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“Si el Perú quiere que se expulse a Belaunde
Lossio, debe retirar el pedido de extradición”, dice el canciller boliviano,
David Choquehuanca
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Nadine
Heredia: “todos están esperando que (Belaunde Lossio) pueda dar cuenta a las
autoridades, independientemente de si es culpable o no”
ü De Soto en Juliaca ante
mil mineros de La Rinconada y Ananea:
“Napoleón tuvo la inteligencia de crear el registro predial, mediante el cual a
su pueblo le dio la propiedad de las cosas sobre las que estaban sentados”
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MEDIA COLUMNA
Desconfía
de la justicia peruana
y de
la amistad boliviana
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
“Si el
Perú quiere que se expulse a Belaunde Lossio, debe retirar el pedido de
extradición”, ha dicho el canciller boliviano, David Choquehuanca. Con este
anuncio, Bolivia pone en evidencia que la famosa extradición es un procedimiento
engorroso e interminable en el que su gobierno no desea verse atrapado. Desde
un principio Evo Morales dijo que la vía era la expulsión.
Lo que
la pareja presidencial peruana viene pidiéndole a Belaunde Lossio es que “dé
cuenta a las autoridades peruanas, independientemente de si es culpable o no”. Este
peculiar estribillo lo usan reiteradamente Ollanta Humala y Nadine Heredia cada
vez que se refieren a su ex asesor de campaña. Nadie más que la pareja presidencial
emplea esta curiosa expresión. Parece un mensaje cifrado. Algo así como “tienes
garantizada la presunción de inocencia”, que apunta a su entrega voluntaria. Obviamente,
la entrega de Belaunde Lossio puede ser por expulsión de Bolivia o por entrega
voluntaria. Pero, ¿por qué la pareja presidencial apela una y otra vez a la
voluntad de Belaunde Lossio de ponerse a derecho en lugar de solicitar simplemente
a Bolivia la expulsión?
Belaunde
Lossio afirma que no tiene la menor intención de regresar porque no hay en el Perú
debido proceso. Con o sin él, le espera la cárcel en el Perú, comenzando por una
detención provisional que puede durar años.
Ante el
emplazamiento del canciller boliviano, sin embargo, ya no hay margen de juego. Le
guste o no, al gobierno peruano ya no le queda otro camino que renunciar a la extradición
y reclamar la expulsión inmediata.
Al
parecer, Belaunde Lossio se metió en una trampa al fugar a Bolivia creyendo que
allí podría circular libremente mientras se resolvía una extradición que
duraría años. Ya sabremos si el gobierno fue cómplice o no en ello. Ahora están
ambos entre la espada y la pared.
Al
parecer, ninguno conocía el dicho del siglo XIX que advertía der la necesidad
de desconfiar de la justicia peruana pero también de la amistad boliviana.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El
canciller de Bolivia, David Choquehuanca, sostuvo hoy que su país no puede expulsar
al empresario Martín Belaunde Lossio porque el Perú inició el procedimiento
para extraditarlo cuando pidió su arresto domiciliario en enero pasado. En
conferencia de prensa, el ministro de RR.EE. boliviano señaló que la justicia
peruana, incluso, ha solicitado la ampliación de esta detención preventiva con fines
de extradición.
Choquehuanca
contó que el lunes recibieron una tercera solicitud de la Cancillería peruana
para que Martín Belaunde Lossio sea expulsado de Bolivia. Sin embargo, indicó
que su país no puede atender el pedido porque hay un trámite de extradición en
curso.
“Bolivia
no puede expulsarlo porque hay un trámite en curso que el Perú solicitó para
que se le detenga preventivamente con fines de extradición”, señaló. Añadió
que si el Perú quiere que sea expulsado de Bolivia, tiene que retirar el pedido.
El Comercio
La presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia,
sostuvo hoy que el gobierno viene realizando esfuerzos para la expulsión de Martín Belaunde Lossio. “Todos
están esperando que pueda dar cuenta a las autoridades, independientemente de si
es culpable o no”, manifestó en declaraciones a la prensa.
El Comercio. Andina
El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe,
señaló que todos
los países ya tienen conocimiento de la orden de captura de Martín Belaunde Lossio
a fin de evitar que fugue a un tercer país.
Refirió que se ha reiterado la alerta roja en Interpol desde la semana pasada. “Ya todos los países están en conocimiento, pero inclusive uno de ellos, a quien le hemos reiterado, ya el mismo viernes nos confirmó que no iba a dejar entrar a este ciudadano”, subrayó.
“Si lo ponen en la frontera, nosotros lo recibiremos inmediatamente para capturarlo y, si fuese a otro país, ya se han tomado las medidas para que no sea recibido o sea capturado”, afirmó.
Refirió que se ha reiterado la alerta roja en Interpol desde la semana pasada. “Ya todos los países están en conocimiento, pero inclusive uno de ellos, a quien le hemos reiterado, ya el mismo viernes nos confirmó que no iba a dejar entrar a este ciudadano”, subrayó.
“Si lo ponen en la frontera, nosotros lo recibiremos inmediatamente para capturarlo y, si fuese a otro país, ya se han tomado las medidas para que no sea recibido o sea capturado”, afirmó.
El Comercio, RPP
Si
a Martín Belaunde Lossio se le imputa el presunto delito de
coautoría de peculado es porque “contribuyó a la apropiación de fondos
públicos” por parte del ex presidente regional de Áncash César Álvarez. Así lo
sostuvo el procurador anticorrupción, Joel Segura, quien fundamentó ante la
Sala Penal Permanente el pedido de extradición del empresario.
En
otro momento, el procurador Joel Segura cuestionó la decisión que adoptó hace
unas semanas la Sala que negó el pedido de extradición. “Ha sido una
exageración de la Sala”, sostuvo.
El
procurador anticorrupción Joel Segura consideró que la Corte Suprema se debe pronunciar hoy mismo sobre el pedido de extradición.
“Yo quiero que sea de inmediato. Estamos contra el tiempo”,
comentó el funcionario a su salida de la audiencia.
El Comercio
El
pedido de ampliación de la extradición de Belaunde
Lossio por lavado de activos será evaluado el viernes 20 de
marzo a las 8:30 a.m. en audiencia pública.
Los
integrantes de esta sala son los doctores Jorge Luis Salas Arenas, Elvia
Barrios Alvarado, Hugo Príncipe Trujillo, José Neyra Flores y Víctor Malca
Guaylupo, quien participará por la inhibición del juez San Martín.
El Comercio
La
congresista Luciana León ha sido citada para mañana al tribunal
de ética del Partido Aprista Peruano, a fin de que informe sobre el origen de
los fondos utilizados para la compra de dos
departamentos en Barranco en los últimos años y por la adquisición de un inmueble en
San Isidro en 1998, cuando apenas tenía 20 años y aún cursaba la
carrera de Derecho.
Por
su parte, el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén
exhortó a su colega de bancada a explicar ante la opinión pública cómo fue que
adquirió un departamento valorizado en US$176 mil, cuando tenía 20 años y solo
era una estudiante universitaria. “Espero que en las siguientes horas dé una
explicación y en función a ello el partido tomará una decisión”, acotó.
El Comercio
Dilemas morales
Luis Carranza
(…)
…vemos a muchos buenos funcionarios enfrentando dilemas
morales todos los días. La primera opción es actuar con celeridad y prontitud
para solucionar un problema, pero quedando expuesto a acusaciones absurdas de
corrupción por la cultura de persecución política que se ha instalado en el
país; mientras que la segunda opción es quedarse sin actuar pidiendo más
información, solicitando informes complementarios y enviando los expedientes a
otras dependencias del Estado, todo para cubrirse las espaldas y reducir al
mínimo las contingencias personales.
Permítame, estimado lector, compartir un par de
anécdotas. Luego del terremoto de Pisco en el 2007, el director de una
institución pública solicitó una transferencia con cargo a su presupuesto para
realizar acciones de asistencia inmediata en la zona del sismo. Como este
funcionario estaba en Pisco, habló por teléfono con Juan Muñoz, director de
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
quien recibió instantes después el oficio respectivo firmado por el segundo de
la institución. La normativa era clara, solo el titular puede firmar la
solicitud de recursos. ¿Qué debió hacer el director de Presupuesto? ¿Pedir al
funcionario que regrese a Lima a firmar el oficio o actuar inmediatamente?
Muñoz decidió lo segundo. Lamentablemente, los recursos no se usaron de la
mejor manera y se abrió un proceso investigatorio que llevó a acusar a él y a
otros funcionarios del MEF. Al final de varios años, se cayó la absurda
acusación.
La segunda anécdota tiene que ver con mi regreso al
MEF, el 19 de enero del 2009. La crisis financiera internacional se había
agravado luego de la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en
setiembre del 2008. Cuando entré en el MEF, no había un solo crédito
suplementario gestionándose ni una sola medida de estímulo implementada. Lo
único que estaba vigente era el D.U. 004-2009 del Ministerio de Educación para
acelerar la ejecución de infraestructura del sector.
Ante la gravedad de las circunstancias, se prepararon
medidas que en su mayoría requerían normas con rango de ley. ¿Qué opción se
tenía? ¿Enviar proyectos de ley al Congreso o acelerar la implementación a
través de decretos de urgencia? Los pocos proyectos enviados al Parlamento
demoraron meses en ser discutidos y algunos no fueron aprobados. ¿Nos
quedábamos sentados esperando a que el Congreso discutiera las normas? ¿O se
implementaban y se esperaba el control posterior de la comisión del Parlamento?
Se optó por el camino de usar los decretos de urgencia como única vía de ser
eficientes en la implementación del paquete de estímulo económico.
Inhabilitar políticamente al ex presidente Alan García y a los ministros por haber firmado el
D.U. 004-2009 crearía un nefasto precedente para usar un instrumento necesario
para salir del entrampamiento político en que a veces cae el Congreso.
Evidentemente, si después de una investigación se determina que se cometieron
actos ilícitos, las personas responsables deben ser sancionadas como
corresponde.
(…)
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
La República
El
economista Hernando de Soto ante unos mil mineros, concentrados en el anfiteatro
del cerro Huaynarroque en Juliaca donde se hallaban mineros de La Rinconada,
Ananea, Sandia, Carabaya y otros, cuestionó
al gobierno por la política de formalización que emprendió desde años
anteriores y consideró que fue un fracaso.
Refirió “que el
presidente (Ollanta Humala) es un buen hombre, pero debe estudiar la historia
militar del mundo. Cuando cayeron los sistemas feudales
en todos los países, había un militar, Napoleón, que tuvo la
inteligencia de crear el registro predial, mediante el cual a su pueblo le dio la
propiedad de las cosas sobre las que estaban sentados”, sostuvo. Expresó que,
si no les dan propiedad sobre las tierras, otros se van a quedar con las
riquezas.
Además de De Soto,
como ponentes participaron Alberto Pizango (exdirigente), Juan Carlos Ramírez
(ex viceministro), Miguel Vega (expresidente de la Sociedad Nacional de
Industrias), entre otros.
“Anteriormente
(antes del proceso de formalización), la población migraba a Puno y ahora
emigran a otras regiones. Ya no hay inversión, hay desinversión; el oro no se
vende, pasa hacia Bolivia; la delincuencia ha aumentado”, sostuvo De Soto.
Invocó al gobierno
nutrirse de la información sobre la realidad de mineros para luego emprender la
formalización. "Así se hace en todos los países del mundo, ya que
aterrizan sobre una cultura”, dijo.
“Formalizar
no es cumplir un requisito cuyo objetivo es mantenerlos como obreros,
formalizar es darles la titularidad que les permita a ustedes formar capital y ser
empresarios”, dijo.
El dirigente
de AIDESEP, Alberto Pizango, también estuvo en el evento como expositor, quien
invocó a los mineros a unirse.
“Debemos unirnos la Amazonía, los Andes y la Costa, para hacer entender a esa
minoría que no entiende. Ellos hacen la ley solamente para favorecer a un grupo
y la hacen mal”, expresó. Dijo que había sido convocado por De Soto a
participar en este evento. “Tenemos que hacer viable esa interculturalidad, la
única forma de avanzar es el tema de la propiedad, un título de propiedad
formalizado legalmente”. Agregó que no descansará hasta ver sonreír a los
pequeños y medianos mineros cuando tengan su título de propiedad.
RPP
Con la presencia de la premier Ana Jara acompañada de la ministra de
Energía y Minas, Rosa María Ortiz; y el jefe de la oficina de Diálogo de la
PCM, Julio Rojas, se procedió a la suscripción del acuerdo de ocho puntos en el
marco de las demandas sociales contra la empresa Electro Sur Este en
Andahuaylas. Entre los acuerdos está la reorganización y descentralización de
Osinergmin, por lo que desde la próxima semana se descentralizará esta oficina
en toda la provincia de Apurímac.
Expreso
Los
pobladores han hecho un alto momentáneo, informó Julio Rojas, comisionado del Diálogo
de la PCM, quien aseguró que los pobladores levantarán el paro cuando arribe la
ministra Ana Jara. Fuentes de la PCM, confirmaron que la titular de la PCM, Ana
Jara, está viajando a la zona. Ana Jara llegará hoy a
Andahuaylas a suscribir el acta en la cual el Gobierno ratificará los acuerdos
con la comunidad.
Los
moradores de Andahuaylas, Chincheros y ahora Abancay protestan contra la
empresa Electro Sur Este.
El
Ministerio de Energía y Minas informó que entre los ocho acuerdos alcanzados
figuran la modificación de la opción tarifaria, la suspensión temporal del
cobro por deuda del Fonavi, la reparación de los daños y perjuicios ocasionados
a los usuarios y la sanción a los responsables.
También
están la refacturación del servicio. De igual forma, figura el compromiso de la
PCM y el Ministerio de Energía y Minas de no privatizar la citada empresa
estatal.
Correo
Luego
de seis días de protesta - de la población de Andahuaylas - contra la
empresa Electro Sur, el alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo
y Sostenibilidad, Julio Rojas, reveló que la gente tenía razón en su
reclamos, hubo negligencia de la empresa. Rojas explicó que se ha
descubierto una facturación errada
de Electro Sur Este, que perjudicó a aproximadamente 10,000 familias de
Andahuaylas.
“Se ha acordado anular la facturación”,
anotó el funcionario.
Canal 5
Ante
las protestas en Andahuaylas contra la empresa Electro Sur Este, el economista
Miguel Santillana, destacó la importancia de contar con inteligencia y señaló
que los “radicales” saben que se han descabezado el sistema de inteligencia,
con lo que el Gobierno dejó de mirar los problemas de las provincias.
Asimismo,
recordó que Ollanta Humala es quien ubicó a los directores de la empresa
Electro Sur Este, por lo tanto “es su culpa”. Seguidamente, señaló que la
empresa tiene una mala gestión y por ello hay una justificación para la
protesta.
Luego
de contextualizar el conflicto, sostuvo que la premier Ana Jara ni otras
autoridades podrán lograr nada pues la única solución es la privatización del
sistema de distribución eléctrica.
Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
No puedo
creer que la premier Ana Jara haya colocado a Francisco Guerra García (FGG) en la comisión que reorganizará la DINI. A menos que sea un homónimo, FGG fue
uno de los principales integrantes del grupete de intelectuales rojos –apodado
‘La Aplanadora’– que constituyeron el Sinamos, el mangoneador brazo político de
la dictadura militar de Velasco. Después anduvo por el PSR, el fallido partido del velasquismo, y fue fugaz
senador barrantista.
(…)
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
El Comercio
La
aprobación definitiva de la ley que prohíbe la reelección
inmediata de los ahora llamados gobernadores regionales y los
alcaldes ha generado molestia en Solidaridad Nacional.
El
vocero en el Congreso, Gustavo Rondón, contó que en su bancada viene analizando
plantear al JNE y el Tribunal Constitucional (TC) un pedido de interpretación. La
interpretación única tiene como objetivo, detalló Rondón, establecer si la ley
de no reelección alcanza a las actuales autoridades edilicias, como Luis Castañeda Lossio.
El
ex presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez sostuvo que la ley que prohíbe la
reelección inmediata de gobernadores regionales y de alcaldes rige para quienes
ostentan actualmente esos cargos. “Salvo disposición contraria en la ley, esta
rige para quienes están en este momento en el cargo”, refirió.
“Si
desean que el TC se pronuncie, deben interponer una demanda de
inconstitucionalidad”, dijo.
En
el caso del JNE, añadió, el ente electoral solo puede fijar posición cuando se
presente una tacha contra un candidato.
En
el 2000, el presidente Alberto Fujimori adujo que, como la Carta Magna se dio
en el 1993, su primera elección bajo este marco legal fue en 1995 y no la de
1990.
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, CONOCIMIENTO, AYUDA SOCIAL
El Comercio
A
una semana de archivarse el proyecto de unión civil,
propuesto por el congresista Carlos Bruce, llega a
la Comisión de Justicia el proyecto de unión solidaria,
elaborado por Martha Chávez. La unión
solidaria es "un acuerdo entre dos personas mayores
de edad que hacen vida en común", explicó.
Más
allá de ese aspecto, la unión
solidaria difiere en de la unión civil en que la primera no
otorga vínculo de parentesco y, por ende, no crea un nuevo estado civil.
La unión solidaria coincide con el proyecto de la unión civil principalmente en los
aspectos patrimoniales.
En
ambos proyectos, por ejemplo, se admite el manejo de bienes que se adquieran en
conjunto, así como que unos puedan ser beneficiarios de los programas de seguro
social o de pensiones de los otros.
Del
mismo modo, ambas normas permiten la toma de decisión sobre tratamientos
quirúrgicos de gravedad en los que uno no pueda expresar su opinión.
También,
tanto la unión
civil como la unión solidaria amparan
el otorgamiento de pensiones de sobrevivencia cuando uno de los dos miembros de
las uniones fallezca.
