ESTA NOCHE martes 8 agosto 2017

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El éxodo de los alumnos

Jorge Morelli

@jorgemorelli1 
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Hay una migración masiva de los estudiantes peruanos de la educación pública a la educación privada. Esto, a pesar de que la primera es gratuita y la segunda pagada. Nadie parece saber a qué se debe ni qué hacer al respecto. Las autoridades lo callan y miran hacia otra parte.

Tres de cada cuatro alumnos en el Perú están matriculados en la educación pública. Pero en los siete años entre 2008 y 2015, esta se redujo en números absolutos en más de medio millón de alumnos en primaria y más de 170 mil en secundaria. Es una caída brutal, de más de 12 por ciento. Lo saben los que conocen de educación, pero no la opinión pública ni la prensa. 

La mayoría asume que los padres sacan a sus hijos de la educación pública gratuita porque la educación privada es superior, aun la de bajo costo. Pero todo indica que esto no es cierto. De hecho, la educación privada de bajo costo puede ser en casos incluso peor que la pública gratuita.

¿Por qué entonces migran de una educación gratuita a una que cuesta sin ser mejor? El Ministerio asume que es por desinformación. Lo cree poco menos que una estafa. Y reacciona mecánicamente: intenta inútilmente detener la migración regulando severamente la educación privada de bajo costo, generando reglamentos que son virtuales pretextos para poder cerrarla. Es una respuesta inútil y contraproducente.

Pienso que el éxodo del alumnado público a la educación privada no se debe a la calidad de la enseñanza sino a lo que poderríamos llamar una forma rudimentaria de “tutoría” en la educación privada, y ausente en la pública. Es una consecuencia de la oferta y la demanda del mercado.

Desde el punto de vista de los padres de familia, en la educación privada hay “alguien a quien reclamar”. Siendo una educación pagada, hay alguien obligado a “dar la cara”. Estos son los testimonios existentes. En la educación privada de bajo costo –donde la pensión mensual puede ser de solo cien soles-, la competencia es determinante. La posibilidad siempre latente de una segunda migración a otra institución educativa privada de bajo costo obliga a la vigilancia y atención cercana del alumnado cuando menos en cuanto a asistencia y rendimiento. Esta “tutoría” primaria parece ser el factor más significativo en la decisión de migrar, incluso si la educación pública ofrece igual o mejor calidad.

La “tutoría” es un componente básico de cualquier educación exitosa. Los padres de familia que no pueden proveer un entorno familiar que facilite la “tutoría” del alumno en el ámbito doméstico, prefieren entonces la educación privada pagada antes que la pública a pesar de ser gratuita. Y esto a pesar del carácter incipiente y rudimentario de la “tutoría” en la educación privada de bajo costo que es efecto de la competencia en el mercado.

También en el currículo de la educación pública existen horas de “tutoría”, pero la función no parece estar bien definida. Resulta insuficiente para el seguimiento del alumno. Es posible que una baja motivación de los docentes públicos –salvando honrosas excepciones- se deba al efecto de la caída de los salarios combinado con la estabilidad en el nombramiento, lo que induce al maestro a buscar un segundo ingreso en otra ocupación. El hecho desemboca en que en la educación pública no hay quien “dé la cara” al padre de familia. Según testimonios, por el contrario, migrar a la educación privada los empodera en la educación de los hijos.

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

-Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican

sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

La República

Fueron en total 41 congresistas los que el pasado 25 de abril presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la llamada 'ley antitransfuguismo', norma que fue aprobada por las bancadas del fujimorismo, el Apra y una minoría de Peruanos Por el Kambio(PPK).

Se trata, en buena cuenta, de un 30% del total de miembros del actual Parlamento, que no solo no están de acuerdo con dicha norma, sino que ahora esperan su anulación desde la instancia del Tribunal Constitucional (TC).

Precisamente, este viernes, a las nueve de la mañana, el pleno del TC sesionará en Arequipa para revisar diez expedientes, entre ellos el tramitado por los 41 legisladores con el número 06-2017-AI.

La demanda tiene la firma de los cinco miembros de Acción Popular, diez integrantes de PPK, entre ellos el presidente del partido oficialista, Gilbert Violeta. También lleva la rúbrica de siete legisladores de Alianza Para el Progreso, ocho del Frente Amplio y los diez disidentes agrupados en el bloque Nuevo Perú, según consta en el siguiente documento:

Según el texto de la demanda, son siete los derechos constitucionales los que estarían siendo vulnerados con la 'ley antitransfuguismo'. Y es que esta norma sanciona a quienes son expulsados de una bancada o renuncian, de tal suerte que ya no pueden incorporarse a otro grupo parlamentario ni crear uno nuevo.

Esto trae consigo otras restricciones, como el impedimento para presidir una comisión ordinaria o la imposibilidad de tener derecho a voto en estos grupos, donde se aprueban los dictámenes antes de pasar al Pleno.

Con todo, los demandantes advierten una clara afectación al derecho de igualdad ante la ley y piden que se declare inconstitucional el artículo 22, inciso d, del Reglamento del Congreso, que impide postular a cargos de la Mesa Directiva, las comisiones ordinarias o ser miembros de la Comisión Permanente, a quienes no están dentro de una bancada.

Por otro lado, se reclama el hecho de que la sanción disciplinaria contra un legislador no puede exceder los 120 días (Art. 95 de la Constitución); pero quienes son separados de una bancada, prácticamente son sancionados de manera indefinida con una serie de restricciones (ver cuadro).

De hecho, el Parlamento ya presentó una contestación formal al TC. El documento ingresó por mesa de partes el 17 de julio y tiene la firma de Luis Alberto Mejía Lecca, nada menos que el personero legal alterno y tesorero titular del partido Fuerza Popular.

Según el documento al cual tuvo acceso La República, la principal línea de argumentación del Legislativo se basa en los principios de democracia participativa y la representación proporcional de los grupos políticos. “El Congreso se conforma de acuerdo al principio de representación proporcional que rige en las elecciones pluripersonales”, se lee en el documento.

Mauricio Mulder ya dejó entrever que el fallo del TC podría no ser acatado por el Congreso. “(El TC) lo puede declarar inconstitucional, pero eso no tendría ningún efecto. A nosotros, el TC no nos puede ordenar que votemos en un determinado sentido. Puede decir: esto que han puesto ahí es inconstitucional, pero quedará de todas maneras el Reglamento como está redactado, porque no tenemos por qué votar en un sentido distinto al de nuestro criterio y nuestra conciencia”, apuntó. 

La República

El Tribunal Constitucional ha fijado para el próximo viernes 11 de agosto la audiencia para revisar la demanda interpuesta por 41 parlamentarios contra la ‘ley antitransfuguismo’.

La demanda busca dejar sin efecto la modificación que hizo el Parlamento a su reglamento, por la que los congresistas que se retiran o renuncian a una bancada no pueden formar parte de otro grupo legislativo ni formar uno nuevo.

En la sesión del pleno del jueves último los diez miembros que se retiraron del Frente Amplio fueron impedidos de hablar en el debate por no pertenecer a una bancada.

El 13 de octubre del 2016, con el voto de Fuerza Popular y el Apra, el Congreso aprobó la ‘ley antitransfuguismo’. Votaron en contra el Frente Amplio, Alianza Para el Progreso y Acción Popular, y hubo votación dividida de Peruanos Por el Kambio.

Con los diez miembros de Nuevo Perú y los legisladores Vilcatoma, Patricia Donayre y Roberto Vieira son ya trece los parlamentarios con derechos son restringidos, un 10% del Pleno, desde la vigencia de la ‘ley antitransfuguismo’.

Peru21

La comisión del Congreso que evalúa a los candidatos al TC para elegir a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional en reemplazo de Oscar Urviola se instalará esta semana.

El vocero titular de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, cuyo bloque representa 71 de los 87 votos que se requiere para elegir al candidato, declaró el sábado que su agrupación respaldará al postulante que logre consenso en los otros grupos.

Precisó que hay una propuesta, el jurista Augusto Ferrero, respaldada por Acción Popular y el Apra, que sería vista “con buenos ojos” por Peruanos por el Kambio (PpK). “Si tiene el respaldo de dos bancadas y al parecer el aval de una tercera, nos vamos a sumar”, adelantó Salaverry.

Juan Sheput, vocero alterno de PpK, aclaró que su bancada no ha fijado postura sobre la nominación de Ferrero.

Por su parte, el portavoz titular de Alianza para el Progreso (APP), César Villanueva, dijo que “no tenemos un candidato, pero eso no quiere decir que Ferrero no lo sea”.

La elección del reemplazante del magistrado Urviola se encuentra pendiente desde mediados de 2015.

En 2014, el Congreso eligió a seis de los siete miembros: Ernesto Blume, Eloy Espinosa-Saldaña, Marianela Ledesma, Manuel Miranda, Carlos Ramos y José Luis Sardón. Cuatro de ellos tienen pendiente una denuncia constitucional aprobada en la comisión de Acusaciones Constitucionales por cuastionamientos al debido proceso en el TC del caso El Frontón. La denuncia debe pasar aun al Pleno.

El Comercio

Keiko, ¿de verdad estás ahí?

Pedro Tenorio

Keiko Fujimori tiene derecho a diseñar su estrategia política como mejor le parezca, pero quienes pagamos impuestos también tenemos derecho a exigir a los 71 congresistas de su bancada que trabajen pensando en el país. No basta con criticar a Pedro Pablo Kuczynski ni con oponerse –a veces con razón– a las iniciativas de sus ministros. Una oposición moderna implica mucho más y es algo que tarde o temprano los electores se lo van a exigir, por lo que le convendría una actitud distinta a partir de este segundo año frente al Gobierno.

“¿Por qué? ¿Acaso no tiene 42% de aprobación según la encuesta nacional de Ipsos?”, preguntarán quienes crean que Keiko y los suyos lo están haciendo bien. Deberían recordar que así actuó el fujimorismo durante los cinco años de gobierno de Ollanta Humala y que cuando buscó la presidencia ello no bastó para obtenerla. Entonces, ¿sirve de mucho ser “líder de la oposición”? Claro que sirve, pero no necesariamente para ganar una elección. Y en el caso de Keiko por dos cuestiones adicionales: primero, por el antifujimorismo, que siempre preferirá a quien sea su contrincante en una segunda vuelta. Y segundo, porque al tratarse de una oposición con 71 votos sobre un total de 130, su responsabilidad –cierta o asignada por sus competidores– será vista como mayor ante un fracaso ppkausa.

Al fujimorismo ya le colgaron el título de “obstruccionista” pese a que este Diario demostró con datos objetivos que su comportamiento no ha diferido en gran medida de otras mayorías parlamentarias en el pasado. Y seguramente lo mantendrá gracias a la verborragia de algunos de sus voceros. ¿Así piensan llegar al 2021? Como dijimos al inicio, están en su derecho de hacerlo. Sin embargo, el país no aguanta.

Fuerza Popular (FP) debe demostrar que puede ser gobierno a partir de un buen trabajo en el Congreso. Su gran aporte en este año no puede haber consistido en el otorgamiento de facultades al Ejecutivo o la ley de IGV Justo. FP debe demostrar con propuestas concretas que es, como aseguraba en campaña, la mejor alternativa para llegar al poder. Por ejemplo, hasta hoy carece de voceros parlamentarios calificados en sectores claves como Economía, Educación, Trabajo y Salud. Ojo, no que critiquen (de esos hay muchos) sino que planteen alternativas y pongan en apuros a los ministros no con gritos ni desplantes, sino con la lógica de sus planteamientos. Debe liderar la lucha anticorrupción con una batería de leyes que refuercen a la contraloría y modernicen la fiscalización dada la magnitud del Caso Lava Jato y otros escándalos. Un segundo año como el primero será otro año perdido.

NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA

La República, Peru21

La ministra de Educación, Marilú Martens, advirtió que se iniciará un proceso de despido a los profesores que acumulen tres días de inasistencias por la huelga y se procederá a contratar a maestros suplentes para que los alumnos no sigan perdiendo clases.

“Un profesor que no va [a trabajar] se le descuenta, tres días que no va, se hace un proceso para despedirlo y vamos a contratar a personas que van a ocupar ese puesto”, declaró.

Martens expresó el compromiso de que los estudiantes no perderán el año escolar. 

Las medidas, sin embargo, no han generado el impacto esperado, la huelga continuó.

En Arequipa, Ayacucho, Cusco, Lambayeque, Huancavelica, Apurímac, Junín, Moquegua, Madre de Dios, Puno y Lima Provincias, el magisterio se mantuvo en desacato. Las clases no se interrumpieron en Amazonas, Ica, La Libertad, Tacna y Tumbes. Lima Metropolitana registró menos de 10% de docentes en huelga.

En Puno, por ejemplo, según informó Canal N, la dirección general de educación no descontará el salario a los docentes en huelga ya que, indicaron, el acta que firmó el gobernador Juan Luque con el Ejecutivo fue a título personal. Lo mismo pasa en Ayacucho. El secretario general del SUTE de esa región, Germán Tacuri, declaró a Perú21 que desconocen el acuerdo firmado por el gobernador Wilfredo Oscorima con el gobierno.

Peru21

¡Fuera esos cinco mil!

Aldo Mariátegui

(…)

Esos casi cinco mil maestros que han firmado a favor del Movadef deben ser inmediatamente despedidos. Los peruanos no pagamos impuestos para que senderistoides enfermos les estén dando clases de odio a nuestros niños. A este paso solo va a faltar que pongan pedófilos de profesores. Que les contraten en el sector privado, pero no pagarles con nuestros tributos.

(…)

La República

El Movadef en las aulas

Augusto Alvarez Rodrich

La ¿denuncia’ del Ministerio del Interior de que hay cinco mil maestros vinculados al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) no deja de ser perturbadora, pero la preocupación debiera ir bastante más allá de solo eso.

El dato lo ofreció el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, quien precisó que 4,819 maestros firmaron el padrón de afiliados que el Movadef presentó en 2011 al JNE para inscribirse como partido político.

Se puede especular que los maestros vinculados al Movadef podrían ser hoy más de cinco mil porque su membresía podría  haber crecido, y porque no todos lo movadefistas profesores habrían firmado el planillón.

El Movadef reiteró a inicios de 2015 la solicitud con la creación del Fudepp para participar en las elecciones presidenciales del año siguiente.

El JNE desechó la solicitud porque el Movadef no alcanzó el número de firmas requeridas y por su incapacidad de deslindar con el terrorismo que realizó Sendero Luminoso. Pero no se debe descartar que vuelvan a intentarlo para las elecciones regionales y municipales de 2018.

No hay duda de la relación del Movadef con SL, aunque es cierto que la agrupación fundada por Abimael Guzmán declara hoy estar derrotada, haber depuesto las armas y buscar una inserción en la vida política formal del país. Pero el ‘pensamiento Gonzalo’ es el credo del Movadef.

Que es, precisamente, lo que el Movadef estaría buscando con el liderazgo que ha conseguido en la reciente huelga de maestros, ante el debilitamiento del Sutep, y la ausencia del resto de fuerzas políticas democráticas, como explica bien Isabel Coral Cordero en un envío reciente de Otra Mirada.

Es obvio que la agenda del Movadef es, como recuerda Coral, “la salida política a los asuntos derivados de la guerra, la amnistía para sus presos políticos y la recentralización de sus fuerzas políticas”, para lo cual ha tenido un logro saltante y preocupante: la relación privilegiada establecida con algunos gobiernos regionales y locales. Algo muy útil para una elección.

Sin duda es un fenómeno preocupante, pero tanto como la pasividad de los partidos políticos democráticos, pues es claro que esta batalla ideológica no se gana con represión o prohibiciones, sino con representación política, la fuerza de las ideas, y las ganas y la capacidad de debatirlas. 

Pues si ni eso pueden hacer, ¿para qué diablos están? Ojalá que esta vez los políticos no crean, como en buena parte del tiempo de la violencia, que la solución es policial, pues, hoy como ayer, la respuesta principal es política.

La República

Al Movadef con cariño

Ricardo Uceda

La huelga magisterial revela un encarnizado esfuerzo del MOVADEF por convertirse en el principal interlocutor válido del movimiento magisterial ante el Estado. Si tiene éxito, Sendero Luminoso, que lo dirige, podría desplazar definitivamente a Patria Roja, conductor de estas huelgas desde hace treinta años. El gobierno estima que solo un 20% de los maestros acata la paralización. En Cusco, donde es total, solo laboran 19,000 maestros de un total de 400 mil. En Lima, donde está el 40%, la huelga no existe. En otros lugares hay un acatamiento parcial. Los huelguistas fueron convocados por sindicatos regionales del SUTEP, al margen del Comité Ejecutivo Nacional controlado por Patria Roja. El CEN pide a los maestros acudir a clases. Ha llegado a un acuerdo satisfactorio con el Ministerio de Educación: antes del fin de año, el gobierno cumplirá con elevar a dos mil soles el sueldo base de un maestro. Fue una de las promesas electorales de PPK.

En Lima y varias ciudades del interior ha habido marchas y medidas de fuerza, algunas de ellas denunciables penalmente. Hay un Comité Nacional de Lucha influido por el MOVADEF, otro por Pukallacta y otro por la facción senderista Proseguir, que insiste en la lucha armada. Las plataformas de los tres aparatos son similares y su reclamo principal es elevar el sueldo del maestro a cuatro mil soles. En 2012 actuaron unidos, en una dura huelga de dos meses, hecha al margen del CEN del SUTEP. Fracasó. La entidad que los reunió entonces fue el Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP (CONARE). El gobierno no los reconoció como interlocutores y levantaron la medida entre recriminaciones mutuas.

Ahora hay dos CONARES, cada uno atribuyéndose autenticidad: uno el influido por el MOVADEF y otro por Proseguir. Comenzaron la huelga en fechas distintas, aunque el primer convocante, el 12 de junio, fue el SUTER de Cusco, controlado por Pukallacta. El resto de sindicatos del país no los siguió, pero como amenazaban con boicotear el Inti Raymi y con tomar Sacsayhuamán y con arruinar la reunión del Gabinete Binacional Perú Chile anunciada para el 7 de julio (que finalmente se realizó en Lima), congresistas de la región y el gobernador, Edwin Licona, hicieron gestiones para que la ministra de Educación viajara desde Lima a dialogar con los cusqueños. El MINEDU, sin embargo, no tenía cómo negociar con un sindicato regional. Debía de hacerlo, en todo caso, el gobernador. 

Al final, en Cusco hubo una “mesa técnica” convocada por Licona, y en la cual, durante tres días, los representantes de los huelguistas y del ministerio conferenciaron sin resultados. Los cusqueños, encabezados por Ernesto Meza, querían negociar una plataforma de alcance nacional de trece puntos, como si fueran el CEN del SUTEP. Redujeron lo negociable a cuatro aspectos, pero exigieron que fuera aceptada la primera de las peticiones antes de que se trataran las otras tres. Así, el MINEDU debía admitir el pago, en 2017, de los dos mil soles ofrecidos por PPK, y en 2018 doblar la remuneración. Los representantes del MINEDU, encabezados por la viceministra, Liliana Miranda, dijeron que lo requerido estaba fuera de sus facultades. PPK, desde Lima, dijo:

−Hemos ofrecido dos mil. Estábamos llegando a eso y ahora piden cuatro mil. Así no hay forma de conversar.

Fue así que el SUTE Pukallacta no consiguió nada en el mes de julio, pese a que hizo bastante bulla en el Cusco. A mediados de ese mes, CONARE-MOVADEF había iniciado su propia huelga. Tenía mayor alcance, porque controla sindicatos de maestros en ocho regiones. También se sumó el CONARE-Proseguir. Pero ahora todos ellos afrontan el mismo problema del 2012: ¿con quién negociar? Congresistas de Nuevo Perú le consiguieron a Ernesto Meza una reunión con el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Javier Fernández Concha. Tras unas declaraciones equívocas de Meza, que anunció un diálogo en Cusco, la PCM aclaró que antes que nada debía levantarse la huelga. Los de CONARE −MOVADEF, por su parte, obtuvieron que los recibiera la ministra Marilú Martens. Esta vez intercedieron los congresistas del Frente Amplio. Martens solo aceptó hablar con dirigentes del CONARE que no estuvieran identificados como MOVADEF. A la cabeza ingresó Pedro Castillo. 

En la reunión, el 3 de agosto, Castillo hizo una exposición. Dijo que ellos desconocían al CEN del SUTEP y que su CONARE debía ser reconocido como la única dirigencia nacional. Pidió formalizar una negociación, dejando en claro que aspiraban a una reforma de la Derrama Magisterial, el sistema de pensiones controlado por el CEN del SUTEP. Martens dijo que el MINEDU no reconocía sindicatos, y que aquella era una reunión informativa, no una negociación. Por la noche, el gobierno anunció el aumento a dos mil soles desde diciembre del 2017, en un comunicado conjunto con los presidentes regionales. Estos declararon que en todos los colegios del país las clases se reiniciarían el 7 de agosto. En el texto se dice que descontarían a los huelguistas. Pedro Castillo declaró:

–¡Qué tales presidentes regionales! En su zona dicen una cosa y en Lima apoyan al gobierno.

Los CONARE están en la disyuntiva de levantar su huelga o insistir. El gobierno cerrará filas en la posición de no negociar con los maestros del MOVADEF, salvo que terminen apoderándose del CEN del SUTEP, en cuyo caso no le quedaría otro remedio. Mientras tanto, los líderes de los CONARE serán denunciados por daños causados en la paralización magisterial desde junio, bajo el supuesto de que dirigieron una actividad extorsiva.  Pero es indudable que la influencia senderista en el magisterio –legal bajo la careta del MOVADEF− no la va a detener la policía o los jueces, sino un trabajo político. El viceministro del Interior, Rubén Vargas, ha dado a conocer que hay cinco mil maestros que firmaron los planillones de inscripción electoral del MOVADEF en 2011. Impactante. Solo se explica porque el resto de fuerzas políticas, en especial Patria Roja, cedieron terreno a Sendero Luminoso. 

Sintiéndose llamados a apoyar todas las huelgas, por puro oportunismo, las izquierdas de todo pelaje apoyan a los movadefistas sin atingencias, salvo Patria Roja. En el sitio web de este partido, puede leerse a Manuel Guerra, uno de sus voceros nacionales. Pide a la izquierda ser la primera en combatir y derrotar a Sendero Luminoso en el movimiento popular, para evitar que sea dañado “por ese cáncer”. En el Facebook de Nuevo Perú, que jura ser más democrático que el Frente Amplio, está la otra posición. Se lee una protesta contra los medios, porque hablan más de Venezuela que de la huelga de los docentes. 

El Comercio, editorial

El hecho de que la huelga magisterial que se viene desarrollando en varios lugares del país no solo es alentada por reclamos gremiales es ampliamente conocido. Existen también tras ella propósitos políticos, tanto en lo que concierne a la disputa entre distintos sectores del profesorado por el control del sindicato que los representa –el Sutep– como en lo que respecta al avance de cierto tipo de ideas con miras a una conquista del poder que no por remota es perseguida de modo menos recalcitrante.

Dos noticias divulgadas el último domingo, sin embargo, han venido a recordarnos las graves implicancias de esta segunda dimensión de la protesta. Por un lado, hemos sabido que el Ministerio del Interior ha detectado que varios de los dirigentes que impulsan la huelga se encuentran dentro del grupo de los 4.819 maestros que han firmado planillones para que el Movadef, conocida organización de fachada de Sendero Luminoso, pueda ser inscrito como partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Y por otro, en un informe de “Cuarto poder”, hemos escuchado a la asesora de un congresista de la República dirigirse a los asistentes a una reunión de dirigentes y delegados del Conare–Sutep (también de notoria proximidad con el Movadef) en los siguientes términos: “Miren, compañeros, nuestro enemigo de clase es muy poderoso, toda la derecha con un aliado principal, que es Patria Roja”.

Quien así habló fue la ex secretaria general del Sute XII Sector, Armida Huerta, y el parlamentario al que ahora ella asesora es Edilberto Curro, del Frente Amplio (FA). La cita en la que tuvo lugar la proclama, por otra parte, se produjo el 15 de julio pasado, con el objeto de dar a conocer a los concurrentes el ‘impulso’ que el despacho del legislador está dando a la huelga.

El problema en este caso, como es obvio, deriva del contexto ideológico que supone la expresión ‘enemigo de clase’. A saber, el de la lucha de clases que propugna el marxismo-leninismo y uno de sus instrumentos más habituales: la lucha armada.

Y lo comprometedor de la situación ha sido puesto en evidencia por la forma en la que tanto Huerta como Curro reaccionaron cuando el periodista que realizó el informe los confrontó con el giro. Mientras que la asesora se enredó en elaboraciones del tipo “es un discurso, [y] dentro del discurso sale esa parte” o en intentos de equiparar al ‘enemigo de clase’ con el adversario en un partido de fútbol, el congresista balbuceó: “No consideramos ‘enemigo’, pero de repente la persona se refiere a esa situación de que esta dirigencia prácticamente no representa al magisterio”.

¿Queda claro? Pues ciertamente, no. Lo único que resulta meridiano es que ninguno de los dos quiere hacerse cargo del sanguinario fantasma que la expresión evoca: el del terror y la muerte que sembró Sendero Luminoso en las décadas del ochenta y el noventa en su ‘guerra popular’ contra aquellos a los que consideraban sus ‘enemigos de clase’ (en buena cuenta, cualquiera que no pensara como ellos).
Mal que les pese, sin embargo, la asociación es inevitable. No solo por los específicos vínculos con el Movadef ya mencionados, sino también por los vasos comunicantes de naturaleza ideológica que un discurso como el que comentamos establece.

¿Puede el FA desentenderse de esa conexión con un simple trabalenguas como el pronunciado por el parlamentario Curro y manteniendo a la señora Huerta en su nómina (ella también postuló al Congreso por esa organización en las elecciones del año pasado)? No lo creemos. Necesitan hacer un deslinde terminante, si no quieren que el halo de la complacencia frente a la violencia terrorista los persiga para siempre.

Y en cuanto a la huelga magisterial, dejar que se manifieste con toda nitidez quiénes de sus promotores están tras un reclamo auténticamente gremial y quiénes, en cambio, están dispuestos a perjudicar a los alumnos con el objetivo de acometer su peligroso discurso político. Es decir, quiénes son enemigos de las clases.

LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION

El Comercio

¿Miopía en la recuperación del PBI?

Juan José Marthans

Se avecinan mejores tiempos para el Perú. De un lado, en el entorno internacional, el FMI espera que el crecimiento global bordee el 3,6% para el 2017-2018, cifra claramente por encima del 3,2% del 2016. De otro lado, en el frente interno, lo peor del efecto Odebrecht y de El Niño costero tenderían a diluirse progresivamente. Solamente por esos elementos, no vinculados al accionar de nuestros hacedores de política económica, debemos esperar un mejor desempeño de nuestro PBI. ¿Pero eso será suficiente?

Lo que realmente tenemos que explorar es en qué magnitud deberíamos crecer para asociar ese resultado a elementos que vayan más allá de un mero entorno favorable. Una cosa será el crecimiento inducido por el rebote estadístico, el entorno internacional menos nocivo y el gasto que se generará por la inevitable reconstrucción. Otra cosa es el crecimiento adicional que logremos por efecto de una adecuada orientación y maniobra de política económica.

Si en el 2017 nuestro PBI no crece por encima del 2,5%, si en el 2018 no lo hacemos más allá del 4%, y si, adicionalmente, para el 2019-2020 no logramos acercarnos a algo más de 5% de crecimientopromedio anual, será porque el mismo solo será producto de un mediano incremento del precio de los minerales, algo de megaproyectos e impulso de la reconstrucción. Nada extraordinario. Por ende, una mayor tasa de crecimiento del PBI que la de los tres últimos años no será, necesariamente, sinónimo del éxito de la orientación de la política económica.

Luego de cuatro años, este segundo semestre nos alejaremos de la fuerte desaceleración en la dinámica del PBI y daremos paso a una fase de recuperación. Luego de esta última, solo si hacemos las cosas bien podremos disfrutar de una etapa de crecimiento relevante y sostenible.

La prueba de que ya estamos entrando a la fase de recuperación es que no existe analista económico, por más tremendista y negativo que sea, que desestime la presencia de un mejor segundo semestre de este año y un aun más cómodo 2018. Sin embargo, los elementos característicos que nos permitirán transitar a una fase superior de crecimiento sólido estarán dados siempre y cuando logremos superar los umbrales de crecimiento que hemos reseñado para el período 2017-2020.

Solo si alcanzamos el crecimiento de manera coherente y relevante, dispondremos de mejores condiciones para la diversificación productiva, una recuperación del empleo sostenida, la restauración de los márgenes empresariales, la mejora sostenible de las ventas, la reducción de capacidad instalada ociosa y la presencia de rendimientos esperados crecientes de los activos de renta variable, entre otros.

Asimismo, de alcanzarse un crecimiento por encima del 5% a partir del 2019, mantenernos por un buen tiempo en dicho ritmo dependerá de cómo nos acompañe la dinámica del precio de los minerales o de cuánto logremos dinamizar de manera sostenible la recuperación de la inversión. Para esto último, que es el camino ideal, requerimos una reforma real de nuestra calidad de Estado, de una programación multianual de nuestro déficit de infraestructura, de la mejora del magro desempeño de nuestra institucionalidad, entre otros.

Seamos honestos, sin haber hecho las cosas bien, lo que hemos tenido estos últimos años de desaceleración en materia de crecimiento del PBI fue una fuerte caída en nuestra tasa de crecimiento, nunca tasas abiertas de decrecimiento. No hay duda de que la naturaleza de nuestra economía es muy generosa. ¿Se imaginan qué podríamos alcanzar en materia de calidad de crecimiento del PBI si las cosas empezaran a hacerse correctamente? Tratemos de que los resultados del crecimiento sean producto de nuestra labor y no, simplemente, de un entorno externo menos hostil. La recuperación sin visión de futuro es propia de la miopía económica. No basta con ella.