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ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
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COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar
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MEDIA
COLUMNA
Propagando el contagio
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Ha
hecho falta que lo diga quien encabeza la mayoría parlamentaria de oposición,
Keiko Fujimori. Esta vez el gobierno haría bien en detenerse y escuchar.
PPK
sabía que este fantasma un día lo alcanzaría un día. Si no, no hubiera salido
del país dejando a otro ministro a firmar el decreto supremo que exoneró a la
Interoceánica del SNIP. En 2006, al final del gobierno de Toledo del que era
premier, PPK tenía conocimiento de que su jefe, el entonces mandatario, empujaba
de manera impúdica un esquema de aprobación apresurada para ese proyecto de la corrupta
empresa brasileña que ya había satelizado a media docena de gobiernos
latinoamericanos, inlcuido el suyo.
Cuando
se firmó el decreto, PPK estaba fuera del país. En su lugar firmó un ministro incauto,
encargado provisionalmente de la cartera. PPK hizo lo posible por zafarse de eso, pero
no renunció, como lo hizo Luis Carranza, entonces viceministro de Economía, en
desacuerdo con esa exoneración. Debido a la renuncia de Carranza, PPK no puede decir hoy que desconocía entonces la gravedad de ese acto de corrupción. No pudo
eludir, en cambio, poner su firma al lado de la de Toledo en la promulgación de
la ley que levantó, el 25 de enero de 2006, la prohibición que impedía a
Odebrecht participar en licitaciones por tener juicios con el Estado peruano.
El entonces premier no podrá alegar que no sabía lo que esa ley traía bajo el
brazo.
Han
pasado diez años de esos hechos, que nunca desaparecieron. Se quedaron atorados
en una alcantarilla hoy colapsada vomitando un miasma pestilente en la cara del
Presidente de la República. PPK no ignoraba que un día esto ocurriría. Pero
tenía un alibí, una excusa plausible con la que se puso a buen recaudo. Sus actos
no fueron delitos, fueron pecados políticos.
No
será procesado judicialmente sino, en todo caso, hasta el final de su período
de gobierno. Lo que sea de su suerte personal después de eso, sin embargo, no
es relevante para el país. Lo grave es que, desde hoy mismo, el presidente de
la República estará atado al pasado, no podrá evitar desfilar por las fiscalías
y las comisiones investigadoras del Congreso a dar su testimonio de los hechos,
el mismo que será minuciosamente contrastado también por la prensa con las versiones
de los investigados y testigos presenciales de ellos.
Y eso
sí va a tener consecuencias en el futuro inmediato del Perú.
Es por
eso que el presidente Kuczynski tiene que salir del estado de coma en que se
halla y cortar hoy por lo sano, asumir solo la defensa de su gobierno en toda esta
materia y liberar así a su gabinete –ya sea el que preside Fernando Zavala u
otro- de toda contagio con este asunto, de modo que, una vez limpio de todo vínculo,
ese grupo humano pueda dedicarse integramente a gobernar sin que las
investigaciones estorben sus decisiones. El sacrificio personal del ex premier es
necesario para que el presidente Kuczynski pueda hoy representar a la nación con
la cabeza en alto, como corresponde a un mandatario.
Cae de
suyo, por lo tanto, que el gobierno no necesitará recurrir a rescindir los
contratos con las empresas –lo que generaría derechos en favor de ellas-. Debe
declararlos nulos e incautar sus activos en el país. Esos fueron actos
jurídicos inválidos y no pueden surtir efectos legales. Son nulos por hallarse
viciados en su origen por la corrupción que, más adelante, será probada en las
investigaciones y a la que fue llevado el Estado peruano como parte por quienes
entonces firmaron en su nombre.
Y cae
por su peso igualmente la necesidad de poner fin de inmediato a todo intento de
esas empresas de disfrazarse detrás de otras denominaciones o de canjear información
o dinero a cambio de que se les permita seguir operando en el país. “Una
persona jurídica no puede ser un colaborador eficaz”, ha dicho hoy con toda
claridad la cabeza de la mayoría parlamentaria de oposición. Que el gobierno
escuche.
Esta
es una decisión política. La única que puede rescatar a este gobierno en el
futuro del contagio de la corrupción. No importa el costo que pueda tener el
año que tome volver a licitar el Gasoducto que el país necesita. Es preferible
eso en vez de seguir adelante con un proyecto contaminando para terminar
licitando de nuevo más adelante y habiendo incurrido el gobierno en nuevas responsabilidades
penales por desconocerle. No importa el
costo que pueda tener para el crecimiento de la economía cuando se trata de una
decisión política.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
MENU DEL DIA
ü Keiko Fujimori a PPK: “No permita que
empresas comprendidas en estos actos de corrupción y en la entrega de coimas
sigan operando o vendiendo sus activos. O lo que es peor, que pretendan
participar en nuevas concesiones. Ese es un agravio al Perú que considero
inaceptable… No existe colaboración eficaz para personas jurídicas”
ü
Pese a que Odebrecht vendió la empresa Rutas de Lima a
Brookfield a mediados de 2016, indicios hallados por Peru21 revelan que el
control aún estaría en manos de la firma brasileña
ü
La
República: las firmas peruanas que se consorciaron con Odebrecht,
como Graña y Montero, serían
solidariamente responsables con la empresa brasileña
ü Aldo Mariátegui: “Escandalosa la complicidad de constructoras
locales grandes con sus corruptos colegas brasileños… ¿No sabían de la
sobrevaloración de las obras, cómo se conseguían “milagrosamente” los
contratos…? Allí hay corresponsabilidad y también mucho silencio escandaloso de
la prensa”
ü
Mirko
Lauer: “Son dos los factores que están calentando las brasas de la indignación:
las acusaciones no cesan de llegar y tocan, de lleno o de refilón, a cada vez
más personas; todavía nadie importante ha ido a parar entre rejas”
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El
Comercio
Keiko
Fujimori, lideresa de Fuerza Popular,
sostuvo que el Ejecutivo, encabezado por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski
(PPK), debe actuar de manera "proactiva" en el caso de empresas
brasileñas que entregaron coimas a funcionarios para obtener licitaciones de
obras públicas en el Perú.
A través de un video compartido en la cuenta de YouTube de su partido,
la ex candidata presidencial recordó que el 27 de diciembre del 2016, su
bancada presentó la Moción de Orden del Día 1433, en la que se exhortó al
gobierno a “tomar las acciones necesarias para preservar los intereses de la
Nación”.
“No permita que empresas comprendidas en estos actos de corrupción y en
la entrega de coimas sigan operando o vendiendo sus activos. O lo que es peor,
que pretendan participar en nuevas concesiones. Ese es un agravio al Perú que
considero inaceptable”, señaló Keiko
Fujimori a PPK.
En ese
sentido, la lideresa de Fuerza Popular invocó al Poder Judicial y al Ministerio
Público “a actuar con la celeridad que el caso amerita” para que se tomen
acciones concretas respecto a las empresas brasileñas y funcionarios peruanos
que habrían incurrido en actos de corrupción.
“En
Colombia, por ejemplo, frente a la existencia de pruebas, ya hay detenciones de
personalidades del mundo político, lo que demuestra acciones específicas más
allá del discurso y la declaración pública”, mencionó Keiko Fujimori.
“Es
necesario que los acuerdos que se celebren, siempre se ajusten a las leyes
vigentes. No existe colaboración eficaz para personas jurídicas. Exhortamos a
la fiscalía de la Nación a colaborar con el Congreso, compartiendo la
información que ya es pública en otros países”, pidió.
Asimismo,
afirmó que en la Comisión Lava Jato del Congreso de la República se encuentran
representadas todas las fuerzas políticas, y que dicho grupo es presidido por
Fuerza Popular.
En ese
marco, dijo que su agrupación está comprometida con la búsqueda de la verdad y
la lucha contra la corrupción “sin mirar el partido, nombre y apellido, cargo o
función, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Finalmente, Keiko Fujimori pidió que la
prensa actúe con responsabilidad en el deber de informar respecto a este caso.
“Esta es una oportunidad para que el periodismo peruano exhiba veracidad y
objetividad”, exhortó.
ESTA NOCHE (tomado de Peru21)
¿Cuál
es la relación (entre Odebrecht y el fondo canadiense Brookfield)? Veamos. La
historia arranca en 2010. El consorcio Líneas Viales de Lima, conformado por
Odebrecht, propuso al alcalde de Lima, Luis Castañeda, el proyecto “Vías Nuevas
de Lima” con el objetivo de administrar los peajes en las vías Panamericana
Norte, Sur y Ramiro Prialé a cambio de realizar obras de mejoramiento y
mantenimiento. Ello ocurrió el 16 de abril de 2010.
En
2013, luego de tres años de negociaciones y sin concurso público, la alcaldesa
de Lima, Susana Villarán, decidió otorgarle la concesión por 30 años a Rutas
de Lima (RDL), que se comprometió a invertir un estimado de US$498
millones en las vías concesionadas.
Cuando
Odebrecht ya se encontraba en complicados procesos judiciales en Brasil y sus
principales directivos apresados, la firma comunicó, el 24 de junio de 2016,
que vendió el 57% de su participación en RDL al fondo canadiense Brookfield. El
monto de la transacción habría sido US$500 millones, estimado por el economista
Juan Mendoza.
De
esta forma, Odebrecht se quedó con 25% y Sigma SAFI con el 18% de las participaciones.
Según
Mendoza, en los tres años, RDL aumentó
en 66% los peajes sin mejorar el servicio, habiendo invertido no más de US$250
millones. Habría ganado entonces unos US$250 millones en tres años, “una tasa
de rentabilidad absolutamente inusual en los negocios privados honestos”,
explica.
¿Pero
quién administra realmente Rutas de Lima y los peajes actualmente? Pese a que
Odebrecht oficialmente se quedó solo con el 25% desde mediados del año 2016,
hay indicios hallados por este diario que revelarían que el control aún estaría
en manos de la firma brasileña.
Según
la partida electrónica 12934026, inscrita en la Sunarp, Rutas de Lima SAC inscribió un acuerdo de asociados
de fecha 11 de enero de 2016, a través del cual revoca los poderes legales de
Guilherme Borges –firmante del contrato de concesión en el 2013– y se lo otorga
a Jorge Barata, hasta el 18 de enero de este año (el cual no había sido
revocado aún hasta el 12 de enero).
El
mismo 11 de enero, RDL también
les dio mandatos y poderes a sola firma a los brasileños Felipe Ferreira Neves
y Raúl Pereira Neto; este último fundó la empresa RDL el 13 de octubre de 2012. Es
decir, en la actualidad, los tres ejecutivos –vinculados a Odebrecht– continúan
con dichos poderes y a cargo de las operaciones de la concesionaria RDL.
Sonia
Donayre, portavoz de Odebrecht, negó a Perú21 que la transnacional brasileña
continúe con las operaciones de RDL, pero no supo qué responder
cuando se le preguntó sobre la continuidad de los ejecutivos y con poderes
vigentes.
Sin
embargo, Antonio Gómez, de RDL, confirmó a Perú21 que Ferreira
Neves sigue a cargo de la gerencia de operaciones y como apoderado. En tanto,
Pereira Neto continúa como gerente general de RDL.
Explicó que esta situación obedece a que el departamento legal aún viene
realizando los trámites de cambio de titularidad ante la Sunarp y Sunat. No obstante,
llama la atención la demora, pues ya han transcurrido siete meses desde que se
realizó la transacción financiera con Brookfield.
Por
otro lado, Odebrecht Perú Peajes SAC consigna
–según ficha registral 13524447, inscrita en Sunarp– como presidente del
directorio a Jorge Barata y como apoderados a Ferreira Neves y Pereira Neto,
los mismos que ocupan cargos en RDL y
en Odebrecht Latinvest Peru SAC.
Hasta
hace unos días, Perú21 pudo constatar que las obras civiles en el cruce de la
Panamericana Norte con la avenida San Genaro, en Los Olivos, como parte de
mejoramiento de vías, se mantenían en marcha. Sin embargo, la novedad fue que
los trabajadores continuaban utilizando uniformes de la empresa Odebrecht.
La
República
La Contraloría
General de la República detectó presuntas
irregularidades en tres obras públicas en las que la compañía brasileña Odebrecht ganó las licitaciones en
consorcio con otras empresas.
De comprobarse que se
cometieron ilícitos con la finalidad de obtener los contratos
con el Estado,
o durante la ejecución de las edificaciones, todos los componentes del
consorcio serían responsables y pagarían solidariamente las eventuales
reparaciones económicas que fijen las autoridades judiciales, dijeron las
fuentes del ente fiscalizador.
Las firmas peruanas que se
consorciaron con Odebrecht son el Grupo Graña y Montero,
Compañía San Martín, y la de capitales españoles Enagás Perú.
Estas empresas se
encuentran involucradas en las auditorías practicadas por la Contraloría,
informaron las fuentes.
Odebrecht y sus asociados
causaron un perjuicio económico en agravio del Estado que supera los 250
millones 975 mil dólares,
como resultado de las irregularidades que se identificaron en las tres obras
públicas en las que intervinieron, precisaron las fuentes.
El Grupo
Graña y Montero,
Compañía San Martín y Enagás estuvieron consorciadas con Odebrecht en los
proyectos Gasoducto Sur Peruano,
Tramo 1 del Metro de Lima e Interceptor Norte.
Con Grupo
Graña y Montero,
Odebrecht formó el consorcio Tren Eléctrico Lima, y obtuvo la buena pro del
proyecto Metro de Lima, Tramo 1, Línea 1, 2009, durante el segundo gobierno de
Alan García.
Esta obra requirió una
inversión de 410 millones de dólares, y el presunto perjuicio económico
detectado fue de 111
millones 296 mil dólares,
según los auditores de la Contraloría.
Además, el Estado
favoreció a Odebrecht y Grupo Graña y Montero
con la exoneración indebida del pago de penalidades por incumplir acuerdos en
dos ocasiones, la segunda por 50 millones
921 mil dólares,
según reportes de la Contraloría.
Odebrecht Latinvest obtuvo
la buena pro del Gasoducto Sur Peruano en consorcio con Enagás en el 2014. Un
año después, Grupo Graña y Montero tomó una participación del
20% en el capital social del consorcio, con una inversión aproximada de 215
millones de dólares.
La Contraloría señaló que
la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) cometió
irregularidades en el proceso de promoción del gasoducto.
La primera de estas fue la
descalificación en la licitación del Consorcio Gasoducto
Peruano del Sur,
integrado por las empresas GDF Suez, Sempra, Techint y TGI, así como la
aprobación de bases que no permitieron determinar propuestas técnicas
superiores.
La República
El Ministerio Público y el Poder Judicial evalúan, por lo menos, 28 informes
elaborados por la Contraloría General de la República sobre concesiones que
obtuvieron en el Perú cinco de las empresas vinculadas a la corrupción, entre
las que se encuentran Camargo
Correa, OAS, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao.
Las cuatro constructoras
brasileñas lograron concesiones por 4
mil 609 millones de dólares entre
2004 y 2015.
“No es solamente Odebrecht”,
explicó el contralor general, Édgar Alarcón Tejada, a La
República, consultado por los tentáculos del caso Lava Jato en el Perú.
Los resultados de los
informes de Contraloría serán presentados por Alarcón a la Comisión Lava Jato del Congreso entre el miércoles y el jueves de esta
semana. “Entre todas (las empresas), sobrepasan fácilmente los 40 contratos en
los últimos 15 años y en Contraloría tenemos alrededor de 28 auditorías con
valiosa información”, detalló Alarcón.
Camargo Correa, una de las
empresas constructoras más grandes de Brasil, ganó la buena pro en el Perú de
proyectos por 987 millones de dólares entre el 2004 y el 2011. Uno de más
importantes es la Interoceánica Sur Tramo 4, que elevó su inversión estimada inicial en 171 %,
al pasar de 244 millones de dólares a 662 millones de dólares. Obtuvo la
concesión de esa obra en consorcio con las también investigadas Andrade
Gutierrez y Queiroz Galvao.
En Brasil, Camargo Correa optó por negociar acuerdos de
colaboración con las autoridades, según reveló la revista Veja en su edición de
la última semana. En la delación participarían 40 ejecutivos de la constructora.
Al menos dos de ellos, Dalton Avancini y Eduardo Leite, ya tienen firmados
acuerdos de delación premiada –confesiones a cambio de beneficios judiciales– y
revelaron pagos de coimas en contratos con Electrobras, Petrobras y Electronuclear.
El domingo pasado, La
República reveló que en el
marco de las investigaciones del caso
Lava Jato, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso
obtuvo información sobre transferencias de dinero presuntamente vinculado a Camargo y Correa, a
una cuenta en Reino Unido de la empresa Trailbridge Ltda, que le pertenece al
empresario y financista del ex presidente Alejandro Toledo, Josef Maiman. La
transferencia sería una coima de Camargo Correa por la obra Carretera Interocéanica 4, según adelantó el fiscal Castro en
conferencia de prensa la semana pasada.
La constructora OAS, por
su parte, ganó la buena pro de obras públicas en el Perú por 1,224 millones de dólares entre el 2009 y 2013.
Entre otros proyectos, se
encargó de la construcción del Centro
de Convenciones de Lima, la sede de la Junta de Gobernadores
del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en octubre de 2015.
En Brasil, el ex
presidente de OAS Léo
Pinheiro fue sentenciado a 16 años y 4 meses de prisión por
delitos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado en agosto del 2015.
La misma sentencia recibió el ex director del área internacional de OAS Agenor
Franklin Magalhães, mientras que otros ejecutivos de esa empresa recibieron
entre cuatro y 11 años de cárcel
Pinheiro y el Ministerio Público de Brasil iniciaron negociaciones para una
colaboración eficaz en marzo del 2016, pero en agosto quedaron suspendidas por
orden del Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot. Hasta la fecha, Pinheiro
está fuera del proceso de colaboración eficaz.
“Si los directivos y
funcionarios de las constructoras brasileñas son condenados por haber pagado
sobornos para obtener obras públicas, corresponde investigar en nuestro país
las actividades de dichas empresas, más aún si existen informes de la Contraloría sobre
presuntas irregularidades”, dijeron fuentes del Ministerio Público relacionadas con el caso Lava Jato.
Cuando estalló el
escándalo de corrupción, en un principio las constructoras
negaron haber pagado coimas, pero conforme avanzaron las
investigaciones, en algunos casos, aceptaron confesar.
La firma Queiroz Galvao ganó
la buena pro de ocho proyectos en el Perú por 1,018 millones de
dólares entre 2005 y 2014.
En Brasil, el ex
presidente y el ex director de la compañía Colares Filho y Othon Zanoide de
Moraes, respectivamente, son acusados de pagar coimas para asegurarse negocios
con la petrolera estatal Petrobras, además de vincularse con
terceros para inflar costos y obtener mayores ganancias con las licitaciones.
Ambos tienen prohibido
salir de Brasil, son obligados a usar tobillera electrónica y
asistir a todos los actos del proceso a los que sean llamados.
Colares Filho es acusado
por la Policía Federal de lavado de dinero, corrupción,
organización criminal y por querer obstruir la operación policial Lava Jato.
Entre las principales
obras ejecutadas por Queiroz Galvao en el Perú están la avenida Néstor Gambeta,
en 2014, por más de 278 millones de dólares, en consorcio con la constructora
Andrade Gutierrez.
La Contraloría auditó el
proyecto y encontró al menos cinco irregularidades, por lo que derivó un
informe a la Fiscalía
Anticorrupción del Callao, que aun investiga el caso de
presunta corrupción, según confirmaron fuentes del Ministerio Público a este
diario.
La Fiscalía Anticorrupción
del Callao incluyó
al gobernador de esa jurisdicción, Félix Moreno, y a otros diez funcionarios en
las investigaciones.
En setiembre de 2016, el
ex presidente de la contratista brasileña Andrade Gutierrez, Otávio Marques de
Azevedo, y un ex funcionario de la misma casa, Flavio David Barra, fueron
sentenciados por el Séptimo
Juzgado Penal Federal a
18 y 15 años de prisión domiciliaria, respectivamente, por los delitos de
blanqueo de dinero, cohecho y participación en una organización delincuencial.
Marques de Azevedo y David
Barra fueron encontrados culpables de irregularidades en torno al caso Lava Jato. En
el Perú, la firma brasileña logró contratos por 1,199 millones de soles, y
obtuvo, en consorcio con Odebrecht y Graña y Montero, la concesión de la Interoceánica Norte por
258 millones de dólares.
“El esquema de corrupción
no fue exclusivo de Odebrecht sino de otras constructoras
brasileñas más,
varias de las cuales obtuvieron millonarios contratos en Perú. Esperamos que
con las confesiones de los que se han acogido a la llamada ‘delación premiada’,
en nuestro país establezcamos si dichas prácticas ilegales se aplicaron para la
obtención de contratos con el Estado”, informaron las fuentes del Ministerio
Público.
La mayoría de auditorías
de la Contraloría han
identificado dos formas de probable corrupción: en el proceso de adjudicación
de las obras públicas mediante el llamado “direccionamiento de la licitación”,
y durante la ejecución de las obras al incrementar sucesivamente el monto
original con las llamadas “adendas” a los contratos.
“Se pagaban sobornos para
ganarse sin mérito una obra pública o para sobrevalorar los costos del
proyecto”, precisaron las fuentes.
Expreso
Uno de los documentos la
autoriza a viajar con los tres niños del matrimonio dentro y fuera del país, lo
que es sintomático ahora que el caso Odebrecht está al rojo vivo.
En
un enérgico requerimiento, el fiscal de lavado de activos, Germán Juárez
Atoche, demandó ante el juez Richard Concepción Carhuancho que se le fije al
investigado expresidente Ollanta Humala Tasso un permiso expreso de dicho
magistrado en caso de que este último intentase viajar al extranjero, por
existir el peligro latente de fuga de este “para burlar la acción de la
justicia”.
De
la misma manera, el permiso de un hipotético traslado de Humala al extranjero
deberá estar refrendado por el despacho del magistrado Concepción Carhuancho
(con conocimiento del fiscal Juárez), documento que deberá presentar
necesariamente el interesado en la Superintendencia Nacional de Migraciones.
El
pedido del representante del Ministerio Público fue realizado en la Sala Penal
Nacional, donde Juárez Atoche expuso este lunes el argumento principal de su
pedido: dos poderes notariales gestionados entre noviembre y diciembre último
por Humala y su esposa, Nadine Heredia, donde en uno de ellos aparece dándole
facultades a la ciudadana Rosa Elena Heredia Mendoza, para que esta se traslade
a cualquier lugar con los hijos de la “ex pareja presidencial”.
En
el documento notarial, se observa que Heredia Mendoza –prima de la ex primera
dama– está autorizada a viajar con los tres hijos de dicho matrimonio al
interior del país y fuera de este, hecho que el fiscal Juárez ha considerado
bastante sintomático ahora que se ha empezado a conocer el “modus operandi”
mafioso de Odebrecht y otras empresas brasileñas para hacerse de obras públicas
de infraestructura en el Perú.
Por
las razones anotadas, y, al igual que en el caso anterior respecto a Nadine
Heredia, visto la semana pasada, el fiscal Juárez ha dicho que no solo hay que
dejar las cosas en un previo aviso del viaje al juez Concepción Carhuancho y al
fiscal Juárez Atoche –como hizo anteriormente la esposa de Humala antes de
viajar a Europa, en octubre último–, sino que debe tener necesariamente el
permiso del magistrado de investigación preparatoria.
Finalmente,
el juez Concepción anunció que su despacho dará a conocer su resolución a las
partes interesadas en el transcurso de los próximos días.
El
Comercio
La
empresa Odebrecht habría entregado US$3 millones
para financiar la campaña de Ollanta Humala, según informó el diario brasileño
“Folha de Sao Paulo”.
La
entrega del dinero habría sido autorizada por el ex presidente brasileño Luiz
Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja que la empresa tenía con el
Partido de los Trabajadores, la cual era manejada por el ex ministro Antonio
Palocci, conocido como ‘Italiano’.
La
suma de los US$ 3 millones constaría en la planilla manejada por el ‘Italiano’,
encontrada en el correo del área del pago de sobornos de Odebrecht en el sector
de Operaciones Estructuradas. En el documento, el valor del dinero está al lado
de la cita “Proyecto OH”. El asunto fue abordado por los ejecutivos de
Odebr
echt
en el acuerdo de delación firmado en Brasil recientemente.
El
procurador anticorrupción, Amado Enco, se reunirá esta semana con
representantes de Odebrecht para discutir el monto y las condiciones de pago de
una eventual reparación civil que esa compañía debe hacer.
El
Comercio
El
ex presidente Alan García anunció, mediante una carta, que
se pone a disposición de la comisión del Congreso que investiga las implicancias
del Caso Lava Jato en el Perú.
"Les
expreso mi voluntad y solicitud de asistir en el momento en que lo crean
conveniente ante su comisión, como lo haré ante el Ministerio Público y el
Poder Judicial", escribió Alan García en una misiva que compartió en las
redes sociales.
En
otro mensaje, Alan García escribió: "En el gobierno no
tuve hermanos, tíos ni suegra. Mi vida y obra están abiertas a toda
investigación judicial y congresal". De esta manera, aludió a los ex
presidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo.
Miembros
de la Comisión Lava Jato han expresado que el lapso a
investigar no se restringe a los últimos tres gobiernos sino intentará abarcar
todas las operaciones de constructoras brasileñas en el país.
El
Comercio
Entrevista
a Jorge del Castillo
—
Usted dijo que la Ley 28670- que habilitó a las empresas que tenían juicios con
el Estado a participar en la licitación de obras públicas- le abre las puertas
a Odebrecht al proyecto de la carretera Interoceánica. ¿Si esta norma dada en
el gobierno de Toledo era perjudicial, por qué cuando usted fue primer ministro
no la derogó?
Porque simple y llanamente no nos percatamos de esa ley en ese tiempo, uno no está revisando toda la legislación anterior, necesariamente. También podría decir: “Y por qué la prensa no lo dijo”. Resulta que eso también se les pasó. Esa norma fue dada por el gobierno de Toledo y no solamente habilitó a Odebrecht, también a Graña y Montero.
Porque simple y llanamente no nos percatamos de esa ley en ese tiempo, uno no está revisando toda la legislación anterior, necesariamente. También podría decir: “Y por qué la prensa no lo dijo”. Resulta que eso también se les pasó. Esa norma fue dada por el gobierno de Toledo y no solamente habilitó a Odebrecht, también a Graña y Montero.
—
El ex presidente Alan García ha pedido que se den los nombres de los
funcionarios que recibieron las coimas de Odebrecht. ¿No hay un temor en sus
constantes alusiones al caso?
No respondo por terceras personas. Yo qué tengo que ver con lo que dice el señor García.
No respondo por terceras personas. Yo qué tengo que ver con lo que dice el señor García.
—
De los US$29 millones que Odebrecht pagó en sobornos, US$20 millones se pagaron
entre el 2005 y 2008. Abarca un año y medio del gobierno de Alejandro Toledo y
dos y medio de la administración de Alan García. ¿En cuánto puede afectar al
Apra el Caso Lava Jato?
En el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se habla de una importante obra de infraestructura, que parece ser la Interoceánica Sur. Precisamente, [para entregar esa obra] la liberan del SNIP, le dan una ley especial y aumentan el límite presupuestal de 1% a 1,5%. Entonces, esa obra está vinculada a hechos preparatorios previos. Las coimas se pagan a los mismos que arreglaron la operación entre el 2005 y 2006 y les pagan dos años más, no es que se le hayan pagado a gente de nuestro gobierno por esa obra, por lo menos eso no dice el documento.
En el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se habla de una importante obra de infraestructura, que parece ser la Interoceánica Sur. Precisamente, [para entregar esa obra] la liberan del SNIP, le dan una ley especial y aumentan el límite presupuestal de 1% a 1,5%. Entonces, esa obra está vinculada a hechos preparatorios previos. Las coimas se pagan a los mismos que arreglaron la operación entre el 2005 y 2006 y les pagan dos años más, no es que se le hayan pagado a gente de nuestro gobierno por esa obra, por lo menos eso no dice el documento.
—
Las bases de la Interoceánica Sur se dieron en el toledismo, pero su
construcción fue en el segundo gobierno aprista. Entonces, pudo haber
corrupción en ambas fases…
Pudo haber, ¿acaso yo lo estoy negando?
Pudo haber, ¿acaso yo lo estoy negando?
—
Pero usted está diciendo que los US$20 millones por la Interoceánica fueron
entregados solo a funcionarios durante el gobierno de Toledo.
Yo creo que es del gobierno de Toledo todo, ahora si se prueba lo contrario lo veremos.
Yo creo que es del gobierno de Toledo todo, ahora si se prueba lo contrario lo veremos.
—
¿Cree que ningún funcionario aprista recibió coimas por la Interoceánica?
Es posible. Además, los funcionarios [responsables de la Interoceánica] no son apristas, los que han intervenido en este tema en la época del gobierno del Apra no son del partido, ni siquiera los viceministros. Entonces, que sea durante el gobierno aprista no quiere decir que sea responsabilidad del Apra. De esta etapa [del segundo gobierno de García], hay sospechas, pero de otras hay certezas, nombres y hay una confesión escrita que son las agendas [de Nadine Heredia]. Otro punto es que el procurador [Amado Enco] ha dicho que pediría orden de detención contra Toledo, por algo será. Pero para la gran prensa, Toledo no es tan importante.
Es posible. Además, los funcionarios [responsables de la Interoceánica] no son apristas, los que han intervenido en este tema en la época del gobierno del Apra no son del partido, ni siquiera los viceministros. Entonces, que sea durante el gobierno aprista no quiere decir que sea responsabilidad del Apra. De esta etapa [del segundo gobierno de García], hay sospechas, pero de otras hay certezas, nombres y hay una confesión escrita que son las agendas [de Nadine Heredia]. Otro punto es que el procurador [Amado Enco] ha dicho que pediría orden de detención contra Toledo, por algo será. Pero para la gran prensa, Toledo no es tan importante.
—
En el informe del Departamento de Justicia de EE.UU. también se señala que se
pagaron coimas por la Línea 1 del Metro de Lima, obra que se planificó y
ejecutó en el gobierno aprista…
Puede haber [responsabilidad] perfectamente, si hay una imputación de US$ 1.4 millón, alguien lo tiene que haber agarrado.
Puede haber [responsabilidad] perfectamente, si hay una imputación de US$ 1.4 millón, alguien lo tiene que haber agarrado.
—
Usted ha dicho que el Apra no protegerá a ninguna ex autoridad que sea
implicada en el pago de sobornos de Odebrecht. ¿Eso también incluye a los ex
ministros y al ex presidente Alan García?
A todos sin excepción en la medida de que se les pruebe [un delito]. Pero tú no me preguntas una cosa que es muy importante, el contralor [Edgar Alarcón] ha confirmado que [Fernando] Olivera habló con el [fallecido] ex contralor Matute. Él mismo Olivera dijo que logró salvar las observaciones de la Interoceánica Sur y por eso Toledo anuncia la obra el 28 de julio y el 4 de agosto [del 2005] se firma el contrato […] Olivera debe ser investigado, lo he dicho hace semanas y no ha contestado una palabra, debe estar con la consciencia sucia. Él que insulta a todo el mundo, que es un respondón, conmigo arruga.
A todos sin excepción en la medida de que se les pruebe [un delito]. Pero tú no me preguntas una cosa que es muy importante, el contralor [Edgar Alarcón] ha confirmado que [Fernando] Olivera habló con el [fallecido] ex contralor Matute. Él mismo Olivera dijo que logró salvar las observaciones de la Interoceánica Sur y por eso Toledo anuncia la obra el 28 de julio y el 4 de agosto [del 2005] se firma el contrato […] Olivera debe ser investigado, lo he dicho hace semanas y no ha contestado una palabra, debe estar con la consciencia sucia. Él que insulta a todo el mundo, que es un respondón, conmigo arruga.
—
Según el informe Pari, usted se reunió en tres oportunidades con ex jefe de
Gabinete Ministerial brasileño José Dirceu. ¿Por qué lo recibieron en Palacio
de Gobierno si para ese entonces el ex brazo derecho de Lula ya afrontaba una
denuncia por corrupción?
Creo que el informe está equivocado. No, no me reuní con Dirceu, no sé de dónde saca eso Pari, quizás se ha confundido. Una vez vino Lula al Perú y vino con un sequito de personas, de repente Dirceu estaba en ese grupo.
Creo que el informe está equivocado. No, no me reuní con Dirceu, no sé de dónde saca eso Pari, quizás se ha confundido. Una vez vino Lula al Perú y vino con un sequito de personas, de repente Dirceu estaba en ese grupo.
—
Las empresas brasileñas Camargo Correa y OAS están a punto de retirarse del
Perú. ¿Cree que existe lentitud de parte del gobierno para garantizar que
Odebrecht no haga lo mismo?
Camargo Correa le ha pagado al gobierno de Humala, eso está claro y lo dicen las agendas de Nadine Heredia. Ahí está escrito “Camargo Correa” y “el barbudo”, entonces qué hacemos ante esto, son las autoridades fiscales las que han tenido que tomar medidas, como embargar, retener o congelar cuentas, pero están dejando que se vayan.
Camargo Correa le ha pagado al gobierno de Humala, eso está claro y lo dicen las agendas de Nadine Heredia. Ahí está escrito “Camargo Correa” y “el barbudo”, entonces qué hacemos ante esto, son las autoridades fiscales las que han tenido que tomar medidas, como embargar, retener o congelar cuentas, pero están dejando que se vayan.
—
¿Por qué cree que dejan que se vayan?
O no son competentes o están metidos en el cuento, prefiero pensar que no son competentes. Pero sí hay pruebas ostensibles. A Maiman le prueban que ha recibido un dinero [de Camargo Correa] en un banco de Londres y ahí queda la cosa, después esa misma plata aparece en Ecoteva […] Pero hay una obsesión mediática y política de buscar que Alan García sea el responsable o que el Apra sea el culpable. Todo contra el Apra, si es Toledo, si es Maiman, si es Humala, si es el ex ministro Paredes o quién sea, no, ellos no importan, ellos no son apristas. Hay una concentración de esfuerzos contra el Apra en este caso. Eso no significa exculpar al Apra porque si alguien tiene responsabilidad, que la asuma.
O no son competentes o están metidos en el cuento, prefiero pensar que no son competentes. Pero sí hay pruebas ostensibles. A Maiman le prueban que ha recibido un dinero [de Camargo Correa] en un banco de Londres y ahí queda la cosa, después esa misma plata aparece en Ecoteva […] Pero hay una obsesión mediática y política de buscar que Alan García sea el responsable o que el Apra sea el culpable. Todo contra el Apra, si es Toledo, si es Maiman, si es Humala, si es el ex ministro Paredes o quién sea, no, ellos no importan, ellos no son apristas. Hay una concentración de esfuerzos contra el Apra en este caso. Eso no significa exculpar al Apra porque si alguien tiene responsabilidad, que la asuma.
Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
-Escandalosa la sospechosa ineptitud y
lentitud del juez Abel Concha y la Fiscalía con Toledo. Dicen que ordenan la
detención esta semana, pero ya el pájaro voló de madrugada.
-Escandalosa la “generosidad” del PJ de
permitir que Nadine se vaya a Ginebra.
-Escandalosa la cura de silencio de muchos
periodistas y economistas. ¿Muchas consultorías brasileñas?
-Escandalosa la complicidad de constructoras
locales grandes con sus corruptos colegas brasileños: “Solo eran acompañantes
técnicos y no sabían nada de las cutras”. ¿No sabían de la sobrevaloración de
las obras, cómo se conseguían “milagrosamente” los contratos, que era imposible
que la InterSur solo cueste US$800 millones sin estudios de ingeniería? ¿Solo
eran operarios de asfalto y obreros? Allí hay corresponsabilidad y también
mucho silencio escandaloso de la prensa.
-Escandalosas las viñetas de los
caricaturistas Carlín y Molina de LR, que ocultan a Villarán y la izquierda con OAS (Línea
Amarilla) y Odebrecht (Rutas de Lima).
-Escandalosa respuesta del actual regidor
comunista y ex regidor villaranista de Lima Hernán Núñez en RPP este
jueves, cuando sostuvo que ignoraba que Odebrecht tuviera fama de corrupta ya
en 2013…
-Escandalosas las ausencias de Glave y Huilca
en Puente Piedra, tras su show en Cantagallo (propongo que el peaje de Puente
Piedra se llame “Villarán” y “Glave/Huilca” el de Evitamiento).
-Escandalosa la concha de la izquierda de
culpar a Castañeda de un contrato (Rutas de Lima) que firmó Villarán.
-Escandaloso lo de Anel Townsend de no
contarnos cómo se le pagó a Favre en la revocatoria.
(…)
La República
La picota gigante
Mirko
Lauer
En
la medida que toda asociación con una gran empresa brasileña chanca los dedos,
el escándalo avanza con creciente velocidad. Las tareas de la moralización se
acumulan hasta superar la capacidad sancionadora del país. Así, la corrupción sería de
tamaño brasileño, mientras que la investigación tiene obvias
dimensiones locales.
Sin
embargo en la mente del público algunas cosas ya se están empezando a fijar:
todas las figuras políticas recibieron coimas, ninguno de los que investigan
inspira confianza, todo va a quedar en nada. Las percepciones negativas vienen
sazonadas con antipatía política y teorías conspirativas.
Son
dos los factores que están calentando las brasas de la indignación: las
acusaciones no cesan de llegar y tocan, de lleno o de refilón, a cada vez más
personas; todavía nadie importante ha ido a parar entre rejas. Hay
una creciente presión por un desenlace rápido, pero este no está
disponible, ni es realista esperarlo.
Si
la cosa sigue avanzando, y si estiramos la imagen hasta lo inverosímil, el
país se podría quedar sin moralizadores aceptables, en una verdadera epidemia
de descreimiento.
No solo frente a las personas, sino también frente a las instituciones. Por lo
pronto ya son muchos los contagiados por la epidemia.
El
escenario lleva a pensar en la frase sobre que en política no hay vacíos.
¿Alguien está llenando el que se está formando bajo nuestros pies? Los
fujimoristas parecen creer que son ellos, y que Odebrecht & Co es el gran
detergente para los horrores de los años 90. Pero este es un caso en que el control del Congreso no basta.
Pero
el desencanto que flota en el ambiente no parece del tipo que se resuelve
cambiando a un partido parlamentario por otro. Además ni Fuerza Popular, ni los demás tienen la masa
crítica ni la capacidad de elaboración para diseñar propuestas convincentes
para la hora actual. Lo cual nos deja en la espera de un mesías.
Mientras
tanto seguiremos en una montaña rusa toda de bajada, con la fuerte sospecha de
que aquí nada se va a resolver realmente antes de que se resuelva en el
epicentro brasileño. Por un tiempo aquí todavía Odebrecht & Co seguirá siendo
más grande que la realidad.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
El Comercio
Esta
semana, el Banco Central de Reserva publicó
su resultado preliminar de déficit fiscal del
2016, el que se ubicó en 2,7% y estuvo 0,3 puntos porcentuales por debajo de la
meta fijada por el actual gobierno.
El
ministro Thorne aseguró que, de no tomarse las medidas necesarias, el déficit fiscal cerraría en 3,8%.
En el
Marco Macroeconómico Multianual Revisado (2017-2019) –documento en el que se
fijan las proyecciones económicas del gobierno– se revisaron las cifras
estimadas por el MEF en
abril y se proyectó que los ingresos corrientes del gobierno general se
reducirían de S/130 mil millones a S/124 mil millones, el gasto corriente se
mantendría en S/102 mil millones y el gasto de capital caería ligeramente, de
S/35 mil millones a S/34 mil millones.
No
obstante, las cifras preliminares publicadas esta semana por el Banco Central de Reserva difieren.
Los ingresos fueron solo S/121 mil millones, el gasto corriente se redujo a
S/100 mil millones y la inversión pública sumó S/4.000 millones menos de lo
planificado y alcanzó solo S/30 mil millones.
El 21
de diciembre el gobierno recibió un ingreso extraordinario por la venta de
Línea Amarilla, que representó 0,15% del PBI.
Según
Carlos Casas, economista de la Universidad del Pacífico, “el ajuste parece
haber sido excesivo”, aunque cerrar el año con un déficit fiscal por debajo de 3.0
% no es necesariamente malo.
La
inversión pública no creció por falta de capacidad para ejecutar gasto, no por
el ajuste, explica Casas.
A
ello, se sumaría el efecto que tendrá el desenlace del caso Odebrecht, afirma
Flavio Ausejo, especialista en gestión pública de la PUCP.
Expreso
Precipitado
intento de venta de activos
de
Doe Run Perú perjudicará al país
César
Gutiérrez
Los últimos días la cobertura mediática y el agitado trajín
de polémica en las redes sociales se ha centrado en el caso Odebrecht y va
derivando al contexto más amplio del caso Lava Jato, haciendo que pase
desapercibido la suerte del caso Doe Run Perú SRL (DRP), a la fecha aún titular
del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y de la Unidad Minera de Cobriza
(UMC).
La empresa DRP se encuentra en un proceso de liquidación en
marcha y lo que se decida de ella depende la suerte de los cerca de 15 mil
habitantes de la ciudad de La Oroya. En su mejor momento el CMLO llegó a
emplear directamente a 3,000 personas y el efecto multiplicador generó cerca de
16,000 puestos de empleos indirectos.
Desde mediados de diciembre pasado hasta la fecha han
comenzado a aparecer escuetas noticias del proceso concursal que se lleva en el
ámbito de la Comisión de Procesos Concursales de Lima Sur del Indecopi, dando
cuenta que se habían aprobado bases y contratos para la venta tanto del CMLO y
de la UMC; que quedaba pendiente de aprobación por la Junta de Acreedores (JA)
el precio base planteado, la magra cifra de 211 millones de dólares (MMUS$) y
la semana pasada que el segundo mayor acreedor, Doe Run Cayman Limited (DRC)
había presentado impugnación al acuerdo de aprobación de bases y contrato.
Por la forma de presentar la noticia queda la huella
indeleble que la información proviene del principal acreedor, representado por
el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que ha consolidado la discutible
acreencia de las inversiones pendientes de DRP, Osinergmin y Sunat. El mensaje
que queda flotando en el ambiente es que el Estado hace el esfuerzo por vender
DRP para cumplir con los acreedores y que hay una actitud obstruccionista de
DRC.
La exactitud de los montos en juego a la fecha sería
necesario que fuesen de conocimiento público dado que hay intereses del sector
estatal: Minem, Osinergmin y Sunat. Sin embargo es posible dar un orden de
magnitud de las acreencias y que corresponden a información que se dispuso a la
fecha de acogimiento de DRP al proceso concursal, que en la terminología de
este tipo de procesos se conoce como fecha de corte y que en este caso
corresponde al 16 de agosto de 2010. Así tenemos que el Minem por concepto de
inversiones pendientes de DRP para completar el Programa de Adecuación de
Manejo Ambiental (PAMA), consignó la cifra de 163.1 MMUS$; deudas a Sunat y
sanciones a favor de Osinergmin, se registraron 69.7 MMUS$; el socio DRC
declaró acreencias por 155.7 MMUS$ y entre trabajadores, proveedores de
concentrados y de servicios la suma de 130.9 MMUS$. Totalizando se llega a la
cifra de 519.4 MMUS$, no es poca cosa, más aún cuando el Estado a través del
Minem, Osinergmin y Sunat acumulan el 44.8 % del total.
Lo ideal sería recaudar la máxima cantidad para honrar las
acreencias, es decir los 519.4 MMUS$ de agosto de 2010, cifra que se ha debido
incrementar en los seis años y nueve meses transcurridos por los intereses que
se puedan haber generado. Sin embargo la cifra que se plantea como precio para
la venta es de 211 MMUS$, que representa el 41 % del monto original. Es
oportuno señalar que en el procedimiento establecido se plantean tres
convocatorias a remate, con un descuento de 15 % del precio base en cada
oportunidad, lo que significa que de llegarse a la tercera convocatoria, lo
cual es altamente probable, el precio base sería descontado en 27.8 %, pudiendo
liquidarse la empresa en 152.3 MMUS$. Se incluirá en este precio el CMLO, la
UMC y las 38 concesiones mineras no metálicas y una concesión de beneficio.
El CMLO es a la vez un gran problema y una gran oportunidad,
inició operaciones hace 95 años y está a cargo de DRP desde hace 20 años. La
planta puede producir 10 metales refinados de alta pureza y 7 subproductos.
Desde ese punto de vista permite dar un alto valor agregado a las exportaciones
mineras peruanas y por tanto una mayor recaudación al Estado peruano. El gran
problema es que con los Estándares de Calidad (ECA) y los Límites Máximos
Permisibles (LMP) de emisiones vigentes no le es posible operar.
En estas condiciones cualquier interesado en adquirir tendría
que hacer inversiones previas para adecuar la infraestructura para el
cumplimiento de las normas ambientales, las obras hasta la puesta en servicio
demorarán aproximadamente tres años y de allí recién redituar la inversión. En
la evaluación beneficio-costo, todo indica que las cifras no son promisorias y
de allí viene el fracaso de los intentos de venta que se han realizado en los
últimos cuatro años.
El incentivo para la adquisición lo constituye la relajación
de las exigencias ambientales, que a pesar que ha sido negado múltiples veces
por el actual gobierno, queda claro que pueda cambiar de opinión con la simple
emisión de un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Si algún
interesado tiene información privilegiada que va a haber modificación luego de
la venta, habrá comprado a precio vil para luego obtener un gran rédito
económico.
Es increíble que en esta discusión que se lleva en los cuatro
años que tiene el proceso de liquidación en marcha, no se establezca quién se
hará cargo de la remediación ambiental que se debe hacer en La Oroya. La
información que trasciende a la prensa sobre la venta no se ha dedicado una
línea sobre el tema. Es obvio que no se podrá exigir al potencial adquiriente y
que el Estado tendrá que asumir la responsabilidad, lo cual no podrá realizarse
con lo que recaude el Minem que en caso óptimo ascenderá a 66.3 MMUS$ (31.4 %
de 211 MMUS$)
Por todo lo reseñado el acreedor principal, el Minem, debe
una explicación urgente al país.
Gestión
Según el director de
Sartor Investments, Pedro Pablo Larraín, hasta noviembre habrían salido más de
US$ 635 millones de China, publicó el diario El Mercurio.
La política que tomaría Donald
Trump contra China afectaría sus
exportaciones. Trump prometió subir los aranceles hasta 45% a los productos
chinos.
Además, acusó al gobierno chino de
devaluar su moneda.
Estamos ante una depreciación
del yuan en relación al dólar, aseguró a El Mercurio el director de Estrategias
de Inversión de BlackRock para la región, Axel Christensen. En 2016 el yuan se
depreció 7% respecto al dólar.
El Comercio, Bloomberg
Mohamed El-Erian,
principal asesor económico de Allianz SE, dijo que los inversionistas que estén
dispuestos a tolerar oscilaciones de precios de corto plazo harían bien en
apostar por un repunte de aquellas monedas que no forman parte de
las mayores economías del mundo.
"Si
tiene apetito por mucha volatilidad y está dispuesto a mantener su posición,
entonces las monedas de mercados emergentes son atractivas”, dijo el viernes
durante una entrevista en Bloomberg Television.
El
peso mexicano, la lira turca y las monedas de Argentina y Malasia se han
desplomado en los últimos meses.
