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MEDIA
COLUMNA
La
hora de los moderados
Jorge Morelli
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Como
siempre, hay moderados y radicales en ambas orillas.
En el
gobierno hay un grupo beligerante de asesores -mediáticos, sobre todo- que
tratan de hacerle creer al presidente Pedro Pablo Kuczynski que su única opción
es intentar la disolución del Congreso, e ir a elecciones parlamentarias.
En la
oposición no faltan quienes todavía creen que no hay más remedio que ir a una sucesión
de vacancias presidenciales, y al adelanto de las elecciones generales.
La
opinión pública no acompaña a ninguno de estos bandos radicales. Y
probablemente tiene razón. Ambos se están destruyendo políticamente para
beneficio de terceros. En efecto, si fuéramos a unas elecciones –parlamentarias
o generales- ninguna de los dos lados resultaría ganador.
Los
moderados de ambos bandos están más cerca de la opinión pública y del sentido
común. Son los moderados los que definen las elecciones.
En el
descongelamiento, sin embargo, es la oposición la que tiene más que perder. Porque
dejaría espacio para que la izquierda se meta por los palos y le arrabate el
papel de oposición.
El
gobierno, en cambio, tiene todo que ganar. No tienen nada que perder. De modo
que el gobierno debería ser el más interesado en el acercamiento y estar
procurando por todos los medios un descongelamiento.
No
obstante, lejos de eso, el gobierno vacila y escucha un día a los moderados de
su lado y el siguiente a la facción tremendista. No se decide, en suma. Y es
esta vacilación interminable lo que está haciendo el mayor daño a la
gobernabilidad y, por lo tanto, a la economía.
El
gobierno debe, pues, apurar el trago del ministro de Economía, pasar la página
y dejar de dar la penosa impresión de que la censura –o la negación de
confianza a un un ministro- lo desestabiliza hasta el punto de la desesperación
y el llanto. Lo que muestra con eso no es fortaleza sino debilidad.
El gobierno
debe empoderar a sus moderados y abrir puentes de diálogo por todas partes y en
todas las direcciones. No la próxima semana ni el mes próximo, sino hoy mismo.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Peru21
Alfredo Thorne confirmó su renuncia al Ministerio de Economía y
Finanzas luego de que el pleno del Congreso decidiera rechazar la cuestión de
confianza que él había planteado.
“Como me comprometí, hoy firmé mi renuncia como
ministro de Economía y Finanzas. Agradezco el apoyo que recibí de todos en
estos meses”, manifestó en mensaje en Twitter.
El Comercio
Las bancadas de Fuerza Popular, Apra, Acción Popular,
Frente Amplio y Alianza para el Progreso votaron en contra de la cuestión de
confianza.
La medida se tomó con 88 votos en contra, 11 a favor y 2 abstenciones. La única agrupación que marcó a favor fue la oficialista de Peruanos por el Kambio.
“Nos hubiese gustado que el ministro venga y nos diga que está defendiendo el Presupuesto y que no lo está negociando con un personaje que tiene que emitir un informe”, expresó Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular. Edwin Vergara, de la misma bancada, sostuvo que “esta crisis política tiene nombre y apellido, y se llama Kuntur Wasi”.
El parlamentario Yonhy Lescano manifestó que "el Ministro se ha ganado la confianza no solamente del Congreso, sino del país".
Mauricio Mulder consideró que el ministro sale "jalado" en sus funciones.
La medida se tomó con 88 votos en contra, 11 a favor y 2 abstenciones. La única agrupación que marcó a favor fue la oficialista de Peruanos por el Kambio.
“Nos hubiese gustado que el ministro venga y nos diga que está defendiendo el Presupuesto y que no lo está negociando con un personaje que tiene que emitir un informe”, expresó Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular. Edwin Vergara, de la misma bancada, sostuvo que “esta crisis política tiene nombre y apellido, y se llama Kuntur Wasi”.
El parlamentario Yonhy Lescano manifestó que "el Ministro se ha ganado la confianza no solamente del Congreso, sino del país".
Mauricio Mulder consideró que el ministro sale "jalado" en sus funciones.
Richard Acuña, de Alianza para el Progreso (APP),
manifestó que ni Thorne, ni el contralor Edgar Alarcón deberían estar en la
función pública actualmente.
Marco Arana consideró que el ministro Thorne ejerció "presión" sobre el contralor en su conversación del 17 de mayo.
Marco Arana consideró que el ministro Thorne ejerció "presión" sobre el contralor en su conversación del 17 de mayo.
El Comercio
El congresista Daniel Salaverry, vocero alterno de Fuerza Popular,
informó anoche a El Comercio que su bancada no tiene predisposición de buscar la
censura del ministro del Interior, Carlos Basombrío,
quien este miércoles será interpelado en el pleno.
“Se ha conversado hoy [martes] de eso en la reunión de
bancada, pero la conclusión es que vamos a escuchar y ver si nos convencen sus
respuestas. En Fuerza Popular no hay actitud o predisposición de ir más allá de
interpelar al ministro Basombrío”, expresó.
Salaverry incluso señaló que el titular del Interior
está frente a una “gran oportunidad de salir fortalecido y de continuar en el
cargo”.
El Comercio
Basombrío responderá un pliego de 39 preguntas. Las
líneas temáticas giran en torno a los índices de inseguridad ciudadana, el
resguardo policial a entidades bancarias, la existencia de un supuesto escuadrón
de la muerte en la Policía Nacional del Perú y las actividades de grupos
terroristas.
Si bien Fuerza Popular reconoce algunos avances en el
sector, la bancada fujimorista los atribuye a una reacción del titular del
Interior ante la interpelación. “Parece que le han puesto rocoto a la vena y
recién se ha activado”, señaló la vocera alterna, Lourdes Alcorta.
Expreso
La congresista de Fuerza
Popular Rosa María Bartra se mostró escéptica en cuanto a la convocatoria al
diálogo efectuada por Mercedes Aráoz. “No estoy segura de que la señora Aráoz
haya pedido diálogo porque, previa a la pregunta del diálogo, más bien de lo
que habla es de un poder en la sombra”, dijo.
Peru21
¿Dónde estás, Ramiro?
Aldo Mariátegui
Si algo necesita urgentemente la política
peruana (especialmente el fujimorismo), son personajes como Ramiro Prialé, el
gran negociador político de APRA. Todos los que regateaban con Prialé
sabían que este era un plenipotenciario de Haya y que no estaban perdiendo el
tiempo. Incluso, este enriqueció el léxico político peruano con la frase
“conversar no es pactar”.
Prialé no solo fue vital en la creación del
Frente Democrático en 1945 (bajo el trujillano alias “Alfredo Ganoza”), sino
que fue el arquitecto de “la Convivencia”, esa increíble alianza entre Haya y
su otrora perseguidor Prado para que el segundo llegue al poder, legalice al APRA e
instaure una democracia donde se olvidase el pasado y todos los viejos enemigos
trabajen por el país. Eso no fue poca cosa y es una gran injusticia de la izquierda
criticar siempre a ese breve periodo de paz política 1956-62, donde los leones
se volvieron herbívoros. También se le cuestiona por haber forjado la alianza
parlamentaria APRA-UNO durante el primer belaundismo, pero vaya que FBT se
compró todos los boletos para la bronca desconociendo los resultados de 1962 y
apoyando el golpe militar de ese año que le cerró las puertas de Palacio al
triunfador Haya, además que se negó a tratar tanto con el APRA, como con
Odría, que le ofreció su bancada a cambio de ser nombrado mariscal –por su
destacada actuación en la guerra del 41 con Ecuador– y embajador en España. Si
Keiko no quiere negociar directamente, pues que nombre a su Prialé: el país
necesita otra “Convivencia”.
(…)
El Comercio
Pacta PPK, no te queda
otra
Fernando Vivas
Maniobra
naranja: a Alfredo Thorne le dan la confianza (igualito morirá luego) y así no
acusan de obstruccionismo a Keiko, pero censuran a Carlos Basombrío y dan un golpe inesperado. Maniobra ppkausa: tras la
salida de Thorne y la interpelación de Basombrío, hacen que este también pida
confianza y así quitan al obstruccionismo naranja el argumento de que quitar
una confianza pedida no es lo mismo que censurar motu proprio. Finalidad
naranja: exprimir las debilidades del gobierno sin obstruirlo visiblemente
hasta llevarlo al punto en que nadie tenga que pedir la vacancia de PPK, sino que este se
vea obligado a renunciar ante su desaprobación extrema. Finalidad ppkausa:
provocar al obstruccionismo fujimorista a tal punto que se despinte ante la
ciudadanía y en ese momento pedir la confianza del gabinete y asustarlos con la
disolución del Congreso ‘ganapán’.
No
sigo. Si están en esa lógica bélica y conspiranoica, no lean lo que viene. Yo
voto por pactar. La iniciativa corresponde, en primera instancia, al gobierno;
pero el fujimorismo podría ser más proactivo.
Hasta
ahora el único diálogo cumbre PPK-Keiko fue de iniciativa y puesta en escena
ajenas, del cardenal Cipriani, asumida sin convicción por los dialogantes. La
imagen del presidente hincado de rodillas en la capilla del cardenal pesó más
que la del par de líderes a la salida.
Esa
cita trajo algo de paz y gobernabilidad tras la censura de Jaime Saavedra. Pero
no creó fórmulas estables de entendimiento, no se institucionalizó. Se agrió con
el devenir de la coyuntura, con la maniobra del indulto, con las vocerías
exaltadas de Fuerza Popular ante teorías del complot en la PCM, con la salida
de Martín Vizcarra y las amenazas contra Basombrío y Patricia García.
Hoy
tenemos tímidas iniciativas de diálogo como la reclamada por Mercedes Aráoz y
respondida cordialmente por Rosa Bartra. De vice a vice. Fernando Zavala, a
pesar de su visita discreta a Luz Salgado, se ha descolocado en su rol de
negociador. PPK tiene piezas de recambio en el gabinete que ya han tendido
puentes con el fujimorismo, como el ministro de la Producción, Pedro Olaechea
(que apela al pragmatismo del empresariado), o el de Defensa, Jorge Nieto (que
apela a la omnipresencia de las tres armas); pero si las conversaciones o las tensiones
crecen, podría llegar a optar por alguien ajeno a su entorno.
Hasta
ahora, el diálogo ha tenido más promotores conservadores que liberales, quizá
porque los primeros temen la supuesta ‘agenda de género y pro LTGBI de PPK’ y
quieren cerrarle el paso desde el fujimorismo que sienten cooptado. Ojalá que
los liberales de uno y otro lado hagan oír sus voces dialogantes.
El Comercio
Columna
de Cecilia Valenzuela
Recientemente
el Gobierno intentó tender un puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, y Mercedes
Aráoz invitó a Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno a conversar; pero, antes de
que el mensaje terminara de llegarle a la lideresa de Fuerza Popular, el
congresista Lombardi, de las filas ppkausas –irritado por la intransigencia de
los fujimoristas en el Caso Thorne–,
llamó a los seguidores de Keiko “ganapanes”, por lo que la cita en Palacio se
ha tenido que postergar.
El
ambiente político está sobrecrispado en el país y la política es hoy en día una
hipérbole. Todos, en el Gobierno o en la oposición, están dispuestos a
sacrificar juicio, tino, reflexión, por unos minutos en el noticiero del día.
Ha prendido la epidemia del corto plazo y cualquier nimiedad se convierte en un
escándalo costoso para el país, nuestra frágil estabilidad económica y nuestra
endeble democracia.
Como
la oposición fracasó en su objetivo de obligar al ministro de Economía, Alfredo Thorne, a renunciar, no le quedó más remedio que anunciar su
censura: ahora el MEF está paralizado.
Mauricio
Mulder, uno de los opositores más cuajados de este Parlamento, se ha visto
obligado a decir que la censura de Thorne salvaría la cabeza del ministro del Interior, Carlos
Basombrío; al final de cuentas, para la opinión pública en el Congreso de lo
único que se ocupan es de censuras e interpelaciones: eso solo significa
parálisis.
La
ciudadanía empieza a sentir la impotencia que produce la paralización y ni el
Gobierno ni la oposición se dan cuenta de que la población no discrimina y los
responsabiliza a todos.
En el
camino, mercantilistas y populistas aprovecharon para meterle cabe al mercado e
hicieron que los parlamentarios aprobaran una ley prohibiendo el uso de leche
en polvo en la fabricación de leche evaporada, con todo lo que eso encarecerá
los productos lácteos y afectará los bolsillos de las amas de casa y la
consecuente nutrición de los niños.
La
oposición y sus intermediarios en los medios le exigen al Gobierno que se
deshaga de los tecnócratas que lo acompañan en el Gabinete, le prohíben cometer
errores; y le advierten que debe designar ministros políticos si quiere salvar
esta situación.
¿A qué
políticos se refieren los opositores? ¿De dónde tendría que sacar el Gobierno
políticos para llenar las carteras ministeriales? Un político de verdad tiene,
por lo menos, visión de largo plazo para el país, construye alianzas
ideológicas y trabaja pensando en obtener el apoyo de sus electores.
Los
políticos que llenan hoy en día las páginas de los diarios con sus
declaraciones no muestran ninguno de esos tres mínimos criterios. Al contrario,
todos están deseando que se adelanten las elecciones: públicamente, de la boca
para afuera, ninguno está a favor de la vacancia presidencial; pero, en
privado, todos están hablando de vacar a PPK, lo que pasa es que todavía no los
han grabado.
Su
ambición por el poder los hace creer que ¡después de la forma como se están
comportando! la ciudadanía los reelegiría.
Acción
Popular piensa que si hay nuevas elecciones, su candidato podría enarbolar la
bandera del antifujimorismo, y obtener el triunfo “por un pelín”.
Fuerza Popular, autoconvencida de que les robaron las elecciones,
está segura de que en una nueva contienda ¡no se la dejarían robar!
El
Apra apuesta a que los escándalos de Lava Jato y los coimeados por Odebrecht
harían olvidar a sus detractores de los narcoindultos y alucinan el regreso de
Alan García.
Pero
nadie sabe para quién trabaja: la única fuerza política que está sacando
provecho de esta desgastadora crisis es la izquierda más radical, la que no
está en el Congreso, la que ha trazado alianzas regionales, ha cedido espacio a
peligrosos liderazgos y se prepara para paralizar los grandes proyectos mineros
y energéticos de cara a las próximas elecciones regionales y municipales.
¿Ese
es el país que los tremendos y severísimos críticos de hoy nos quieren heredar?
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El contralor, Edgar Alarcón, justificó ayer en el Congreso la compra de ocho
vehículos desde 2013 hasta la fecha, afirmando que se trata de una práctica
familiar.
"Son ocho vehículos de uso personal de la casa que
hemos ido renovando en el tiempo, [es] una práctica que en nuestra familia la
realizamos para mantener vigente el parque automotor familiar", expresó.
También rechazó que sus hijos mantengan un negocio de
compra-venta de automóviles. "No he ejercido actividad lucrativa",
remarcó Edgar Alarcón.
En otro momento, el contralor se refirió a cuatro
bienes inmuebles que, según dijo ayer el auditor Walter Grados, no declaró.
"Es mentira. [...] Nunca he ocultado ni evadido presentar la declaración
jurada", dijo al respecto.
El
Comercio, editorial
Desde
que fue designado contralor general de la República en junio del año pasado, Edgar Alarcón ha figurado en los titulares de los medios con una
periodicidad considerablemente mayor a la de sus antecesores. No obstante, ello
no se ha debido a alguna acción excepcional y destacable de su institución que
amerite una atención especial, sino a un rosario de acusaciones en su contra
que van desde un supuesto plagio en el trabajo con el que obtuvo su título
profesional hasta otras denuncias más serias con implicancias legales.
En las
últimas semanas, algunos de estos cuestionamientos –los más recientes– han
motivado la creación de un subgrupo de trabajo en la Comisión Permanente del
Congreso para evaluar su permanencia en el cargo.
Ello a
propósito, por un lado, de las críticas generadas tanto por la supuesta falta
de rigurosidad técnica del informe que emitió la contraloría sobre la adenda 1 del contrato para la construcción del
aeropuerto de Chinchero, como por la verosímil acusación de que fue él quien
grabó el polémico audio de una conversación privada que mantuvo con el ministro
de Economía, Alfredo Thorne (ambos puntos ya comentados en esta
página hace algunos días).
Y por
otro lado, el subgrupo también evalúa una serie de compras y ventas de
vehículos y terrenos que llaman la atención tanto por el número de
transacciones como por el valor de los intercambios. A la acusación del auditor
Walter Grados (quien alertó que Alarcón habría comprado nueve vehículos por más
de US$182.500 entre el 2012 y el 2015 para luego venderlos, sin incluir estas
transacciones en sus declaraciones juradas y pese a haber estado legalmente
impedido de realizar actividades lucrativas durante dicho período) siguió lo
revelado por este Diario sobre el panorama completo de estas operaciones
vehiculares. En total, y según la información consignada en Registros Públicos,
entre el 2002 y el 2016 Alarcón adquirió 42 autos por más de US$600.000.
Ayer,
en una sesión que se extendió por más de tres horas, el contralor emitió sus
descargos sobre estos y otros hechos ante el referido subgrupo. No obstante,
sus respuestas no lograron disipar las principales dudas.
Sobre
la compraventa de vehículos, en particular, Alarcón aseguró que no existió en
realidad ninguna actividad lucrativa irregular o que amerite ser incluida en
sus declaraciones juradas, ya que solo se trataría de una práctica personal que
acostumbra realizar “para mantener vigente el parque automotor familiar”. Una
respuesta francamente poco verosímil, sobre todo si se considera la llamativa
cantidad de las operaciones familiares (si a las compras y ventas hechas por
Alarcón se suman las realizadas por sus hijos, el total de vehículos llega a
107 y el valor de las transacciones supera el millón de dólares).
A ello
se suma el hecho de que, en varios episodios puntuales durante su intervención,
la información proporcionada por el contralor respecto a los períodos,
cantidades y montos de estas transacciones no correspondía con lo detallado en
Registros Públicos.
Pero
más allá de este episodio, lo cierto es que a lo dicho hasta aquí cabría
agregar varios otros asuntos que han puesto en duda la idoneidad del contralor
para ejercer el cargo que ocupa. Por ejemplo, las veces en que su afán de
protagonismo lo ha llevado a emitir acusaciones antes de tiempo o la manera en
que le requirió a Grados que retire la denuncia en su contra antes de que esta
sea conocida (“Piénsalo, Walter, no quiero presionarte, no te estoy
hostilizando, no te estoy chantajeando. […] Por la amistad que tenemos, te digo
piénsalo”).
Nuestra
legislación vigente exige que para ocupar el cargo de contralor debe
manifestarse una “conducta intachable y una reconocida solvencia e idoneidad
moral”. Considerando todos estos hechos, es evidente que esa solvencia moral hoy
ha sido puesta en duda. Y que, por ende, lo más apropiado para una institución
tan importante como la contraloría sería que el señor Alarcón, sea por renuncia o
destitución, no continúe más en el cargo que hoy ocupa.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
El Comercio
El congresista Carlos Bruce, vocero titular del partido
oficialista Peruanos por el Kambio, afirmó ayer que “el presidente Kuczynski no
ha comentado [a la bancada] cuál es su plan de contingencia [frente a la salida
de Thorne]”.
El Comercio
¿Cuánto podría afectar al Ejecutivo la salida de Alfredo Thorne?
El analista político Arturo Maldonado comenta que el el
Ministerio de Economía era “uno de los puestos más estables dentro de la
inestabilidad natural de un Gabinete. Ahora, uno de estos fusibles duraderos se
ha quemado sin siquiera finalizar un año de gobierno”. En ese sentido, estima
que el reemplazante podría tener un perfil similar, parecido también a los que
han tenido los ministros de Economía de Ollanta Humala, Alan García y Alejandro
Toledo. “El reemplazante podría no tener el reto de cambiar la economía sino de
mantenerla y crear confianza. En ese sentido, el gobierno no saldría muy
afectado”, refiere.
Respecto al plano político, Maldonado resalta que la
caída de Thorne podría darle “cierto respiro al gobierno”. “Ha generado una
barrera y permitirá que otros ministros en la mira no caigan”, apunta.
Para el analista político Luis Benavente, prevé serios
perjuicios para la gobernabilidad que afectarán según la respuesta que este dé
a la decisión del Parlamento. El también director de Vox Populi agrega que el
gobierno debe ensayar un rol más proactivo, menos expectante de “a dónde lo
llevará el viento”.
Maldonado menciona que luego de este enfrentamiento por
la continuidad de Alfredo Thorne será difícil divisar a un ganador, pues tanto la imagen
pública del gobierno como la del Legislativo se han visto dañadas. “No se mueve
la economía, ese ministerio queda en el limbo”, manifiesta.
Benavente añade que ni siquiera un Gabinete Ministerial
de ancha base le garantiza a PPK la gobernabilidad que necesita para llevar a
cabo reformas y cambios sustanciales.
El Comercio
Una vez más, la Comisión de Constitución
del Congreso pospuso la aprobación del proyecto de ley 1410, que busca que el
Decreto de Urgencia (DU) 003 también alcance a las socias de empresas
condenadas o que hayan admitido actos de corrupción. La norma fue presentada
por la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta.
En la sesión previa, la comisión
acordó acotar el alcance del proyecto de ley tras recibir comentarios críticos
de los principales gremios empresariales del sector construcción, el Ministerio
de Economía (MEF) y el Ministerio de Justicia (Minjus), entre otros.
Fueron dos las ideas-fuerza: que
la ampliación del alcance del DU vulnera la presunción de inocencia y que la
definición de las organizaciones “vinculadas” resultaba muy amplia. “Si bastase
con tener una acción o participación en una persona jurídica para considerarse
vinculado, se estaría atribuyendo a dichas personas consecuencias jurídicas
respecto de actos que escapan a su esfera de control”, opinó el Minjus.
En esta línea, se redactó un
nuevo predictamen en el que se acotó que las restricciones del DU se
circunscribirán solo a los proyectos en los que se haya probado actos de
corrupción.
Con ello, se retendrían montos
para la reparación civil sobre los pagos pendientes por parte del Estado al
proyecto o sobre el promedio del margen bruto de ganancia de los últimos cinco
años del mismo.
Al respecto, en el debate de ayer
en la Comisión de Constitución, la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona
sugirió que este cálculo se haga sobre el margen bruto de ganancia.
A pesar de los argumentos
expuestos, hubo oposición a las modificaciones. Los congresistas Yonhy Lescano
y Mauricio Mulder defendieron que las socias de Odebrecht estaban al tanto de
cómo operaba la firma.
“Estamos frente a una línea muy
delgada, donde si nos excedemos, van a apelar a que estamos violando derechos
constitucionales”, respondió el congresista de Fuerza Popular y presidente de
la comisión, Miguel Torres.
A continuación citamos los
cambios más significativos que se hicieron al predictamen:
1. Se dispone que la suspensión
de efectuar transferencias al exterior se mantiene no solo hasta que se efectúe
el pago total de la reparación civil a favor del Estado, sino también cuando se
atienda los créditos de origen tributario del Estado o hasta que se haya emitido
una sentencia absolutoria consentida o ejecutoriada a favor de los sujetos
comprendidos en el artículo 2.
2. Se precisa que solo se podrán realizar transferencias al exterior siempre que sea para pago de deuda a acreedores que afecten el valor de las concesiones o activos en el Perú de los sujetos referidos en el artículo 2, y que dichas transferencias deben ser previamente aprobadas por el Minjus, bajo responsabilidad del Ministro.
3. Se incorpora el procedimiento de anotación preventiva en los registros públicos en los que consten inscritos los bienes, derechos, acciones, participaciones u otros valores representativos de derechos de participación de los sujetos comprendidos en el artículo 2, así como en la partida registral de dichos sujetos, precisando que la adquisición de estos bienes, derechos, acciones, participaciones o valores, bajo cualquier título, está sujeta al procedimiento previo establecido (evaluación previa del Minjus) y al depósito por parte del adquirente del monto pagado, fruto de la adquisición, al fideicomiso de retención.
4. Se dispone que esta anotación preventiva se mantiene hasta que se pague todo el monto de la reparación civil a favor del Estado y se haya cumplido con las obligaciones establecidas en el decreto de urgencia modificado por la presente ley, es decir que se atienda los créditos de origen tributario del Estado, o hasta que se haya emitido una sentencia absolutoria consentida o ejecutoriada a favor del sujeto comprendido en el artículo 2.
5. Se dispone que si no se cumplen las condiciones para la adquisición en el caso de bienes, derechos, acciones, participaciones u otros valores representativos de derechos de participación de los sujetos comprendidos en el artículo 2, dichas adquisiciones son nulas, además de generar responsabilidad solidaria para los adquirentes junto con los sujetos referidos en el artículo 2 y que el Minjus debe iniciar acciones legales ante el juez para dicha declaración de nulidad.
6. Se dispone que para la retención de los pagos por parte de las entidades del Estado, estas deben hacerlo sobre cada pago que tengan que hacer conforme al contrato, y sobre un monto estimado equivalente al promedio del margen bruto de ganancia de los últimos cinco (5) años en proyectos similares y que en caso que no se den las condiciones para dicho cálculo, el monto a retener es el equivalente al total de utilidades brutas proyectadas y establecidas en el procedimiento de selección y consideradas para la suscripción del contrato respectivo.
7. Se establece que el margen de retención se aplica a todo el proyecto, ejecutado o pendiente de ejecución, en el que participen los sujetos del artículo 2, que al tiempo de la comisión de los delitos referidos en los acápites de dicho artículo, hayan actuado individual o conjuntamente con socios, consorciados o asociados de estos, para contratar con alguna entidad del Estado para dicho proyecto, sin importar el grado de participación o responsabilidad penal de estos últimos.
8. Se dispone que la sustitución referida en el punto anterior debe realizarse dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha en que el sujeto comprendido en el artículo 2 aparece en la relación de personas dentro del alcance de dicho artículo.
9. Se establece un orden de prelación para cautelar el pago de la reparación de civil a favor del Estado y evitar la ruptura en la cadena de pagos, con cargo a los fondos del fideicomiso: i) reparaciones civiles a favor del Estado y ii) créditos de origen tributario del Estado.
10. Se dispone que el Minjus debe requerir al Procurador Público del Estado correspondiente la cifra estimada de reparación civil a favor del Estado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles y que dicho procurador debe contar con los informes previos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú (PROINVERSIÓN) y del Ministerio de Economía y Finanzas, que son remitidos en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles para determinar la referida cifra de reparación civil a favor del Estado.
11. Se amplía el plazo de vigencia del D.U. 003-2017 de un (1) año a tres (3) años.
2. Se precisa que solo se podrán realizar transferencias al exterior siempre que sea para pago de deuda a acreedores que afecten el valor de las concesiones o activos en el Perú de los sujetos referidos en el artículo 2, y que dichas transferencias deben ser previamente aprobadas por el Minjus, bajo responsabilidad del Ministro.
3. Se incorpora el procedimiento de anotación preventiva en los registros públicos en los que consten inscritos los bienes, derechos, acciones, participaciones u otros valores representativos de derechos de participación de los sujetos comprendidos en el artículo 2, así como en la partida registral de dichos sujetos, precisando que la adquisición de estos bienes, derechos, acciones, participaciones o valores, bajo cualquier título, está sujeta al procedimiento previo establecido (evaluación previa del Minjus) y al depósito por parte del adquirente del monto pagado, fruto de la adquisición, al fideicomiso de retención.
4. Se dispone que esta anotación preventiva se mantiene hasta que se pague todo el monto de la reparación civil a favor del Estado y se haya cumplido con las obligaciones establecidas en el decreto de urgencia modificado por la presente ley, es decir que se atienda los créditos de origen tributario del Estado, o hasta que se haya emitido una sentencia absolutoria consentida o ejecutoriada a favor del sujeto comprendido en el artículo 2.
5. Se dispone que si no se cumplen las condiciones para la adquisición en el caso de bienes, derechos, acciones, participaciones u otros valores representativos de derechos de participación de los sujetos comprendidos en el artículo 2, dichas adquisiciones son nulas, además de generar responsabilidad solidaria para los adquirentes junto con los sujetos referidos en el artículo 2 y que el Minjus debe iniciar acciones legales ante el juez para dicha declaración de nulidad.
6. Se dispone que para la retención de los pagos por parte de las entidades del Estado, estas deben hacerlo sobre cada pago que tengan que hacer conforme al contrato, y sobre un monto estimado equivalente al promedio del margen bruto de ganancia de los últimos cinco (5) años en proyectos similares y que en caso que no se den las condiciones para dicho cálculo, el monto a retener es el equivalente al total de utilidades brutas proyectadas y establecidas en el procedimiento de selección y consideradas para la suscripción del contrato respectivo.
7. Se establece que el margen de retención se aplica a todo el proyecto, ejecutado o pendiente de ejecución, en el que participen los sujetos del artículo 2, que al tiempo de la comisión de los delitos referidos en los acápites de dicho artículo, hayan actuado individual o conjuntamente con socios, consorciados o asociados de estos, para contratar con alguna entidad del Estado para dicho proyecto, sin importar el grado de participación o responsabilidad penal de estos últimos.
8. Se dispone que la sustitución referida en el punto anterior debe realizarse dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha en que el sujeto comprendido en el artículo 2 aparece en la relación de personas dentro del alcance de dicho artículo.
9. Se establece un orden de prelación para cautelar el pago de la reparación de civil a favor del Estado y evitar la ruptura en la cadena de pagos, con cargo a los fondos del fideicomiso: i) reparaciones civiles a favor del Estado y ii) créditos de origen tributario del Estado.
10. Se dispone que el Minjus debe requerir al Procurador Público del Estado correspondiente la cifra estimada de reparación civil a favor del Estado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles y que dicho procurador debe contar con los informes previos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú (PROINVERSIÓN) y del Ministerio de Economía y Finanzas, que son remitidos en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles para determinar la referida cifra de reparación civil a favor del Estado.
11. Se amplía el plazo de vigencia del D.U. 003-2017 de un (1) año a tres (3) años.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
El
Comercio
La Comisión de Constitución del Congreso puso a debate el predictamen que propone
modificar la Ley de Organizaciones Políticas, a fin de prohibir que los
partidos reciban aportes provenientes de las empresas concesionarias de obras
públicas.
El presidente del grupo, Miguel Torres, explicó que la
prohibición es para los aportes que se puedan realizar en forma directa o
indirecta, y se extiende también a cualquier otra empresa que tenga contrato
vigente con el Estado.
Tampoco se podrá recibir aportes de empresas que hayan
incurrido en actividades calificadas como delitos, así como de las personas
procesadas por narcotráfico, terrorismo, violación o delitos contra la
administración pública.
Además, se propone que las cuotas y contribuciones en
efectivo o en especie de cada aportante, como persona natural o jurídica, no
superen las 200 Unidades Impositivas Tributarias (IUT) al año (S/810 mil).
De igual manera, los ingresos obtenidos por la
realización de actividades propias del partido, así como de financiamiento
proselitista, no deben superar las 120 UIT por actividad, es decir S/486 mil.
Con relación a la sanción por entrega de dádivas, el
predictamen plantea una aplicación progresiva de sanciones: amonestación ante
el primer incumplimiento, multa ante el segundo y exclusión ante el tercer
incumplimiento.
En otro momento, la comisión debatió el predictamen
recaído en el Proyecto de Ley 131/2016-CR que propone otorgar incentivos a los
miembros de mesa de sufragio. La propuesta plantea otorgar un día de descanso
remunerado como incentivo a los miembros de mesa designados y a los que cumplen
esta función sin haber sido escogidos, tanto en el sector público como en el
privado.
