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Interceptados
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
El narcotráfico es la raíz de los dos problemas
más urgentes y apremiantes para el pueblo peruano: la inseguridad y la
corrupción. El narcotráfico corrompe funcionarios, policías, fiscales, jueces,
y canjea droga por armas que van a manos de la delincuencia organizada.
Pero el tema no mereció una línea en el
mensaje presidencial. El énfasis estuvo en la economía que, sin embargo, tiene
un rumbo trazado. Es en el primer piso del edificio, no obstante, sobre el que descansa
la economía, donde está la falla. ¿Quién invertiría masivamente en un país que
no controla su territorio?
Al respecto, la página web defensa.com ha publicado
el pasado 7 de julio una información que pondrá a prueba la política del gobierno
que se inicia sobre todo el tema.
Hoy una vez más es cotidiana la
violación de nuestra soberanía aérea por aeronaves que vienen de Bolivia y de
Brasil a recoger droga. Los expertos reconocen hoy casi unánimemente que la única
política que ha funcionado realmente contra el narcotráfico es la interceptación de esas narcoavionetas. A
mediados de la década de los 90, esta permitió reducir a menos de la tercera
parte el área sembrada de coca en el Perú. El secreto del éxito fue basarse en
la ley de la oferta y la demanda. La interceptación redujo la demanda al
disminuir radicalmente el número de vuelos. Al caer la demanda y permanecer la
oferta constante, el precio se derrumbó y los cocaleros se pasaron a otros
cultivos. Las estadísticas las conocen todos, pero son sistemáticamente escamoteadas.
La política de interceptación, sin embargo, se
interrumpió quince años atras, a raíz del derribamiento por error, durante el
gobierno de Alejandro Toledo, de la avioneta de un misionero religioso norteamericano
y su familia. A raíz de esto, el Congreso norteamericano aprobó una ley que prohíbe
“proporcionar asistencia, inteligencia o apoyo a la interdicción letal aérea” en
otros países.
Quince años después, el área sembrada se ha
duplicado y el Perú es el primer productor de cocaína del mundo. Ante la brutal
recaída, cinco
años atrás el almirante y congresista Carlos Tubino presentó un proyecto de ley
para retomar la política de interceptación. El 29 de agosto de 2015, el Congreso
del Perú aprobó la Ley 30339,
de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional. La norma contiene un protocolo detallado para la intervención,
de manera de evitar todo peligro de error, que consiste en una serie detallada
de preavisos, incluyendo órdenes visuales de aterrizaje antes de una
advertencia adicional con disparos al aire.
La página web defensa.com informa al respecto
que el Perú adquirió de Corea 20 aviones KT-1P ‘Torito’, coproducidos por Korean
Aircraft Industries y la FAP en una planta en Las Palmas. Actualmente, la FAP contaría
ya con 14 ‘Toritos’ en la base aérea de Pisco.
No obstante, la ley es ignorada y la política
de interceptación no se aplica.
Según información extraoficial a la que esa
publicación dice haber tenido acceso, el gobierno de EEUU estaría “retrasando
la entrega del sistema de cabina digital Cockpit 4000, incluida la computadora
de ataque y la de los equipos de navegación táctica TACAN RT-1634(V), de
fabricación norteamericana, destinados a los últimos cuatro KT-1P ‘Torito’. No
es eso todo. Añade que “aparentemente, la medida –notificada por KAI a la
Fuerza Aérea del Perú a principios de mayo– implica un bloqueo a la expedición
de las respectivas licencias de exportación” a otros países del área de los aviones coreanos fabricados en el Perú.
Según la publicación, la razón sería la
disconformidad del gobierno americano “con la Ley de Control, Vigilancia y
Defensa del Espacio Aéreo Nacional (Ley 30339), aprobada el 29 de agosto de
2015, que permite a la Fuerza Aérea del Perú interceptar y derribar, de ser el
caso, a las aeronaves dedicadas al Tráfico Ilícito de Drogas (TID)”. La situación habría generado ya un retraso al programa
de fabricación de los aviones.
Independientemente de quién gane las
elecciones norteamericanas en noviembre, entonces, el gobierno de PPK va a tener que negociar con
Washington el cambio de su política antidroga para que el Perú pueda
ejecutar la suya. Esto va a poner a prueba al gobierno de PPK en una decisión
política crucial para atacar la corrupción y la inseguridad en el Perú.
Pero sobre esto no hubo en el Mensaje ni una sola palabra.
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