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MEDIA
COLUMNA
Cañón de luz al rincón
oscuro
Jorge Morelli
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La
Fiscalía se niega a pedir la incautación de los activos de ODB, igual que antes
se negó a congelar las cuentas bancarias de la empresa.
El pedido
de la Procuraduría a ese respecto cae en saco roto. Es más, el procurador que
lo solicita es súbitamente cambiado.
Por el
contrario, negoció por su cuenta con la empresa corrupta un llamado “pre
acuerdo” cuyo contenido se niega a revelar. No obstante, la propia empresa ha
revelado que el pre acuerdo contiene la decisión de la Fiscalía de no tomar
medidas de fuerza contra ella. ¿Cuáles medidas de fuerza? Evidentemente, el
congelamiento de las cuentas y la incautación de sus activos.
¿Con
qué autoridad ha negociado la Fiscalía tan graves decisiones? Es evidente que
esto tiene que conocerlo la opinión pública. Es lo que el Congreso quiere
preguntarle.
Pero el
fiscal ignora hasta la fecha la citación del Congreso. En cambio, el propio
Fiscal de la Nación ha salido a defender al fiscal del caso diciendo que el
Congreso no puede citarlo porque la Fiscalía es autónoma y que se trata de una
interferencia de un poder en otro.
La
Fiscalía y el Congreso se hallan en curso de colisión. Pero el Congreso tiene razón,
porque hay una sospecha que necesita ser despejada.
El gobierno
ha anunciado que se prepara para volver a licitar el mismo contrato de
concesión que tenía ODB. Incluido el subsidio del Estado por 30 años que en
adelante pagarán los peruanos con sus impuestos, ya que no en el recibo de luz.
ODB no
participará de esa licitación, sin embargo. Tiene que irse del país. Pero la
empresa corrupta pretende que el gobierno subaste sus activos y le devuelva el
dinero que invirtió. Los mismos activos cuya incautación la Fiscalía rechaza.
También
la empresa socia, Graña y Montero, espera que el Estado le devuelva lo que
invirtió en comprar una participación en el Gasoducto cuando Marcelo Odebrecht
ya estaba detenido en Brasil. Con esos recursos espera pagar la deuda que adquirió
para ese fin, eludir la quiebra y, con frescura, participar en la nueva licitación
del viejo contrato.
Si se incautara
los activos del consorcio, en cambio, no habría subasta ni devolución. Y si se congelara
las cuentas de ODB, también las de la empresa socia tendrían que congelarse. Claramente, no participaría ya de la
licitación.
La
razón por la que la Fiscalía arrastra los pies en su investigación y se niega a
explicar sus actos al Congreso puede deberse a que no quiere revelar sus verdaderos
motivos. Y a que estos podrían ser los mismos que los del gobierno, al pretender
licitar de nuevo el mismo viejo contrato y permitir que la empresa socia
participe en la nueva licitación con la plata que le devuelva luego de subastar
los activos.
El
contagio de la corrupciónse debe cortar. Por eso tiene razón el Congreso en
insistir en la citación al fiscal, incluso bajo apercibimiento si falta hiciera.
Porque es necesario poner el cañon de luz sobre ese rincón oscuro de todo este
ruinoso edificio.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
Los
bienes y activos de la empresa Odebrecht en el Perú no serán incautados y
tampoco serán congeladas sus cuentas.
Así
lo dispuso el fiscal Hamilton Castro, a cargo de la investigación por el pago
de sobornos de la constructora en respuesta al pedido en ewse sentido de
la Procuraduría Anticorrupción.
El
procurador anticorrupción, Amado Enco, fue notificado de esta disposición del
Ministerio Público el pasado viernes 22 de enero, dos semanas después de haber
realizado el pedido.
"El
fiscal se niega inexplicablemente a proceder con estas medidas que están,
además, bajo su obligación como responsable de conducir la investigación. Él
tiene la obligación por mandato legal porque así lo ordena el código procesal
penal de proceder con estas medidas urgentes y necesarias",
indicó Enco a El Comercio.
Hace
unos días, el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera,
Sergio Espinosa, reveló a la Comisión Lava Jato del Congreso que el fiscal
Hamilton Castro pidió no congelar las
cuentas de la constructora brasileña.
Enco
indicó que el argumento del fiscal es que la Procuraduría no tiene
legitimidad para solicitar esas medidas y debe circunscribirse solo al
tema de la reparación civil. No obstante, el Código Procesal Penal faculta
a la Procuraduría Anticorrupción a proponer actos de investigación.
"El
Congreso y la opinión pública dicen que por qué la Procuraduría no pide la incautación.
Muy bien, lo hemos solicitado y el fiscal arbitrariamente se niega a
ejecutar estas medidas", concluyó Enco.
El Comercio
Fuentes
de El Comercio confirmaron la designación de Efraín Núñez Zelaya como procurador
público ad hoc para las investigaciones del caso Lava
Jato. Así, el procurador Amado Enco, elegido por concurso público
para el cargo, no tendrá en adelante ninguna responsabilidad en el caso. Amado
Enco es quien había presentado al fiscal Hamilton Castro el pedido de la
inmcautación d elos activos y el congelamiento de las cuentas.
El Comercio
El
fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez, sostuvo que la comisión investigadora del Congreso no puede
citar de grado fuerza al fiscal Hamilton Castro, que ve el caso. “Eso es
atentar contra la autonomía del Ministerio Público”, dijo.
Sánchez sostuvo que las personas involucradas en este
caso de corrupción “van a tratar de cualquier forma” de obstaculizar el trabajo
de la Fiscalía.
“Hay una sentencia del Tribunal Constitucional
que ampara el principio de reserva de la investigación”, argumentó.
La
comisión investigadora citó al fiscal Castro la semana pasada. Este no acudió.
El Comercio
El
presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK),
manifestó hoy que Odebrecht
podrá vender los activos de sus proyectos en el país.
"Odebrecht tiene muchos proyectos
aquí. Tiene derecho a vender esos proyectos, siempre y cuando cumpla con lo que
le pide la fiscalía, de reservar una parte de eso en caso de una multa",
precisó.
Dijo
que las obras que iban a ser ejecutadas deberán licitarse nuevamente. "El Gasoducto
al sur lo tenemos que relicitar", añadió.
Expreso
El Grupo Graña y Montero
(GGYM) en aras de calmar las expectativas negativas que venían experimentando
sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, con su consiguiente correlato en
sus ADS (American Depositary Shares) en la Bolsa de Nueva York (NYSE), salió a
manejarse mediáticamente mediante la comunicación de un “hecho de importancia”
a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
El tema de fondo que ha
querido transmitir es su optimismo sobre lo que el Estado le pagaría al
Consorcio Gasoducto Sur Peruano SA (CGSP), donde tiene una participación del
20%, por los bienes y avance de obras que, según su entender, en el caso más
pesimista le permitiría cubrir el 95% de sus obligaciones contraídas en el
proyecto.
GYM tenía razones fundadas
para preocuparse. Sus acciones en la BVL habían caído a un mínimo de 2.95
soles/acción, que significaba una desvalorización bursátil del 48.5% respecto a
la cotización que tenía al iniciar noviembre del año pasado. Mientras que en la
NYSE, la caída en el período 1 de noviembre 2016 al 23 de enero del 2017 había
llegado a 45%.
La comunicación le ha
permitido repuntar en Lima 20% y en Nueva York 18%.
La posición de GYM está
basada en que, con el monto recaudado por la venta de bienes del Gasoducto Sur
Peruano (GSP), pueda cubrir el 95% de la suma conformada por: 220 millones de
dólares (MMUS$) que fue su aporte de capital; 129 MMUS$ de la garantía que
proporcionó para el crédito puente que recibió el GSP para estudios, equipos y
avanzar obras, y finalmente los 52.5 MMUS$ que aportó en carta fianza de fiel
cumplimiento, que ha sido ejecutada por el estado peruano a través del
Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
La suma de los montos
señalados arroja la cifra de 401.5 MMUS$, de los que esperan por lo menos
cubrir la suma de US$ 381 MMUS$ (el 95% señalado).
Significa que la
expectativa que tiene GyM es que el Estado le reconozca 1,905 MMUS$ (GYM
tomaría el 20% de esta cifra) por lo ejecutado hasta la fecha.
La pertinencia del cobro
está garantizada en el Contrato de Concesión (artículo 20.4.2) entre el MINEM y
GSP, y reforzada por el DS-041-99-EM (artículo 45. Capítulo tercero. Título
II).
El gran tema en discusión
es la valorización, donde el MINEM tendrá que seleccionar a una empresa que
haga el trabajo. De hecho tendrá que ser una corporación internacional de
primer orden y lejos de cualquier duda de favoritismo.
Es obvio que la discusión
en el terreno político ya empezó, se alzan voces desde el Congreso reclamando
que no debería hacerse pago alguno. En el terreno legal este discurso no tiene
ningún asidero, sin embargo va a mediatizar mucho el resultado de la
valorización y más de una explicación se va pedir al Poder Ejecutivo.
El plazo para el pago es
de un año, y mientras más demore se encontrará con un gobierno más debilitado
dada la impericia de esta gestión, que ya es un mal endémico.
El otro tema que va
atentar contra GYM es el hecho de que la vocación de PPK es que conjuntamente
con Enagás continúen con el proyecto, por supuesto teniendo a Odebrecht
Latinvest Perú SA fuera del consorcio.
Aquí, la discusión llega a
mayores por dos razones: el incumplimiento del cierre financiero que ha
motivado la terminación del contrato ha sido del Consorcio, donde las
responsabilidades son solidarias y no individuales.
Sería un contrasentido
defender un continuismo, es más, también lo es permitir la participación de GYM
y Enagas en un nuevo Consorcio que aspire a reactivar el contrato terminado o
un nuevo esquema.
Una segunda razón será la
implicancia de la participación de GYM en las IIRSA Sur y Norte, donde ya
hay señalamientos de actos de corrupción reseñados y cuantificados por el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La suspicacia del
conocimiento de los hechos ilegales por parte de la empresa peruana es
legítima, a pesar de los esfuerzos contraproducentes del Gerente General de la
empresa de intentar hacernos creer que no sabían nada.
En esas condiciones y con
la manifestación de las autoridades judiciales que GYM será investigada, sería
un suicidio político para el gobierno pretender que continúen con la obra o que
participen como postores en otro concurso sobre el proyecto.
El Comercio, editorial
Los socios de Odebrecht
Desde que se destapó el escándalo de
corrupción conocido como Lava Jato y, en particular, el pago de coimas por
parte de la compañía Odebrecht a funcionarios peruanos para la obtención de
licitaciones de obras públicas, se ha despertado en la opinión pública el
comprensible interés por conocer el nombre de todos aquellos involucrados en
este engranaje delincuencial.
Y es entendible no solo por la necesidad de
llevar ante la justicia a todos aquellos que resulten responsables, sino
también por evitar que se agazapen quienes participaron en estas operaciones
ilícitas y orondamente prosigan con sus quehaceres públicos, políticos o
empresariales sin rendir cuentas por lo que costaron a la ciudadanía.
En el caso de los partidos políticos, por
ejemplo, es importante conocer si parte del financiamiento de sus actividades
de campaña tuvieron origen brasileño. Conociendo, por otra parte, la estrecha
vinculación entre Odebrecht y el Partido de los Trabajadores en Brasil, y la
hipótesis que maneja la policía de ese país de que parte de los sobornos de las
constructoras brasileñas se destinaba a financiar a partidos políticos afines
en la región, la indagación sobre nuestros políticos locales suma todo un nuevo
ángulo de interés.
También están las empresas que se asociaron
con Odebrecht en importantes negocios respecto de los que existe evidencia o
indicios de corrupción por parte de la constructora brasileña, y que hoy se
encuentran bajo escrutinio de la fiscalía. Como se sabe, muchas firmas
participaron en consorcios con Odebrecht para la licitación o ejecución de
grandes obras de infraestructura en los últimos años (gasoducto sur peruano, la
línea 1 del metro de Lima, IIRSA Sur e IIRSA Norte, entre otras), como Graña y
Montero, Enagás, ICCGSA, JJC Contratistas Generales, Obrainsa y Compañía San
Martín.
Desde luego, el haber participado de una
sociedad con Odebrecht no constituye en sí prueba de complicidad. Pero el que
el accionar delictivo de la constructora brasileña fuera sostenido durante
varios años en todos los países en que operaba, respondiera a una estrategia
bien montada, contase con toda una compleja estructura societaria internacional
creada con el solo propósito de canalizar sus sobornos e incluso se viera
reflejada en varios proyectos estatales cuyos montos se multiplicaban
escandalosamente sin ninguna justificación económica detrás, lleva cuando menos
a plantear algunas interrogantes: ¿Nunca supieron o escucharon nada acerca de
los tratos ilícitos de Odebrecht? ¿No les generó suspicacia las irregularidades
advertidas en algunas de las licitaciones? ¿No tenían algún grado de control, o
supervisión siquiera, en las postulaciones a estos grandes proyectos? ¿Qué tipo
de filtros implementaron al momento de escoger a una compañía con la que se
iban a asociar en proyectos de 20, 30 y hasta 40 años?
Todos ellos, cuestionamientos que válidamente
podrían formularse la fiscalía y la procuraduría para determinar si los socios
de Odebrecht incurrieron, dolosa o negligentemente, en algún tipo de
responsabilidad. Y que, a su vez, las propias compañías involucradas deberían
estar interesadas en responder cuanto antes para, además de defender su
inocencia, evitar que se asiente sobre ellas las sombras de dudas que
perjudiquen su reputación y el futuro de sus negocios.
Las mismas preguntas cabe plantear a los
gremios y profesionales (abogados, periodistas, ingenieros, entre otros) que, a
sabiendas del proceder ilícito de las constructoras brasileñas o esquivando
selectivamente la mirada, hayan sido instrumentales para la corrupción.
Naturalmente, acá también habrá que separar el trigo de la paja: haber
respondido consultas concretas de la empresa sobre temas jurídicos, por
ejemplo, no pone a un estudio de abogados en el mismo nivel de sospecha que
haber sido el abogado clave para tal o cual proceso de licitación ganado con
sobornos.
Las investigaciones contra Odebrecht, en fin,
deben comprender a todo el ecosistema en el que la empresa-delincuente floreció
con tanto éxito y determinar con claridad –y las debidas pruebas, por supuesto–
los casos en los que quienes han trabajado con ella han sido también sus
cómplices.
El Comercio
Las
empresas brasileñas implicadas en el Caso Lava
Jato no solo afrontan pesquisas por el pago de sobornos para la
adjudicación de obras. Sus proyectos también enfrentan indagaciones en
instancias judiciales y fiscales. Son 10 casos los que vienen siendo
investigados y que habrían causado un perjuicio de más de S/1.000 millones al
Estado, según la contraloría.
Entre
las obras indagadas más antiguas está el Interceptor Norte adjudicado a
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. junto a la Compañía San Martín
S.A. por Sedapal en el 2004. Esta tenía como objetivo tratar los desechos de
más de 20 distritos de Lima.
El
perjuicio económico sería de S/12’508.484. Por ejemplo, “la construcción de un
sistema de rebose de emergencia de aguas residuales, sin haber requerido
previamente la autorización, generó un gasto innecesario de S/3’252.189”, dice
el reporte de la contraloría.
Otra
obra del Grupo Odebrecht investigada es el tramo 1 de la línea 1 del metro de
Lima. Su carpeta está en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de
Lima. El proyecto fue adjudicado en el 2009 al consorcio formado por la
Constructora Norberto Odebrecht S.A., sucursal Perú, junto a Graña y Montero
S.A.
Otros
cuatro juzgados civiles también ven demandas relacionadas con la obra.
Hasta
la fecha, el metro de Lima es el único caso documentado de pago de sobornos en
el Perú. Por este ilícito hay dos detenidos y tres prófugos.
Otro
caso es la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis, adjudicada a Norberto
Odebrecht S.A. y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., la cual tiene
una carpeta en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz.
Las
obras investigadas del Grupo Odebrecht más recientes corresponden al Gasoducto Sur
Peruano y la Vía Costa Verde del Callao. La primera, adjudicada en el gobierno
de Ollanta Humala a Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A.C. y Enagás, registra
para la contraloría un presunto perjuicio económico de US$136 millones. El caso
está en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Lima-Tercer Despacho.
El
segundo proyecto –la Costa Verde Callao– recae en la misma instancia judicial,
pero acá el perjuicio económico señalado es de S/741.458. La obra fue
adjudicada en el 2013 por el Gobierno Regional del Callao al consorcio formado
por la Constructora Odebrecht S.A. sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y
Construcción S.A.C.
En el
Callao, no solo la obra adjudicada por Odebrecht está en la mira judicial. La
avenida Néstor Gambetta (que data del 2010 cuando el actual presidente de la
Comisión Lava Jato, Víctor
Albrecht, era el presidente regional) fue adjudicada al consorcio de las
brasileñas Constructora Queiroz Galvao S.A., sucursal del Perú, y Constructora
Andrade Gutierrez S.A., sucursal Perú.
En
este caso, la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Callao, a cargo de Plinio Hermoza, formalizó este mes la
denuncia por presunta colusión agravada contra el gobernador regional del
Callao, Félix Moreno.
Los
lotes 1,2 y 3 de la planta de tratamiento de agua potable de Huachipa es una
obra de Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A. sucursal Perú junto a OTV
S.A. del 2008. Esta es investigada en el Primer Despacho de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción.
Completan
la lista de obras indagadas, el hospital Antonio Lorena nivel III del Cusco a
cargo de Constructora OAS Ltda. (en la fiscalía de Cusco); la rehabilitación de
la carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca (a cargo del Juzgado Especializado
de Lima) y la carretera Tingo María-Aguaytía (en el Juzgado Civil de Lima),
ambas adjudicadas a las brasileñas Camargo Correa y Queiroz Galvao en
consorcio.
La Contraloría
registra otras tres obras de empresas brasileñas en las que encontró perjuicio
económico, pero fueron archivadas: el proyecto Especial Río Cachi (1999), la
carretera Huánuco-Tingo María-Pucallpa y la irrigación del Alto Piura.
Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
Seamos adultos: sería calamitoso para el país
que una gran empresa como Graña y Montero (GyM) terminase eventualmente
colapsando por sus malas juntas con Odebrecht y otros angelitos brasileños:
miles de empleos se perderían, se tendría un gran bajón negativo en el
crecimiento del PBI y los aportantes de las AFP (el 40% de
acciones aproximadamente, seguidas de fondos de inversión) sufrirían un serio
revés en sus ahorros actuales y futuras pensiones de vejez. ¡Nada bueno para
nadie!
Lo más cuerdo sería, mientras sigan las
investigaciones y se deslinden responsabilidades penales, que ese entre 17% y
30% de acciones que pertenecen a todos aquellos propietarios familiares y altos
funcionarios cuestionados pasen a ser administradas por un fideicomiso
independiente; se le entregaría así provisionalmente la administración de GyM a
un equipo competente y sin ningún viso de posible corrupción, tal como se hizo
años atrás exitosamente con el administrador Crosby en Canal 4, tras la salida
de los Crousillat. Ojo que la actual GyM no solo puede tener problemas en el
Perú: esta firma cotiza con ADRs en la bolsa neoyorquina, por lo que la SEC y
el Department of Justice podrían aplicarles el draconiano Foreign Corrupt
Practices Act.
Como están las cosas, incluso iría más allá y
hasta también le cambiaría la razón social para dar la señal formal de un
proceso de purificación, poniéndole algo así como un neutral “Grúas y
Maquinarias”, dado que la marca actual ya está muy vapuleada. Y creo que
también se debe eliminar ese mentiroso mito mal intencionado de que el Sr.
Graña controla a EC (¡solo tiene el 6% del accionariado!) con otro fideicomiso
neutral y provisional sobre esas acciones. Se impone una Realpolitik
empresarial.
El Comercio
Edwin
Luyo, primer recluido del Caso Odebrecht, cambió de estrategia legal y no
se acogerá a la confesión sincera ni a colaboración eficaz.
Durante
la audiencia del pedido de prisión preventiva, uno de los abogados de Luyo
señaló que admitían el delito de cohecho pasivo propio, uno de los cargos
imputados por el fiscal Hamilton Castro. El delito que negaron fue el de lavado
de activos.
Señalan
que los US$500 mil que recibió Edwin Luyo en una cuenta en la Banca Privada
d’Andorra, a través de la ‘offshore’ Oblong International Inc., fue por el pago
de “servicios de consultoría” a Odebrecht.
