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MEDIA
COLUMNA
Un año
perdido
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
El gobierno
de Pedro Pablo Kuczynsi se inauguró con una estrategia económica que privilegió
destrabar los megaproyectos que el gobierno anterior dejó semi parados.
Ha
transcurrido un año y no se ha destrabado ninguno. La economía se ha detenido. Uno
a uno los proyectos se fueron desactivando esta vez del todo.
No había
que ser mago para predecir esta parálisis. Desde el gasoducto de la corrupción hasta
la Linea 2 del Metro de Lima o la refinería Talara -que el país no necesita-, nadie
ignoraba que los proyectos serían cuestionados por severos problemas de corrupción
o de incompetencia de diseño. El transcurso del primer año del gobierno de
Kuczynski no ha hecho sino confirmar lo que ya se sabía.
¿Por
qué el gobierno, pese a las advertencias, se empeñó en seguir esta ruta
inconducente? Vamos a darle el beneficio de la duda y suponer que su decisión no
tuvo nada que ver con intereses privados.
Asumamos
que fue por vehemencia, por el afán de lograr algún crecimiento en un escenario
al que ya se asomaban las vacas flacas de la economía global. Que fue para que este
gobierno de economistas no quedara tan mal ante el país. Que la desesperación
por lograr algún crecimiento del PBI les hizo pensar que había que apostarlo
todo a estos megaproyectos fallidos.
Solo
que estos animales se hallaban contaminados a un punto tal que el contagio era
inevitable. Pese a las advertencias, incluso del diario Expreso, el gobierno no
quiso cortar por lo sano.
Se
contagió tratando de hacer caminar a estos jamelgos mancados, a los que habría sido
preferible sacrificar el primer día explicando que era una medida sanitaria,
que desgraciadamente no había otro camino. El país habría comprendido.
Ahora,
en cambio, lo que más desalienta es la sensación del tiempo perdido. Un año
entero.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El
Comercio
La congresista de Fuerza Popular Rosa
Bartra afirmó que si el
Gobierno tiene voluntad de diálogo, la invitación que la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz hizo a la
lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a conversar con el presidente Pedro
Pablo Kuczynski “debe ser formal”.
“Imagino que si esto es formal y no solamente un tema
de la señora Aráoz, el Comité Político y la lideresa del partido lo valorará y
tomará la decisión”, dijo. “Si hay voluntad real de diálogo, esperemos que esta
venga con la formalidad y por el canal que corresponde”, refirió.
El Comercio
El cardenal Cipriani consideró que ha sido un fracaso
el intento de diálogo y entendimiento entre el Gobierno y las fuerzas de
oposición en el Congreso. “Creo que es un fracaso el tal diálogo y
entendimiento, lo vemos en los diarios. Tampoco soy yo una especie de comodín,
que cada vez que hay un problema tengo que entrar a tallar. No me parece. No
soy la persona ni es la Iglesia la que tiene que estar arreglando situaciones
políticas”, dijo en RPP.
Peru21
¿Será esto lo mejor?
Juan José Garrido
Durante la segunda vuelta, con una mayoría
fujimorista en el Congreso, los analistas señalaban los pros y contras de los
escenarios finales; lo central, a fin de cuentas, se situaba en el balance del
poder: si ganaba, Keiko Fujimori tendría en sus manos el Ejecutivo y el
Legislativo, con lo cual cualquier manifestación de autoritarismo se podía
convertir en realidad; si ganaba Pedro P. Kuczynski, el poder estaría
balanceado, pero con limitada capacidad de acción.
Llegando al primer año del gobierno, vemos
uno de los escenarios vuelto realidad, con la salvedad de que a muchos no les
gusta el balance, o la forma como el fujimorismo cumple con dicho mandato
popular. Nos guste o no, el balance del poder puede implicar climas políticos
como el que vivimos; dicho sea de paso, ocurre en sociedades más desarrolladas
que la nuestra y llega, incluso, a situaciones peores. Bélgica, entre 2010 y
2011, estuvo 589 días sin gobierno constituido. España, de igual manera, estuvo
sin gobierno constituido por casi un año entre 2015 y 2016. Estados Unidos,
cuando el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, tiene cismas recurrentes
(recordemos que en 2013 casi se paraliza el gobierno federal por diferencias
respecto al presupuesto 2014).
Que oficialismo y oposición no tengan la
mejor de las relaciones no debiera llamarnos la atención en una democracia
donde la competencia política es tan abierta. Y si se trata de analizar,
fríamente, los últimos 10 meses, pues las cosas más importantes (se constituyó el
gabinete Zavala, se aprobó la delegación de facultades y el presupuesto) se
sacaron adelante. El fujimorismo ha jugado muy duro (la censura de Saavedra,
por ejemplo), pero el gobierno también ha aportado su cuota de crisis (la
salida del ministro de Defensa, la renuncia del ministro Vizcarra, y ahora el
famoso audio) y de enfrentamientos (Mesa Directiva del Congreso, elección del BCRP,
etcétera).
La eventual censura del ministro Thorne
escalará el enfrentamiento, sin duda; ¿hasta dónde llegaremos? Esa es la
pregunta.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
El
Comercio
Horas
antes de que las bancadas de oposición definieran si presentan o no la moción
de censura en su contra, el ministro de Economía, Alfredo Thorne,
anunció públicamente la presentación de una cuestión de confianza por
intermedio de un oficio enviado a la presidenta del Congreso, Luz Salgado.
La
confianza es una iniciativa ministerial. Junto con la moción de censura, son
los dos mecanismos a través de los cuales un ministro puede ser separado de su
cargo por voluntad parlamentaria.
El Comercio
El constitucionalista Aníbal Quiroga explicó que la
Constitución establece, en su artículo 132, que un ministro a título personal
puede solicitar la confianza del Parlamento, pero precisó que este pedido debe
ser explícito, lo que el titular del MEF no hizo. “Tiene que decir
expresamente: ‘señora presidenta del Congreso, yo planteo una cuestión de
confianza’ y no lo ha hecho”, expresó. “Thorne no ha hecho la cuestión de confianza. Ha hablado de un
concepto de confianza constitucional. Si el Congreso toma esas palabras y las
reinterpreta y las convierte en una cuestión de confianza sería absurdo e
inconstitucional”, agregó.
El Comercio
La congresista fujimorista y vicepresidenta del
Congreso, Rosa Bartra, señaló que se deberá evaluar la pertinencia del pedido
de cuestión de confianza que presentó el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, decisión que calificó como un nuevo intento del
Gobierno de victimizarse.
Peru21
Mauricio Mulder dijo que al presentar una cuestión de
confianza el ministro de Economía “nos facilita el trabajo. Ya no tendremos que
hacer una moción de censura y evidentemente se le rechaza la confianza”, dijo.
El
Comercio
Entrevista
a Mauricio Mulder
(…)
El Congreso no va a tener ningún problema para
censurarlo (al ministro de Economía), ya que ellos no tienen autocrítica ante
este hecho gravísimo (el audio con el Contralor).
(…)
— ¿La oposición tenía miedo de quedar como
obstruccionista y por eso no inició el proceso el viernes?
No es miedo, pero sin duda van a hacer una campaña para mostrarnos así y buscar impunidad. Porque si el Congreso censura a tres o cuatro ministros, ya no tendrá espacio para seguir censurando.
No es miedo, pero sin duda van a hacer una campaña para mostrarnos así y buscar impunidad. Porque si el Congreso censura a tres o cuatro ministros, ya no tendrá espacio para seguir censurando.
(…)
— ¿No optaron por la censura rápida a Thorne porque
condicionaría la interpelación al ministro del Interior, Carlos Basombrío?
Yo puedo asegurar que a Basombrío no se lo va a censurar.
Yo puedo asegurar que a Basombrío no se lo va a censurar.
(…)
— ¿El contralor Edgar Alarcón debe seguir en el cargo?
No hay manera de que se quede, pero ese es un proceso de la Comisión Permanente.
No hay manera de que se quede, pero ese es un proceso de la Comisión Permanente.
(…)
El
Comercio
El contralor general de la República, Edgar
Alarcón, presentó hoy una
denuncia constitucional contra el ministro de Economía, Alfredo
Thorne, por presuntamente
atentar contra su autonomía.
La denuncia de Edgar Alarcón, presentada ante la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, reclama contra Alfredo Thorne una "infracción de la Constitución por tentativa
de menoscabo e interferencia de la autonomía funcional de la contraloría".
Peru21
Esta
tarde, el grupo encargado de revisar el pedido de Javier Velásquez Quesquén
(Apra) para remover al contralor Edgar Alarcón de su cargo tendrá su primera
sesión luego de elegir a su presidente, el legislador Marco Arana (FA).
Walter
Grados, el auditor de la Contraloría General de la República que denunció las
presuntas irregularidades del alto funcionario, será el primer invitado. A través
de su cuenta de Twitter, Grados manifestó que acudirá a la sesión “con nuevas
pruebas” que supuestamente agravarían la situación de Alarcón.
El
segundo invitado de la subcomisión será Alarcón, quién deberá acudir mañana para
dar sus descargos por la presunta compra irregular de vehículos junto a sus
hijos.
El Comercio
El director del BCR Elmer
Cuba manifestó que la
gestión del aeropuerto de
Chinchero ha revelado
“incapacidad tecnocrática”. Según dijo en un programa dominical, “se hicieron
procedimientos administrativos muy dudosos para hacer una adenda que al final
reventó”.
Esto “equivale a un Conga para Humala o a un Tía María
del gobierno anterior”, manifestó.
En otro momento, el economista refirió que los
tecnócratas del gobierno no tienen la audacia reformista necesaria para
realizar cambios profundos. “El Perú es un país de partidos políticos sin
técnicos y de técnicos sin partidos”, destacó.
Peru21
Chinchero 2- PPK 0
Aldo Mariátegui
La inexplicable obsesión de “PPKuntur” (se ha
ganado a pulso ese malévolo apodo) por Chinchero les ha significado perder a
dos –Vizcarra y Thorne– de los “Cuatro Fantásticos” –los otros son Luna y
Zavala– que él consideraba los puntales de todo su mandato.
Y PPK seguirá perdiendo
políticamente si Thorne no dimite antes de la censura (es hasta cruel hacerle
sufrir esa tortura), porque este ya es pretérito perfecto. Esa terquedad solo
le va a significar más días de crispación al país, encima con el MEF, la
cartera de más impacto (PPK, no juegues con ese fuego, que la recesión
acecha..).
Porque es peregrino decir que “es mejor que
el Congreso le censure para que el Legislativo se desprestigie ante los ojos de
la ciudadanía”: esa dialéctica “Ejecutivo víctima-Congreso abusivo” solo
funciona para el establishment (que es A/B), no para el gran e indiferente
electorado. Incluso es hasta riesgoso: al oficialismo no le conviene que se
siga removiendo que PPK le encargó a Thorne hablarle así al
contralor.
En cambio, sí sería universalmente
contraproducente, como quieren los áulicos termocéfalos, plantear una “cuestión
de confianza” por un ministro con una conversación tan complicada (aunque es inocente,
si se escucha todo el audio), además de que al parecer esta solo se plantea por
políticas de Estado y no por personas.
Ya es hora de acabar con
todo este cambalache con el indulto a Fujimori y con un “gabinete conversado”,
como aquel que acordó el primer belaundismo con la oposición APRA-UNO, que
generó al gabinete Hercelles: la oposición no nombra ministros, pero sí les
visa. Y así se gana la paz.
(…)
(…)
El Comercio
A menos de diez días del cierre de la legislatura, todo
apunta a que el Congreso dejará en el tintero la elección del nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Esta designación
está pendiente desde fines del 2015, cuando se debió nombrar al reemplazo de
Óscar Urviola por el término de su mandato.
Miembros de las bancadas de Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular (AP) y el Apra coincidieron en que será “imposible” conseguir el consenso necesario para en el Congreso elegir un candidato al Tribunal Constitucional hasta la próxima semana.
Miembros de las bancadas de Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular (AP) y el Apra coincidieron en que será “imposible” conseguir el consenso necesario para en el Congreso elegir un candidato al Tribunal Constitucional hasta la próxima semana.
El único nombre que ha sonado hasta ahora como posible
candidato al TC es el de Augusto Ferrero Costa.
“Algunos del fujimorismo lo apoyan, pero hay que
trabajar”, afirmó García Belaunde al referirse a Augusto Ferrero.
El vocero alterno de AP recordó que, para elegir al reemplazo de Urviola, se requieren 87 votos.
El vocero alterno de AP recordó que, para elegir al reemplazo de Urviola, se requieren 87 votos.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
El Comercio, editorial
(…)
Mientras
más perniciosa sea la equivocación, más difícil es salir de ella. Y si la
equivocación se trata de un mal proyecto de inversión de US$5,4 mil millones,
aun peor.
Como
se sabe, el lunes pasado Petro-Perú colocó bonos en el mercado internacional por US$2 mil
millones, la emisión más grande en la historia del Perú. El dinero recaudado
será utilizado en la modernización de la refinería de Talara, proyecto que es propiedad de la petrolera estatal y
quizá el elefante blanco más significativo heredado de la administración
anterior.
La
faraónica obra, que ha terminado costando casi cuatro veces su presupuesto
inicial, ha sido un sinsentido absoluto desde el inicio. Nunca ha quedado claro
cómo así su abultadísimo costo se compensa con los flujos futuros que pueda
obtener en los márgenes de refinación, ni de dónde saldrá todo el petróleo
crudo barato a refinar, ni por qué una empresa pública –de por sí ineficiente–
debe correr con los riesgos de una inversión de este tipo. De hecho, la única
manera en que Petro-Perú podía conseguir semejante financiamiento para continuar
su refinería sin recurrir directamente al fisco era a través de algún nivel de
garantía para los inversionistas que les indicase que, si la empresa estatal no
cumplía con los pagos programados, el Gobierno Peruano se encargaría de saldar
la deuda.
Y,
efectivamente, así sucedió. Si bien los bonos no tienen garantía explícita del
Estado, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, le comentó a este
Diario que la emisión “es algo muy cercano a una obligación de la República,
porque [Petro-Perú] es la primera empresa del Estado”. Asimismo, la agencia
calificadora Fitch declaró que “sin la propiedad y el apoyo del Gobierno, la
calificación independiente del crédito sería ‘B’ en lugar de ‘BBB+’”. En otras
palabras, si los inversionistas que compraron la deuda de Petro-Perú no creyeran que los contribuyentes peruanos
recogeríamos caballerosamente la cuenta en última instancia, no hubiesen
prestado el dinero.
¿Por
qué decidió la presente administración continuar con un proyecto a todas luces
sobredimensionado e ineficiente? ¿Por qué se aprobó un nivel de endeudamiento
público adicional suficiente para construir 20 mil postas médicas o 1.600
comisarías? Lo que ocurre es que, como comentábamos al inicio, los errores
gruesos no son simples de subsanar.
Siguiendo
el razonamiento del Gobierno, dado el monto ya invertido en Talara y las contingencias legales y financieras de cancelar
el proyecto, los costos marginales de paralizarlo pueden ser mayores a los
beneficios marginales de continuar con él. Por otro lado, vender el proyecto a
un privado podría resultar financieramente inviable en este momento ya que,
como se explicó, el aval público fue lo que hizo posible la exitosa colocación
de bonos en primer lugar. El Gobierno ha quedado, pues, con un menú de
elecciones que fluctúan entre malas, muy malas y pésimas.
Si
alguna lección debe dejar esta historia de un grave error de largo aliento, es
que, cuando los incentivos institucionales permiten que sea el sector público
el que tome decisiones de inversión productiva que le deberían corresponder al
sector privado, los contribuyentes terminamos asumiendo riesgos innecesarios y
pagando los platos rotos. Peor aún, en circunstancias así, salir del atolladero
resulta costoso, arriesgado y lento. Es sabido que algunos errores cuestan
caro.
El Comercio
Empresas en riesgo
Alfredo Torres
En pocas semanas se cumplirán 30 años
del infausto intento del entonces joven presidente Alan García por expropiar
los bancos en el Perú. Su anuncio fue aplaudido con entusiasmo en la Cámara de
Diputados de entonces, pero la expropiación fue frustrada por una amplia
movilización ciudadana encabezada por Mario Vargas Llosa y por una visionaria
operación financiera de los accionistas del Banco de Crédito que transfirieron
raudamente sus acciones a los empleados del banco. Finalmente, el Senado
revirtió la medida.
Fue la última gran acción antiempresarial en el Perú. En la década siguiente empezarían las privatizaciones y con ellas el crecimiento económico acelerado, en línea con una tendencia mundial que desde Margaret Thatcher en el Reino Unido hasta Deng Xiaoping en China, llevaba al mundo hacia un mayor bienestar mediante la economía de mercado. Hoy los riesgos políticos para las empresas no son los de antes. Es poco probable que algún gobierno vuelva a caer en las estatizaciones. En la actualidad, de Estonia a Vietnam, se tiene claro que el camino al desarrollo pasa por la inversión privada.
Fue la última gran acción antiempresarial en el Perú. En la década siguiente empezarían las privatizaciones y con ellas el crecimiento económico acelerado, en línea con una tendencia mundial que desde Margaret Thatcher en el Reino Unido hasta Deng Xiaoping en China, llevaba al mundo hacia un mayor bienestar mediante la economía de mercado. Hoy los riesgos políticos para las empresas no son los de antes. Es poco probable que algún gobierno vuelva a caer en las estatizaciones. En la actualidad, de Estonia a Vietnam, se tiene claro que el camino al desarrollo pasa por la inversión privada.
Los principales riesgos políticos de hoy
para las empresas son el bloqueo de grandes inversiones en defensa de
poblaciones aledañas, la sobrerregulación en defensa de los consumidores y la
paralización de obras de infraestructura por acusaciones de corrupción.
Lamentablemente, estas actitudes antiempresariales tienen sustento histórico:
ha habido empresas mineras que deterioraron su entorno; industriales que
fabricaron productos dañinos para la salud y, en nuestros días, empresas de
construcción que corrompieron autoridades.
El problema para la población es que esa suspicacia ante la actividad empresarial paraliza la economía. Para un activista de izquierda o para un político oportunista puede ser muy rentable políticamente paralizar un proyecto minero o un aeropuerto o ampliar la regulación para los productos alimenticios, pero para la población esas “victorias políticas” representan menos empleo y mayores precios.
Los recientes casos de Chinchero y Pura Vida son dos ejemplos de estos nuevos tiempos. Para la construcción del aeropuerto de Chinchero el gobierno anterior firmó un mal contrato que el nuevo gobierno trató de corregir mediante una adenda. Entre tanto, estalló el escándalo Odebrecht y, de pronto, más de un político oportunista encontró que podía potenciar su figuración acusando de corrupción a las autoridades que intentaban sacar el proyecto adelante. Algunos medios de comunicación y las redes sociales sirvieron de caja de resonancia para este propósito.
El caso de Pura Vida es más complejo porque se inicia en las redes sociales y de ahí salta a la política. El problema es que en las redes se privilegia la afirmación rápida sobre la información verificada, la frase emotiva sobre la reflexión, la brevedad sobre el contenido. Como decía Alfredo Bullard en estas mismas páginas: “La verdad es producto de convertirse en tendencia, no de responder a la realidad”. Lo más grave es que esta tendencia es contagiosa, como se pudo comprobar en este caso con la reacción del Congreso y parte de la prensa.
Hoy se sabe que Pura Vida tenía autorización otorgada por la Digesa, en el gobierno anterior, para llamarse “Leche evaporada parcialmente descremada…”, así que no estaba fuera de la ley. Sin duda habría sido más preciso que usara la denominación de alimento lácteo, sin embargo, en lugar de ordenar a la empresa el cambio de etiquetado se ordenó su retiro del mercado, como si fuese un producto tóxico; y, de colofón, el Congreso aprobó prohibir el uso de la leche en polvo para la elaboración de leche evaporada, en clara movida mercantilista en beneficio de los ganaderos y en perjuicio de los consumidores.
¿Qué puede hacer una empresa privada en estos tiempos para evitar ser víctima de los nuevos riesgos políticos y sociales? Lo primero es entender que no basta con cumplir la ley, hay que ser justos. Lo segundo es que no basta ser justos, hay que comunicarlo. Olvídense del perfil bajo. En tercer lugar, es necesario pensar en todos los stakeholders: Gloria tenía el cariño de sus consumidores y el apoyo de sus colaboradores –el sindicato sacó un rotundo comunicado en su defensa– pero probablemente no desarrolló una interacción constructiva con líderes de opinión en la prensa, la salud y la nutrición que le permitiese soportar una crisis de reputación.
Ante un entorno político y social que no tiene visos de mejora, el mejor seguro para las empresas es desarrollar prácticas de buen gobierno corporativo, como la transparencia informativa. Pero, en última instancia, las empresas con propósitos trascendentes, que sean sensibles y auténticas, que desarrollen vínculos más humanos con sus colaboradores, clientes y la sociedad en su conjunto, serán las que construirán una reputación suficiente como para ser sostenibles en el tiempo.
El problema para la población es que esa suspicacia ante la actividad empresarial paraliza la economía. Para un activista de izquierda o para un político oportunista puede ser muy rentable políticamente paralizar un proyecto minero o un aeropuerto o ampliar la regulación para los productos alimenticios, pero para la población esas “victorias políticas” representan menos empleo y mayores precios.
Los recientes casos de Chinchero y Pura Vida son dos ejemplos de estos nuevos tiempos. Para la construcción del aeropuerto de Chinchero el gobierno anterior firmó un mal contrato que el nuevo gobierno trató de corregir mediante una adenda. Entre tanto, estalló el escándalo Odebrecht y, de pronto, más de un político oportunista encontró que podía potenciar su figuración acusando de corrupción a las autoridades que intentaban sacar el proyecto adelante. Algunos medios de comunicación y las redes sociales sirvieron de caja de resonancia para este propósito.
El caso de Pura Vida es más complejo porque se inicia en las redes sociales y de ahí salta a la política. El problema es que en las redes se privilegia la afirmación rápida sobre la información verificada, la frase emotiva sobre la reflexión, la brevedad sobre el contenido. Como decía Alfredo Bullard en estas mismas páginas: “La verdad es producto de convertirse en tendencia, no de responder a la realidad”. Lo más grave es que esta tendencia es contagiosa, como se pudo comprobar en este caso con la reacción del Congreso y parte de la prensa.
Hoy se sabe que Pura Vida tenía autorización otorgada por la Digesa, en el gobierno anterior, para llamarse “Leche evaporada parcialmente descremada…”, así que no estaba fuera de la ley. Sin duda habría sido más preciso que usara la denominación de alimento lácteo, sin embargo, en lugar de ordenar a la empresa el cambio de etiquetado se ordenó su retiro del mercado, como si fuese un producto tóxico; y, de colofón, el Congreso aprobó prohibir el uso de la leche en polvo para la elaboración de leche evaporada, en clara movida mercantilista en beneficio de los ganaderos y en perjuicio de los consumidores.
¿Qué puede hacer una empresa privada en estos tiempos para evitar ser víctima de los nuevos riesgos políticos y sociales? Lo primero es entender que no basta con cumplir la ley, hay que ser justos. Lo segundo es que no basta ser justos, hay que comunicarlo. Olvídense del perfil bajo. En tercer lugar, es necesario pensar en todos los stakeholders: Gloria tenía el cariño de sus consumidores y el apoyo de sus colaboradores –el sindicato sacó un rotundo comunicado en su defensa– pero probablemente no desarrolló una interacción constructiva con líderes de opinión en la prensa, la salud y la nutrición que le permitiese soportar una crisis de reputación.
Ante un entorno político y social que no tiene visos de mejora, el mejor seguro para las empresas es desarrollar prácticas de buen gobierno corporativo, como la transparencia informativa. Pero, en última instancia, las empresas con propósitos trascendentes, que sean sensibles y auténticas, que desarrollen vínculos más humanos con sus colaboradores, clientes y la sociedad en su conjunto, serán las que construirán una reputación suficiente como para ser sostenibles en el tiempo.
POLITICA EXTERIOR, BRASIL, CHILE, BOLIVIA,
VENEZUELA, EEUU
El Comercio, AP
El ministerio de Defensa de Rusia advirtió el lunes que tratará como objetivos de ataque
a aviones de coalición liderada por Estados Unidos en Siria,
después de que las fuerzas militares estadounidenses derribaron un avión de la
Fuerza Aérea de Siria el domingo.
Moscú condenó el derribo del avión de combate sirio
después de que la aeronave lanzó bombas cerca de las fuerzas de Estados Unidos
en Siria.
El ejército estadounidense confirmó que un F-18 Super Hornet estadounidense derribó el caza el domingo después de que éste dejara caer varias bombas cerca de posiciones de las Fuerzas Democráticas Sirias, una fuerza aliada de Estados Unidos en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico.
El ejército estadounidense confirmó que un F-18 Super Hornet estadounidense derribó el caza el domingo después de que éste dejara caer varias bombas cerca de posiciones de las Fuerzas Democráticas Sirias, una fuerza aliada de Estados Unidos en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico.
El ministerio también pidió a los militares estadounidenses que proporcionaran un relato completo de por qué decidió derribar el SU-22 sirio.
