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MEDIA COLUMNA
Rumbo de colisión
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Mientras el gobierno se
prepara para ir esta semana al Congreso a pedir el voto de confianza para el Gabinete
Zavala, y también la siguiente a solicitar facultades delegadas para legislar,
la izquierda radical alista ya una asonada para detener la producción de Las
Bambas.
Las comunidades de Allahua,
Choquecca, Quehuira y Pumamarca, del distrito de Tambobamba en Cotabambas, tienen
tomada desde el pasado viernes la carretera que lleva a la mina.
El
argumento de los comuneros es que la empresa china MMG, que tiene la concesión
de Las Bambas, ha construido esa carretera en tierras comunales sin haber firmado
con las comunidades en el camino un contrato de servidumbre de paso.
“Estamos
tragando polvo por meses sin ningún beneficio", dice el presidente de la
comunidad de Quehuira.
Desde luego, la
pregunta que cae por su peso es si esos comuneros tienen título de propiedad de
sus tierras comunales y no solo posesión ancestral de las mismas.
Porque, sin título,
no hay contrato que valga ante la autoridad judicial. Y en esas condiciones no habrá
contrato por temor a que carezca de validez.
Hay seis mil
comunidades andinas y dos mil amazónicas, aproximadamente. La titulación de las
tierras comunales en los Andes y en la Amazonía es la piedra fundacional de su derecho
de propiedad.
Sin propiedad, no hay
ciudadanía, ni puede haber desarrollo alguno sobre cimientos firmes.
No hay nada más justo
ni más lúcido y racional que el reclamo de un contrato, que en el fondo es un clamor
por un título y por el derecho de propiedad.
La instrumentación política
de ese justo reclamo, sin embargo, para el fin de paralizar la inversión en el
país, es un acto que el Estado no puede tolerar sin menoscabo de la su primera
obligación, que es la seguridad no solo ciudadana sino jurídica.
Frustrar un proyecto minero
gigantesco como Conga o Tía María, u obstruir la construcción de una represa
para irrigar las tierras del proyecto Majes-Siguas, le resta ingresos futuros al
Perú. Paralizar una enorme mina ya en plena producción, como Las Bambas, en cambio,
le quita al Perú un ingreso presente ya presupuestado, lo que agrava tremendamente
el déficit fiscal heredado del gobierno humalista, que se encuentra casi fuera
de control.
Esta es, pues, otra
de las minas sembradas por ese gobierno con mecanismo calculado para estallar en
tiempo diferido.
Estamos avisados. El gobierno
de PPK, quiera o no, se encuentra ya en curso de colisión con el antisistema radical
de izquierda, que se he propuesto paralizar el Sur del país y al que las lunas
de miel le importan un bledo.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
La República
Desde el viernes pasado,
los comuneros de Allahua, Choquecca, Quehuira y Pumamarca, del distrito
cotabambino de Tambobamba, ocupan la carretera que va hacia la mina Las Bambas, en el sector de Antuyo, al considerar
que con su edificación se han atropellado sus derechos.
"La empresa MMG ha construido esta vía a nuestras
espaldas en territorios comunales y sin tener expediente técnico. Tampoco ha
celebrado contrato de servidumbre de uso con nosotros. Estamos tragando polvo por
meses sin ningún beneficio", reclamó el presidente de la comunidad de
Quehuira, Raymundo Letona.
El dirigente dijo que lo
que están haciendo es reivindicar sus tierras, amparados en el acuerdo
municipal 236 de Cotabambas, que les faculta recuperar sus territorios
ancestrales.
Letona también denunció
que un contingente policial llegó el viernes a Quehuira y prendió fuego a sus
praderas, lo cual generó más reacciones airadas.
La República
Pobladores del valle arequipeño
de Tambo, provincia de Islay, recordaron al presidente Kuczynski que la construcción
de la represa de Paltiture es en compensación a la disminución del caudal del
río Tambo direccionado a la represa Pasto Grande, de Moquegua, y que Paltiture debe
servir para ampliar la frontera agrícola del valle.
También se reafirmaron en la
cancelación del proyecto minero Tía María.
Jorge del Carpio dijo que el
diálogo con el mandatario debe darse en el valle de Tambo y de acuerdo al
compromiso de PPK de respetar la decisión del pueblo.
La República
El ministro de Transportes
y primer vicepresidente, Martín Vizcarra, manifestó que el mandatario Pedro
Pablo Kuczysnki (PPK) podría dirigirse a la zona afectada por el sismo en
Arequipa, si resulta "necesario". “Si es necesario, irá. No está
definido", dijo a RPP.
También admitió que la
ayuda tardó en llegar a Arequipa -los helicópteros aterrizaron alrededor del
mediodía del lunes de Caylloma y el sismo se produjo a las 10 p.m. del domingo-
debido a la falta de organización en los servicios de emergencias del
Ejecutivo. Según explicó, los helicópteros tardaron en partir porque faltaban
pilotos.
El Comercio
Ricardo Vásquez Kunze
(…)
…el trabajo
de PPK –que ha consistido hasta hoy en posicionarse como líder y motivador de
un país que estaba perdiendo la confianza en sí mismo– ha dado resultado
(apenas un 15% no precisa si aprueba o no al gobierno, contra un 64% que lo
aprueba y 21% que lo desaprueba)
(…).
El Comercio
Un día
después de ser designado como primer ministro, Fernando Zavala ya
tenía en claro los ejes del discurso con el que este jueves buscará obtener el
voto de confianza del Congreso. El economista, según detalló a El Comercio, busca concretar consensos
mínimos con las bancadas del Parlamento, en especial con Fuerza Popular.
“Tengo
tres ejes temáticos para lograr consensos con el resto de fuerza políticas”,
dijo Zavala Lombardi a este Diario hace cinco semanas.
Uno de
los lineamientos es la seguridad ciudadana, cuya atención, de acuerdo al jefe
del Gabinete, es “un clamor popular”. En aquella oportunidad, Fernando Zavala indicó que el
gobierno ejecutará un plan para contar con más agentes de la Policía Nacional
para el patrullaje en las calles; para reforzar la inteligencia policial; y
para mejorar la situación de las cárceles del país.
El
segundo eje de su exposición, agregó el primer ministro, será el empleo y la
generación de oportunidades. “El 70% de los trabajadores en el Perú dependen de
las mypes, por lo que tenemos que lograr condiciones para que estas se
desarrollen, se formalicen y entren en un proceso de encadenamiento con la
mediana y gran empresa”, explicó.
El
tercer punto, según detalló Fernando
Zavala, es la mejora de los servicios que brinda el Estado a los
ciudadanos.
Para
que el Gabinete Ministerial logre la investidura requiere del respaldo de más de
la mitad de los congresistas. Es decir, 66 votos. Con 73 parlamentarios, el
fujimorismo tiene la sartén por el mango.
El Comercio
El cuco de la reforma laboral
Víctor Ferro
Las primeras acciones del gobierno de Pedro
Pablo Kuczynski confirman lo que ya se avizoraba durante la campaña electoral:
no hay planteamientos concretos que busquen reformular nuestra rígida
legislación laboral. Tampoco es que el plan de gobierno de Peruanos por el
Kambio haya aportado propuestas audaces en esta materia, más allá de sustituir
la CTS por un seguro de desempleo aplicable únicamente a los nuevos
trabajadores.
La CTS, sin embargo, no es el problema
central de nuestro ordenamiento laboral. El meollo de nuestra rigidez se
explica, primeramente, por el particular criterio de magistrados del Tribunal
Constitucional (TC) del 2002, que nos retrocedió a un régimen de estabilidad
laboral cuasi absoluta en el que prima la reposición forzosa. Ello pese a que
se ha demostrado hasta la saciedad que, ante el despido ilícito, la
reinstalación no corresponde a un mandato de nuestra Constitución.
Ante la renuencia del TC a enmendar esta
situación, se debe evaluar una enmienda constitucional que establezca que, en
caso de afectación del derecho al trabajo –u otros derechos– como resultado de
la terminación de la relación laboral por iniciativa del empleador, corresponde
exclusivamente el pago de la indemnización que fije la ley y que la reposición
solo proceda ante despidos discriminatorios. Esta enmienda permitiría también
salir al frente de desconcertantes criterios jurisprudenciales que vienen
ordenando reparaciones extraordinarias por el daño moral derivado del
“sufrimiento” que causa la desvinculación laboral.
(…)
En lo relativo a los ceses colectivos, la
rigidez alcanza ribetes kafkianos. De acuerdo con la ley, estas desvinculaciones
requieren de la autorización expresa del Ministerio de Trabajo, con cargo a que
el empleador demuestre la causa objetiva que las justifica. Sin embargo, salvo
en casos de desastres naturales, esta cartera no emite esas autorizaciones. La
razón es sencilla: el costo político de autorizar ceses colectivos es
particularmente alto para cualquier ministro de Trabajo y estos suelen ser
particulares defensores de la estabilidad laboral… pero de la propia. Así,
estas decisiones deberían sustraerse de la determinación política de este
ministerio y trasladarse a tribunales arbitrales independientes.
El ránking de Competitividad Global 2015-2016
elaborado por el Foro Económico Mundial sitúa al Perú en la posición 133 de 140
países respecto a “prácticas de contratación y cese”. Es decir, ocupamos uno de
los niveles más altos de rigidez en esta materia. Por ende, no puede obviarse
que este es uno de los factores que incide en nuestra elevada informalidad.
Reducirla a 40% en cinco años –conforme a la meta ofrecida en el mensaje
presidencial– no es un tema que se agote con la atenuación de nuestra rigidez
laboral, pero no por ello debe subsistir esta anómala situación si apuntamos a
adecuarnos a los estándares laborales de la mayoría de economías con las que
competimos.
