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MEDIA
COLUMNA
32
sombras de gris
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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Las 32
propuestas de Transparencia para la reforma política son muchas, pero pueden
agruparse en dos: las que tienen que ver con el sistema de gobierno y las
relativas al sistema electoral.
Las
primeras están aisladas en tres paquetes estancos, uno para cada uno de los
tres poderes del Estado. Ese es el error. La reforma pierde de vista el bosque
por mirar cada árbol por separado. La propuesta de Transparencia a este
respecto no es una reforma del sistema de gobierno. Invisibiliza el tema de la
relación entre los poderes cuando el problema es precisamente la falta de equilibrio
de poderes.
Las propuestas
de Transparencia respecto de la reforma electoral, de otro lado, son un listado
de acciones aisladas entre sí que apuntan todas, eso sí, a una misma meta, una sumatoria
de acciones concurrentes que, sin confesarlo, estan destinadas a darle como sea una
mayoría parlamentaria al gobierno de turno.
Esto, porque,
como todos sabemos, cuando en el Perú el gobierno carece de mayoría
parlamentaria, el país es vitualmente ingobernable.
La
mayoría parlamentaria, sin embargo, es importante solo si de ella depende la
gobernabilidad. La democracia, no obstante, es la forma de gobierno que debería
garantizar la gobernabilidad especialmente cuando el gobierno carece de mayoría
parlamentaria.
La solución
no es darle al gobierno de turno una mayoría parlamentaria de cualquier modo
con trucos ingeniosos en el sistema electoral, sino actuar sobre el sistema de
gobierno para recuperar el equilibrio de poderes.
Transparencia centra sus propuestas en la reforma electoral para mejorar la representación. Según Transparencia, el remedio para nuestra democracla es más representación. La democracia no va a mejorar solo con más representación, sin embargo. Lo que necesita es más gobernabilidad. No es solo reforma del sistema electoral lo que la democracia necesita, entonces, sino del sistema de gobierno.
Ninguna
cantidad de representación va a curar los problemas de nuestra democracia de baja
gobernabilidad sin equilibrio de poderes. Porque no basta la separación y la autonomía
de poderes, y hay que rediseñar el modo como los poderes intervienen unos en
otros, con balances y contrapesos.
La
reforma política que propone Transparencia es bien intencionada, pero toma el
rábano por las hojas. Sus propuestas son 32 sombras de gris con poca transparencia.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCIÓN,
JUDICIALIZACION POLITICA
El
Comercio
La
Comisión Lava
Jato del
Congreso recibió a José Graña Miró Quesada, ex presidente del directorio del
Grupo Graña
y Montero.
Este reiteró que la empresa no ha sido
partícipe del pago de coimas que la transnacional Odebrecht -con la que ha
participado en consorcios- ha reconocido.
“Ni
nuestra empresa, ni nuestros ejecutivos, conocieron, gestionaron o realizaron
pago alguno, o realizado algún tipo de soborno o reembolso. Lo que ha
manifestado el ex representante de Odebrecht en el Perú [Jorge Barata] sobre el
supuesto conocimiento de otras empresas, en el caso de Graña y Montero no es
verdad”, sostuvo.
Barata
manifestó en su declaración ante el fiscal anticorrupción Hamilton Castro: que
Graña y Montero (GyM) y JJC Contratistas Generales sí conocían el acuerdo para
pagar millonarias coimas al ex presidente Alejandro Toledo a fin de que el
consorcio que esas compañías integraron se adjudique los tramos 2 y 3 de la
carretera Interoceánica.
El
congresista aprista Mauricio Mulder cuestionó que GyM niegue lo afirmado por Barata
considerando que este dio su declaración como parte de una delación premiada,
que podría beneficiarlo con una reducción de pena.
“No
pueden existir pruebas de que nosotros supiéramos de ese tema”, dijo Graña.
La
congresista fujimorista Karina Beteta aludió a la participación de GyM en
consorcios integrados con Odebrecht. Preguntó si la empresa peruana está
dispuesta a devolver ganancias “indebidas, ilegales” con las que se habría
favorecido.
“Si
es que la fiscalía determina que tenemos que pagar una indemnización, se hará”,
respondió Graña Miró Quesada.
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, CONOCIMIENTO, AYUDA SOCIAL
El Comercio
La Defensoría
del Pueblo anunció
hoy que creará una comisión que investigará los casos de abuso al interior de
la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana.
Además,
recibirá denuncias de abusos contra menores de edad en colegios públicos y
privados del país.
Esta
es la respuesta al oficio enviado ayer por la bancada de Fuerza Popular.
“La
creación de la comisión por parte de la Defensoría del Pueblo buscará llegara
también a todos los casos de abusos en instituciones que tengan la
responsabilidad de formar y educar a menores de edad”, comentó el defensor del
Pueblo, Walter Gutiérrez.
Un
equipo recibirá e investigará los casos a fin de esclarecerlos y, de acuerdo al
avance que tenga, formalizará la denuncia correspondiente ante el Ministerio
Público.
En
ese sentido, Gutiérrez refirió que “no se puede impedir conocer la verdad. No
podemos permitir la impunidad en estos casos. El archivamiento injustificado de
las denuncias sobre los referidos abusos sexuales constituye una clara
vulneración al deber estatal de impedir la impunidad”, dijo.
Recordó
que envió un oficio al fiscal superior Frank Almanza solicitando que se revoque
la decisión de archivar la investigación penal por el caso Sodalicio.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
La
República
El
jefe del gabinete, Fernando
Zavala Lombardi, recibió en Palacio de Gobierno a los
directivos de la Asociación
Civil Transparencia, quienes le entregaron 16 tomos con 56,736 firmas
de ciudadanos de todo el país que respaldan las reformas institucionales
propuestas por esta asociación.
Estos
planteamientos se encuentran en un documento denominado Plan 32 y se refieren a reformas en el
sistemas de justicia, el sistema electoral y también en el funcionamiento del Congreso
de la República.
El
presidente de Transparencia, Allan
Wagner Tizón, señaló la necesidad de que se ejecuten dichas
reformas institucionales mediante la unión de esfuerzos entre los poderes del
Estado y la sociedad civil.
En
cuanto a la labor de Transparencia,
informó que este año continuarán impulsando las reformas en el ámbito electoral
y que tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos en
campañas electorales y con la idoneidad de los candidatos.
"Esperamos
que el Congreso actúe con medidas legislativas
que eviten el ingreso de dinero sucio a las campañas electorales",
demandó.
"Necesitamos
candidatos íntegros que participen en alianzas electorales serias, necesitamos
un Ejecutivo y
un Congreso transparente
que informe a la ciudadanía lo que hace y que esté más cerca de sus electores.
Necesitamos una administración pública más meritocrática donde estén realmente
los mejores. Necesitamos también una justicia independiente, transparente y
eficaz. Para conseguirlo necesitamos una gran reforma política
institucional", sostuvo Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros.
Dijo que muchos ciudadanos no
creen en las instituciones ni en sus representantes y que cambiar esta
situación atañe a todos.
El Comercio, editorial viernes 3 marzo
El rápido crecimiento económico experimentado
por el Perú durante los últimos 25 años permitió, entre otras cosas, reducir la
pobreza en más de la mitad y multiplicar por más de tres el ingreso nacional.
Un progreso que nos acercó a los niveles de calidad de vida de los países del
primer mundo, pero aún a una distancia considerable debido a la postergación de
otro pilar del modelo económico de libre mercado: la solidez institucional.
Un Congreso en el que confía menos del 30% de
la población, un sistema de justicia lento e impredecible y partidos políticos
frágiles y dependientes de figuras individuales y caudillos son solo algunos
ejemplos de la precariedad institucional que
aún hoy –pese a ser un país más de cinco veces más rico que en 1992– padece el
Perú. Y son justamente estas fallas estructurales las que permiten la
subsistencia y proliferación de otros males como la corrupción y la
inseguridad. Según el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial,
nuestro país se encuentra en el tercio superior a nivel global en cuanto a
entorno macroeconómico, pero en el tercio inferior respecto a la calidad de
sus instituciones.
Fue por ello tan relevante que, ante la
incapacidad o falta de voluntad de nuestros representantes políticos de lograr
avances en esta materia, recientemente la Asociación Civil Transparencia haya
presentado ante las autoridades –con el respaldo de más de 56.000 firmas
ciudadanas entregadas al Congreso la semana pasada– un documento con 32
propuestas de reforma institucional.
Dicho paquete –bautizado como Plan 32– se dividió en cuatro ejes fundamentales:
funcionamiento del Congreso, sistema de justicia, transparencia en la
administración pública y sistema electoral.
Entre lo más destacado del primer eje se
propone que los miembros de las comisiones parlamentarias sean elegidos por
tres años, de modo que puedan especializarse y el trabajo de estos grupos sea
más continuo. En el mismo sentido, que se reduzca el número de trabajadores de
confianza que laboran con congresistas para favorecer que profesionales de
carrera puedan trabajar de forma permanente en las comisiones. También se
plantea la creación de una oficina de estudios económicos que evalúe el impacto
de cada iniciativa legislativa, y que cuando un congresista sea condenado por
un delito cometido antes de asumir su cargo, su inmunidad se levante
automáticamente.
Para reformar el sistema de justicia se
sugiere, entre otras cosas, cambiar la forma de elección de los miembros del
Consejo Nacional de la Magistratura –la vigente ha permitido diversas
irregularidades– y reducir la carga procesal de la Corte Suprema de Justicia a
través de la figura del ‘certiorari’ (que esta instancia decida de oficio
revisar cualquier caso que considere importante). En cuanto a la transparencia,
se propone la creación de una autoridad verdaderamente autónoma y supervisora
del resto de instituciones públicas –algo que la dirección recientemente creada
por el Ejecutivo no puede hacer–, así como reformar las normas de gestión de
intereses para clarificar y separar las prácticas legítimas de las prohibidas.
Finalmente, en cuanto a reformas electorales,
el Plan 32 propone prohibir que personas con condenas firmes por delitos graves
–como terrorismo o narcotráfico– puedan ser candidatas, exigir que los partidos
realicen sus elecciones internas con la supervisión de los organismos
electorales y eliminar el dañino voto preferencial.
Ninguno de estos cambios, por sí solo,
lograría una mejora significativa. Y aun cuando el Plan 32 omite algunas
reformas trascendentales –como la creación de distritos uninominales para la
elección de congresistas o el voto voluntario–, es claro que la adopción
integral de estas propuestas tan básicas sería un paso adelante para empezar a
revertir la precariedad de nuestras instituciones.
Por décadas, nuestros políticos se han
preocupado por resolver lo inmediato postergando lo importante y, ahora,
urgente. Ante su inacción (sea por pasividad o por conveniencia), es alentador
que sea un sector de la sociedad civil el que impulse una agenda de
reforma institucional, ante
lo cual nos queda exigir a las autoridades que dejen de enviar a los caballos
detrás de la carreta.
