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MEDIA COLUMNA
"Despídete de la
Alejandría que se va…"
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Cómo no reparar en que un 23 de
abril de 1616, hace hoy 400 años, fallecieron, el mismo día, Shakespeare, Cervantes
y el Inca Garcilaso. Me vino entonces a la memoria “Todas las Sangres” de José María
Arguedas que en el Perú tiene cada día mayor actualidad.
Sucede que Mining Press, una
publicación especializada, asevera hoy que la empresa Newmont, socia de
Buenaventura en Yanacocha, habría decidido apartarse del gran proyecto Conga,
emblemático de la pugna entre la modernidad y la tradición y causante de la calamitosa
desaceleración de la inversión minera en el país, que el gobierno humalista no
solo no combatió, sino propició.
Si la información es cierta, hoy
por hoy, eso es probablemente lo más sensato que Newmont puede hacer: vender su
participación en Conga o en Yanacocha a sus socios peruanos o a otras empresas
mineras. De esta manera quizás la relación del gran proyecto minoro con la
comunidades cajamarquinas pueda comenzar de nuevo sobre bases nuevas.
Esas bases distintas son, hoy por
hoy, práctica común en la relación que las empresas mineras inglesas o canadienses
suelen establecer con las comunidades en las que desarrollan proyectos mineros
en todas partes del mundo. Me lo hizo ver años atrás un empresario minero inglés.
Dijo que la gran diferencia es que las empresas inglesas -y, por extensión las
de otras naciones que fueron colonias suyas, como Canadá-, antes de invertir suelen
agotar las bibliotecas de Oxford y de Cambridge donde existen recopilados 150 años
de antropología social en todo el mundo para revisar cuidadosamente qué
lenguaje hay que hablar y, sobre todo, qué errores no hay que cometer.
Así, por ejemplo, la minera canadiense
-cuya concesión de la mina de plata de Santa Ana, en una península del lago
Titicaca, fuera anulada por el gobierno de Alan García a causa de la invasión
aymara liderada por Aduviri en plenas elecciones de 2011-, planteó al Estado
peruano un juicio millonario, pero inició, al mismo tiempo, un nuevo proyecto minero
en Corani, Puno, donde ha desarrollado, incluso antes de comenzar la explotación
minera, un proyecto para la ganadería alpaquera de las comunidades, innovando en
la tecnología de los tejidos tradicionales de alpaca.
La innovación consiste en
entretejer hilos de plata en la fibra de alpaca de manera que el tejido adquiere
propiedades “inteligentes”. La plata tiene la propiedad química de combatir
eficazmente la proliferación de bacterias. De manera que el tejido es un salto
tecnológico en el tratamiento de infecciones por diabetes o, incluso, para la confección
de uniformes militares de campaña. (El Ejército peruano, dicho sea de paso, ya tiene
conocimiento de esto último a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso).
Newmont, sin embargo, empresa
estadounidense, tiene al parecer una filosofía corporativa muy distinta de sus
pares inglesas o canadienses. Estableció
para con las comunidades una relación estrictamente empresarial. Pagar
buenos salarios y puntualmente sus impuetos. Toda otra necesidad no es responsabilidad
de la empresa, sino del Estado. Al parecer, no comprendió oportunamente la relación
de reciprocidad que es mandatorio establecer con las comunidades andinas. Tanto
más si estas, a diferencia de las del mundo anglosajón, son propietarias del
suelo –muchas veces sin título-, pero no de los recursos del subsuelo, que son
del Estado peruano.
Esta es y siempre será la temática
fundamental entre las comunidades andinas o amazónicas y las empresas que
explotan recurso naturales en sus tierras,. Es la pugna entre la tradición y la
modernidad, entre el localismo y la globalización en las sociedades antiguas, ya
sea en Egipto o en Iraq, como en México o el Perú. Así lo intuyó y lo describió
con absoluta claridad José María Arguedas en “Todas las Sangres”.
Newmont pudo quizás oportunamente
innovar en la tecnología de la siembra y cosecha de agua (que en dos millones
de hectáreas de puna permitiría poner diez mil millones de metros cúbicos de
agua -un lago Titicaca- dentro de los Andes). Para cuando abordó el tema del
agua, sin embargo, ya era demasiado tarde, ya se había desatado el largo y penoso
conflicto social agravado por la demagogia política.
Existen situaciones de fuerza
mayor. Esta parece ser una de ellas. En verdad, la relación de Newmont con las
comunidades de Cajamarca ha llegado a una situación límite en la que ya no es
posible saber con certeza si es posible reconstruirla. La credibilidad se ha perdido.
Lo que hoy mueve a la empresa a esta
consideración son los precios, pero eso podría llevarla a mantener el proyecto
en cartera a la espera de que algo cambie. Sería probablemente un error no solo
político sino económico. Este es, más bien, un caso análogo, salvando las inmensas
distancias, al de fuerza mayor que está llevando a la empresa brasileña Odebrecht,
sumida en un pantano de denuncias de corrupción, a vender su participación en
la concesión del Gasoducto del Sur a sus socios peruanos y extranjeros. Odebrecht
probablemente ya no puede levantar el financiamiento necesario. Pero aún si
pudiera, sería un error insistir en ello cuando las cuestiones implicadas no son
solo financieras.
Hay que saber renunciar a tiempo.
A veces lo mejor es partir. El poeta Kavafis, que siendo egipcio entendía de
estas cosas -tanto como Arguedas y Garcilaso, como Cervantes y Shakespeare- puso
en boca de Marco Antonio la siguiente elegante sentencia: “como si lo esperaras
desde antes, con valentía, despídete de
la Alejandría que se va…”.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
LIBERTAD ECONOMICA,
GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION
La República
Según
una información de Mining Press –medio dedicado a temas mineros en América
Latina y el exterior– la empresa Newmont Mining Corp (NMC) habría decidido
abandonar el proyecto Conga debido al rechazo que tiene esta en la región
Cajamarca.
Dicho
anuncio, según la información que se pudo recoger, se hizo a través del CEO de
Newmont Gary Goldberg, quien indicó que "bajo el entorno social y político
actual, la Compañía no espera poder desarrollar Conga en un futuro
inmediato".
También
se explicó que Conga no iría, por el momento, si no se cuenta con la aceptación
social y si no se cuenta con una sólida economía del proyecto. Además, se
buscaría socios potenciales para ayudar a solventar los costos y riesgos.
Goldberg
agrega que "el continuo retraso y la evaluación de otras alternativas
pueden resultar en un deterioro contable potencial”.
Asimismo,
dado el reciente vencimiento de los permisos para esta operación, la compañía
habría eliminado a Conga de su declaración de 'Reservas' y habría reclasificado
el proyecto como 'material mineralizado'.
Newmont
puso en duda las operaciones de Yanacocha debido a "la recurrencia de la
significativa oposición política o de la comunidad o de protestas".
La República
Luego
que Odebrecht informara que ponía en venta el 55% de su participación en el
proyecto del Gasoducto Sur Peruano, uno de los socios, la española Enagás (que
tiene 25% de accionariado), mostró su interés en adquirir 6%.
El
GSP, que contempla una inversión de al menos US$ 5 mil millones tiene a la
empresa nacional Graña y Montero, en la otra socia del consorcio, con una
participación de 20%
En
marzo Enagás y Graña tomaron el control de la gestión del proyecto gasífero más
importante del país.
“Enagás
ha manifestado su interés de comprar el 6% de las acciones que Odebrecht
Latinvest ha puesto en venta. Y el otro 49% será adquirido por otra u
otras empresas que cuenten con la aceptación de los socios (Enagás y Graña y
Montero)”, señaló David San Frutos, gerente del consorcio GSP.
Odebrecht
enfrenta en Brasil acusaciones de conspirar para cobrar sobreprecios a la
estatal Petrobras y de usar parte del dinero para sobornos a políticos.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
El Comercio
La
candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori,
afirmó que un eventual gobierno suyo investigará y renegociará los contratos de
gas de Camisea que, según dijo, fueron suscritos por su contendor de Peruanos
por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski (PPK),
durante la gestión de Alejandro Toledo.
"[Queremos] poder investigar y renegociar los
contratos del gas de Camisea. Sabemos hoy que las regalías que recibe el Perú
son mínimas. Queremos saber qué tipo de contrato firmó el señor Kuczynski
cuando trabajó en el gobierno del señor Toledo. Eso, además de
renegociarse, tendrá que investigarse", expresó.
Dijo que en esos acuerdos se debe saber "sobre todo, [cómo fue llevado el
contrato] de exportación, que no solo usa el lote 56, sino que además
quitaron los candados para que también pueda utilizarse parte del lote 88".
Desde Cusco, Keiko
Fujimori insistió en que PPK plantea
eliminar la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Para sustentar ello,
leyó parte del plan de gobierno de Peruanos por el Kambio. "En la página 149 dice: 'Hay que notar que parte
de esta contribución se financiará con la reducción del costo de la CTS, que
serán sustituidas por un seguro de desempleo'. Así que nadie está mintiendo.
Cada uno puede sacar sus propias conclusiones", sostuvo. “Creemos que su plan es para beneficiar a las
grandes empresas. En este caso, a las grandes aseguradoras", afirmó.
Asimismo,
la candidata también cuestionó propuesta de PPK de
reducir en tres puntos el Impuesto General a las Ventas (IGV). "Dejar de recibir S/9 mil millones es no recibir
muchísimos recursos que pueden ser utilizados en beneficio de la
población". "Nosotros planteamos que un punto de IGV adicional
vaya directamente al Foncomún para beneficiar a los alcaldes a nivel
nacional", propuso Keiko
Fujimori.
El Comercio
El
presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, informó
que los candidatos presidenciales que se enfrentarán en la segunda vuelta,
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) yKeiko Fujimori, protagonizarán el debate presidencial el
domingo 29 de mayo.
Távara
detalló que el 22 de mayo también se realizará un debate entre los
equipos técnicos y los candidatos a la vicepresidencia del partido Fuerza
Popular y de Peruanos Por el Kambio.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
Expreso
El
vicealmirante Luis Giampietri Rojas exigió que cese la persecución judicial
contra los comandos Chavín de Huántar, que en 1997 rescataron a los 72 rehenes
que habían sido secuestrados por terroristas del MRTA en la residencia del
embajador japonés en Lima.
“Este
juicio ha durado 19 años. Todavía está vigente porque al coronel (Jesús)
Zamudio lo han declarado inocente, pero el proceso todavía sigue en otras
instancias. Eso hace daño no solo a ellos, sino a sus familias. Imagínese que
le digan a su hijo o a su nieto que su abuelo es genocida. No hay derecho”,
comentó el ex vicepresidente de la República, luego de la ceremonia realizada
ayer en la Base Militar en Las Palmas, Surco, por los 19 años del exitoso
rescate.
Giampietri,
quien fuera uno de los rehenes del MRTA en la residencia del embajador japonés,
señaló a EXPRESO que algunas ONG que se autoproclaman defensoras de los
derechos humanos tenían interés en llevar al banquillo de los acusados a los
comandos Chavín de Huántar no por un móvil altruista sino por un afán netamente
económico, al señalar que durante la operación se ejecutó extrajudicialmente a
dos terroristas.
“Las
ONG participaron de esa persecución. De eso viven. Algunas de ellas son
carroñeras, no todas, pero hay algunas que viven del daño a la gente. Viven de
los muertos”, afirmó.
La República
Imborrables años 90
Mirko Lauer
El fujimorismo tiene
claro que la dictadura y el autoritarismo de los años 90 siguen siendo su talón
de Aquiles electoral. Para ello mantiene fuera de la campaña a casi todas las
figuras protagonistas de aquella época, y aprovecha toda oportunidad para
mostrarse como algo diferente. Pero los 71 congresistas de Fuerza Popular le
complican la tarea.
Es inevitable que ese
número de congresistas sea visto como demasiado poder. Pocos se fijan en que la
bancada surge de la voluntad popular, y miran más bien el poder acumulado que
ella representa. Entregar de antemano la presidencia de dos comisiones
importantes no cambia la figura. El fujimorismo en el Congreso podrá hacer casi
lo que le dé la gana.
Por eso figuras apristas
insospechables de antifujimorismo están diciendo que la suma del Ejecutivo con
tamaña mayoría en el Congreso es demasiado control sobre el sistema político
peruano. En efecto, el asunto ya ni siquiera es de buena conducta democrática.
La combinación misma, como en todo lo que se acerca al monopolio, exige el
ejercicio de un poder total.
Las tomas de distancia
frente los 90 se han dado a través de varias declaraciones de Keiko Fujimori,
entre las que destaca su carta de comienzos de este mes. Pero como la cúpula de
su partido está dividida frente al tema, las tomas de distancia no pueden tener
el contenido y la contundencia necesarios para hacer la diferencia.
Este aspecto es clave
para Pedro Pablo Kuczynski, pues la evocación de los años 90 es el argumento de
fuerza frente a quienes insisten en homologarlo con el fujimorismo. Además el
argumento del pasado le abre las puertas a otro sobre el futuro, acerca de la
necesidad nacional de contrapesar desde el Ejecutivo a un fujicongreso muy
probablemente avasallador.
Una parte clave de los
votos de PPK va a venir de quienes aprecian sus parecidos con el fujimorismo en
política económica (básicamente la misma en todos los gobiernos del siglo XXI),
pero a la vez valoran sus diferencias en lo político. Fujimori está tratando de
contrarrestar esto con crecientes incursiones en el populismo, como alternativa
al liberalismo de PPK.
Es probable que el
recuerdo de los años 90 sumado a la reciente victoria parlamentaria del
fujimorismo defina la elección. Esos 71 congresistas podrían terminar siendo un
buen ejemplo de lo pírrico.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
Expreso
El
informe preliminar de la comisión investigadora del escándalo Lava Jato
encontró indicios para investigar al mandatario Ollanta Humala y a los
expresidentes Alejandro Toledo y Alan García, en cuyos gobiernos se habrían
beneficiado las empresas brasileñas en la ejecución de megaproyectos.
En el
caso del actual mandatario, las autoridades brasileñas vinculan al ejecutivo de
Odebrecht, Fernando Migliaccio Da Silva, a través de un correo electrónico con
una hoja de cálculo elaborada por una operaria de Odebrecht el 2 de agosto de
2010, documento que modificó Da Silva el 2 de agosto de 2012.
“En
ese archivo de Excel, identificado como Posición Programa Especial
Italiano se menciona el “Proyecto OH”, atribuido hipotéticamente al presidente
Ollanta Humala, junto a un monto de 4 mil 800 millones de reales (US$ 3
millones). El informe policial que hace referencia a este proyecto, inserta la
mención al presidente Ollanta Humala bajo la fecha 5 de abril de 2011”, indica.
En el
caso del exmandatario Toledo, señala que en la documentación que fue incautada
por las autoridades brasileñas a Pietro Giavina Bianchi, uno de los directivos
de Camargo Correa en Brasil, en el 2008, se halló una hoja de cálculo titulada:
“Previsao de Capilés Tramo IV –Interoceánica Capilés”, que serían los sobornos
presuntamente pagados a funcionarios peruanos durante la ejecución del Tramo 4
de la Interoceánica Sur.
“En
los documentos incautados se registran los pagos relacionados con la
Interoceánica y hay uno que registra el monto de US$ 106 mil 944. Otra parte
del mismo documento registra el nombre ‘Toledo’, escrito cerca a este otro
nombre: “Max Vanderley”, señala.
Sobre
el gobierno de Alan García, el preinforme indica que en las licitaciones
públicas hechas en el 2009 y 2011, el gobierno contrató con el Consorcio Tren
Eléctrico Lima, conformado por las empresas Odebrecht y Graña y Montero, la
elaboración del expediente técnico y ejecución de obras civiles.
“Para
ese fin se construyó un marco legal compuesto por una serie de decretos de
urgencia y decretos supremos que facilitaron la celeridad del proceso de
contratación y la ejecución.
El
marco legal creado permitió que se aprueben adendas sin necesidad de la opinión
previa de la Contraloría produciéndose el sobrecosto en el tramo 1 de cerca de
US$ 109 millones”, establece.
IIRSA-SUR:
El 10 de febrero del 2005 se publica el DS N° 022-2005-EF, que exceptúa del
SNIP a los tramos a incluirse dentro de la concesión del “Proyecto Corredor
Interoceánico Perú-Brasil-IIRSA-SUR”. Este decreto fue refrendado por el
ministro de Educación, Javier Sota Nadal (en representación del ministro de
Economía Pedro Pablo Kuczynski) y por el ministro de Transportes José Ortiz.
“De
esta manera se omite la exigencia de los estudios definitivos establecidos en
el ciclo del SNIP, dándose inicio al proceso de concesión de IIRSA Sur”, añade.
Las diversas etapas de este proyecto estuvieron a cargo de empresas como
Odebrecht.
Olmos:
Se puso en concurso público internacional el 22 de julio del 2004 en el
gobierno de Alejandro Toledo, a través del gobierno regional de Lambayeque,
suscribiéndose un contrato de concesión con la empresa Odebrecht. Seis años
después, el 11 de junio del 2010, el presidente Alan García y la presidenta
regional Nery Saldarriaga, firman contrato de concesión con H2Olmos SA
(Odebrecht) para la concesión del componente de irrigación del proyecto. El
costo del trasvase es de US$ 185 millones y de la irrigación de US$ 222
millones.
El
contrato de concesión con H2Olmos SA no permitía ser modificado antes de los
tres años de concesión, DL N°1012, pese a ello se modifica en diciembre del
2010 y en el 2012, con el fin de que Odebrecht pueda adquirir tierras.
Gasoducto
del Sur: El 23 de julio del 2014, el Estado firmó el contrato de este proyecto
con la empresa concesionaria Gasoducto Sur Peruano integrado por Odebrecht
Latinvest y Enagás por US$ 7’328,654511.00.
“ProInversión
otorgó la buena pro al consorcio Gasoducto Peruano del Sur con una propuesta
económica mayor en US$ 136 millones que el postor que se descalificó por
razones judiciales, lo que fue considerado por la Contraloría como un perjuicio
económico al Estado”, refiere.
