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MEDIA
COLUMNA
Rígido
es frágil
Jorge
Morelli
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El vicepresidente y próximo interpelado
ministro Martín Vizcarra se pronunció nuevamente a favor de que sigamos adelante
con los juegos Panamericanos, que le costarán al Perú 1,600 millones de dólares.
Queda descartado, ante todo, que este sea un negocio mejor o peor. No es un negocio. El propio Vizcarra lo ha reconocido al decir que
"el cien por ciento no se va a recuperar”, pero no importa, porque no se
trata de rentabilidad económica, sino de rentabilidad “social". Económicamente,
entonces, el proyecto es a pérdida. La rentabilidad “social” es asunto subjetivo.
Vizcarra justifica destinar los recursos escasos
a los Panamericanos porque son “inversión
en infraestructura deportiva”. Algo de dudosa prioridad, sin embargo, al lado del
desastre de las inundaciones en el norte. De hecho, la Confiep se ha pronunciado
ya por que ese dinero se destine a la reconstrucción de Piura. La iniciativa ha
sido respaldada por una representante de la región integrante de la mayoría
parlamentaria.
La verdad es que esa plata va a ir al rescate
de las empresas constructoras, en pleno naufragio por la desaceleración de la
economía y las penurias de las empresas por la corrupción endémica de sus
socios brasileños.
Le
toca al presidente Kuczynski ser el árbitro de la cuestión. Y sale a respaldar
a su ministro diciendo que sería una “tragedia” incumplir el compromiso de los
Panamericanos. Del mismo modo fue llevado Kuczynski por Vizcarra a la firma del
contrato de Chincheros.
La tragedia
parece, más bien, la tenacidad con que este gobierno se niega a considerar simples
cuestiones de sentido común en la determinación de las prioridades del país. Ser
flexible lo haría resistente, pero insiste en tener las prioridades de cabeza.
La fragilidad
es el precio de su rigidez.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
El
ministro de Transportes, Martín Vizcarra, afirmó que la interpelación en su contra
obedece a intereses políticos. “Intereses centralistas –sostuvo- que no quieren
que se hagan proyectos".
El Comercio
Los
gobiernos regionales de Apurímac, Arequipa y Cusco emplazaron al Congreso por
la interpelación al ministro de Transportes, Martín Vizcarra.
En
pronunciamiento difundido hoy, consideran “injusta e inoportuna” la interpelación
“y probable censura” del ministro Vizcarra
cuando se requiere “estabilidad política para no detener el
crecimiento económico ni la ejecución de los proyectos estratégicos”.
Los
tres gobiernos regionales expresan su “solidaridad institucional y respaldo” a
la gestión del ministro de Transportes. El pronunciamiento está firmado por los
gobernadores Edwin Licona (Cusco), Yamila Osorio (Arequipa) y Wilber Venegas (Apurímac).
Consideran
que el Gore Ejecutivo es un “importante espacio de trabajo intergubernamental
que posibilita la evaluación y priorización de proyectos estratégicos de
articulación territorial” y añaden que “dentro de ellos se encuentra la
construcción del aeropuerto internacional del Chinchero”.
El Comercio
El
vicepresidente y ministro de Transportes, Martín
Vizcarra, se
pronunció a favor de que se sigan realizando las obras de los Juegos
Panamericanos Lima 2019, a pesar de los cuestionamientos.
"Los
Panamericanos son una inversión en infraestructura deportiva [...] No es un
tema de rentabilidad económica, es rentabilidad social", sostuvo.
"El
100% no se va a recuperar, definitivamente, pero un gran porcentaje de esa
inversión sí regresará gracias a la venta de las viviendas", comentó.
La República
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, indicó
que sería una tragedia no cumplir con los Panamericanos. Aseguró que la
reconstrucción de las zonas afectadas se llevará a cabo sin la cancelación de
los Juegos.
La República
El presidente de la Confiep, Roque
Benavides, expresó que el presupuesto destinado a los Juegos Panamericanos debería
ser invertido en atender a los miles de damnificados en Piura.
La República
La congresista de Fuerza Popular Karla
Schaefer apoyó la opinión del presidente de la Confiep.
La República
Una fuerte opinión regional
Mirko Lauer
Un pronunciamiento de los gobernadores de
Apurímac, Arequipa y Cusco no solo pone en evidencia el apoyo a Martín Vizcarra
en esas tres regiones, y probablemente en varias más, sino además es una útil
ventana para entender mejor el ánimo en los espacios políticos que no son Lima.
También en ellos hay preocupación.
La solidaridad con Vizcarra no debe
sorprender. La presencia de ministros con experiencia de gobierno regional
puede hacer toda la diferencia en el impulso a proyectos alejados de la
capital. Un ex gobernador de Moquegua como él le añade a la cosa una particular
empatía con la zona sur del país, que además fue la que votó Kuczynski.
Hay un obvio temor a que la salida de
Vizcarra trabe iniciativas que ya están en marcha. Bastante amenaza ya es de
por sí el encogimiento de los cánones, en un contexto de desaceleración de la
economía. Por eso también hay en el texto una frase de saludo a las medidas de
reactivación económica recién anunciadas desde Lima.
Mención aparte merece la presencia del
gobernador del Cusco en el documento, con la implícita convicción de que una
permanencia de Vizcarra en Transportes puede garantizar que el aeropuerto de
Chinchero, definido como “proyecto estratégico de articulación territorial”
llegue a buen término.
Esta es la primera vez que un grupo de
regiones que participan en la articulación con el Ejecutivo llamada GORE asume
una postura política, en defensa de las aspiraciones económicas de sus
poblaciones. Más allá del caso Vizcarra, esto abre la puerta a pronunciamientos
de otras regiones en otros temas de su preocupación.
En cierto modo también estamos hablando
de las elecciones del 2018. Si bien las encuestas de popularidad son
relativamente parejas por todo el país, estas no entran realmente a explorar
las inquietudes del provinciano por el futuro de su día a día económico.
Paquetes de expectativas, como la de la suma de proyectos y estabilidad.
Sin embargo es notoria la ausencia de
otros gobernadores en el comunicado. Quizás la idea fue hacer un planteamiento
específicamente sureño, pero aún así. No interesarse en llevar los intereses
locales al espacio nacional es mala política. Los medios deberían explorar las
opiniones de una cantidad suficiente de figuras regionales y municipales.
El Comercio, editorial
La demanda de conformar un Gabinete con menos
‘técnicos’ y más ‘políticos’ planteada por muchos de los críticos del actual
gobierno es, en más de un sentido, deleznable.
(…)
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
El
Comercio
A la
Comisión Lava Jato han llegado 85 laudos arbitrales de empresas
brasileñas con el Estado Peruano: 38 casos fueron vistos por el centro de
arbitrajes de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y 47 por el de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP).
Entre
el 2003 y el 2016, las empresas brasileñas obtuvieron S/581’095.695 por fallos
de arbitrajes emitidos por esos centros. Solo cinco –de los 85 casos– fueron
declarados infundados por los mencionados centros de arbitraje.
Existen
otros centros de arbitrajes en el país donde las empresas disputaron procesos
con el Estado, pero aún no llega toda la información al Congreso. El portal
IDL-Reporteros dio a conocer el año pasado 41 casos, de los cuales solo
Odebrecht ganó 35 arbitrajes al Estado por una suma de US$254’656.753, también
entre el 2003 y el 2016.
Hasta
la fecha, la Comisión Lava Jato cuenta
con 27 arbitrajes de Odebrecht en la CCL y otros dos casos de la PUCP. El resto
de arbitrajes se refiere a consorcios formados por firmas brasileñas: Andrade
Gutierrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao y OAS.
Los
consorcios no solo comprendían a empresas brasileñas. Odebrecht demandó al
Estado 24 veces en consorcio con Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. Todos estos casos fueron vistos
por la Cámara de Comercio de Lima.
En la
PUCP aparece otra firma peruana, Reyna C. Contratistas Generales, en consorcio
con Queiroz Galvao y Camargo Correa. Ellos demandaron al Estado en 14
oportunidades. En el centro de la PUCP existen 21 laudos en trámite.
Una de
las líneas de trabajo de la Comisión Lava Jato apunta a las empresas peruanas que acompañaban
consorciadas a las firmas brasileñas.
Para
el congresista Víctor Andrés García Belaunde, miembro de la Comisión Lava Jato, todo estaba “concertado”.
“Algunos representantes de los socios [de las brasileñas] eran directivos de la
Cámara de Comercio de Lima. Entonces se elegían árbitros concertados para que
fallaran a favor de las brasileñas”, afirmó.
Este
Diario, a través de un rastreo en Registros Públicos, detectó que
representantes de las empresas brasileñas pertenecieron al consejo directivo de
la CCL. Jorge Simoes Barata, el ex directivo de Odebrecht en el Perú que reveló
la entrega de dinero a Alejandro Toledo y Nadine Heredia, fue nombrado director
de la CCL para el período 2011-2012.
Raymundo
Trindade Serra, uno de los hombres de confianza de Barata en Odebrecht, aparece
entre el 2014 y el 2016 como miembro del Comité de Infraestructura,
Edificaciones e Ingeniería de la misma CCL.
La otra
línea de trabajo de la comisión investigadora son los árbitros que fallaron a
favor de las brasileñas. El nombre de Horacio Cánepa Torres figura en 17 de los
38 arbitrajes vistos en la Cámara de Comercio. El mes pasado, Mario Mongilardi,
presidente de la CCL, indicó que Cánepa no sería ratificado como árbitro en su
centro.
Mongilardi
también declaró en “Caretas” que el centro de arbitraje mantiene absoluta
independencia frente a la institución que preside. Además, indicó que a la
fecha existen pendientes nueve procesos cuyo laudo debería emitirse este año.
García Belaunde anunció que citarán a Mongilardi y a los abogados recurrentes
en casos brasileños.
El
Comercio
El
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó la solicitud de arbitraje
interpuesta por el Consorcio Chavimochic S.A.C. contra el Gobierno Regional
de La Libertad.
El
organismo emitió la notificación de denegación de registro al consorcio el
pasado 27 de febrero –tres días después de que este solicitara el arbitraje–
bajo el argumento de que el demandante “pertenece a personas jurídicas cuya
nacionalidad (Brasil) no es parte del convenio Ciadi”.
El
Comercio
El
Ministerio Público dispuso ampliar la formalización y continuación de la
investigación preparatoria para comprender como autores del delito contra la
administración pública, en la modalidad de colusión, a Sergio Bravo Orellana,
Alberto Pascó-Font Quevedo y John Patrick Michael Barclay.
Los
mencionados fueron incluidos en las pesquisas por su condición de miembros del
Comité de Pro
Inversión en
Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, a cargo de la promoción
de la concesión de los tramos II y III de la carretera
Interoceánica Sur.
De
acuerdo a las imputaciones, ellos habrían defraudado al Estado peruano
concertándose con la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en el proceso
de licitación.
Según
la fiscalía, el ex presidente Alejandro Toledo, también investigado por el
delito de colusión, habría intervenido directamente en fases del proceso,
inclusive en la designación del comité que se hizo cargo posteriormente del
proceso de selección.
El
artículo 5° del Reglamento de Organización y Funciones de Pro Inversión, aprobado por Decreto Supremo N°
028-2002-PCM, establece que los Comités Especiales se constituyen por
Resolución Suprema a propuesta de la Agencia de Promoción de la Inversión (Pro Inversión), Resolución Suprema que firmó el
entonces mandatario.
El
Ministerio Público sostiene que Alejandro Toledo, en clara vulneración de su
deber de resguardar los intereses del Estado, defraudó los mismos concertándose
con el interesado, en este caso con el representante de la empresa Odebrecht,
Jorge Barata, quien actualmente es colaborador eficaz de la fiscalía.
En
la disposición fiscal se detalla la citación a once ciudadanos entre el 20 y 29
de marzo. Entre ellos a Juan Monroy, Percy Velarde, René Cornejo, Alfredo
Ferrero Costa y al jefe del Estado Pedro Pablo Kuczynski (PPK); en calidad de
testigo.
El Comercio
Procura denunciarme más
Fernando Vivas
Cada país juzga sus trapos sucios como mejor le parece.
Aquí lo hacemos de forma bien complicada: el Ministerio Público, o sea los
fiscales, es totalmente independiente del Poder Judicial,
o sea de los jueces. Con frecuencia, las investigaciones y acusaciones de unos
postergan y chocan con las sentencias de otros.
Además, con el tiempo, nos hemos hecho de una figura
singular: los procuradores especializados. Contratados para defender los
intereses del Estado frente a la corrupción de funcionarios, el narcotráfico o
el lavado de activos, entre otras lacras, han ganado tanta autonomía ¡que hasta
piden investigar a su principal empleador, el presidente de la República, por
un trascendido periodístico! ¿Cómo y por qué llegamos a esto?
(…)
El gran trance de la procuraduría nacional, que marcó
todo lo que nos atribuló desde entonces, ocurrió en el 2000. Fujimori le pidió
a su ministro de Justicia, Alberto Bustamante, que denunciara a Montesinos; y
Bustamante le pidió a su amigo José Ugaz que lo asesorara. Muchos
sospechábamos, incluido Ugaz, que se trataba de una mascarada, pero este aceptó
el reto y se convirtió en procurador ad hoc para el Caso Montesinos. Ugaz narra
en “Caiga quien caiga” (Planeta, 2014) los giros y dilemas que vivió en
noviembre del 2000, cuando aceptó el encargo y terminó con su equipo convertido
en ‘procuraduría ad hoc’, enfilando baterías contra el propio Fujimori, quien
puso pies en polvorosa cuando el video Kouri/Montesinos hizo evidente lo
podrido que estaba el régimen.
Joel Segura, jefe de los procuradores de delitos de
corrupción entre el 2014 y el comienzo de este gobierno, cuenta que el del 2000
fue “un contexto muy especial”, en el que se justificaba que el procurador
presionase por decisiones extremas y cobrara gran protagonismo, teniendo en
cuenta que el Poder Judicial y el Ministerio Público estaban debilitados por el
régimen recién desmoronado.
El equipo de Ugaz fue parte de la transición. Luis
Vargas Valdivia, Ronald Gamarra, César Azabache y Julio Arbizu, en distintos momentos,
cobraron tal protagonismo que parecían fiscales empoderados. Y no lo eran. En
realidad, el procurador denuncia para que el fiscal abra investigación. Recién
cuando estas se abren, el procurador es considerado parte y tiene mayores
atribuciones para investigar y perseguir el cobro de las reparaciones civiles y
de los millones robados.
(…)
(…)
Pero la tensión de las procuradurías especializadas con
los gobiernos saltó a las portadas durante el gobierno de Humala. El procurador
Julio Arbizu, encargado de los delitos de corrupción, enfiló baterías contra
apristas, fujimoristas y, cuando tuvo que hacerlo, contra el propio gobierno.
Su separación era inevitable. Unas temporadas después, la procuradora Yeni
Vilcatoma cobró mas protagonismo que su jefe Christian Salas, cuando grabó y
denunció al ministro Daniel Figallo por comentarios que ella consideró presión
indebida delante del asesor presidencial Eduardo Roy Gates.
Tanto antecedente de procuradores en clave alta marcó
la campaña última con la promesa, tanto fujimorista como ppkausa, de crear una
procuraduría general de la república (PGR) autónoma. Pero las reacciones ante
los excesos de la procuradora Katherine Ampuero, sugiriendo investigar a PPK
por los trascendidos de una información periodística sobre movimientos
financieros que la UIF no admite como veraces, sumados a la denuncia de su
colega Amado Enco contra Martín Vizcarra, han hecho que el Parlamento devuelva
a comisiones el decreto que creaba la PGR, fruto de la reciente delegación de
facultades.
La ministra Marisol Pérez Tello y la jefa del sistema
de procuradores, Julia Príncipe,
han sido conminadas, por propios y ajenos, a llamar al orden, por lo menos, a
la procuradora Ampuero, quien se jactó de tener “los ovarios bien puestos” en
la semana de la mujer y de la justicia enervada por la política.
