.
Este diario supo que Telefónica
parte hasta ahora como favorito.
Ninguna de las fuentes con las que conversamos se atrevió a hablar de los montos que están en la negociación.
Ninguna de las fuentes con las que conversamos se atrevió a hablar de los montos que están en la negociación.
Lo que sí se contempla en la
transacción es que tanto los accionistas con derecho a voto como los
accionistas sin voto, recibirán el mismo monto por sus acciones. Este último
grupo está integrado por los llamados ‘errebecistas’, que son más de 50 mil
personas, que durante la década del ochenta aportaron al canal.
Un dato más que obtuvimos es que
el banco de inversión LXG Capital está
asesorando a RBC en la transacción.
RBC es
una empresa que lista en bolsa, por lo que la transacción sería muy veloz, nos
indicaron, al punto de que podría cerrarse en las próximas semanas o incluso
días.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
El Comercio
El
fin de semana pasado se publicó el reglamento sobre la amnistía
tributaria para la
declaración y repatriación de capitales en el extranjero. La apuesta del Ejecutivo es que las personas paguen tasas de 10% o 7%
–dependiendo de si solo se declara la existencia de este capital o si también
se repatría para invertirlo en el país–, en lugar del 30% que correspondería
según el régimen regular.
El
Gobierno ha estimado que con esta amnistía tributaria podría recaudar un poco
menos de los US$1.500 millones que consiguió Chile con una medida similar. El
BBVA Research ha estimado que la recaudación sería de solo US$800
millones.
Luis
Alberto Arias, ex vicepresidente del Banco Central de Reserva y ex titular de
la Sunat, recuerda que la experiencia internacional muestra que los resultados
han variado significativamente entre los distintos países donde se han aplicado
amnistías tributarias.
Un
elemento central en el éxito de la medida es la información que se solicita al
declarante. Esto ya que estas medidas son conocidas en el mundo financiero y
tributario como “blanqueo de capital”, explica Arias. “Para que la medida sea
exitosa, no se puede preguntar de dónde viene la plata”, añade.
En
el reglamento, la Sunat solo podrá pedir al contribuyente información que
sustente los montos, mas no indagar sobre el origen.
Hay
confidencialidad de la identidad de los contribuyentes. Se crearía una base de
datos con acceso restringido.
